Octavio Vazquez Gallardo
Expediente 1070/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Octavio Vazquez Gallardo
Actuaciones
- Principal
...Téngase por recibido el oficio electrónico de cuenta, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual acusa del diverso por el cual se le remitieron los autos originales e informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la cual se registró con el número 12/2022, de su índice. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) ...
- Principal
Irapuato, Guanajuato, trece de diciembre de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con lo requerido por éste órgano de control constitucional mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, pues narra los antecedentes que constituyen los hechos de los actos reclamados a las autoridades responsables. INCOMPETENCIA Ahora, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, al ser la competencia un presupuesto procesal de estudio preferente, este juzgado considera que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer de la demanda que se recibe, por los motivos que a continuación se exponen. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Asimismo, el numeral 34 de la legislación de la materia, prevé: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." De la interpretación sistemática de los citados numerales, se tiene que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio de origen, aun sin analizar el fondo; cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por su parte, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." El numeral transcrito establece, en lo que interesa, que cuando se presente ante un Juzgado de Distrito una demanda contra actos que se considere son materia de amparo directo, deberá declarar carecer de competencia y ordenar su remisión de inmediato al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. De la revisión de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, por el que confirmó la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno dictada por el Juez Tercero Civil de Irapuato, Guanajuato. Actos respectos de los cuales este juzgado considera que son impugnables a través del juicio de amparo directo; se afirma lo anterior, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquellos que ponen fin al juicio. En efecto, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-instancial dado que a través de la resolución reclamada se pone fin al juicio de origen y, acorde con lo establecido en el primero de los numerales transcritos, una resolución de esa naturaleza es impugnable en amparo directo. De ahí que se considera que la resolución reclamada se ubica en los supuestos previstos en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo respecto del acto que por esta vía constitucional se reclama; por lo que de acuerdo con el artículo 107 fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente el juicio de amparo directo contra la resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, como es el caso. Por tanto, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una determinación que puso fin al juicio, por lo que, corresponde conocer de la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno; ello toda vez que, dada la naturaleza, es impugnable a través del amparo directo. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo vigente, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno. II. Formar, con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA En virtud de la resolución adoptada, se estima innecesario ordenar la notificación personal del presente acuerdo a la parte quejosa, dado que este juzgado consideró carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, corresponderá al tribunal colegiado que se considera competente efectuar el respectivo pronunciamiento por ser el facultado para resolver lo que en derecho proceda sobre el asunto. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el oficio de cuenta remitido vía electrónica, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que contiene la transcripción del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se acusa de recibo del comunicado mediante el cual, le fue remitido el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra de la resolución incidental de diez de agosto del año en curso; asimismo, este órgano de control constitucional se da por enterado de que el referido recurso se admitió a trámite y quedó registrado con el número de recurso de revisión 233/2021, de su índice. Circunstancia de la cual, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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