Octavio Villanueva Curiel
Expediente 745/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Octavio Villanueva Curiel
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del Juez *****************, como Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec), con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año en curso; por tanto, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga; hágase lo anterior por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. [...]. Por otro lado, en atención a la cuenta que antecede se declara consentido el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, al no haberse interpuesto el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo. [...]. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por recibido el juicio de amparo 460/2019, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por Octavio Villanueva Curiel, así como un tomo de pruebas. Acúsese recibo respectivo. Lo anterior, al haber considerado el titular de aquél Juzgado Federal, que se actualiza un supuesto de relación a la competencia por razón de turno. En virtud que este Juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente; infórmese que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Asimismo, se reconoce la validez de todo lo actuado por el Juzgado declinante, pues las constancias que remite cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Compensación de asuntos. Envíese oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio para la compensación respectiva. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio integral de las constancias que integran el sumario, se desprende que en el juicio constitucional de que se trata, se actualiza una causa de improcedencia, atento a lo siguiente: Conforme al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible continuar el trámite de los asuntos en los que se advierta una causa notoria de improcedencia para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal. El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable seguir el trámite de una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de la tesis siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo"( Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). Ahora, de los antecedentes narrados por el quejoso, así como de las constancias de autos, específicamente del informe justificado de la responsable, se desprende que Octavio Villanueva Curiel es parte demandada en el juicio de alimentos 188/2017 y reclama de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la denegación de justicia para integrar y la omisión de resolver en definitiva el juicio natural referido. En ese orden, atendiendo al contenido integral de la demanda, se colige que la causa de pedir del justiciable consiste en el retraso en que ha incurrido la juzgadora responsable, al tramitar la instancia familiar de origen. Sin embargo, de las constancias del presente sumario, así como del tomo de pruebas anexo, conformado por copia certificada del expediente 188/2017, con valor probatorio pleno en su carácter de documental pública, es evidente que no existe una abierta dilación en el trámite del citado juicio familiar, pues la autoridad responsable ha proveído lo conducente respecto a la demanda, su contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, además que existen todavía probanzas pendientes de desahogar y se han señalado horas y fechas para tal fin, en plazos razonables dadas las circunstancias que prevalecen en el asunto. Por tanto, se advierte que el acto que reprocha el quejoso en este juicio de amparo, no es de imposible reparación y por ende, no transgrede sus derechos sustantivos de forma real y actual, ya que no se trata de violaciones directas a la Constitución sino, en todo caso, al procedimiento. Además, existe la posibilidad que obtenga resolución favorable, pero de no ser así, estará en aptitud de controvertir las violaciones procesales que estime conducentes a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170 fracción I, 171 y 172 fracción VII de la Ley de Amparo. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.), visible en la página 1569, tomo II, libro 37, materia común, de rubro y texto: DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en este asunto. Destaca que con esta determinación, no se irroga perjuicio a la tercero interesada Kena Guadalupe Herrera Lugo, ni se afecta el interés superior de los menores M.I.V.H. y K.V.H., debido a que en autos está demostrado que reciben la pensión provisional decretada por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, máxime que en el diverso juicio de amparo 261/2019, del índice propio, se le negó la suspensión definitiva al quejoso Octavio Villanueva Curiel. Lo anterior, en el entendido de que quedan expeditos los derechos del quejoso, para promover el medio ordinario tendente a inhibir el conocimiento de la Juez responsable, si a sus intereses conviene. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)
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