Octavio Villanueva Curiel

Expediente 110/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
110/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Octavio Villanueva Curiel
  • OCTAVIO VILLANUEVA CURIEL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, la interlocutoria pronunciada el once de marzo siguiente y esta determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atento a lo anterior, devuélvase a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dos discos versátiles certificados y el original del toca penal ********************; y al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dos discos versátiles certificados, cuyas documentales exhibieron como complemento a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 110/2021 III-A, promovido por Octavio Villanueva Curiel, por conducto de su entonces defensor particular, en contra de actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y otras autoridades. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones de la Sala Penal responsable, para emitir la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 118/2020, en el que se revocó el sobreseimiento decretado por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 655/2017 de su índice. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal 655/2017, en contra de Octavio Villanueva Curiel, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Kena Guadalupe Herrera Lugo. En dicha causa penal, se aprobó el inicio de la solución alterna suspensión condicional del proceso por un año, a partir del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, relativa a la conclusión de la suspensión del proceso a prueba, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, decretó el sobreseimiento de la causa penal antes citada y declaró extinguida la acción penal. Inconforme con lo anterior, la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Dicho recurso se registró bajo el toca JOTP/118/2020 y se admitió a trámite el siete de enero de dos mil veintiuno. Mediante resolución de trece posterior, una vez analizados los agravios expuestos por la víctima, los magistrados integrantes de la Sala Penal responsable revocaron el sobreseimiento decretado por la Juez de origen, y ordenaron ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso por seis meses más, con el objeto de que el imputado Octavio Villanueva Curiel continuara recibiendo tratamiento psicológico en el Centro Reeducativo para los Hombres que Ejercen Violencia Contra las Mujeres, sobre la base de la sugerencia precisada en el informe final de la Unidad de Medidas Cautelares y las razones expuestas en la resolución de mérito, así como que se materialice la actitud de respeto que debe tener hacía la víctima. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Octavio Villanueva Curiel, por conducto de su defensor particular, presentó un escrito el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, tercer párrafo, 14, párrafo segundo y tercero, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el día de su presentación; dicho juzgado registró el escrito bajo el registro 113/2021 y por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, declinó competencia a favor de este Juzgado de Distrito. Mediante proveído de nueve de febrero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del mencionado juicio de amparo y se radicó con el número 110/2021; asimismo, se previno al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, narrara de manera sucinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado. Una vez desahogada en tiempo y forma la prevención de mérito, el quince de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado de las autoridades responsables, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se ordenó emplazar a la tercero interesada Kena Guadalupe Herrera Lugo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de febrero pasado, se recibió el escrito de ampliación signado por el defensor particular del quejoso, en el que señaló como nueva autoridad responsable a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, atribuyéndole la ejecución de la resolución dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en ese proveído, se admitió la ampliación planteada. En acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, se tuvo por apersonada a la tercero interesada Kena Guadalupe Herrera Lugo y al quejoso Octavio Villanueva Curiel, revocando a su autorizado Jesús Martín Matías Hernández. Después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo el catorce de mayo de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención, permiten sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/118/2020, en la que se revocó el sobreseimiento decretado por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 655/2017, con el objeto que continúe recibiendo tratamiento psicológico en el Centro Reeducativo para Hombres que Ejercen Violencia Contra las Mujeres, por seis meses más, y se materialice la actitud de respeto hacía la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo. De la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia Contra las Mujeres, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca: La ejecución de la resolución que antecede. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su respectivo informe justificado, el Presidente de la Sexta Sala Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. En ese sentido, el Presidente de la Sala responsable indicó que mediante resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la víctima (aquí tercera interesada) y se revocó la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la cual se declaró la extinción de la acción penal y como consecuencia, el sobreseimiento de la causa penal 655/2017. Por su parte, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, precisó que en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Penal responsable, en audiencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, amplió por seis meses más la suspensión condicional del procedimiento. Lo anterior, se corrobora con el original del toca penal JOTP/118/2020 y dos discos versátiles digitales, que contienen la audiencia de conclusión de la suspensión condicional del proceso, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y la audiencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en cumplimiento al recurso de apelación, dictadas en la causa penal 655/2017 y la audiencia de alegatos aclaratorios de trece de enero pasado, emitida en el mencionado toca penal, exhibidos por el Presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Asimismo, con los dos discos versátiles digitales exhibidos por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, que contienen las audiencias de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y nueve de febrero de dos mil veintiuno, emitidas en la causa penal 655/2017. Las anteriores documentales adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Directora del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, al rendir su informe justificado, no se pronunció respecto de la certeza del acto que se le atribuye, pero sí manifestó que el doce de febrero de dos mil veintiuno, recibió el oficio SSPO/SPRS/UMECA/VC/0659/2021, mediante el cual se canaliza a Octavio Villanueva Curiel, por un lapso de seis meses adicionales a su proceso anterior. De ahí, que se tenga como cierto el acto de ejecución que se le atribuye. VI. LEGITIMACIÓN Octavio Villanueva Curiel, por conducto de su defensor particular, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de imputado en la causa penal 655/2017, del índice del Juzgado de Control del circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la que se dictó la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento; misma que fue revocada a través del recurso de apelación JOTP/118/2020, del índice de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. No pasa inadvertido que a través del escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, Octavio Villanueva Curiel haya revocado a Jesús Martín Matías Hernández como su defensor particular, toda vez que se advierte su interés en la continuación del juicio en que se actúa, al considerar que se violaron sus derechos humanos en la resolución controvertida. VII. OPORTUNIDAD La resolución emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del toca penal JOTP118/2020, en la que se revocó el sobreseimiento dictado por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 655/2017, se notificó en la propia audiencia de trece de enero de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el catorce de enero del año en curso. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el quince de enero y feneció el cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Así, al presentarse la demanda el dos de febrero de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Refiere que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque a su consideración, la Sala responsable no aplicó correctamente el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que dicho precepto únicamente prevé que la suplencia de la queja opere a favor del imputado, no así de la víctima u ofendido. Manifiesta que los Magistrados responsables enmendaron el recurso de apelación de la víctima, ya que aún en la ausencia de agravios hechos valer, suplieron la deficiencia de éstos bajo el argumento que existió violación de derechos fundamentales. Indica que la Sala Penal responsable resolvió el recurso de apelación con agravios distintos a los argumentados por la víctima. En ese orden, señala que la víctima se opuso a que se tuviera por cumplida la solución alterna porque el imputado no había cumplido con la obligación que contrajo de respetar a la víctima en su persona y a sus familiares. Empero, la Sala Penal ignoró el argumento vertido en el sentido que tal aseveración no se hizo durante el período de un año que duró la medida. Que para el caso de que se hubiese incumplido con alguna condición impuesta, la víctima estuvo en aptitud de solicitar la revocación de la medida alterna. Que la autoridad responsable se sustituyó a la jurisdicción de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y amplió por seis meses más la medida alterna, a pesar que el recurso de apelación no tiene esos alcances. Aduce que los integrantes de la Sala Penal responsable desconocen la naturaleza jurídica de la suspensión condicional del proceso a prueba. Sostiene lo anterior, porque en audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la audiencia final relativa a la suspensión condicional del procedimiento, acertadamente se decretó el sobreseimiento, porque se cumplieron los objetivos señalados. Empero, la Sala responsable revocó el aludido sobreseimiento y pasó por alto que en la audiencia no se discutiría una revocación de las medidas impuestas. Los motivos de disenso expuestos por el quejoso son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. Para avalar lo aseverado, conviene relatar que en la causa penal 655/2017 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la Juez indicó las condiciones y el plan reparatorio establecidos, mismos que debería de cumplir el imputado Octavio Villanueva Curiel, los que consistían en: "1. Plan reparatorio: El imputado debía pagar la cantidad de $4,656.86, de los cuales $1,056.80 fueron destinados para el pago de las lesiones que presentaba la víctima y $3,600.00 para el pago del tratamiento psicológico que ésta recibiría. 2. Condiciones: a) El imputado asistiría a sesiones psicológicas en el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres. b) El imputado residiría en su domicilio ubicado en la Segunda Privada de Primero de Mayo, casa nueve, lote diez, residencial Santa Lucía del Camino, Oaxaca. c) Se le prohibió al imputado frecuentar el domicilio de la víctima ubicado en la calle Libertad, número ciento trece, San Francisco Tutla, Oaxaca, (alcanzando un radio de quinientos metros e incluyendo la prohibición de realizar actividades físicas en ese lugar). d) Se le prohibió al imputado comunicarse con la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo. e) Se le prohibió al imputado comunicarse con la víctima por cualquier medio a excepción de la videoconferencia que tiene este autorizado, para comunicarse con sus hijas al teléfono celular de la víctima, los días lunes de cada semana a las siete de la noche. f) Se le impuso la obligación al imputado de respetar a la víctima y familiares y que la comunicación para temas familiares, de igual manera sería con absoluto respeto hacia la dignidad de ésta y sus familiares. g) El imputado debía ofrecer una disculpa pública derivado de los hechos. Ahora bien, al interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, la víctima (aquí tercera interesada) en esencia hizo valer como agravios que dicha resolutora no valoró apropiadamente los datos de prueba que incorporó su defensa con el fin de que no se tuviera por cumplido el plan reparatorio, ya que el imputado no se abstuvo de respetarla y además, porque no juzgó con perspectiva de género, lo que motivó que apreciara el cumplimiento total de las condiciones impuestas al aquí quejoso. Los datos de prueba incorporados por la víctima, consistieron en tres escritos de demanda de amparo, promovidos en favor de sus hijas de iniciales M.I.V.H. y K.V.H., así como el oficio SSPO/SPRS/UMECA/VC/4234, suscrito por la Supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares y el Delegado Regional de Medidas Cautelares. Con la valoración de dichos datos de prueba, la apelante pretendía evidenciar que no se cumplió con la condición de respetarla. Sentado lo expuesto por la víctima en el recurso de apelación, conviene establecer ¿qué es la suspensión condicional del proceso? Dicha figura se encuentra regulada en los artículos 191 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "CAPÍTULO III SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, y II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Quedan exceptuados de suspensión condicional del proceso los casos en que el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso, en cualquier fuero del ámbito local o federal. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos." La correcta intelección de los preceptos reproducidos conduce a sostener que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo de naturaleza adjetiva que permite dar por terminado el procedimiento de manera anticipada, dejándolo en suspenso por un plazo que podrá ser de seis meses a tres años, hasta que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la ley y se satisfagan determinadas condiciones fijadas por el juzgador que permitan concluir con la extinción de la acción penal. Esta figura tiende a la resocialización de cierta clase de imputados y a la reparación del daño a la víctima, a través del cumplimiento de ciertas condiciones, evitando recurrir a la inútil estigmatización de una condena penal. La petición puede realizarse por el imputado o el Ministerio Público con acuerdo de aquél, en cualquier momento, una vez dictado el auto de vinculación a proceso hasta antes de acordarse a apertura de juicio y procede cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; b) Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido; y, c) Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Sin que proceda por los delitos ubicados en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, en el caso de homicidio doloso, genocidio y violación. En la audiencia donde se resuelva la solicitud condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, esto es, un detalle de las condiciones que estaría dispuesto a cumplir durante el período de suspensión, el cual podrá aprobar o modificar el juzgador. Así, cuando las condiciones establecidas por el Juez de Control y el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento. En esos términos, la suspensión condicional del proceso se postula como una reacción diversa ante el delito, no mediante la imposición de una sanción al imputado, sino a través de su sometimiento a un plan resarcitorio aprobado por el órgano jurisdiccional que le impondrá ciertas obligaciones que deberá realizar en el lapso previamente definido, buscando que con la expiración satisfactoria de tal plazo se logre la extinción de la acción penal. Esto no significa que el imputado tenga disponible ese derecho por su sola voluntad; por el contrario, debe considerar que es un mecanismo de solución del conflicto penal revestido de requisitos y presupuestos que se dejan a consideración del juzgador que tienden a hacer posible su reinserción a la sociedad, sin el dictado de una sentencia, procurando que no vuelva a delinquir y se repare a la víctima y el ofendido el daño causado con motivo del delito. En ese entorno, se puede afirmar que los objetivos fundamentales de la suspensión condicional del proceso, son: 1. Evitar que la persecución penal continúe y concluya con una sentencia que imponga al imputado una sanción que lo estigmatice. 2. Dar atención a los intereses de la víctima u ofendido y repararle el daño que se le ocasionó. Entonces, si se cumplen las condiciones impuestas al imputado, puede darse la extinción de la acción penal. En la audiencia celebrada ante la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, que dio lugar al recurso de apelación, cuya resolución se combate en esta vía, los magistrados integrantes establecieron que fue incorrecto que se tuvieran por cumplidas las condiciones impuestas a Octavio Villanueva Curiel y en consecuencia, ampliaron la suspensión condicional del proceso por seis meses más. Ahora bien, la Sala Penal responsable precisó que atendiendo a los agravios esgrimidos por la víctima, la Litis del recurso de apelación versó en que el imputado estaba obligado a respetar a la víctima y que éste asistiría a sesiones psicológicas en el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres, por lo que en caso de verificarse lo anterior, sería correcta la determinación de la Juez de Control de origen. Esto, porque el recurso sólo atendería a los agravios expresados por la recurrente, quedando prohibido exceder el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso; a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Luego, los magistrados de la Sala Penal indicaron que una vez analizada la audiencia controvertida, determinaron que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, no juzgó con perspectiva de género, lo que ocasionó que erróneamente tuvieran por cumplidas las condiciones a las que se sujetó el imputado, desde el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve; es decir, estimaron fundados los agravios hechos valer por la aquí tercero interesada. Enfatizaron que el actuar de la Juez de Control careció de un método para detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición, sexo o género, por lo que debió establecer si existe o no una situación de discriminación o vulnerabilidad por razones de género (empoderamiento del hombre hacia la mujer en circunstancia de asimetría e inequidad respecto a los derechos y obligaciones que a cada uno de ellos corresponde). Por ello, se estableció que para juzgar con perspectiva de género, la Juez de Control de origen debió identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, así como cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas, entre otras. De ahí que consideren erróneo el actuar de la Juez de origen, pues no hizo consideración alguna respecto a establecer si se advertía o no alguna situación de vulnerabilidad. La autoridad responsable indicó que aun tratándose de la suspensión condicional del proceso (solución alterna), se debe velar por una reparación integral y eficaz a favor de la víctima, por lo que correspondería determinar si la oposición de la víctima, referente a que no se decretara la extinción de la acción penal porque el imputado no cumplió con dos de las condiciones que se le impusieron, se actualiza o no, sobre la base de los datos de prueba incorporados. Sentado lo anterior, la Sala responsable se pronunció a determinar si en efecto, se cumplió con la condición establecida a Octavio Villanueva Curiel, de respetar a la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo. Para ello, estableció que la Juez responsable erróneamente dio por cumplida esa condición, pues no se percató de las expresiones con las que se ha conducido el imputado, las que quedaron de manifiesto al incorporarse las demandas de amparo de once de mayo y de veintitrés de junio de dos mil veinte. Ya que si bien esas demandas de amparo no fueron suscritas por el imputado Octavio Villanueva Curiel, sino por personas diversas y en representación de las menores de iniciales M.I.V.H. y K.V.H. , quienes son hijas del imputado y la víctima, lo cierto es que se basan en el dicho del imputado, ocursos cuyo contenido no fue controvertido, en los que se asevera lo siguiente: ".pero resulta que me han dicho el día de ayer domingo diez de mayo de dos mil veinte, mi defendido al comunicarse con sus hijas, estas le dijeron que no se encontraban en su casa en Oaxaca y que su mamá Kena Guadalupe Herrera Lugo, se las llevó a otro lugar, en compañía de su actual pareja sexual." (once de mayo de dos mil veinte) ".pero resulta que me ha dicho el día de hoy martes veintitrés de junio de dos mil veinte, mi defendido me comunicó que al comunicarse con sus hijas, éstas le dijeron que no se encuentran en su casa, en Oaxaca, ya que su mamá se las llevó a otro lugar en compañía de su actual pareja sexual." (veintitrés de junio de dos mil veinte) Los magistrados de la Sala Penal responsable valoraron en su conjunto las demandas de amparo incorporadas por la víctima, exponiendo que en éstas obra la expresión se fue con su actual pareja sexual, haciendo referencia a la probable conducta de la víctima y que pudiera tener como consecuencia el descuido y desaparición de sus dos hijas; motivo por el cual, señalaron que esas manifestaciones no son de respeto hacia la víctima, sino que se tratan de un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios que emanan de una cultura machista que impera en nuestro País. Indicaron que dichas expresiones son causa y a consecuencia de su género, porque se utilizaron como forma de sometimiento, humillación y método de destrucción de autonomía de la mujer, enfocada en su probable conducta sexual, violentando su derecho a la dignidad y en su caso, libertad sexual. Así, expusieron que al no valorar adecuadamente los datos de prueba relacionados, con enfoque de género, se está pasando desapercibida una conducta de discriminación hacia la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo, pues se trata de afirmaciones esteriotipadas, que ponen en entredicho su dignidad. Luego, por lo que hace a la condición de someterse a tratamiento psicológico en el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres, los magistrados responsables tampoco la estimaron cumplida. Ello, atendiendo a que del informe final SSPO/SPRS/UMECA/VC/4234/2020, suscrito por la Supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares y el Delegado Regional de Medidas Cautelares, en el que se asentó que se dieron por cumplidas las sesiones a las que se sujetó el imputado Octavio Villanueva Curiel, pero en el mismo existe la sugerencia que continúe con el proceso reeducativo por seis meses más, en virtud de no alcanzar los objetivos del programa. La Sala responsable enfatizó que no fue correcto el razonamiento de la Juez de Control en el sentido que dicha sugerencia es subjetiva, pues dicha estimación resulta contraria a la obligación que tiene de juzgar con perspectiva de género, ya que no visualizó el objeto que tenían las terapias psicológicas impuestas al aquí quejoso, limitándose a verificar que se cumplió con el número de sesiones, mas no con el fondo de éstas. Porque no debe perderse de vista que la causa penal 655/2017 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se inició por el delito de violencia familiar, por lo que dicho tratamiento (terapias psicológicas) debe mostrar un resultado correctivo respecto de la conducta agresiva que dio inicio al proceso y por tanto, dicha sugerencia no tiene el carácter de subjetiva, ya que esa apreciación deriva directamente de las terapias otorgadas al imputado. Es por lo antes relatado, que la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca calificó de fundados los agravios hechos valer por la víctima Kena Guadalupe Herrera Lugo, ya que la juzgadora de origen no juzgó con perspectiva de género y por ello estimó cumplidas las condiciones impuestas a Octavio Villanueva Curiel cuando se le concedió la suspensión condicional del proceso, decretando así la extinción de la acción penal y por tanto, el sobreseimiento total de la causa penal 655/2017. Como consecuencia, la autoridad responsable revocó la resolución combatida y con fundamento en el artículo 198, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso por seis meses más, con el objeto de que el imputado Octavio Villanueva Curiel continúe recibiendo tratamiento psicológico en el Centro Reeducativo para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres y para que materialice la actitud de respeto que debe tener hacia la víctima. Incluso, atendiendo a que la Juez de origen no valoró adecuadamente los datos de prueba y no juzgó con perspectiva de género, ordenó girar oficio con copia certificada de la resolución reclamada, a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para su conocimiento y para que procedan en los términos que corresponda. En virtud de lo expuesto, es que se califican de infundados los conceptos de violación en el cuales el quejoso afirma que la Sala Penal responsable suplió la deficiencia de los agravios expresados por la víctima apelante, así como que se enmendó el recurso que carece de agravio y se resolvió con agravios distintos a los planteados. Lo anterior, pues basta con la simple lectura del escrito de agravios de la víctima, en el cual, en esencia, se duele de que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, no juzgó con perspectiva de género, pues después de escuchar a la víctima y analizar los datos de prueba incorporados, aun así estimó que el imputado cumplió con las condiciones impuestas Asimismo, expuso que no debían tenerse por cumplidas las condiciones impuestas al imputado, ya que no se verificó el objetivo reeducativo que tendrían las sesiones en el Centro Reeducativo para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, ya que en el informe final se sugirió que continuara con las sesiones por seis meses más, al no alcanzarse los objetivos del programa; ni tampoco cumplió con la condición de respetarla, pues por su dicho es que sus defensores promovieron diversos juicios de amparo señalando como acto reclamado la desaparición forzada de sus menores hijas. Es por ello, que contrario a lo aseverado por la parte quejosa, es que la Sala Penal responsable no suplió la deficiencia de los agravios expresados por la víctima, ni resolvió con agravios distintos; únicamente partió de la base de éstos, analizó de nueva cuenta los datos de prueba incorporados en la audiencia reclamada vía apelación y determinó incorrecto el actuar de la Juzgadora de origen. Ahora bien, como ya se adelantó, también deviene infundado el motivo de disenso en el que la parte quejosa refiere que los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca no conocen la naturaleza jurídica de la suspensión condicional del proceso a prueba, ya que el fin de la audiencia controvertida en apelación era únicamente para decretar el sobreseimiento de la causa penal, a la luz del informe final de UMECA, no así la revocación de la medida alterna. Se dice lo anterior, ya que es precisamente el alcance del recurso de apelación el de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, tal como lo establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que una vez analizados por el Tribunal de Alzada fueron calificados de fundados. Por otra parte, en un capítulo especial de la demanda, el quejoso expuso que al ser víctima de violaciones a sus derechos humanos, debe reparársele el daño de manera integral, atendiendo a que la autoridad responsable lo ha obligado a litigar para defenderse de la injusta resolución que dictaron, cuyos montos serán determinados, a su decir, en el momento procesal oportuno. Esto, sobre la base que ha gastado en honorarios profesionales de abogados y otros gastos, casi $200,000.00 (doscientos mil pesos mexicanos, cero centavos). Sobre ese tópico debe precisarse que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. No obstante lo anterior, se dejan a salvos los derechos del quejoso, para que los haga valer ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los aspectos de una reparación integral. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 472, registro 2014345, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que no pasan inadvertidas las inapropiadas formas de conducirse a los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como son "bajo el ardid de puras estupideces, concebidas por esa triada de magistrados de cartón", por lo que se le exhorta a que se conduzca con respeto a la autoridad que señaló como responsable; apercibido que de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio previstas en la ley de la materia. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Octavio Villanueva Curiel. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Octavio Villanueva Curiel, en contra del acto reclamado a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere al artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto al agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su carácter de tercero interesado, toda vez que se le tuvo por apersonado a este juicio de amparo mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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