Octavio Villanueva Curiel

Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Octavio Villanueva Curiel

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, el quejoso Octavio Villanueva Curiel, cumple con la prevención efectuada el pasado veinticinco de marzo, precisando los actos atribuidos a las autoridades señaladas como ordenadoras; atento a su contenido, al efecto se provee: Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, se precisa que los actos reclamados consisten en lo siguiente: Auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 188/2017, y sus consecuencias directas, es decir, la providencia precautoria consistente en el formal embargo trabado sobre el bien inmueble propiedad del aquí quejoso; el incremento de la pensión alimenticia pactada para sus hijas de acuerdo al incremento que ha tenido el salario mínimo en esta zona; y la negativa de dar trámite al incidente de reducción de pensión alimenticia provisional. Respecto de dichos actos, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Del precepto antes transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando de las constancias de autos se advierta que se está tramitando ante los tribunales del orden común un medio ordinario de defensa promovido por el propio quejoso, a través del cual pueda obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, puesto que no es jurídicamente posible examinar la constitucionalidad de un acto que se encuentra subjudice en un medio ordinario de defensa, pues al tener éste último el alcance de poder modificar, revocar o nulificar la resolución impugnada, con dicha situación se podría reparar la violación a los derechos fundamentales que considera el amparista se vulneran con motivo de la emisión del acto reclamado, lo cual imposibilita al juzgador de amparo para resolver sobre su constitucionalidad ante su falta de firmeza. Sobre esa base, en el caso particular, y de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se aprecia que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el aquí quejoso, interpuso el recurso de revocación contra el proveído dictado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 188/2017 del índice del Juzgado responsable, lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Así las cosas, es evidente que a través del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el proveído dictado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 188/2017, se puede nulificar, modificar o revocar el auto recurrido, así como sus consecuencias directas; lo que constituye el acto aquí combatido. Por tal motivo, es evidente que si en este juicio de amparo el acto reclamado lo constituye el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno emitido en expediente de origen, pero frente al mismo el propio quejoso, promovió el recurso de revocación que conforme a la legislación aplicable resulta procedente e idóneo para revocar o modificar el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno; entonces, dicha situación provoca que frente al citado acto reclamado se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se está tramitando ante los tribunales ordinarios un recurso ordinario propuesto por el aquí quejoso, que puede tener por efecto modificar o revocar el auto combatido, destruyendo todos sus efectos y consecuencias jurídicas. Por otro lado, en relación al diverso motivo de disenso que el quejoso hace consistir en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que interpuso recurso de revocación contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y sus consecuencias legales. El suscrito considera que también, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Octavio Villanueva Curiel. Se justifica lo anterior, porque se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la omisión de acordar el escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde se solicita al Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, dar trámite al recurso de revocación contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 188/2017, de la que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un acto reclamo dentro del procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en ". la omisión de acordar el escrito presentado a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que interpuso recurso de revocación contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar 188/2017 y sus consecuencias legales"; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Además, el suscrito juzgador no advierte que en el caso se actualice la excepción a la regla general que haría procedente el juicio de amparo, porque no se aprecia una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo; lo anterior, atendiendo a que si bien es cierto que el quejoso menciona que presentó su petición el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sin que la responsable emita el acuerdo correspondiente, ello se desvirtúa tomando en consideración que la responsable y a la fecha en que el quejoso presentó la demanda origen de este expediente (veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno) únicamente han transcurrido tres días hábiles para que la autoridad emita la respuesta, lo que no revela una abierta dilación procesal como lo pretende hacer valer el quejoso; aunado a lo anterior, es un hecho notorio la contingencia sanitaria debido al virus SARS COV-2 (CIVID 19), por la que estamos pasando mundialmente, lo que ha provocado suspensiones de plazos y el desarrollo retardado de los procedimientos; situaciones que pondera este órgano jurisdiccional para determinar que no existe la abierta dilación que el quejoso refiere. Lo anterior no implica dejar sin defensa al quejoso, porque al tratarse el reclamo de una violación de carácter meramente adjetiva, el quejoso se encuentra en posibilidad de acudir ante la autoridad responsable a gestionar el dictado del acuerdo correspondiente a la promoción que presentó, aunado a que si con posterioridad, una vez que el quejoso haya agotado las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a que le dé respuesta a su petición, podrá acudir al juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, y apareciendo de la misma que no le fue posible notificar al quejoso ***, el proveído dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que el domicilio proporcionado para tal efecto, no indica el nombre de la calle, sólo señaló el despacho jurídico *** cuatro letra "***", colonia ****y el municipio de Oaxaca de Juárez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar el auto inicial, este proveído y los subsecuentes aún los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto la parte quejosa señale el domicilio correcto donde deba ser notificada. NOTIFÍQUESE. -INSERCIÓN- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 295/2021. Prevención. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en los artículos 108 y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]" "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, se advierte una irregularidad que requiere ser aclarada, pues conforme al citado precepto 114, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el acto reclamado que atribuya a cada autoridad. En ese tenor, el quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: Como ordenadoras señala: Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, llevador del expediente 188/2017. Como ejecutoras: Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Ahora a las ordenadoras les atribuye la omisión de acordar el escrito presentado a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que interpone recurso de revocación contra diversas partes relativas del auto dictado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, atribuye la inscripción del embargo precautorio trabado. Del Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el descuento de la cantidad de $6,900.00 (seis mil novecientos pesos m.n.) de manera semanal, o en su caso $13,800.00 de manera quincenal, del sueldo y demás prestaciones del impetrante del amparo, por concepto del incremento de la pensión alimenticia provisional a favor de dos menores, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Sin que precise el acto que acto en concreto atribuye a cada una de las autoridades, toda vez que en el capítulo de actos reclamados realiza una serie de alegaciones propias del apartado de conceptos de violación, sin que se aprecie con claridad el motivo de disenso. Asimismo, a este órgano jurisdiccional no le queda claro si el acto reclamado lo es la omisión de acordar el escrito presentado a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que interpuso recurso de revocación contra diversas partes del acuerdo de cuatro de marzo del año en curso; o bien, impugna el acuerdo de cuatro de marzo de este año, en conjunto con sus consecuencias como lo es, la inscripción del embargo precautorio al que alude, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México y el descuento a su salario por el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; pues de lo narrado por el propio quejoso Octavio Villanueva Curiel en su demanda de amparo, se advierte que éstos actos no son independientes si no derivan de la determinación emitida por la juez familiar, contra la cual interpuso recurso de revocación. Circunstancias que se consideran constituyen una irregularidad en la demanda, porque se debe precisar el acto que se atribuye a cada una de las autoridades responsables a fin de que este órgano jurisdiccional pueda analizar la procedencia del juicio, y en su caso, las responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes en relación al acto que en realidad se les atribuye. Por tanto, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108 ibídem, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito que formule, con las copias simples de ley, para correr traslado a las partes, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, cumpla con lo siguiente: Precise el acto que en concreto reclama a las autoridades señaladas como ordenadoras, es decir si únicamente les atribuye la omisión de acordar el escrito presentado a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno o también les atribuye el contenido del proveído dictado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno y sus consecuencias legales. Es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, cuyo título y texto son: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Apercibimiento. En ese contexto, se apercibe al disconforme que en el caso de que no atienda la prevención realizada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizados con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Susana Raquel Ramos León y a Faustino Guerrero Posadas, debido a que sus cédulas aparecen registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con los números 2910618 y 4909710, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Lorena Patricia Galván Gamboa y Adán Hernández Ramírez, por no estar registradas sus cédulas en dicho sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida en línea, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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