Oliva Vazquez Perez

Expediente 830/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
830/2014
Año
2014
Actuaciones
17
Última actuación
23/04/2015

Partes del expediente

  • Oliva Vazquez Perez
  • Jefe General de la Policía de Investigacion

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    México, Distrito Federal, veintitrés de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existen diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese.

  2. Incidental

    México, Distrito Federal, veintitrés de abril de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 830/2014-IV, promovido por Oliva Vázquez Pérez. ANTECEDENTES 1. Del acto reclamado. La quejosa tiene el carácter de inculpada dentro de la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, que se inició con motivo de la denuncia por el delito de despojo que presentó en su contra Héctor Javier Bernal Munguía. El 29 de agosto de 2014, el responsable de la agencia investigadora en la que se radicó la referida indagatoria aprobó la propuesta de reserva. La quejosa reclamó una orden de detención (privación de la libertad), y presentación dictada en su contra. 2. Del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 27 de agosto de 2014 (foja 2). Admisión con apertura de incidente de suspensión: 28 de agosto de 2014 (foja 7). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito: 29 de agosto de 2014, quien formuló el pedimento 314/2014 (fojas 19 a 21). Sobreseimiento fuera de audiencia: 5 de septiembre de 2014 (foja 22). Reposición del procedimiento: El 19 de noviembre de 2014, en cumplimiento a la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que ordenó la reposición del procedimiento, se puso a la vista de la quejosa por el término de 8 días el contenido de los informes justificados (foja 69). Audiencia constitucional: 23 de marzo de 2015 (foja 304). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción . 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes: ? La orden de detención (privación de la libertad) dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa Oliva Vázquez Pérez. ? La orden de localización y presentación dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa. ? Citatorio de 19 de agosto de 2014, dirigido a la quejosa, en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08. ? La ejecución de dichas órdenes. Conviene precisar que si bien en el escrito de demanda no se señaló expresamente al citatorio de 19 de agosto de 2014 como acto destacado, lo cierto es que la voluntad de la quejosa consistió en reclamar el acto que dio origen a la presencia de elementos de la policía en su domicilio, por tanto, si dicho acto de autoridad fue dirigido a la justiciable de referencia, cuya diligencia es encomendada a elementos de la policía ministerial, entonces es indudable que el mismo forma parte de la litis en el presente asunto. Máxime que la parte quejosa no tiene la obligación de señalar con exactitud cuál es el acto que reclama, sino que basta con que en su escrito inicial se advierta la causa de pedir. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación 3, sin detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación 1, sin detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. (Autoridad sustituta). a) La orden de detención (privación de la libertad) dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa Oliva Vázquez Pérez. b) La orden de localización y presentación dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa. c) Citatorio de 19 de agosto de 2014, dirigido a la quejosa, en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08. a) Niega b) Niega c) Niega 13 2 Procurador General de Justicia del Distrito Federal. a) La orden de detención (privación de la libertad) dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa Oliva Vázquez Pérez. b) La orden de localización y presentación dictada en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, contra la quejosa. c) Citatorio de 19 de agosto de 2014, dirigido a la quejosa, en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08. a) Niega b) Niega c) Niega 17 3 Jefe General de la Policía de Investigación del Distrito Federal. d) Ejecución de las órdenes reclamadas. Niega 16 a. Órdenes de detención y presentación. Las autoridades responsables negaron la emisión y ejecución de las órdenes de detención y presentación en contra de la quejosa. Negativa que se corrobora con las constancias de la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, que fueron enviadas como justificación al informe rendido (fojas 224 a 278), de las que se desprende que en ningún momento se emitió orden de detención o presentación alguna en contra de Oliva Vázquez Pérez. Por tanto se sobresee en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia de aquellos actos reclamados, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. b. Citatorio de 19 de agosto de 2014 ordenado en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, y su ejecución. El Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación 3, sin detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, negó la emisión de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a que de las constancias que integran la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, se desprende que el 19 de agosto de 2014, la autoridad responsable citó a Oliva Vázquez Pérez, con la finalidad de hacerle saber la imputación que se hizo en su contra, así como para oírla en declaración (foja 271). Por su parte, el Jefe General de la Policía de Investigación del Distrito Federal negó la ejecución de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa también queda desvirtuada, ya que la existencia del citatorio reclamado quedó evidenciada en autos, y en términos del artículo 3, fracción I del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y 2, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Policía de Investigación es un órgano auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos, por lo que sus elementos están obligados a acatar las órdenes de los agentes ministeriales. De allí que se tenga por acreditada la existencia de los actos reclamados a las autoridades antes referidas. Por otro lado, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal negó la emisión del citatorio reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en contrario. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la referida autoridad, en razón de que sí existe pero fue emitido por otra autoridad. En efecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras veintidós fracciones de dicho precepto, es decir cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; caso en cual, deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Así, tenemos que el artículo 5°, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aplicado en sentido contrario, cuando una autoridad no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, no tiene el carácter de responsable. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el citatorio reclamado fue emitido por el Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación 3, sin detenido, de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dentro de la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, y no por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por lo que para efectos del acto reclamado que nos ocupa, no tiene el carácter de autoridad responsable. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, este último interpretado contrario sensu. 4. Procedencia. Este juzgador advierte de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo que de oficio se actualiza una causal de improcedencia respecto del acto identificado con el inciso c), consistente en el citatorio de 19 de agosto de 2014, ordenado en la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, en específico la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. El ordinal 61, fracción XXII, del ordenamiento de la materia, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." A efecto de una mejor comprensión, es preciso señalar los siguientes antecedentes del acto reclamado: i. El 31 de julio de 2014, Héctor Javier Bernal Munguía, presentó por escrito ante la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán COY-1, denuncia de hechos por la posible existencia del delito de despojo en contra de la quejosa Oliva Vázquez Pérez (foja 224). ii. Del escrito de denuncia correspondió conocer al Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación tres, sin detenido, quien radicó la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08 el 8 de agosto de 2014 (foja 267). iii. El 19 de agosto de 2014, el citado agente del Ministerio Público emitió un acuerdo en el que citó a declarar a la probable responsable Oliva Vázquez Pérez (foja 271), para lo cual se giró el oficio respectivo, sin que se advierta que el mismo se haya entregado a su destinataria -acto reclamado-. iv. El 29 de agosto de 2014, el agente ministerial responsable determinó que en la averiguación previa en cita no existían elementos que acreditaran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, por lo que propuso la reserva de la indagatoria (foja 274). v. El mismo 29 de agosto de 2014, el responsable de la Agencia Investigadora del Ministerio Público COY-1, aprobó dicha propuesta y determinó en definitiva la reserva de la mencionada averiguación. Ahora bien, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso, esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Así en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese contexto, tomando en consideración que de las constancias de la averiguación previa FCY/COY-1/T1/1477/14-08, se advierte que el 29 de agosto de 2014, el agente del Ministerio Público responsable determinó que como hasta ese momento no contaba con pruebas que acreditaran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, además de que había citado a declarar al denunciante Héctor Javier Bernal Munguía y a la inculpada Oliva Vázquez Pérez pero sin obtener resultados positivos, estimó procedente proponer la reserva de la referida indagatoria. En virtud de lo anterior, las constancias de la averiguación previa fueron remitidas al responsable de la Agencia Investigadora del Ministerio Público COY-1, quien el mismo 29 de agosto de 2014 determinó confirmar la reserva propuesta. Por lo que no obstante que el mencionado citatorio subsiste, no puede surtir efectos materiales porque dejó de existir su objeto. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado el llamar a la quejosa Oliva Vázquez Pérez a que escuchara la imputación que se hizo en su contra, así como para oírla en declaración, con el fin de obtener elementos para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, empero al determinarse la reserva de la averiguación previa dentro de la que derivó la citación, se impone concluir que el objeto material del acto ha dejado de existir por el entorno en que se encuentra la quejosa en relación al estado procesal que guarda la averiguación previa, en tanto que puede decirse restituida en el goce de los derechos que estimaba afectados, toda vez que el acto reclamado ya no podrá concretarse en su perjuicio, pues no podrá actuarse en la mencionada investigación sino hasta que la misma sea extraída de la reserva, mediante el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y su reglamento. De allí que se tenga actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Es aplicable por identidad la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En esa virtud, al materializarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto consistente en el citatorio de 19 de agosto de 2014 girado en contra de la quejosa, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal, motivo de improcedencia que imposibilita realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hace valer el peticionario de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios, sino como consecuencia del acto antes referido. 5. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se dicta la presente RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades señalados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, por las razones allí expuestas. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    México, Distrito Federal, a once de marzo de dos mil quince. Agréguese a los autos el primero de los escritos de la parte quejosa, por medio del cual, desahoga la vista ordenada por este juzgado en auto de 24 de febrero de 2015; asimismo, manifiesta que toda vez que de las constancias remitidas por la responsable, se desprenden diversos actos en su perjuicio, por lo que ampliara la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil quince. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia certificada que solicita; lo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia de que su expedición sólo se hará en el horario establecido por este juzgado. Notifíquese.

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