Octaviano Dzul Cen
Expediente 1353/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Octaviano Dzul Cen
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito; al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en la queja 169/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Inry Emanuel Chuc Xool, quien se ostenta defensor particular del directo quejoso Octaviano Dzul Cen, contra del auto de desechamiento de la demanda de amparo, pronunciado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno; de la que aparece que la citada Superioridad, en su único punto resolutivo, declaró infundado el recurso de queja. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del informe con justificación, así como del original y duplicado del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja interpuesto por Inry Emanuel Chuc Xool, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del directo quejoso Octaviano Dzul Cen, contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1353/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 169/2021. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito remitido vía interconexión, con evidencia criptográfica, por Inry Emanuel Chuc Xool, quien se ostenta defensor particular del directo quejoso Octaviano Dzul Cen, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del auto de desechamiento de la demanda de amparo, pronunciado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, ya que en el citado proveído, y de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el citado 107, fracción III, inciso b), de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, este órgano de control constitucional consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en los citados numerales, lo que motivó el desechamiento de la demanda de amparo relativa. Ahora bien, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público Federal, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Octaviano Dzul Cen, por conducto de quien se ostenta su defensor particular, Inry Emanuel Chuc Xool, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y de otra autoridad. Al respecto, fórmese expediente; y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1353/2021-VII. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecian un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, del que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente, la resolución emitida por el Juez responsable, el seis de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 206/2021, en la que confirmó el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación UNATD32-GA/002220/2019, en el que se reservó a reconocer como defensores a los profesionales nombrados por el imputado, así como a otorgarle acceso a la citada carpeta de investigación, hasta en tanto dicho imputado compareciera ante la autoridad ministerial a emitir su declaración en torno a los hechos investigados. En ese sentido, se reitera, esta Juzgadora Federal considera que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a su desechamiento de plano, con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la medida en que la determinación del Juez responsable -emitida en relación a una carpeta que se ubica en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal acusatorio- concerniente a la reserva a acordar sobre la solicitud de designación de defensores particulares del imputado y de acceso a dicha carpeta, no irroga perjuicio al quejoso, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, pues no se trata de una negativa del Juez responsable, como señala la parte quejosa en su demanda de amparo, sino de un proveído transitorio de mero trámite que lo previno para que, previo a admitir dicha designación y otorgarle el acceso respectivo, compareciera ante la autoridad ministerial a emitir su declaración en relación a los hechos materia de la investigación. Es decir, la indicada determinación judicial, que confirmó la resolución ministerial, no es constitutiva en relación con alguna negativa a tener como defensores particulares a los profesionistas propuestos por el quejoso en la fase de investigación desformalizada de un proceso penal, ni tampoco a tener acceso a la carpeta de investigación, por lo que los efectos de las violaciones eventualmente cometidas en ella no tienen una trascendencia específica que determine inmediatamente el destino de ese procedimiento; lo que impide considerar que en relación con el acto en cuestión cobre aplicación el régimen excepcional basado en afectaciones de imposible reparación conforme a la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de que ese acto intraprocesal verse sobre la posibilidad de nombrar defensores y de accesar a la carpeta de investigación, pues lo relevante es que los efectos de la eventual infracción reclamada, no son determinantes, sino que pueden desaparecer sin dejar rastro que perjudique a las partes dentro del ámbito del propio procedimiento del que emanan, merced a que su realización no es segura por depender de la conducta que el quejoso asuma en relación con la condición ministerial. En efecto, conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; mismo numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- .Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial; siendo que tal arábigo a la letra reza: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. .El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En armonía con lo anterior, los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo en este supuesto, debe partirse de que la resolución que confirmó el proveído en el que se reservó a acordar sobre la solicitud de designación de defensores particulares y al acceso a la carpeta de investigación, es un acto realizado fuera de juicio. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo indirecto, es menester que los actos que se reclamen se hayan dictado fuera de juicio -como acontece en el caso de la fase de investigación inicial del procedimiento penal acusatorio-; sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este supuesto, esos actos deben ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es menester destacar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: .b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En tal virtud, en el caso específico se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el citado 107, fracción III, inciso b), de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, habida cuenta de que el reclamado constituye un acto procesal dictado fuera de juicio, que no incide en la esfera de derechos sustantivos del impetrante, pues en las condiciones apuntadas, el auto reclamado no decidió sobre las solicitudes que éste planteó a la autoridad ministerial señalada como responsable ejecutora, sino solamente constituye una resolución emitida por la autoridad judicial que confirmó un proveído de mero trámite con efectos procesales transitorios, lo que hace innecesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional, dado que no menoscaba los derechos de aquél de forma tal que la afectación que produzca sea irreparable, debido a que sólo traslada la resolución respectiva sobre tales peticiones una vez que se cumpla el requerimiento que contiene, a saber, que el aquí quejoso comparezca ante la autoridad investigadora a emitir su declaración en relación a los hechos que motivaron su apertura. Evento este último, que corrobora que el acto reclamado sólo genera efectos adjetivos o intraprocesales susceptibles de anularse o contrarrestarse a partir del acatamiento a la prevención por parte del sujeto obligado, sin dejar rastro que perjudique a las partes. Por ende, si la determinación judicial reclamada, misma que confirmó el proveído ministerial antes ponderado, no afecta de manera directa y actual algún derecho sustantivo del quejoso, protegido constitucional y convencionalmente, entonces, el juicio de amparo indirecto que intente en contra de ese tipo de actos es improcedente, pues esa circunstancia impide que pueda traducirse en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través de ese juicio, lo que conduce al desechamiento de la demanda de amparo que nos atañe. Lo contrario -admitir la demanda de amparo-, implicaría obstaculizar injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de dirigir la investigación penal y recabar indicios para el esclarecimiento de los hechos. Sin que lo anteriormente expuesto, implique coartar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, pues no significa que el justiciable carezca de mecanismos efectivos para impugnar posibles afectaciones a sus derechos sustantivos con motivo de la actuación desformalizada del Ministerio Público. Aunado a que el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, página 213) como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, siempre que se observen los diferentes requisitos o condiciones de procedencia legalmente establecidos para justificar el accionar del aparato jurisdiccional y esté en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada para decidir lo que en derecho corresponda. Lo anterior, en términos de la tesis de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Debiéndose reiterar que la determinación de la autoridad judicial -emitida en relación a un proveído dictado en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal acusatorio- concerniente a la reserva a acordar sobre la solicitud de designación de diversos profesionistas como defensores del quejoso, así como de otorgarles acceso a la carpeta de investigación relativa, no irroga perjuicio al impetrante, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, pues no se trata de una negativa de la responsable, sino de un proveído transitorio de mero trámite que la previno para que, previo a admitir tales peticiones, emitiera su declaración en relación a los hechos investigados. Esto es así, se insiste, cuenta habida que de los antecedentes expuestos por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte, con meridiana claridad, que con la resolución reclamada, no se le está negando la designación de diversos profesionistas como sus defensores, ni tampoco se le niega el acceso a la carpeta de investigación natural, sino que simplemente se reserva acceder a tal nombramiento y acceso, en tanto que, previo a ello, la autoridad ministerial indicó que el quejoso debe comparecer ante ella a emitir su declaración correspondiente. Circunstancia que, como se dijo, constituye una determinación de mero trámite con efectos procesales transitorios, misma que no menoscaba los derechos del impetrante de forma tal que la afectación que produzca sea irreparable, debido a que sólo reserva la resolución respectiva sobre tales peticiones una vez que se cumpla el requerimiento antes ponderado, en concreto, que el directo quejoso acuda ante la autoridad investigadora a emitir su correspondiente ateste. Lo cual encuentra justificación ante el hecho de que será hasta que el imputado acuda ante la autoridad ministerial, cuando estará en aptitud, ante ella, de señalar y en su caso ratificar la designación de sus defensores, así como de imponerse de los datos de prueba contenidos en la misma. En ese sentido, resulta palmario que el acto reclamado, como se dijo, solamente genera efectos adjetivos o intraprocesales, susceptibles de anularse o contrarrestarse a partir del acatamiento a la prevención realizada al imputado, en concreto, que acuda ante la autoridad ministerial su correspondiente declaración, misma diligencia en la que podrá realizar las designaciones referidas y accesar a la carpeta de investigación de origen; lo que, como se dijo, en modo alguno constituye una negativa de acceder a la designación de defensores y consulta de la carpeta de investigación relativa, sino sencillamente una reserva de proveer al respecto, hasta en tanto se cumpla con la prevención antes anotada, tal y como se expuso en párrafos precedentes. En mérito de lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, lo que obliga a desechar la demanda, por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Siendo pertinente indicar que similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en ejecutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la queja 189/2020. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Ahora bien, toda vez que los usuarios "falpuche" e "Inrycxl" que proporciona el promovente, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombres de usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir vía electrónica a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y proporciona para ello los citados usuarios; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto, por medio de las cuentas electrónicas antes mencionadas, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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