Octavio Merales Zambrano
Expediente 34/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/02/2015
Partes del expediente
- Octavio Merales Zambrano
Actuaciones
- Principal
México, Distrito Federal, diecinueve de febrero de dos mil quince. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito, en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por medio del cual acusa recibo del diverso oficio 8601/2015, con el que se remitió copia del escrito presentado por OCTAVIO MORALES ZAMBRANO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil quince. Agréguese para que obre como corresponda, copia del escrito de cuenta; atento a su contenido y como lo solita el quejoso, remítase al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el ocurso y anexos de cuenta; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, a veintinueve de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por medio del cual acusa recibo del diverso 2961/2015, con el que se le remitieron los autos y anexos del juicio de amparo 34/2015-III del índice del juzgado. Ahora bien, en virtud de haber aceptado la competencia planteada por este órgano de control constitucional y toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del Secretario Omar Alonso Ortiz Sánchez que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, a dieciséis de enero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por OCTAVIO MORALES ZAMBRANO, por propio derecho, contra los actos de la Cámara de Diputados; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 34/2015-III. Ahora bien, el promovente de amparo, en su escrito inicial de demanda, reclama la omisión de informarle el estado procesal que guarda la denuncia de juicio político que el propio quejoso presentó ante Cámara de Diputados. Bajo esa premisa, este órgano constitucional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en razón de la materia, respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados, por las siguientes consideraciones: Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del citado artículo se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Ahora, los actos que reclama el quejoso no se ubican en alguna de las hipótesis antes señaladas, pues dicho acto consiste en la omisión de la Cámara de Diputados de informarle sobre el estado procesal que guardaba la denuncia de juicio político, que el quejoso intentó; por lo que es evidente que no se trata de actos relacionados con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad en su comisión o algún caso análogo, y tampoco se reclaman normas generales en la materia; sino que se trata de un acto de naturaleza política imputado a autoridades preponderantemente legislativas, pero con atribuciones de control de las responsabilidades políticas de ciertos servidores públicos. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 49, 50 y110 de la Constitución Federal, se desprende que la Cámara de Diputados, forma parte del Poder Legislativo de la Unión, cuya atribución principal es la formación de leyes de su competencia, sin embargo, por mandato constitucional, en materia de juicio político, es el órgano encargado de formular la acusación respectiva sobre el servidor público inculpado, ante la Cámara de Senadores, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo. De ahí que es inconcuso que en la especie se reclama una omisión atribuible a una autoridad distinta de la judicial, y ajena a la materia penal, por lo tanto este órgano constitucional es incompetente para conocer de este asunto, ya que por razón de especialidad en la materia, compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 52 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el ordinal 48 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase de plano la demanda de garantías promovida por OCTAVIO MORALES ZAMBRANO, por propio derecho y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión provisional, del acto reclamado a la Cámara de Diputados, pues dada su naturaleza, dichos actos no se encuentran en alguna de las hipótesis previstas en el numeral 48 de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido. Autorización y habilitación al personal del juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Protección de Datos Personales Hágase saber a la parte quejosa el derecho para oponerse de manera libre, a que se publiquen sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa e inequívoca conlleva a que únicamente, en su caso, se supriman los datos sensibles. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma el Juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante secretario Omar Alonso Ortiz Sánchez que autoriza y da fe. Doy fe.
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