Octavio Gonzalez Rodriguez

Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
600/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Octavio Gonzalez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta que signa la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 14609/2020 girado en este asunto, con el que se le remitió el juicio laboral *** en un tomo, circunstancia de la cual toma conocimiento este Juzgado Federal...

  2. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de octubre de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las constancias aportadas por el Tesorero Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio. Resolución que fue impugnada por la parte quejosa, y en ejecutoria de trece de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, determinó revocar el fallo recurrido y conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, por lo que el veintisiete de febrero de la anualidad que transcurre se requirió al Tesorero Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, para que cumpliera con la sentencia amparadora. Luego, por acuerdo de uno de octubre del año en curso, se tuvo a la citada autoridad remitiendo la actuación en la que el representante de la parte quejosa recibió de conformidad una póliza de cheque por la cantidad de $14,081.49 (catorce mil ochenta y un pesos 49/100 moneda nacional); sin embargo, no allegó la constancia fehaciente de la que se advierta el cálculo por concepto de impuesto predial que se establece para aquellos inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones, es decir, al 2.4 al millar, incluso que está debidamente actualizada, tal como se determinó en la ejecutoria en análisis. Seguido, en proveído de catorce de octubre de la anualidad en curso, allegó el oficio *** al que anexó un formato de cálculo del impuesto predial respecto del inmueble relativo a la cuenta *** con el que acreditó que para el cálculo de dicho gravamen se utilizó la tasa de 2.4 al millar que corresponde a los inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones. Por ende, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Se allegaron documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Por lo que hace a los documentos catalogados como originales, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dichas documentales, que exhibió como pruebas en el presente juicio. Ahora bien, para su obtención deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se le informa que el horario de este Juzgado es de las 13:00 a las 18:00 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. En el entendido que de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se requiere a las autoridades responsables para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por el que remite:  Testimonio de la ejecutoria relativa a los autos del juicio de amparo 55/2020;  Demanda original y tres copias;  Acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en cuatro copias, emitido en los autos del juicio de origen; y  Expediente Laboral *****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en un tomo; Ello, en virtud que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****; personalidad que se le reconoce en término del artículo 11 de la Ley de Amparo, como se advierte de las constancias del juicio de origen que se anexan. Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TOMO DE PRUEBAS Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense un cuaderno de prueba correspondiente al tomo I. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 600/20201; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la promovente reclama la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral ***** en que la autoridad responsable se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó el archivo. De lo anterior, se colige que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y . " Del precepto señalado en primer término se obtiene que el juicio de amparo se tornara improcedente cuando en la tramitación del mismo, aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, o bien, que derive de la Carta Magna. Por su parte, el segundo numeral hace referencia a la procedencia del juicio de garantías tratándose de actos donde una autoridad determine inhibir o declinar la competencia para que sea diversa autoridad la que conozca del asunto. Sin embargo, dicha cuestión acontecerá hasta se dicte la resolución final en la cuestión competencial, esto es, hasta en tanto la diversa autoridad determine si acepta o no la competencia planteada; caso en el cual, podrá acudir al juicio de amparo. Entonces, por el momento no se ocasiona al promovente una afectación personal, toda vez que, de lo narrado en la demanda se aprecia que aún no se ha pronunciado la autoridad a quien se ordenó la remisión de los autos del juicio laboral de origen sobre la aceptación de la competencia planteada. En efecto, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; entonces, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. En la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. En el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia en favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Entonces será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, o bien, la rechace y no antes. Para determinar el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad en los que se decline o inhiba la competencia-, que es procedente el amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse referidos a aquellos en los que la autoridad, a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral ***** en que la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto (por corresponder a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) y ordenó el archivo; sin que de la demanda de garantías o sus anexos, se advierta resolución alguna de la autoridad a quien se declinó la competencia, en la que ésta hubiese aceptado o no el conocimiento del asunto. Por ende, el acto que aquí se reclama, no da lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que la afectación personal y directa que representa no es definitiva en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente la contradicción de tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107 fracción VIII, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto al acto en estudio. Por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa, lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en ***** Sin embargo, se advierte de las constancias del juicio de origen que se anexan, como domicilio procesal del aquí quejoso el ubicado en *****. Por lo tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que notifiquen al aludido quejoso en el domicilio indicado, corriéndole traslado con copia del presente proveído. En la inteligencia de que al tratarse del domicilio procesal del quejoso, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrá notificar mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, de la Ley de Amparo; esto es, asentará la negativa en autos y la notificación se tendrá por hecha. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***** Y ***** , se les tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así manifestarlo. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,5 se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación

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