OBED MARTINEZ PEREZ y Otros.

Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
808/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • OBED MARTINEZ PEREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 808/2021-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Acto reclamado Es menester precisar que el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en: - La judicialización de la carpeta de investigación CI-FTL/FTL-3/UI-3-C/D/03105/09-2019, y presentación de la misma ante un Juez de Control Penal. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Asimismo, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de derechos, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En ese sentido, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el justiciable, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado consiste en la judicialización de una carpeta de investigación y presentación de la misma ante un Juez de Control Penal, diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Lo anterior es así, porque el referido acto no le causa perjuicio al interés jurídico del quejoso, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la indagatoria con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses; esto es, en todo caso, cuando el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el ejercicio de la acción penal solicitado por la representación social en la consignación respectiva se pronuncie, por lo que este pronunciamiento sería lo que en última instancia afectaría la esfera jurídica del ahora quejoso. En ese sentido, el acto reclamado, no vulnera la esfera de derechos del quejoso, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Esto es, no se irroga perjuicio a la parte quejosa, porque éste se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal emita un acto de molestia en su contra. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. Domicilio y autorizados de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que menciona que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a la parte quejosa para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico También se solicita a que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese; y personalmente.

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