Ofelia Elena Ricalde Onofre
Expediente 957/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ofelia Elena Ricalde Onofre
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, con el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, al no desahogar la prevención hecha en autos. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Pamela Medina Sánchez, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 209/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en los presentes autos, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida; en el segundo, sobreseyó en el presente juicio, y en el tercero, declaró sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la República .En consecuencia, acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido.En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dadoque no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el invocado artículo del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la???????????????anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que en autos obran documentos en copia certificada, los cuales fueron anexados por la parte quejosa a su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida, que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del siete de abril de dos mil veintidós, fecha y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 155/2022-VI, promovido por Antonino Almazán Arteaga. Estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales ya obran agregado en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones que ofreció la parte quejosa, así como las documentales que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; no habiendo ninguna otra por desahogar se cierra dicho periodo. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito presentado el uno de marzo del año en curso, a lo que la Jueza acuerda: se tienen por formulados sus alegatos para ser tomados en consideración al momento de dictar el fallo, con lo que se cierra esta etapa. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente por desahogar, se procede a dictar la resolución que en derecho proceda. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo 155/2022-VI promovido por Antonino Almazán Arteaga, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y de otras autoridades, por violación a los artículos 14°, 16° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió a este Juzgado Antonino Almazán Arteaga, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo de que se trata; se pidió a las autoridades responsables su informe de ley; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los artículos primero, fracción XIV, segundo fracción XIV, punto tercero y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General 3/2013 (la última fracción modificada mediante el Acuerdo General 3/2015 por el mismo órgano), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos omisivos en tanto que la demanda fue presentada en la circunscripción territorial donde esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por tanto, la parte quejosa reclama la falta de atención a la solicitud con número 31190007362, de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, relativa a la cancelación del certificado parcelario y la entrega del título de propiedad de origen parcelario que ampara los derechos de la parcela 861 del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Yucatán. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se estima presentada de manera oportuna, toda vez que en la especie se reclama una abstención, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente se señala, ya que al respecto se actualiza una de las excepciones a la regla genérica contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no corre término alguno para la promoción del juicio de amparo, dado que la omisión del actuar de la responsable, que es lo que produce el agravio, es de tracto sucesivo, en tanto que no se consuma en un solo evento, sino que se prolonga en el tiempo, de momento a momento. Sirve de sustento a esa consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en representación del Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental de dicha Institución, negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo realizaron manifestaciones de la que se evidencia su certeza. Lo anterior, en virtud de que, pese a que manifestaron, el primero, que por oficio RAN/YUC/SR/6933/2019 de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se remitió la solicitud del quejoso a la Dirección General de Registro y Control Documental para que realizara la calificación registral respectiva; en tanto que la segunda autoridad, en su informe refirió que la solicitud de mérito cuenta ya con calificación registral positiva y que se encuentra en proceso de liberación de la clave para su debida inscripción; sin embargo, lo cierto es que a la fecha de presentación de la demanda, dicha solicitud no había sido atendida e incluso a esta en que se resuelve aún se encuentra en proceso de tramitación y todavía no se ha entregado el título de propiedad solicitado. En ese sentido, deben tenerse por ciertos los actos omisivos reclamados a dichas autoridades, pues de sus propios informes de ley se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no habían realizado la totalidad de las gestiones dentro del ámbito de sus facultades para que la solicitud de los quejosos esté en condiciones para la expedición del título de propiedad solicitado. De ahí que deban tenerse por ciertos los actos que se atribuye a dichas responsables. Es aplicable el criterio de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, en contra del acto reclamado, consistente en la falta de atención a la solicitud con número 31190007362, de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, relativa a la cancelación del certificado parcelario y la entrega del título de propiedad de origen parcelario que ampara los derechos de la parcela 861 del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Yucatán. En efecto, la parte quejosa alega que la responsable, sin razón fundada y motivada, ha violado sus derechos fundamentales, al haber transcurrido en exceso el término para que se le dé contestación a su solicitud, lo que le ocasiona perjuicio a su persona y derechos constitucionales, pues la responsable no ha cumplido con la obligación de darle contestación, misma que les impone el precepto constitucional antes invocado, y que se refiere al derecho de legalidad y de impartición de justicia pronta y expedita. Ahora bien, del examen de las constancias que obran en autos, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se destaca lo siguiente: El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante solicitud 31190007362, instó la cancelación del certificado parcelario y la entrega del título de propiedad de origen parcelario que ampara los derechos de la parcela 861 del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Yucatán. Como primer punto, es pertinente señalar que de los hechos expuestos en la demanda de amparo, se evidencia que se refieren a la vulneración del derecho de petición que todo gobernado tiene, establecido en el artículo 8º de la Carta Magna. Dicho derecho fundamental que consagra el artículo 8º de la Constitución Federal, es conocido con el nombre de derecho de petición, que establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por lo tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8º de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por otra parte, respecto a la calificación registral para la inscripción, y por consiguiente la expedición de los certificados correspondientes, cuya omisión reclama la parte peticionaria de amparo, su tramitación se encuentra prevista en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; por tanto, se hace necesario, transcribir algunos preceptos del ordenamiento de mérito: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Las resoluciones administrativas de calificación deberán: I. Estar debidamente fundadas y motivadas; II. Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión; III. Constar por escrito y con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición, y IV. Dar respuesta integral a la solicitud." "Artículo 58. El Registro a partir del día hábil siguiente de la presentación del escrito por el cual se subsanan las deficiencias, emitirá su calificación en un plazo no mayor de veinte días hábiles, y procederá a realizar el registro correspondiente, respetándose la prelación adquirida." "Artículo 61. Cuando la calificación sea positiva, se procederá a realizar el asiento en la sección del Folio Agrario de que se trate." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. "Artículo 84. Los certificados como los títulos, serán autorizados y firmados por el Director en Jefe o por los Delegados del Registro en el ámbito de su competencia y contendrán los datos generales del beneficiario, fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición." De la transcripción anterior se advierte que a toda solicitud respecto de calificaciones registrales debe recaer una respuesta, en sentido positivo o negativo y contados a partir de la fecha de presentación dentro de un plazo que no excederá de sesenta días naturales de la documentación de que se trate; además, la respuesta debe ser integral a la solicitud, siendo que dicha calificación debe ser notificada al interesado. Asimismo, que una vez emitida la calificación respectiva se debe realizar el registro correspondiente y que en caso de ser positiva, se procederá a realizar el asiento respectivo. Y que el Registrador expedirá, entre otros, los títulos de propiedad de origen parcelario que hayan adoptado el dominio pleno, previa inscripción en los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente, al Registro Público de la Propiedad. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se reitera, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda y suficientes para concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, en virtud de que aun cuando en el caso se ha emitido la calificación registral, ésta resultó positiva y a la fecha no se ha hecho entrega del título de propiedad de origen parcelario al solicitante. De las constancias que integran el presente juicio de amparo antes relatadas, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cabal atención a la solicitud 31190007362, cuya omisión de respuesta, constituye el acto reclamado en este asunto, con lo cual se incumple con lo preceptuado en el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se reitera, en el caso, no se evidencia que se haya resuelto su petición de mérito. Por tanto, resulta evidente que la omisión que reclama la parte peticionaria de amparo, respecto a la petición de mérito, deviene en una conducta violatoria del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conculcando de esta manera el derecho fundamental de la parte quejosa de recibir una respuesta a la petición formulada por escrito, en forma pacífica y congruente, y que ésta se haga de su conocimiento en breve término, vulnerando con ello el derecho subjetivo público de la parte interesada; ello, pues en el caso, tomando en cuenta lo previsto en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, puede deducirse que la una vez emitida la calificación para la inscripción de la adopción de dominio pleno que solicita la parte peticionaria, ya sea en sentido positivo o negativo, deben realizarse las inscripciones respectivas y en caso de ser positiva, expedirse el título de propiedad respectivo previa inscripción en el Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Es dable concluir que la autoridad responsable no ha cumplido con la garantía que consagra a favor de la parte quejosa el numeral 8º de la Carta Magna. Ello, cuenta habida que el artículo 8 Constitucional garantiza, como derecho fundamental de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término a la parte peticionaria. Sin que obste a lo anterior que la solicitud en estudio ya cuenta con calificación registral positiva y que en atención al principio de prelación registral aún no se ha liberado la clave que permita su inscripción, pues se insiste, en el caso, desde el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno que se instó y hasta la fecha en que esto se resuelve el trámite solicitado ni se ha entregado el título respectivo, lo que indudablemente es violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXIX, visible a página 1711, que dice textualmente: "PETICIÓN, DERECHO DE. No basta para satisfacer el derecho de petición garantizado por el artículo 8o. de la Constitución, que la autoridad responsable exprese en su informe justificado que comunicó al promovente el resultado de su instancia, mencionando fecha y número del oficio en que dice haberlo hecho, sino justifica la propia responsable esta afirmación en manera alguna ni acredita en autos que efectivamente dio la debida respuesta a la solicitud de que se trata y puso en conocimiento del quejoso el resultado de su gestión." Así como las tesis de la Sexta y Quinta Época, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 87 del Tomo Tercera Parte, II y 165 del Tomo CXIV, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, de los rubros y textos siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. A toda petición que se haga, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; pero se debe entender, como lo indica la lógica más elemental, que el acuerdo recaído debe ser congruente con la petición formulada." "PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional no excluye del cumplimiento de los requisitos reglamentarios a las personas que han formulado una solicitud, toda vez que la obligación que dicho precepto legal impone a las autoridades, consiste únicamente en dar una contestación congruente con lo solicitado, mas no en resolver favorablemente a los intereses del solicitante el asunto propuesto a su consideración." Congruente con lo anterior, también resulta aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 426, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." En mérito de lo antes expuesto, y en virtud de que es evidente que las responsables han transgredido en perjuicio del quejoso, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que insta. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se precisa que el amparo concedido tiene el efecto: Que las autoridades responsables de inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8º Constitucional, y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, realicen las gestiones necesarias en el ámbito de sus atribuciones, para continuar y concluir con la solicitud de la quejosa relativa a la cancelación del certificado parcelario y la entrega del título de propiedad de origen parcelario que ampara los derechos de la parcela 861 del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Yucatán. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Antonino Almazán Arteaga, contra el acto reclamado a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida y al Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambas del Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en el considerando quinto de la misma y para los efectos precisados en el subsecuente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Octaviano Dzul Cen1353/2021
- Octavio Espinosa Rodriguez1862/2021
- Octavio Joaquin Galindo Gallagher1105/2018
- Octavio Rodriguez Martinez1481/2023
- Octavio Rodriguez Martinez1228/2022
- Octavio Rosas Alejo908/2018
- Ofelia Hernandez Gamboa364/2017
- Ofelia Margarita Perez Rosado1622/2022
- Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados Sociedad Civil298/2019
- Ohad Lidjiv Zapata Silva666/2017
- Okal Amy Maybeline Juarez Crisanto2315/2021
- Olavo Dzub Kumul1653/2021