Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados Sociedad Civil
Expediente 298/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurarse, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de once de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la parte quejosa "Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados", Sociedad Civil, el amparo y la protección que solicitó contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para efecto de que se realizara lo siguiente: "En el caso, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, deberá realizar lo siguiente: Dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, que dé respuesta en forma congruente, exhaustiva y completa a las peticiones formuladas mediante tres escritos de dos de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento de la solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, dicha respuesta deberá ser notificada en el domicilio que se haya señalado al respecto. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la petición formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído al peticionario del amparo." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio debido cumplimiento a la ejecutoria federal, pues como se aprecia de las constancias que remitió junto con su informe en relación al cumplimiento de la misma, el veinte de mayo de la presente anualidad, emitió un acuerdo con el que dio respuesta a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, presentados el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante la referida responsable, el cual fue notificado personalmente, en el domicilio señalado para tal efecto el cinco de febrero siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE JUICIO, SIN EXCESO NI DEFECTO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de once de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la parte quejosa "Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados", Sociedad Civil, el amparo y la protección que solicitó contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para efecto de que se realizara lo siguiente: "En el caso, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, deberá realizar lo siguiente: Dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, que dé respuesta en forma congruente, exhaustiva y completa a las peticiones formuladas mediante tres escritos de dos de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento de la solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, dicha respuesta deberá ser notificada en el domicilio que se haya señalado al respecto. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la petición formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído al peticionario del amparo." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio debido cumplimiento a la ejecutoria federal, pues como se aprecia de las constancias que remitió junto con su informe en relación al cumplimiento de la misma, el veinte de mayo de la presente anualidad, emitió un acuerdo con el que dio respuesta a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, presentados el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante la referida responsable, el cual fue notificado personalmente, en el domicilio señalado para tal efecto el cinco de febrero siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE JUICIO, SIN EXCESO NI DEFECTO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de once de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la parte quejosa "Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados", Sociedad Civil, el amparo y la protección que solicitó contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para efecto de que se realizara lo siguiente: "En el caso, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, deberá realizar lo siguiente: Dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, que dé respuesta en forma congruente, exhaustiva y completa a las peticiones formuladas mediante tres escritos de dos de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento de la solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, dicha respuesta deberá ser notificada en el domicilio que se haya señalado al respecto. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la petición formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído al peticionario del amparo." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio debido cumplimiento a la ejecutoria federal, pues como se aprecia de las constancias que remitió junto con su informe en relación al cumplimiento de la misma, el veinte de mayo de la presente anualidad, emitió un acuerdo con el que dio respuesta a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, presentados el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante la referida responsable, el cual fue notificado personalmente, en el domicilio señalado para tal efecto el cinco de febrero siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE JUICIO, SIN EXCESO NI DEFECTO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de once de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, en la que se concedió a la parte quejosa "Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados", Sociedad Civil, el amparo y la protección que solicitó contra el acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para efecto de que se realizara lo siguiente: "En el caso, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, deberá realizar lo siguiente: Dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, que dé respuesta en forma congruente, exhaustiva y completa a las peticiones formuladas mediante tres escritos de dos de octubre de dos mil dieciocho, debiendo fundar y motivar exhaustivamente su determinación. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento de la solicitante del amparo, el acuerdo recaído a su escrito de mérito, a fin de que esté en aptitud de ejercitar sus derechos, dicha respuesta deberá ser notificada en el domicilio que se haya señalado al respecto. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, tomo II, página 1672, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la petición formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído al peticionario del amparo." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio debido cumplimiento a la ejecutoria federal, pues como se aprecia de las constancias que remitió junto con su informe en relación al cumplimiento de la misma, el veinte de mayo de la presente anualidad, emitió un acuerdo con el que dio respuesta a las solicitudes realizadas por la parte quejosa, presentados el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante la referida responsable, el cual fue notificado personalmente, en el domicilio señalado para tal efecto el cinco de febrero siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE JUICIO, SIN EXCESO NI DEFECTO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por oficio suscrito por el Director Jurídico de la secretaría de Seguridad Pública del Estado, y anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, en relación con el tercero transitorio de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas, que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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