Octavio Velazquez Mendoza
Expediente 490/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Octavio Velazquez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, once de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales: VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: -Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, incisos b), 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso c), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, y a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintidós en el horario de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Asimismo, devuélvase a la Jueza Primero Civil del Partido Judicial de Pénjamo, Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, en apoyo a su informe justificado consistente en dos tomos, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva dentro del presente juicio, y se omitió notificar personalmente al tercero interesado de nombre *****, no obstante que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en un inmueble ubicado en esta ciudad. Por tanto, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se regulariza el procedimiento, únicamente por lo que respecta a la citada cuestión y se ordena notificar personalmente al tercero interesado de referencia la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que esté en aptitud de imponerse de su contenido. Notifíquese, personalmente al tercero interesado aludido el presente acuerdo y la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
SENTENCIA... TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La juez Primero Civil de Partido y las actuarias adscritas a la Oficina Central de Actuarios, ambas con residencia en Pénjamo, Guanajuato, al rendir su informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil número ***; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, ante el Juzgado responsable, el actor ***-aquí tercero interesado-, demandó en la vía ordinaria civil a ****, todas de apellidos ***, de reclamó, entre otras prestaciones, la posesión del inmueble que por esta vía defiende el quejoso. 2. Mediante proveído de seis de enero de dos mil veinte, la juez responsable admitió a trámite la demanda, entre otras cosas, ordenó el emplazamiento de las demandadas ***. 3. En proveído de cinco de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la parte demandada contestando la demanda, por oponiendo las excepción y defensas que hicieron valer. 4. Seguidos los trámites legales, el uno de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se absolvió a la parte demandada y se condenó a la parte actora al pago de gastos y costas. 5. Inconforme con la sentencia anterior, el actor ***, interpuso recurso de apelación, el cual se admitió a trámite; por razón de turno le correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo radicó con el toca *** y mediante resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y condenó a las demandadas a desocupar, entregar y poner en posesión al actor del inmueble materia del juicio de origen. 6. En contra de la sentencia señalada en el párrafo que antecede, ***, todas de apellidos *** promovieron demanda de amparo directo y mediante ejecutoria de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo directo civil *** de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión. 7. Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la juez responsable, a petición de la parte actora, en ejecución de sentencia ordenó poner a *** en posesión del inmueble que por esta vía se combate. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 del siguiente rubro y texto: En la especie, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró su interés jurídico. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, los artículos 61 fracción XII, 5, fracción I de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Así en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial; el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, al tratarse de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/200712, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el interés jurídico debe estar fehacientemente comprobado y no inferirse con presunciones; de manera que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional, solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por esta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan. En la especie, la promovente se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil número ***del índice del juzgado responsable, bajo el argumento de que la falta de emplazamiento a dicho controvertido, todas las actuaciones, en particular, la orden de desposesión del bien inmueble ubicado en la calle ***, así como su ejecución, viola sus derechos humanos, por la razón de que es persona extraña al procedimiento, por no ser parte demandada. Pues bien, por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En tal contexto, el primero de los elementos del interés jurídico, no fue acreditado fehacientemente por el quejoso, pues si bien se ostentó como poseedor del inmueble ubicado en la calle ***, aduciendo que habita y vive en el inmueble que se pretende desposeer, lo cierto es, que no acompañó constancias fehacientes con las cuales acreditara la calidad que dice detentar respecto de dicho bien. Lo anterior es así, pues para justificar su dicho, ofreció como material probatorio, lo siguiente: a) Copia certificada de su credencial de elector. b) Copia certificada de su licencia de conducir. c) Una constancia de residencia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Huanimaro, Guanajuato. d) Dos recibos expedidos por Teléfonos de México, sociedad anónima de capital variable, a nombre del quejoso. e) Un pagaré de cinco de julio de dos mil seis, suscrito por el hoy quejoso a favor de la empresa ***. Sin embargo, dichas documentales no resultan idóneas para acreditar la propiedad y posesión del inmueble que defienden, se explica. En primer lugar, las documentales detalladas en los incisos a) y b), consistentes en la credencial para votar y licencia de conducir, son ineficaces para demostrar que la parte quejosa es poseedora del bien inmueble que ahí se describe; puesto que es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector y licencia de conducir, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente que es propietario o poseedor del bien, pues basta el señalamiento del interesado sobre su domicilio, pero en forma alguna son aptos para demostrar una posesión jurídica. En tal virtud, resulta evidente que las aludidas probanzas ineficaces para comprobar la posesión de un bien inmueble. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.C. J/26 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito14, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Por otro lado, de la documental detallada en el inciso d), consistente en los recibos expedidos por Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, debe destacarse que son insuficientes para acreditar que el promovente del amparo tiene su domicilio en el lugar indicado. Ello es así, puesto que por su propia naturaleza, únicamente demuestran que ante dicha compañía se contrató el servicio correspondiente para el domicilio deseado; sin embargo, ello no implica de manera alguna que ese sea el lugar donde vive la persona que realizó tal contrato; motivo por el que dichos documentos son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/190 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito15, de rubro y texto siguientes: "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren." Por otro lado, respecto de los documentos descritos en el inciso c) y d), consistente en una constancia de residencia y un pagaré, únicamente demuestran lo contenido en ellas, esto es, que a petición del aquí quejoso, el secretario del Ayuntamiento de Huanimaro, Guanajuato, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, le expedió la constancia de residencia, en la consta que tiene más de cuarenta años en dicho municipio; y por lo que respecta al pagaré que el aquí adquirió una deuda por la cantidad de setenta y ocho mil pesos a favor de la empresa Alianza, cajas populares, Cooperativa de Ahorro y Préstamo; sin embargo, no se acredita de forma alguna que el quejoso tuviera la posesión del inmueble en un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer. En esas condiciones, las documentales aludidas, son ineficaces para demostrar el derecho de propiedad que el aquí agraviado aduce tener sobre el bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional; máxime, que no fueron robustecidas con diversa prueba. De ahí que, se concluya que el quejoso no justificó su interés jurídico, pues su sola afirmación dogmática en el sentido de que es poseedor del bien inmueble que defiende, no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, en virtud que esa circunstancia no demuestra la propiedad que pudiera ser garantizada por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación16, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En efecto, para que la propiedad y la posesión sean objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por tanto, si en el caso, el quejoso no aportó al presente juicio de amparo, un documento que revistiera esas características, con la finalidad de acreditar la titularidad del derecho subjetivo, es evidente, que no acreditó su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/200217, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Por otro lado, se considera que a la vez, tampoco no se acreditó el segundo de los elementos, es decir, un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, lo que, sin duda genera la actualización de la causa de improcedencia en análisis, por los motivos siguientes: En primer lugar, de autos se advierte que la falta de emplazamiento al controvertido de origen, así como todas las actuaciones, en particular, la orden de desposeimiento del inmueble que defiende; así como su ejecución, no va dirigido al quejoso, por lo que, es evidente que no le causa perjuicio alguno. Asimismo, si bien se ostentó como tercera extraña a juicio, debe decirse que en el juicio ordinario civil de origen, en el cual se demandó la acción reivindicatoria y otras prestaciones, son partes el actor *** y las demandadas ***, todas de apellidos ***; siendo que dichas partes son quienes tienen la prerrogativa de que el juez les resuelva la controversia en la cual se encuentran inmiscuidos; en esas condiciones, dichos sujetos son los únicos que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley para demostrar su pretensión, y por ende, son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, en su caso, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, demandando el cese de esa violación. En ese tenor, la omisión de emplazar y las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil número ***, no le depara perjuicio alguno en su esfera de derechos -per sepues al no haberse seguido la litis natural, ni alguna incidencia en su contra, como se anticipó, no le ocasiona ninguna afectación personal y directa en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que tales actuaciones, no afectan el interés jurídico del quejoso, ya que no es parte dentro de ese procedimiento, por lo que es inconcuso su falta de interés jurídico, debido a que dichas actuaciones solo vincularon a las partes procesales; de ahí que en el caso, las actuaciones que reclama no le causa perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis II.2o.C.T.20 K18 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI 2o.C.J/25419 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Motivos por los cuales, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se demuestra la afectación producida en la esfera jurídica del quejoso. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional también advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale a la autoridad responsable que se estima dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. De acuerdo con lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto dirigido a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la litis en el juicio constitucional, habida cuenta que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que litiga sus intereses. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta, constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la litis en el juicio constitucional. Ahora bien, de las constancias que conforman este contradictorio se destaca que del análisis efectuado al informe justificado rendido por la juez responsable, se advirtió la intervención de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, capital, pues se desprende que en el toca *** de su índice, revocó la sentencia definitiva del juicio de origen y condenó a las demandas a las prestaciones reclamadas. En atención a ello, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista al quejoso para que dentro del término de quince días legalmente computado, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, capital, por ser quien ordenó desocupar y entregar (poner en posesión) con sus frutos y accesiones, el inmueble ***, a favor de ***; requerimiento que se hizo bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del presente juicio en los términos propuestos en el escrito inicial de demanda (foja 286, tomo I de pruebas). Toda vez que el requerimiento no fue desahogado, el veintiocho de septiembre del año en curso se hizo efectivo el apercibimiento decretado. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se integró debidamente la relación jurídica procesal respecto a los actos que reclama y ante la omisión del quejoso en señalar como autoridad responsable a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que es quien ordenó desocupar y entregar (poner en posesión) con sus frutos y accesiones, el inmueble ****, a favor de ***, no puede resolverse sobre la constitucionalidad o no de los actos reclamados. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquélla quien lo ordenó, lo que constituye el reclamo en este controvertido, esto es, a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, es decir, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por consiguiente, se reitera, si el quejoso no designó como responsable a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, ello impide analizar la constitucionalidad del acto tildado de ilegal, objeto de estudio en este apartado, al ser atribuible a una autoridad que no fue llamada a juicio, no obstante que el quejoso tuvo la oportunidad para hacerlo. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal. Por identidad jurídica sustancial, se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En mérito de lo expuesto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, por actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XIII, está última en relación con el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados las actuarias adscritas a la Oficina Central de Actuarios, con residencia en Pénjamo, Guanajuato; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
...Vista la certificación de cuenta, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. De lo que este órgano constitucional toma conocimiento y se ordena abrir un cuadernillo por separado, el cual deberá glosarse al juicio principal cuando se dicte la sentencia, sin ulterior acuerdo, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes...
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