Octavio Villanueva Curiel

Expediente 362/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
362/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro
  • Octavio Villanueva Curiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el quejoso ******************** informa que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se limitó a admitir a trámite el incidente de reducción de pensión alimenticia que promovió, como consta en el auto de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya emplazado a la demandada ********************, por lo que en realidad no ha cumplido con la ejecutoria de amparo dictada en el amparo en revisión 331/2021 y solicita que se requiera a dicha responsable, para que a la mayor brevedad posible, emplace a la demandada y continúe con el trámite el referido incidente. Atento a lo solicitado, reitérese al promovente que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se declaró consentido el auto de quince de marzo pasado, en el que se declaró cumplido el fallo protector dictado en este juicio de amparo indirecto y como consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de este juico constitucional como concluido; no obstante, quedan a salvo sus derechos para que, de estimarlo necesario, promueva ante la instancia que estime pertinente lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto de quince de marzo de esta anualidad, en el que se declaró cumplido el fallo protector, ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido dicho auto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que se pronunciara en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, haciendo uso de ese derecho la parte quejosa mediante escritos presentados el dos, seis y diez de marzo del año en curso. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente, conforme lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" Antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, el quejoso *********, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***/****, en el que se le tiene interponiendo recurso de revocación en contra del proveído de cuatro de marzo de la anualidad en cita, mismo que se resolvió de plano declarando inoperantes e infundados los agravios hechos valer, dejando firme el acuerdo impugnado. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México: La inscripción del embargo precautorio trabado sobre el bien inmueble ubicado en avenida Doctor *********** número ****, departamento ***, manzana **, lote ***, colonia ********, Delegación ******, en la *******, inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el folio *****, asiento *, entrada *-***** /**** (*) de fecha **/***/****. Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social: El descuento de la cantidad de $********** (************ 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en este asunto, en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, formando el amparo en revisión ***/**** de su estadística; y, mediante ejecutoria pronunciada el doce de enero de dos mil veintitrés, modificó la sentencia dictada en este asunto y concedió el amparo al recurrente. II. Efectos de la concesión del amparo. Al respecto, cabe precisar que la concesión del amparo de alzada fue para los efectos siguientes: "Emita una resolución en la que: a. Deje insubsistente el auto reclamado; b. Resuelva nuevamente el recurso de revocación intentado en el que: * Reitere lo que no es materia de la concesión, a saber, la legalidad del embargo precautorio sobre el bien inmueble señalado en el auto recurrido y del incremento de pensión, en términos del artículo 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. * Respecto al incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, considere que sí es dable la admisión si substanciación del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 977 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca y en consecuencia admita a trámite dicha incidencia." (Énfasis añadido) En esas condiciones, por auto de veintiocho de febrero del año en curso, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente ***/**** de su índice, entre ellas, el auto dictado el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el que: 1.- Reiteró lo relativo a la legalidad del embargo precautorio sobre el bien inmueble descrito en el referido acuerdo, así como del incremento de pensión decretado en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno. 2.- Dejó insubsistente el auto dictado el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la parte relativa a la confirmación de la negativa de admitir el incidente de reducción de pensión alimenticia. 3.- Se dio nuevamente cuenta con el escrito del quejoso Octavio Villanueva Curiel presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. 4.- Se ordenó la apertura del incidente de reducción de pensión alimenticia provisional; lo cual se corrobora con la copia certificada del diverso proveído dictado el mismo diez de febrero de dos mil veintitrés, en el cuaderno incidental de reducción de pensión alimenticia provisional, tramitado por cuerda separada, así como de las notificaciones realizadas a las partes. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se evidencia que la autoridad responsable mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, cumplió con cada uno de los efectos de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en el amparo en revisión ***/****, por lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable acredita de forma fehaciente haber acatado el fallo protector. Ahora bien, no pasa inadvertido que mediante escritos presentados el dos, seis y diez de marzo del año en curso, **************, autorizada del quejoso Octavio Villanueva Curiel, manifestó no estar de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por la alzada, reiterando las razones siguientes: Al reiterar la legalidad del embargo precautorio sobre el bien inmueble materia de estudio, el Juez está revocando sus propias determinaciones. Que al estar inconforme con el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revocación, ya que de no revocarse dicho auto y reiterar la legalidad del embargo precautorio sobre el bien inmueble aludido en el auto de fecha de referencia, se estarían vulnerando las garantías de legalidad, seguridad, audiencia y debido proceso de la ciudadana ****************, ya que tal persona es actualmente y desde hace unos años la propietaria de dicho bien inmueble. Al efecto, exhibió copia certificada de diversas documentales, entre ellas las relativas para acreditar sus manifestaciones relativas a la nueva propietaria del citado bien inmueble. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que los actos reclamados por el propio quejoso: fueron el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente ***/****, por la autoridad judicial responsable, en el que se abordó la inscripción del embargo precautorio trabado sobre el bien inmueble descrito y el descuento de la cantidad de $******** (*********** 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional. Los cuales fueron abordados en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por lo que, se reitera al justiciable que este órgano jurisdiccional se encuentre jurídicamente imposibilitado para ampliar los efectos de la ejecutoria de alzada en dichos puntos, tal y como se transcribe nuevamente: Reitere lo que no es materia de la concesión, a saber, la legalidad del embargo precautorio sobre el bien inmueble señalado en el auto recurrido y del incremento de pensión, en términos del artículo 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. No obstante, quedan a salvo sus derechos para que, de estimarlo necesario, promueva ante la instancia que estime pertinente lo que en derecho corresponda. En ese orden, reitérese a la parte quejosa que la autoridad responsable se limitó a cumplir con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, resolución en la que se analizó el acto reclamado (auto de cinco de abril de dos mil veintiuno), ordenando dejar firme ciertas partes del acuerdo y modificando únicamente lo relativo al incidente de reducción de pensión alimenticia; aunado a que el hecho que aún no se le haya notificado la admisión o no del recurso de revocación que intentó, no forma parte de los efectos de la sentencia dictada en el mencionado recurso de revisión. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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