Octavio Leal Hernández

Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
649/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Octavio Leal Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SENTENCIA Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 649/2023-A, promovido por Octavio Leal Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con sede en Tijuana; y, Resultando Primero. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Octavio Leal Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos y autoridad -en su denominación correcta- que a continuación se precisan: Autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana. .Actos reclamados 1) La resolución dictada por escrito el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023, en la que por una parte el Juez de Ejecución declaró improcedente la controversia judicial planteada por Octavio Leal Hernández, respecto de la duración y extinción de la pena impuesta en la causa penal 156/2020, así como, con relación al cómputo del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena; y por la otra se determinó se declararon fundados e inoperantes los argumentos expuestos por mí y mi defensa al momento de plantear la controversia judicial, y por ende resolvió que debía prevalecer la determinación dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se determinó el cómputo de la prisión preventiva reconocida al enjuiciado y como consecuencia, se propuso la fecha en que compurgará la pena de prisión impuesta en la causa penal 156/2020, que dio origen al procedimiento ordinario de ejecución del que emana el acto reclamado. Asimismo señalo como acto reclamado, la privación ilegal de la libertad a que estoy sujeto, con motivo del cómputo erróneo de la pena que realizó el juez de control dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023, pues a la fecha no obstante ya compurgué la pena que me fue impuesta en la causa penal 156/2020 de la que deriva el procedimiento de ejecución en cita, esto es dos años once meses, el Juez se niega a reconocerme como parte de la pena que me fue impuesta, la totalidad del tiempo que permanecí en prisión preventiva justificada, me mantiene privado de la libertad, pese a que la prisión preventiva justificada dio inicio el dieciocho de febrero de dos mil veinte y quedó sin efecto el doce de enero de este año. Luego, del escrito aclaratorio la parte quejosa bajo protesta de decir verdad refirió lo siguiente: En atención al requerimiento formulado por auto de doce de los corrientes, bajo protesta de decir verdad, le hago saber que la fecha exacta en que tuve conocimiento del acto reclamado consistente en la resolución dictad el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, de esta ciudad, fue el día veinticinco de mayo del presente año. No omito manifestar que en el expediente ordinario de ejecución del que deriva el acto que se tilda de inconstitucional, solicité la nulidad de notificación, ya que según el notificador refiere que dicha resolución me fue notificada el dieciocho de mayo del presente año, lo cual no ocurrió; sin embargo, aun si se tomara en consideración esta última fecha para la (sic) realizar el cómputo de oportunidad para la presentación de la demanda, nos encontramos dentro de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los establecidos en los artículos 1 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que estimó pertinente. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de doce de junio del año en curso, radicó la demanda de amparo con el número 649/2023-A y previno a la parte quejosa en los términos ahí planteados; luego, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, reconoció el carácter de tercero, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que lo reclamado tiene ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: La resolución dictada el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023 y como consecuencia de ello, la privación de la libertad del quejoso (al referir que el cómputo de la pena fue emitido de manera errónea por el Juez responsable). Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que quedó corroborado con las documentales que remitió como apoyo a su informe justificado, así como de la revisión del expediente electrónico del procedimiento de ejecución de origen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) que dejó a disposición la autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. Cuarto. Análisis de causas de improcedencia actualizadas. Previo al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente por ser de orden público. Sin embargo, al no existir causa de improcedencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en virtud de que es el momento idóneo para analizar el acto tildado de inconstitucional, se procede al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la quejosa, que son los que se contienen en la demanda de amparo. Quinto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación planteado por la parte quejosa, sin que pase inadvertido que la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia penal en favor del inculpado o sentenciado. Así también el penúltimo párrafo del citado numeral refiere que en los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios y en estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio para el quejoso y no así de manera oficiosa, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014703 de rubro y texto siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. En esencia la parte quejosa refiere en sus conceptos de violación: Que desde el día uno de su detención hasta el doce de enero de dos mil veintitrés en el que se le dictó sentencia permaneció en prisión preventiva justificada únicamente por la causa penal 156/2020, por lo que la pena que le fue impuesta ya la cumplió en reclusión, de ahí que no existe justificación por la que no se le deba reconocer la totalidad de ese tiempo en reclusión para el cómputo de la pena. Que la resolución combatida fue emitida en contravención al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley que rige el nuevo sistema penal acusatorio por sustentarse en argumentos sin sustento legal, ya que con la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés se le obliga a cumplir más tiempo de su condena. Que el cómputo del tiempo de la prisión preventiva realizada en el acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés dictado dentro del procedimiento de ejecución 55/2023, no se ajusta a los parámetros constitucionales ni legales, y por ende, tampoco lo resuelto el quince de mayo de este año, al resolver la controversia que le fue planteada al Juez responsable, ya que de prevalecer la fecha propuesta de compurgación de la pena, sin que se le descuente el tiempo real y efectivo que estuvo en prisión preventiva justificada, se viola en su perjuicio el derecho constitucional y legal de certeza jurídica. Que en el procedimiento ordinario de ejecución 235/2018 (en el que se acogió al beneficio de condena condicional) jamás se le revocó el beneficio solicitado, pues no se llevó a cabo alguna audiencia o acuerdo en el que se le tuviera cumpliendo el resto de la pena de prisión que le faltaba respecto a la causa penal 162/2017, por lo que el hecho de que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se haya emitido un acuerdo en el que determinó que la pena de esa causa penal fue compurgada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós al tomar en cuenta el tiempo de reclusión a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte, es algo que el quejoso y su defensa no podían adivinar. De las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado se advierte que el doce de enero de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 156/2020 se dictó sentencia definitiva con motivo del procedimiento abreviado al que se acogió Octavio Leal Hernández El veintitrés de enero del presente año se radicó el procedimiento ordinario de ejecución 55/2023; posteriormente, el catorce de abril del presente año, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, dictó un acuerdo en los términos siguientes: Tijuana, Baja California, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, en los que obra el oficio remitido por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, de diez de marzo de dos mil veintitrés, registrado con número de folio 3873, al cual acompaña la partida jurídica, ficha signalética y plan de actividades del sentenciado Octavio Leal Hernández Asimismo, se obtiene de dicha misiva, que el sentenciado de referencia registra el pocedimiento (sic) de extradición 1/2020, del índice de este Centro de Justicia Penal Federal, por el delito de asociación delictuosa y otro, en el que se ordenó la detención formal con fines de extradición; así como las causas penales, 553/2020 del Control del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, por el delito de robo de vehículo de motor con violencia y otros, en el que obtuvo su libertad el uno de junio de dos mil veintiuno, con motivo del auto de no vinculación a proceso; 24/2011 y su acumulada 527/2011, del índice del Juzgado Décimo de lo Penal del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, por el delito de homicidio calificado y delincuenca (sic) organizada, en la que por acatamiento al fallo protector dentro del Juicio Amparo 514/2017, se dejó insubsistente el auto de formal prisión, y en su lugar se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar; 672/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Partido Judicial en Tijuana, Baja California, por el delito de robo equiparado de vehículo demontor (sic) en la modalidad de uso, en el que se decretó la libertad bajo caución el trece de septiembre de dos mil diecisiete; y, 162/2017, del índice de este Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en el que se decretó la libertad el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, al no imponerse medida cautelar alguna, esta última relacionada con el procedimiento de ejecución 235/2018, del índice de este centro de justicia penal. En ese orden, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en el aludido procedimiento de ejecución 235/2018, el diecisiete de marzo del presente año, se dictó acuerdo mediante el cual esencialmente, se declaró extinguida la pena de prisión impuesta por el Juez de Control de este centro de justicia, al sentenciado Octavio Leal Hernández, dentro de los autos de la causa penal 162/2017, con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós; sanción corporal impuesta, -se precisó-, que luego de cumplirla parcialmente acogido al beneficio de condena condicional, continuó cumpliéndola interno a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte, data en la cual ingresó con motivo de diversa causa. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 43/2009, pues el suscrito se encuentra adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Ejecución. En tal contexto, se advierte de autos, que en el presente asunto el doce de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia condenatoria a Octavio Leal Hernández, a quien se le impuso entre otras, la pena de dos años once de meses de prisión; asimismo, del contenido del sexto resolutivo de la versión escrita de dicha determinación, se obtiene que el Juez de Control estableció que la ejecución de la sentencia quedaría a cargo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal, con competencia en ejecución; resolución que causó firmeza en esa misma data y se dejó insubsistente la medida cautelar que fue impuesta a la persona sentenciada. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial. Sobre ese tópico, cabe señalar, que de los autos de la causa penal de origen se advierte que en audiencia de control de detención y medidas cautelares celebrada el veintidós de febrero de dos mil veinte, se resolvió imponer al ahora enjuiciado Octavio Leal Hernández, la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, la que se reiteró posteriormente en la audiencia inherente a la vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria, celebrada el veintisiete del mismo mes y año. Por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, el suscrito juzgador procede a realizar pronunciamiento en relación con el cómputo de la pena impuesta al enjuiciado Octavio Leal Hernández, en la causa penal de la cual deriva el presente procedimiento de ejecución. En efecto, atento a las facultades propias del suscrito, con fundamento en el numeral invocado en el párrafo que antecede, corresponde a este órgano jurisdiccional hacer el cómputo de la pena impuesta en la causa de origen, ello, tomando en consideración, en su caso, el abono correspondiente de la prisión preventiva compurgada por el enjuiciado, ejercicio que debe realizarse acorde con lo establecido en el artículo 25 del Código Penal Federal y la interpretación que de ese numeral ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, destaca que en sentencia dictada en la causa penal de origen, no se precisó cómputo alguno que opere a favor del justiciado en razón del tiempo de prisión preventiva cumplido; no obstante, se desprende que al sentenciado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada el veintidós de febrero de dos mil veinte, la cual se reiteró en audiencia de veintisiete próximo; sin embargo, acorde con los antecedentes detallados con anterioridad, en esa data Octavio Leal Hernández, se encontraba dando cumplimiento a la sanción corporal impuesta en la diversa causa penal 162/2017, que motivó la apertura del diverso procedimiento ordinario de ejecución 235/2018, cuyo cumplimiento, privado de su libertad, fue del veintitrés de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós. En ese orden, acorde con los principios de simultaneidad y sucesividad que rigen en el cumplimiento de la prisión preventiva y prisión punitiva, respectivamente, en el presente asunto, no resulta dable reconocer al enjuiciado la totalidad del cómputo de prisión preventiva que mantuvo durante el proceso penal 156/2020, que motivó la formación del expediente en que se actúa, esto es, a partir del veintidós de febrero de dos mil veinte; sino que, se tomará en cuenta el tiempo de la aludida medida cautelar, comprendido del diecinueve de febrero de dos mil veintidós, (día siguiente al en que dio cumplimentó a la diversa pena de prisión impuesta en la causa penal 162/2017, relacionada con el procedimiento ordinario de ejecución 235/2018), hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, día en que causó firmeza la sentencia condenatoria en la causa 156/2020, relacionada con este asunto. En efecto, se insiste, al estar compurgando el sentenciado una pena privativa de libertad distinta a la que se vigila en este procedimiento, no es posible tomar en cuenta en forma simultánea la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la causa penal de origen, en relación con la sentencia de condena establecida en la diversa causa penal registrada. Estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría considerablemente el tiempo de reclusión. Esto es, de tomar en cuenta el total del tiempo por el que el enjuiciado Octavio Leal Hernández, estuvo bajo los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, implicaría tomar en cuenta de manera simultánea una medida cautelar en relación con una pena de prisión, lo cual resulta inadmisible. Corolario de lo anterior, de las constancias que obran en autos, así como de los antecedentes que registra el enjuiciado Octavio Leal Hernández, y después de realizar el análisis respecto al orden de prelación de penas y al cómputo correspondiente, de conformidad con el principio pro personae (sic), el cual opera en favor del sentenciado, se propone como fecha de compurgación del presente asunto el diecinueve de enero de dos mil veinticinco, ello de conformidad con los artículos 103, parte final y 116, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, dese vista por tres días a las partes, con la fecha propuesta para la compurgación de la pena de prisión impuesta en la causa penal de origen, ello para que en caso de no estar de acuerdo con lo considerado, eleven controversia vía incidencia sobre el cómputo realizado, ello de conformidad con el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los numerales 103, 106 y 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; en el entendido de que si no se promueve la correspondiente controversia se les tendrá por conformes con la fecha propuesta de compurgación. En consecuencia, gírese atento oficio al Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, a fin de que proceda conforme al término de veinticuatro horas a partir de la fecha arriba precisada (diecinueve de enero de dos mil veinticinco), informe sí dejó en libertad al sentenciado Octavio Leal Hernández, únicamente por lo que hace al presente procedimiento; en el entendido que de haberlo hecho, en su oportunidad deberá remitir la boleta de libertad que al efecto se haya emitido para el caso, ello al ser la libertad un derecho humano de primera generación de conformidad con los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, informar el impedimento legal que tenga para ello. Se apercibe a la autoridad referida que de no dar cumplimiento a lo anterior, atendiendo a su particular responsabilidad, SE LE APLICARÁ MULTA HASTA DE MIL UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN DE VALOR DIARIO, lo que traduce en la cantidad de $103,740.00 pesos moneda nacional;; de conformidad con lo establecido en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a la vista correspondiente a la autoridad ministerial federal. En razón de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento al postulado de seguridad jurídica y salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de las personas sentenciadas, se le solicita atentamente al Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, que con la anticipación de cuando menos cinco días hábiles previos, sea servido en informar acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad del sentenciado privado de su libertad e interno en su institución, y mismo que se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se informa que el tres de agosto de dos mil veintitrés, compurgará el cincuenta por ciento de la pena impuesta; por lo que, el sentenciado Octavio Leal Hernández, estaría en posibilidad de solicitar algún beneficio preliberacional a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. Finalmente, se autoriza indistintamente a los notificadores a efecto que firmen los oficios respectivos. Luego, mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés el sentenciado Octavio Leal Hernández, formuló controversia judicial, sobre la duración y extinción de la pena, así como con relación del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena; por lo que en auto de veinticuatro de abril siguiente se ordenó darle el trámite correspondiente a la solicitud planteada por el promovente. El quince de mayo de dos mil veintitrés, el Juez responsable resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Tijuana, Baja California, a quince de mayo de dos mil veintidós. Vistos para resolver la controversia judicial interpuesta por el enjuiciado Octavio Leal Hernández, misma que denominó, sobre la duración y extinción de la pena impuesta en la causa penal 156/2020, así como, en relación al cómputo del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El doce de enero de dos mil veintitrés, en la citada causa penal, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito a este Centro de Justicia Penal Federal, dictó sentencia condenatoria contra Octavio Leal Hernández, por considerarlo penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el precepto 11, inciso b, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Resolución en la que se le impuso al enjuiciado en cita, entre otra, la pena de dos años once meses de prisión; asimismo, se omitió realizar pronunciamiento alguno en relación con los beneficios previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, y al reconocimiento de abono de prisión preventiva a favor del sentenciado; también, se estableció en dicha determinación, que al causar firmeza en esa misma data, se dejaba insubsistente la medida cautelar (prisión preventiva justificada) que le fue impuesta a la persona sentenciada con motivo de esa causa penal. SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, este Juzgador tuvo por turnada copia de la referida sentencia y auto de doce de enero del presente año, por parte de la Administración de este centro de justicia; por lo cual, conforme a lo previsto en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se registró la presente carpeta de ejecución con el número 55/2023, y para integrarla debidamente, se requirieron las documentales a las autoridades administrativas correspondientes. TERCERO. Recibidas las respectivas documentales, mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, entre otras circunstancias, se realizó pronunciamiento en relación con el cómputo de la pena impuesta al sentenciado Octavio Leal Hernández, en la causa penal de origen y, se propuso como fecha de compurgación, el diecinueve de enero de dos mil veinticinco. CUARTO. Ante ello, mediante escrito presentado el veinte de abril de este año, el enjuiciado Octavio Leal Hernández, promovió la presente controversia judicial, que denominó, sobre la duración y extinción de la pena impuesta en la causa penal 156/2020, así como, en relación al cómputo del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena. QUINTO. Ocurso que se tuvo por recibido en auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó registrar la presente controversia de duración de pena, y se ordenó el trámite que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, se hizo del conocimiento a las partes, que la controversia planteada sería resuelta por escrito. SEXTO. Luego, mediante escrito presentado el veintiocho de abril siguiente, la defensora particular del sentenciado, exhibió escrito mediante el cual, entre otras cuestiones hizo valer diversas argumentaciones a manera de agravios en contra del proveído dictado el catorce de abril del presente año; ocurso que se tuvo por recibido en auto de dos de mayo pasado, en el que se ordenó correr traslado con el mismo a las partes, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. SÉPTIMO. Hecho lo anterior, se declaran vistos los autos para resolver la presente controversia por escrito, tal y como se precisó en auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en su carácter de Juez de Ejecución, tiene la competencia legal para resolver la presente controversia judicial, de conformidad con los artículos 18 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 24 y 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 33/2016 y 7/2017, fundamentalmente, porque deriva de una controversia planteada en un procedimiento ordinario de ejecución de penas, que se instruye a una persona cuyo lugar de reclusión se ubica en el territorio al que corresponde la jurisdicción del suscrito. SEGUNDO. Análisis de procedencia. Ahora, previo a examinar el fondo de la cuestión planteada por el enjuiciado Octavio Leal Hernández, se analizará lo relativo a la procedencia de la controversia, de acuerdo con los parámetros legales previstos en la normativa aplicable. De lo que resulta que deviene IMPROCEDENTE, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Del análisis integral y sistemático de los trascritos numerales, se obtiene que los Jueces de Ejecución, conocerán de las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos; controversias que se enlistan en el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, del subsiguiente precepto 118, que abunda en relación con las citadas controversias, se desprende la precisión de que la Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario; asimismo, que la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de esa cuestión inherente al cómputo del tiempo de prisión preventiva, es decir, el propuesto por la autoridad penitenciaria para efecto del cumplimiento de la pena. Bajo esa óptica, se colige que la controversia a que alude el precepto 116, fracción IV, en relación con el 118, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere al supuesto, cuando surge alguna inconformidad contenida en la información remitida por la autoridad administrativa correspondiente, y que en su caso, la misma haya servido de base para emitir el pronunciamiento judicial respectivo. Hipótesis que no se actualiza en el presente asunto, principalmente porque la controversia que aquí se analiza, se plantea respecto de la determinación pronunciada por este Juzgador de Ejecución, quien en términos de las atribuciones que otorga el artículo 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con base en la información que obra en la presente carpeta de ejecución, a fin de determinar con precisión la fecha en que se dará por compurgada la pena, procedió a modificar el cómputo realizado previamente por la dependencia administrativa, al considerar incorrecta la información proporcionada para tal efecto. Al respecto conviene precisar, que en el presente asunto se requirió en diversas ocasiones a la autoridad penitenciaria, ello, a fin de que remitiera la partida jurídica actualizada a nombre del enjuiciado Octavio Leal Hernández; sin embargo, aun y cuando se le requirió en diversas ocasiones, no se logró en su totalidad, pues de la documentación remitida, en un primer momento, aparecía registrada la causa penal de origen (156/2020) con el estatus de procesado, cuando esa dependencia ya contaba con la información de que se había dictado sentencia ejecutoriada contra el antes citado, dato que corrigió con posterioridad, no así, respecto de la información relativa al diverso proceso penal 162/2017, que originó el procedimiento de ejecución 235/2018, instruidos al mismo sentenciado en este centro de justicia, misma que pese a los diversos requerimientos no fue actualizada por dicha autoridad penitenciaria. Determinación judicial que intenta controvertir el enjuiciado, se insiste, que no descansa exclusivamente en la información propuesta por la autoridad penitenciaria, sino en la que deriva de autos, así como del diverso procedimiento de ejecución penal (235/2017), instruido al mismo sentenciado, que al corresponder a esta unidad jurisdiccional de ejecución de penas, de la que el suscrito es Titular, se determinó que el mismo, constituye un hecho notorio a fin de ser tomando en consideración para resolver lo conducente en relación con el cumplimiento de las penas impuestas en el presente expediente. Incluso, el propio enjuiciado y su defensa, manifiestan en sus respectivos escritos de agravios de la presente controversia, estar de acuerdo con la información contenida en la partida jurídica remitida por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, pues ambos coinciden con el cómputo de compurgación que realizó esa dependencia, así como el reconocimiento del tiempo de prisión preventiva que abonó al condenado. En efecto, de los motivos de disenso formulados por el sentenciado Octavio Leal Hernández, y su defensora particular, se advierte que su pretensión no es controvertir algún acto, determinación adoptada o información rendida por la autoridad penitenciaria correspondiente, como se obtiene de una interpretación literal y sistemática de los artículos 116 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino recurrir la resolución pronunciada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la presente carpeta de ejecución por el suscrito Juzgador de Ejecución de Penas, y lograr su modificación en relación con la determinación de la prisión preventiva reconocida al enjuiciado, así como la propuesta de fecha de compurgación de la pena impuesta en la causa penal de origen. Esto es, se pretende obtener la modificación de la determinación judicial de catorce de abril de dos mil veintitrés, a través de la controversia judicial, tratando de equipararla a un recurso con la finalidad de revocar, modificar o nulificar la decisión judicial de que se trata; alcances que evidentemente reviste la controversia judicial prevista en los citados preceptos normativos. Razones las anteriores, por las cuales se considera que no resulta procedente la controversia judicial planteada por Octavio Leal Hernández, respecto de la duración y extinción de la pena impuesta en la causa penal 156/2020, así como, en relación al cómputo del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena. TERCERO. Ajuste razonable atendiendo a la causa de pedir. No obstante lo anterior, atendiendo a la causa de pedir, de un análisis integral de las constancias que integran el presente asunto, así como de los escritos presentados el veinte y veintiocho de abril del presente año, por el enjuiciado Octavio Leal Hernández y su defensora particular, la licenciada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, respectivamente, se obtiene claramente que dichas partes, manifiestan inconformidad en relación con el pronunciamiento emitido en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, en concreto, respecto a la propuesta de la fecha de compurgación de la pena de prisión impuesta al sentenciado en cita, así como, al reconocimiento del tiempo que estuvo en prisión preventiva por la causa penal de origen (156/2020). Determinación, que se emitió en base al análisis de la totalidad de las constancias que obran en autos de la presente carpeta de ejecución, la aludida causa penal, así como de las constancias que informan el diverso procedimiento ordinario de ejecución 235/2018, derivado de la otrora causa penal 162/2017, también del índice de este Centro de Justicia Penal Federal, instruidos al mismo enjuiciado, mismos que constituyen un hecho notorio para este juzgador con competencia en ejecución de penas, tal y como lo solicitó el propio enjuiciado en sus motivos de inconformidad expuestos en el presente asunto, como se lee a continuación: Asimismo, exhibo documentales públicas consistentes en diversas actuaciones que obran en la causa penal 156/2020, Procedimientos Ordinarios de Ejecución 55/2023 y 235/2018, todos del índice de ese Centro de Justicia Penal Federal; solicitando también, que esas tres carpetas administrativas se tengan a la vista como hecho notorio, por tratarse de actuaciones del propio Tribunal, y sean tomadas en consideración en su totalidad. Por tanto, la revisión de la determinación dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en lo atinente al cómputo de la prisión preventiva reconocido a Octavio Leal Hernández, así como el inherente a la propuesta de fecha de compurgación de la pena impuesta, se realizará a partir de lo expuesto en los escritos presentados por el propio enjuiciado y su defensora, concretamente respecto a dichos tópicos, en términos del artículo 106, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal lo cual constituye una elemental causa de pedir a fin de examinar de nueva cuenta dicho pronunciamiento, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja en la medida en que los motivos de disenso expuestos por las partes inconformes, serán analizados bajo el principio de estricto derecho. Lo anterior, máxime que la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, previsto en los artículos 17 de la Carta Magna; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CUARTO. Estudio de la cuestión planteada. En relación con la inconformidad manifiesta por parte del enjuiciado y su defensa, con respecto a la determinación dictada en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, se procede a realizar un examen de la misma, en concreto la cuestión relativa a la duración y extinción de la pena impuesta en la causa penal 156/2020, así como en relación al cómputo del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena. En principio, destaca que mediante proveído dictado el catorce de abril de dos mil veintitrés, entre otras circunstancias, se realizó pronunciamiento en relación con el cómputo de la pena impuesta al sentenciado en cita en la causa penal de origen, es decir la número 156/2020, para lo cual se tomó en consideración preliminarmente, que en la sentencia de la que deriva este procedimiento de ejecución, no se precisó cómputo alguno que opere a favor del justiciado en razón del tiempo de prisión preventiva cumplida, no obstante -se indicó-, se advertía que al sentenciado se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada el veintidós de febrero de dos mil veinte, la cual se reiteró en audiencia de veintisiete próximo; circunstancia que resultó un hecho notorio para este juzgador. Sin embargo, -se dijo en ese proveído- que en virtud de los antecedentes registrados a nombre del aludido sentenciado, por la autoridad penitenciaria correspondiente, el reo se encontraba cumpliendo con la sanción corporal impuesta en diversa causa penal (162/2017), que motivó la apertura del diverso procedimiento ordinario de ejecución 235/2017, cuyo cumplimiento privado de su libertad, fue del veintitrés de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Por ello, -se estableció- acorde con los principios de simultaneidad y sucesividad que rigen en el cumplimiento de la prisión preventiva y prisión punitiva, respectivamente, no resultaba dable reconocer al enjuiciado la totalidad del cómputo de prisión preventiva que mantuvo durante el proceso penal 156/2020, que motivó la formación del expediente en que se actúa, esto es, a partir del veintidós de febrero de dos mil veinte; sino que, se tomaría en cuenta el tiempo de la aludida medida cautelar, comprendido del diecinueve de febrero de dos mil veintidós, (día siguiente al en que dio cumplimiento a la diversa pena de prisión impuesta en la causa penal 162/2017, relacionada con el procedimiento ordinario de ejecución 235/2018), hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, día en que causó firmeza la sentencia condenatoria en la causa 156/2020, relacionada con este asunto. Por lo anterior, de las constancias que obran en autos, así como de los antecedentes que registra el enjuiciado Octavio Leal Hernández, y después de realizar el análisis respecto al orden de prelación de penas y al cómputo correspondiente, de conformidad con el principio pro persona, el cual opera en favor del sentenciado, se propuso como fecha de compurgación del presente asunto el diecinueve de enero de dos mil veinticinco. Ante ello, el referido enjuiciado, mediante ocurso presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, promovió la presente controversia y esencialmente destacó como agravios, que en el acuerdo impugnado únicamente se le estaba reconociendo el cómputo de la prisión preventiva cumplido desde el diecinueve de febrero de dos mil veintidós al doce de enero de dos mil veintitrés, cuando estuvo en prisión preventiva justificada con motivo de dicha causa penal, desde el veintidós de febrero de dos mil veinte, tal y como se acreditaba con las constancias que obran en la carpeta judicial de la causa penal 156/2020 y, procedimiento de ejecución 55/2023 ambos del índice de este centro de justicia. Asimismo, señaló que en la causa penal 156/2020, de la cual deriva este procedimiento de ejecución, dado que seguía en prisión preventiva después de dos años ocho meses y próximo a compurgar la pena que pudiera llegársele a imponer, decidió optar por el procedimiento abreviado y asumir la pena propuesta por el fiscal, consistente en dos años once meses, por lo que se le dictó la sentencia condenatoria el doce de enero del presente año, data en la que el juez de control dejó insubsistente la medida cautelar que le había sido impuesta, por lo que -estima el enjuiciado-, estuvo en prisión preventiva desde el veinte de febrero de dos mil veinte hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, sin contar los dos días que estuvo detenido en sede ministerial, siendo el caso, que a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia aludida, únicamente le restaban por compurgar seis días de prisión, por lo que la fecha en la que debe de tenerse por extinguida la sanción corporal es desde el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. También aduce el inconforme, que el director del centro penitenciario en donde esta interno, remitió la partida jurídica de la que se desprende que el único antecedente en el que se refiere que tiene el estatus de procesado y que se encuentra en prisión preventiva desde el veintitrés de febrero de dos mil veinte, es la causa penal 156/2020, y que la pena impuesta en dicho proceso se computaría a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte. Por lo anterior, estimó el enjuiciado, que el cómputo de la prisión preventiva que se propuso en proveído de catorce de abril del presente año, no se realizó correctamente, para lo cual, solicitó que las carpetas administrativas de la causa penal 156/2020, así como del presente procedimiento de ejecución y el diverso 235/2018, se tuvieran a la vista como hecho notorio, por tratarse de actuaciones del propio tribunal y sean tomadas en consideración en su totalidad. En adición a lo anterior, mediante escrito presentado el veintiocho de abril del presente año, la defensora particular del enjuiciado Octavio Leal Hernández, formuló diversas manifestaciones a manera de agravios en contra del proveído de catorce de abril pasado, que aquí se pretende controvertir, consistentes en que resultaba claro que su representado estuvo en prisión preventiva justificada desde el veinte de febrero de dos mil veinte, al doce de enero de dos mil veintitrés, en que le fue dictada la sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado, fecha en la cual causó ejecutoria la sentencia y el juez de control ordenó levantar la medida cautelar en comento. Señaló la abogada que, es un derecho constitucional, legal y humano, se tome en consideración para el quantum de la pena, sin excepción, el tiempo que la persona juzgada permaneció en prisión preventiva, y para ello citó los artículos 20, Apartado B, fracción IX, Constitucional y, 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, preceptos de los que -adujo- se puede afirmar que es un hecho innegable que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se le tome en cuenta como parte de la pena el tiempo que permaneció en prisión preventiva por los hechos que se le sentenció, lo cual no se consideró para su defendido. Asimismo, señaló la defensora, que el Juez de Ejecución puede realizar el cómputo de la pena y el abono correspondiente a la misma de la prisión preventiva, auxiliándose para ello, del informe que remita la autoridad penitenciaria, tal y como lo disponen los artículos 15, 103, 105 y 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Que de la partida jurídica rendida por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, en donde está recluido el sentenciado, destaca la causa penal 156/2020, del índice de este centro de justicia, precisándose en dicho documento, que ingresó el veintitrés de febrero de dos mil veinte, por prisión preventiva oficiosa únicamente, y que obtuvo su libertad el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por sentencia compurgada. Refirió la defensora, que dicha prisión preventiva justificada se prolongó hasta el dictado de la sentencia, sin que fuera interrumpida, o bien, sin que en algún otro procedimiento se encontrara en prisión preventiva o cumpliendo alguna condena. Que al momento de llevar la audiencia de procedimiento abreviado en la causa penal de la cual deriva este procedimiento de ejecución, con la certeza de que a esa fecha su defendido se encontraba en prisión preventiva justificada, esa defensa aconsejó tomar esa terminación anticipada del proceso, porque estaba muy próxima a compurgar la posible pena a imponer, señaló que para el día en que se llevó a cabo la audiencia, no había acuerdo, registro ni audiencia en que se ordenara revocar algún beneficio en diversa causa o procedimiento, en que estuviera en prisión preventiva por otra causa, ni mucho menos que estuviera cumpliendo una condena en diversa causa penal. Adujo, que cómo era posible que tres meses después de que quedó firme la sentencia dictada en la causa penal 156/2020, se emitiera un acuerdo en el presente procedimiento de ejecución en el cual no se le reconociera la totalidad del tiempo que tiene su defenso en prisión preventiva, y que dicho tiempo se le abonara a otra condena que le fue dictada años anteriores a su ingreso a prisión, y citó el procedimiento de ejecución 235/2018, en el que precisó, se encontraba gozando del beneficio de condena condicional concedido en sentencia, que jamás fue revocado, constancias que fueron ofrecidas como pruebas en la presente controversia. Destacó la defensora, que en dicho procedimiento de ejecución (235/2018), hasta marzo de dos mil veintitrés, sin mayor saneamiento, se declaró extinguida la pena de prisión impuesta en la causa penal 162/2017, con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, pero que lo actuado en ese diverso procedimiento no puede coartarle a su representado el derecho que toda persona imputada tiene reconocido constitucionalmente, de que a la pena impuesta le sea descontado el tiempo de prisión preventiva, desde el día uno que ingresó a prisión hasta el día en que le dictaron sentencia y ésta adquirió firmeza, máxime -adujo-, que en todo ese tiempo de prisión preventiva justificada, jamás se le hizo saber que se encontraba compurgando otra pena, lo que en todo caso debió ocurrir. En principio, se determina que la litis de la presente inconformidad, consiste esencialmente, en que, para efectos de computar el tiempo cumplido de la pena de prisión impuesta al enjuiciado Octavio Leal Hernández, en la causa penal de origen (156/2020), no le fue reconocido la totalidad del tiempo que permaneció en prisión preventiva, ello, al quedar determinado que se encontraba, en forma coetánea, dando cumplimiento a diversa pena de prisión impuesta en otra causa penal, a saber la 162/2017. Sin embargo, en el caso se estima que deberá de prevalecer la determinación dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, específicamente en relación con el cómputo de la prisión preventiva reconocido a Octavio Leal Hernández, y en consecuencia, el inherente a la propuesta de fecha de compurgación de la pena que aquí se vigila. Se estima así, porque de una calificación a los agravios expuestos por el enjuiciado y su defensora, se advierte que los mismos son infundados por un lado, en parte fundados pero inoperantes e, inoperantes por otro, tal y como se expondrá a continuación. Por su parte, deviene fundado pero inoperante, el agravio que se hace valer, consistente en el cómputo realizado de la prisión preventiva justificada impuesta al sentenciado Octavio Leal Hernández, esto es del veintidós de febrero de dos mil veinte al doce de enero de dos mil veintitrés. Efectivamente, como lo señalan los inconformes, de las actuaciones que informan la causa penal de origen, se advierte que la citada medida cautelar se impuso al sentenciado desde veintidós de febrero de dos mil veinte, y que la misma perduró hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, de ahí que esos agravios son fundados. Sin embargo, aún y cuando resultan fundados, por cuanto hace al fondo, deben calificarse inoperantes, pues si bien, resulta correcto dicho cómputo respecto de la medida cautelar impuesta, lo cierto es que, no tiene el alcance pretendido por la parte inconforme, pues resulta insuficiente para revertir lo determinado en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, al quedar determinado que durante una parte de esa temporalidad (del veintidós de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós), el enjuiciado Octavio Leal Hernández, se encontraba dando cumplimiento a la pena impuesta en la diversa causa penal 162/2017, que se vigiló en el procedimiento de ejecución 235/2018, tal y como se estableció en dicho auto recurrido. No obstante señala el enjuiciado, que únicamente se le está reconociendo el cómputo de la prisión preventiva cumplido desde el diecinueve de febrero de dos mil veintidós al doce de enero de dos mil veintitrés Asimismo, manifiesta que en la citada causa, de la cual deriva este procedimiento de ejecución, dado que seguía en a compurgar la pena que pudiera llegársele a imponer, estuvo en prisión preventiva desde el veinte de febrero de dos mil veinte hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, sin contar los dos días que estuvo detenido en sede ministerial, siendo el caso, que a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia aludida, únicamente le restaban por compurgar seis días de prisión, por lo que la fecha en la que debe de tenerse por extinguida la sanción corporal en este asunto es desde el dieciocho de enero de dos mil veintitrés. En adición a lo anterior, su defensora particular, refiere que resulta claro que su representado estuvo en prisión preventiva justificada desde el veinte de febrero de dos mil veinte, al doce de enero de dos mil veintitrés, en que le fue dictada la sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado, fecha en la cual causó ejecutoria la sentencia y el juez de control ordenó levantar la medida cautelar en comento. Señala la abogada que, es un derecho constitucional, legal y humano, se tome en consideración para el quantum de la pena, sin excepción, el tiempo que la persona juzgada permaneció en prisión preventiva, y para ello citó los artículos 20, Apartado B, fracción IX, Constitucional y, 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, preceptos de los que aduce, se puede afirmar que es un hecho innegable que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se le tome en cuenta como parte de la pena el tiempo que permaneció en prisión preventiva por los hechos que se le sentenció, lo cual no se consideró para su defendido. Asimismo, dijo la representante legal, que dicha prisión preventiva justificada se prolongó hasta el dictado de la sentencia, sin que fuera interrumpida, o bien, sin que en algún otro procedimiento se encontrara en prisión preventiva o cumpliendo alguna condena. Sin embargo, estos motivos de disenso descritos con antelación, expuestos por el enjuiciado y su defensora particular, como se anticipó, deben calificarse como inoperantes, como enseguida se detalla. En principio, conviene destacar el contenido del artículo 25 del Código Penal Federal, en lo atinente a la detención preventiva: ARTICULO 25.- La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva. La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea. El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes." (Lo subrayado es propio) Precepto normativo, que al ser materia de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis (ahora contradicción de criterios) 38/2006, en particular respecto del segundo párrafo, determinó que la simultaneidad a la que se refiere dicha disposición, comprende exclusivamente a la prisión preventiva, ello, al reconocerse que la pena también es una medida aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual debe ser también preventiva buscando inhibir las conductas antisociales. Objetivo, que se perdería de adoptar un criterio contrario, es decir de considerar que esa simultaneidad, comprende a las penas impuestas y no a la prisión preventiva, ya que quien realice diversas conductas antisociales en lugar de compurgar la pena correspondiente a cada delito de manera sucesiva, al compurgarlas simultáneamente, todas las penas que le fueran aplicadas se reducirían solamente a una, la que fuera más alta, lo que lejos de inhibir la comisión de los delitos, alentaría su proliferación a sabiendas el sujeto que de realizar diversos delitos, solamente compurgará una sola de las penas aplicables a los mismos. En el caso, como se precisó en proveído de catorce de abril del presente año, tanto de los informes remitidos por la autoridad penitenciaria, así como del propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el enjuiciado Octavio Leal Hernández, registra el diverso procedimiento ordinario de ejecución número 235/2018, cuyas constancias constituyen un hecho notorio para este juzgador, ya que se trata de un asunto del índice de esta unidad jurisdiccional de ejecución de penas, aunado a que fueron exhibidas como documentales en el presente asunto e invocadas por el propio enjuiciado en sus motivos de inconformidad, como se ve a continuación: Asimismo, exhibo documentales públicas consistentes en diversas actuaciones que obran en la causa penal 156/2020, Procedimientos Ordinarios de Ejecución 55/2023 y 235/2018, todos del índice de ese Centro de Justicia Penal Federal; solicitando también, que esas tres carpetas administrativas se tengan a la vista como hecho notorio, por tratarse de actuaciones del propio Tribunal, y sean tomadas en consideración en su totalidad. Procedimiento de ejecución 235/2017, dentro del cual se dictó proveído el diecisiete de marzo del presente año, declarando entre otras cuestiones, extinguida la pena de prisión impuesta por el Juez de Control de este centro de justicia, al citado sentenciado, dentro de los autos de la causa penal 162/2017, con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Sanción corporal impuesta, que luego de cumplirla parcialmente acogido al beneficio de condena condicional, continuó cumpliéndola interno a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte, data en la cual ingresó con motivo de diversa causa; determinación que causó firmeza al no ser recurrida por las partes y que pone de manifiesto que, del veintitrés de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós, Octavio Leal Hernández, estuvo cumpliendo otra pena corporal con motivo de hechos distintos a los que originaron este procedimiento. Por lo que, acorde con lo precisado en el invocado numeral 25 del Código Penal Federal, así como de su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deviene constitucional y legalmente insostenible que este Juzgador reconozca al enjuiciado, cómputo alguno de prisión preventiva durante el tiempo en que estuvo dando cumplimiento a una pena de prisión impuesta en diverso asunto, pues como se detalló anteriormente, así como en la determinación de catorce de abril del presente año, el principio de sucesividad que opera para la pena de prisión, impide reconocer en forma simultánea durante su cumplimiento, la relativa a otra causa penal que haya tenido por objeto hechos distintos, como ocurre en el caso. Es decir, en el momento en que Leal Hernández, inició a compurgar la pena impuesta en la causa penal 162/2017, registrada en este centro de justicia, esto es, a partir de que causó ejecutoria la condena impuesta en la misma y hasta que feneció su cumplimiento, se encontraba legalmente imposibilitado para dar cumplimiento a diversa pena, impuesta en otro asunto con motivo de diversos hechos, aún y cuando se trate de la detención preventiva, pues resulta de explorado derecho que la misma forma parte de la pena impuesta. Estimar lo contrario, rompería el equilibrio punitivo previsto por el legislador, establecido en el artículo 64 del Código Penal Federal, en relación con la aplicación de las sanciones en caso de concurso, de cuya interpretación sistemática con el segundo párrafo del artículo 25 del propio ordenamiento, se desprende que en el caso de que las penas privativas de la libertad fueran impuestas por diversos delitos en diferentes causas penales, en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, las penas impuestas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe darse compurgada de manera simultánea en todas las causas, que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo inculpado. De esa manera, se insiste, tratándose de prisión preventiva operará la simultaneidad, mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas. Así, se colige que contrario a lo aducido por la defensora particular del enjuiciado, legalmente si existe excepción para considerar al quantum de la pena, el tiempo que la persona juzgada permaneció en prisión preventiva, supuesto en el que precisamente se ubica su representado. En efecto, considerar que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción a un inculpado, haría nugatorias dichas penas, teniendo el sentenciado por diversos delitos, como sanción impuesta por la comisión de diversos reprochables solamente una pena privativa de la libertad, ya que todas las penas correrían simultáneamente, haciéndolas nugatorias y reduciéndose considerablemente el tiempo de reclusión. Así, se reduce al absurdo que un inculpado hallado culpable de diversos delitos, solamente tenga que compurgar una de las penas correspondientes a cualquiera de los delitos, que sería la más alta, en su caso, dejando sin sanción los demás delitos que haya cometido, considerar lo anterior, lejos de desincentivar la comisión de delitos, alentaría su comisión en una clara contravención a la razón de ser de la pena, extremo que se obtiene del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso, fue invocado por la propia defensora del enjuiciado en sus motivos de inconformidad, cuya aplicación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta de carácter obligatorio para el suscrito Juzgador Federal y que dio lugar a la Jurisprudencia 8/2007, con registro digital 168840, cuyo contenido es: Tampoco afecta a la determinación dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, el hecho de que el enjuiciado señale que el director del centro penitenciario en donde esta interno, remitió la partida jurídica de la que se desprende que el único antecedente en el que se refiere que tiene el estatus de procesado y que se encuentra en prisión preventiva desde el veintitrés de febrero de dos mil veinte, es la causa penal 156/2020, y que la pena impuesta en dicho proceso se computaría a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte. Motivo de inconformidad, al que se suma el expuesto por su defensora en el sentido de que, de la partida jurídica rendida por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo, en donde está recluido el sentenciado, destaca la causa penal 156/2020, del índice de este centro de justicia, precisándose en dicho documento, que ingresó el veintitrés de febrero de dos mil veinte, por prisión preventiva oficiosa únicamente, y que obtuvo su libertad el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por sentencia compurgada. En efecto, de autos trasciende que dichos informes fueron recabados por este Juzgador, precisamente, en cumplimiento a lo establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, que rige el presente procedimiento de ejecución de penas, en cuyo artículo 106 se establece lo siguiente: Artículo 106. Cómputo de la pena El Juez de Ejecución deberá hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con base en la información remitida por la Autoridad Penitenciaria, y de las constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada. El cómputo podrá ser modificado por el Juez de Ejecución durante el procedimiento de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Cuando para el cómputo se establezca el orden de compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, se dará aviso al resto de los jueces. El Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de que consideren, éste se realizó de manera incorrecta; en tal supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para realizar la verificación correspondiente. Una vez cumplida la sentencia, el Juez de Ejecución a través del auto respectivo, determinará tal circunstancia. Luego, una vez recabados dichos informes, resultó que el aquí enjuiciado registró la diversa causa penal 162/2017, que como ya se estableció en párrafos precedentes, impidió el reconocimiento del tiempo que estuvo en prisión preventiva por este asunto; de ahí, que este Juzgador, en cumplimiento a lo ordenado en el precepto legal trascrito, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada, procedió a realizar los ajustes correspondientes respecto del cómputo de la pena de prisión impuesta al sentenciado, y se abonó el tiempo de la prisión preventiva cumplido, ello, acorde con los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del País, esto es, a partir del diecinueve de febrero de dos mil veintidós (día siguiente al que concluyó el cumplimiento de la pena impuesta en la diversa causa penal 162/2017). Actuación judicial, que incluso, resulta conforme con lo expuesto por la propia defensora particular del enjuiciado en sus motivos de inconformidad, al tenor literal siguiente: "Debemos recordar que para efecto de que el Juez de ejecución pueda realizar el cómputo de la pena y el abono correspondiente a la misma de la prisión preventiva, se auxilia del informe que el Director del Centro Penitenciario le remite, tal y como lo disponen los artículos 15, 103, 105 y 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (Lo subrayado es propio). En efecto, es precisamente dicho sentido, el que se obtiene de la lectura de los preceptos legales aplicables al caso, pues si bien, corresponde preliminarmente a la autoridad penitenciaria realizar los cómputos conforme a la prelación del cumplimiento de las penas, sobre todo porque es dicha dependencia quien cuenta con los registros de la totalidad de los antecedentes que, en su caso, registre el enjuiciado. Sin embargo, también lo es, que corresponde al juzgador especializado en ejecución, realizar los ajustes correspondientes, desde luego, de acuerdo con la información que en auxilio le fue remitida por la autoridad penitenciaria, pues es finalmente a quien le corresponde realizar dicho cómputo, acorde con su competencia y en observancia de los parámetros constitucionales y legales que amerite el caso. De ahí que, si la propia autoridad penitenciaria, hizo del conocimiento de este juzgador, que el sentenciado de que se trata, además de la causa penal que motivó la formación del procedimiento de ejecución en que se resuelve, entre otras causas, contaba con el proceso penal 162/2017, del índice de este Centro de Justicia Penal Federal, deviene incuestionable que válidamente haya sido tomada en consideración la información derivada de dicha causa penal, a la que se tuvo acceso, por constituir un hecho notorio para este juzgador, al encontrarse en la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del Poder Judicial de la Federación. En relación con lo expuesto por la defensora particular, respecto a que al momento de llevar la audiencia de procedimiento abreviado en la causa penal de la cual deriva este procedimiento de ejecución, con la certeza de que a esa fecha su defendido se encontraba en prisión preventiva justificada, señala que esa defensa aconsejó tomar esa terminación anticipada del proceso, porque estaba muy próxima a compurgar la posible pena a imponer, que para el día en que se llevó a cabo la audiencia, no había acuerdo, registro ni audiencia en que se ordenara revocar algún beneficio en diversa causa o procedimiento, en que estuviera en prisión preventiva por otra causa, ni mucho menos que estuviera cumpliendo una condena en diversa causa penal. Dicho motivo de inconformidad deviene infundado, toda vez que si bien, el día en que se celebró la audiencia de procedimiento abreviado que motivó este asunto, aún no se emitía pronunciamiento alguno en el diverso 235/2018, concretamente, respecto a que se le revocara el beneficio de condena condicional concedido a su representado, lo cierto es que, de las constancias que informan el citado procedimiento de ejecución, así como la causa penal 162/2017, de la cual deriva, se advierte que la profesionista en cita fungía como su defensora particular, tanto en la causa penal, como en el procedimiento de ejecución correspondiente. En efecto, de las citadas constancias se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia en la que se amonestó al enjuiciado Octavio Leal Hernández, en cumplimiento a la sentencia dictada en la causa penal 162/2017, diligencia en la que fue representado, precisamente por la defensora particular en cita, quien incluso fungió como fiadora de la garantía exhibida, con motivo del beneficio de condena condicional al que se acogió el enjuiciado. Por lo que, atendiendo a las funciones propias que como defensora le son inherentes, es innegable que tenía pleno conocimiento de la situación jurídica de su defendido, es decir que ya se encontraba dando cumplimiento a una condena acogido al beneficio de condena condicional, que aún y cuando no se hubiera decretado su revocación, se encontraba a disposición de la autoridad administrativa vigilante, para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo, por lo que, contrario a su manifestación, era obvio que al momento en que lo asistió en la audiencia señalada y refiere le aconsejó la estrategia de defensa correspondiente, ya no estaba en prisión preventiva por la diversa causa penal, pues al haber causado firmeza la sentencia respectiva, ya se encontraba dando cumpliendo a la condena impuesta en la misma. De ahí, que resulte inexacta la afirmación de la aludida profesionista en el sentido de que, para el día en que se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado en la causa de la que emana este asunto (doce de enero de dos mil veintitrés), no había acuerdo, registro ni audiencia en que se ordenara revocar algún beneficio en diversa causa o procedimiento, que estuviera en prisión preventiva por otra causa, ni mucho menos que estuviera cumpliendo una condena en diversa causa penal. Amén, de que la estrategia defensiva, no puede ser motivo de análisis por este juzgador y, menos, tomarse en consideración para motivar el cómputo de la pena de prisión. En otro tópico, destaca la defensora, que en dicho procedimiento de ejecución (235/2018), hasta marzo de dos mil veintitrés, sin mayor saneamiento, se declaró extinguida la pena de prisión impuesta en la causa penal 162/2017, con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, pero que lo actuado en ese diverso procedimiento no puede coartarle a su representado el derecho que toda persona imputada tiene reconocido constitucionalmente, de que a la pena impuesta le sea descontado el tiempo de prisión preventiva, desde el día uno que ingresó a prisión hasta el día en que le dictaron sentencia y ésta adquirió firmeza, máxime aduce, que en todo ese tiempo de prisión preventiva justificada, jamás se le hizo saber que se encontraba compurgando otra pena, lo que en todo caso debió ocurrir. Sin embargo, dicho motivo de inconformidad deviene inoperante, pues si bien, resulta cierto que en el diverso procedimiento ordinario de ejecución 235/2018, instruido al enjuiciado Octavio Leal Hernández, se dictó acuerdo por el suscrito, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se declaró extinguida la pena de prisión impuesta en la causa penal 162/2017, con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós; también lo es, que dicho pronunciamiento se emitió en diverso procedimiento ordinario de ejecución, que al no ser recurrido por las partes, mediante proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, causó firmeza en términos del artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el acuerdo dictado el diecisiete de marzo del presente año, en ese procedimiento de ejecución, se dictó en cumplimiento a los preceptos normativos aplicables, una vez que se tuvieron a la vista las documentales necesarias para ello. Sin que se advierta de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, la existencia de disposición legal alguna que establezca un término perentorio para determinar dicho cómputo, por el contrario, se prevé la obligación del Juez de Ejecución, de computarlo acorde con las constancias remitidas por la autoridad penitenciaria y por el juez de control o enjuiciamiento, ante lo cual podrá modificarse según corresponda, a fin de determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada la pena impuesta. No se soslaya la circunstancia puesta de relieve por la defensa del sentenciado, en el escrito presentado el veintiocho de abril del año en curso, en el sentido de que en el presente caso, al omitirse el desahogo de la audiencia correspondiente, se desatienden los principios de contradicción, concentración, continuidad y publicidad que rigen el sistema adversarial y oral. Sin embargo, en principio, contrario a los argumentos de la defensa, el hecho de que este caso se resuelva por escrito, no causa perjuicio alguno a las partes, pues de las constancias que lo integran se advierte que, a propósito de la controversia planteada mediante ocurso signado por el propio enjuiciado, presentado ante este centro de justicia el veinte de abril de dos mil veintitrés, se ordenó darle trámite en proveído de veinticuatro del mes y año en curso y, se les informó que una vez transcurrido el plazo previsto en la ley, se resolvería por escrito la presente controversia; asimismo, se advierte que se corrió traslado a las partes, con el escrito inicial, y en posterior proveído, con el diverso presentado por la defensora particular el veintiocho del presente mes y año. Además, como se advierte de la presente resolución, fueron analizados todos y cada uno de los argumentos vertidos, tanto por el propio sentenciado, como los expuestos por su defensora particular, con lo que se respeta el principio de contradicción que debe regir entre las partes, acorde con la normativa aplicable al caso. Por lo anteriormente determinado, es que deberá de prevalecer la determinación dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se determinó el cómputo de la prisión preventiva reconocida al enjuiciado y como consecuencia, se propuso la fecha en que compurgará la pena de prisión impuesta en la causa penal 55/2023, que dio origen al procedimiento ordinario de ejecución en que se actúa. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto, en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención. La prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad, en cualquiera de los casos que prevé la Constitución, desde el momento de la detención del activo sujeto a proceso, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que resuelva en definitiva su situación. En cambio, la prisión punitiva o ejecutiva es la que se impone como sanción en la sentencia, esto es, como consecuencia del delito o delitos cometidos, a partir de que ésta queda firme; es decir, cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia. Las anteriores consideraciones se deducen de la jurisprudencia 1a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de 2012, visible a página 720, del Libro VII Tomo I, con número de registro digital 2000631 de rubro y texto siguientes: PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme. Por otra parte, sobre la manera en que deben computarse los plazos en que una persona se encuentre en prisión preventiva o prisión punitiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar una interpretación sistemática del artículo 64 y del segundo párrafo del artículo 25, ambos del Código Penal Federal determinó que en el caso de que las penas privativas de la libertad fueran impuestas por diversos delitos en diferentes causas penales, en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, las penas impuestas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe darse compurgada de manera simultánea en todas las causas, que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo inculpado. Agregó que tratándose de prisión preventiva operará la simultaneidad, mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas. Consideró que estimar lo contrario, es decir, la compurgación simultánea de las penas impuestas como sanción a un inculpado, las haría nugatorias; ello porque el sentenciado por diversos delitos, tendría solamente como sanción impuesta por la comisión de diversos ilícitos una pena privativa de la libertad, ya que todas las penas correrían simultáneamente y se reduciría considerablemente el tiempo de reclusión. Indicó la Sala que de operar la compurgación simultánea de las penas, se llegaría al extremo de que una persona hallada culpable de diversos delitos, solamente tenga que compurgar una de las penas correspondientes a cualquiera de los delitos, que sería la más alta, en su caso, dejando sin sanción los demás delitos que haya cometido; intención que no fue la del legislador, pues de considerar lo contrario lejos de desincentivar la comisión de delitos, alentaría su comisión en una clara contravención a la razón de ser de la pena. Tales argumentos que se encuentran en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007, de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 192, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época, con número de registro digital 168840 de rubro y texto: PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, se advierte que ésta obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de reclusión del país, ante lo cual el legislador atendió, por una parte, el reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Ahora bien, de la interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 64 del citado código - también reformado en la fecha indicada-, se colige que en caso de que se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto, de esta manera tratándose de prisión preventiva operará la simultaneidad mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas. En congruencia con lo anterior, se concluye que el referido artículo 25, al contener la expresión "las penas se compurgarán en forma simultánea", se refiere al tiempo de duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas en contra del inculpado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría considerablemente el tiempo de reclusión. Por lo antes expuesto, los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son infundados en virtud de que este Juzgado de Distrito no advierte cómo la determinación emitida por el Juez responsable el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023 le cause perjuicio al aquí quejoso, no obstante de que en los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, el quejoso se concretó a reiterar de manera textual los argumentos que expuso en el escrito en el que formuló controversia judicial, sobre la duración y extinción de la pena, así como con relación del tiempo de la prisión preventiva, para efecto del cumplimiento de la pena (relativo a la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés). Se determina lo anterior porque contrario a lo que manifestó la parte quejosa el Juez de Ejecución responsable no desconoció el tiempo que el aquí quejoso se encontraba en prisión preventiva durante la instrucción de la causa penal de origen 156/2020 de la cual se acogió al procedimiento abreviado y le fue dictada sentencia definitiva el doce de enero de dos mil veintitrés (en la que se le impuso dos años once meses de prisión), ya que dicha autoridad refirió que el cómputo realizado de la prisión preventiva justificada impuesta a Octavio Leal Hernández, comprendió del veintidós de febrero de dos mil veinte al doce de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, la imposibilidad para que dicho lapso se tomara en consideración en la compurgación de la pena dentro del procedimiento ordinario de ejecución 55/2023 (causa penal 156/2020) se actualizó en virtud de que durante una parte de esa temporalidad comprendida del veintidós de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós el antes mencionado se encontraba dando cumplimiento a la pena impuesta en la diversa causa penal 162/2017 que se vigiló en el procedimiento de ejecución 235/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal de esta ciudad, ya que en este último procedimiento en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés se declaró extinguida la pena de prisión impuesta por el Juez de Control de ese Centro de Justicia al referido quejoso dentro de la causa penal 162/2017 con efectos desde el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, sanción corporal impuesta, que luego de cumplirla parcialmente acogido al beneficio de condena condicional, continuó cumpliéndola interno a partir del veintitrés de febrero de dos mil veinte (fecha en la cual ingresó con motivo de la causa penal 156/2020) hasta el dieciocho de febrero de dos mil veintidós pues así se precisó en el procedimiento 235/2018, sin que pudiera desconocer lo decretado en aquél asunto al ser un hecho notorio para el Juez responsable. De ahí que el cómputo de la prisión preventiva en la que se encontraba el aquí quejoso dentro de la causa penal 156/2020 (procedimiento ordinario de ejecución 55/2023), no tiene el alcance pretendido por la parte quejosa, al quedar demostrado que durante una parte de esa temporalidad (del veintidós de febrero de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintidós) Octavio Leal Hernández se encontraba dando cumplimiento a la pena impuesta en la diversa causa penal 162/2017, que se vigiló en el procedimiento de ejecución 235/2018, pues así se determinó en este último procedimiento. Por tanto, fue correcto que el Juez responsable tomara en cuenta el tiempo de la referida medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal 156/2020, a partir del diecinueve de febrero de dos mil veintidós (día siguiente al en que dio cumplimiento a la diversa pena de prisión impuesta en la diversa causa penal 162/2017 relacionada con el procedimiento ordinario de ejecución 235/2018) hasta el doce de enero de dos mil veintitrés, día en el que causó firmeza la sentencia condenatoria en la causa penal 156/2020 y que propusiera como fecha de compurgación el diecinueve de enero de dos mil veinticinco (dos años once meses de prisión), como se precisó en el diverso proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés y se reiteró en la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés esta última combatida en el presente asunto. Entonces, de manera adversa a la pretensión esencial del quejoso, en ningún caso el tiempo que excedió de la reclusión preventiva en relación con la duración de la pena de prisión decretada en una diversa causa penal por un delito distinto y se tuvo por compurgada, debe ser descontada a la pena por compurgar de un segundo o ulterior ilícito, si es que la responsable ya redujo a este último el tiempo de esa misma prisión preventiva. Sostener lo contrario implicaría, paralelamente, respecto de la pena de prisión impuesta al delito no compurgado, el descuento del tiempo total de la prisión preventiva y una disminución parcial adicional de esa misma reclusión cautelar derivada del tiempo que ésta excedió de la pena del primer delito que se tuvo por cumplida; es decir, se generaría una doble disminución a la pena de prisión impuesta, respecto del mismo plazo de duración de la reclusión preventiva, que reduciría considerablemente la sanción privativa de la libertad decretada, con lo que se daría un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última. De ahí que contrario a lo afirmado en los conceptos de violación, se considera que en el caso concreto, como adujo la autoridad responsable, no es dable considerar que la pena privativa de libertad, impuesta en la causa penal 156/2020 (procedimiento ordinario de ejecución 55/2023) fenecía el dieciocho de enero de este año, al precisar el quejoso que únicamente le restaba por compurgar seis días de la pena privativa de libertad desde que fue detenido con motivo de los hechos investigados en el referido expediente (veinte de febrero de dos mil veinte). Lo anterior porque conforme a los criterios de Nuestro Máximo Tribunal, la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas que se instruyan a determinada persona; empero, debe considerarse que si a éste se le dicta sentencia de condena que cause firmeza, significa que a partir de ese instante, ninguna otra causa podrá compurgarse en forma simultánea sino sucesiva, porque precisamente ese acto procesal, impide que al mismo tiempo encuentre en ejecución de una pena de prisión y por otra esté compurgando una pena en prisión preventiva. Al respecto es aplicable, por las razones que informa, la tesis 1a. CCCLXIV/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, de Noviembre de 2015, Tomo I, materias constitucional y penal, página 991, del siguiente tenor: PRISIÓN PREVENTIVA. SU INDEBIDA SOBREPOSICIÓN O DOBLE DISMINUCIÓN A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA EN MATERIA PENAL FEDERAL. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto, en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención. Ahora bien, la consideración constitucional de tomar en cuenta la duración de la prisión preventiva constituye un derecho fundamental en favor de los sentenciados, el cual debe respetarse en toda sentencia condenatoria que establezca una sanción privativa de la libertad. Sin embargo, en ningún caso el tiempo que excedió de la reclusión preventiva en relación con la duración de la pena de prisión decretada a un delito que -al ser menor- se tuvo por compurgada, debe ser descontada a la pena por compurgar de un segundo ilícito, si es que la responsable ya redujo a este último el tiempo de esa misma prisión preventiva. Considerar lo contrario implicaría, paralelamente, respecto de la pena de prisión impuesta al delito no compurgado, el descuento del tiempo total de la prisión preventiva y una disminución parcial adicional de esa misma reclusión cautelar derivada del tiempo que ésta excedió de la pena del primer delito que se tuvo por cumplida; es decir, se generaría una doble disminución a la pena de prisión impuesta, respecto del mismo plazo de duración de la reclusión preventiva, que reduciría considerablemente la sanción privativa de la libertad decretada, con lo que se daría un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo ha establecido esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal. Así como la tesis I.6o.P.119 P emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 166321 de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. PARA LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA DE PENAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SÓLO SE COMPUTARÁ EL TIEMPO DE LAS RELACIONADAS CON LA CAUSA O CAUSAS QUE SE SIGUEN EN CONTRA DEL INCULPADO POR LAS QUE NO HA SIDO SENTENCIADO PERO NO EL DE TODAS A LAS QUE HA ESTADO SUJETO EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA. No existe disposición legal que faculte a la autoridad judicial al momento de dictar sentencia para disminuir de la pena privativa de libertad impuesta, además del tiempo de la prisión preventiva que sufrió en la causa por la que se le juzga, el derivado de todas las prisiones preventivas a que ha estado sujeto el activo del delito con anterioridad, por todos los delitos que ha cometido en el transcurso de su vida y por los cuales ya fue sentenciado. En efecto, a la prisión preventiva no se le puede dar mayor valor temporal del que tiene legalmente, pues lo que prevé el artículo 25, párrafo segundo, del Código Penal Federal, es que sólo será computada la prisión preventiva relacionada con la causa o causas que se siguen en contra del inculpado por las que no ha sido sentenciado, mas no que las prisiones preventivas que ha sufrido en su carrera delictiva se acumulen para efectos de su descuento en la pena de prisión que se le imponga por el último delito cometido, pues hacerlo implica otorgar un beneficio indebido al sentenciado. Y la tesis I.6o.P.110 P emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 169252 de rubro y texto siguiente: "PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. AL DELIMITAR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EL SENTENCIADO DEBERÁ COMPURGAR DE MANERA SUCESIVA LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, LA AUTORIDAD EJECUTORA DEBE DEDUCIR LOS DÍAS QUE DICHO INCULPADO ESTUVO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN PRISIÓN PREVENTIVA, AUN CUANDO EN ESE LAPSO SE ENCUENTRE COMPURGANDO LA PRISIÓN FIJADA EN UNA DIVERSA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Es ilegal que, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, como autoridad ejecutora en el juicio de garantías, determine que la pena de prisión impuesta al sentenciado se compurgará de manera sucesiva en términos del párrafo tercero del artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal, una vez que dicho inculpado compurgue la pena de prisión impuesta en una diversa causa penal, en la cual los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, sin deducir previamente el tiempo de prisión preventiva que el quejoso estuvo privado de su libertad con motivo de la causa penal de la que derivó el juicio de garantías, toda vez que el párrafo segundo del mencionado precepto dispone que en toda pena de prisión impuesta debe computarse la prisión preventiva; en ese sentido y tomando en consideración que por prisión preventiva debe entenderse el lapso en el que el reo se encuentra recluido con motivo de los hechos ilícitos que se le atribuyen, y comprende desde el momento de su detención hasta que causa ejecutoria la sentencia que llegare a pronunciarse en su contra, resulta inconcuso que la autoridad ejecutora, al delimitar la fecha a partir de la cual el quejoso compurgará la pena de prisión impuesta, debe deducir los días que el quejoso estuvo privado de su libertad en prisión preventiva, aun cuando en este lapso se encuentre compurgando la pena de prisión fijada en aquella diversa causa penal, pues su libertad deambulatoria también se encuentra restringida en razón de los hechos por los cuales se le juzga. Tampoco le asiste la razón a la parte quejosa al referir que en el procedimiento ordinario de ejecución 238/2018 no se le suspendió el beneficio de condena condicional (respecto a la causa penal 162/2017), y que dicho procedimiento se quedó paralizado los años subsecuentes y que fue hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés cuando se declaró extinguida la pena de prisión impuesta en esa causa penal con efectos a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintidós Se determina lo anterior, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 30/2012 (10a.) de rubro: CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO, determinó que la pena suspendida (condena condicional) por su otorgamiento no se extingue por el solo transcurso del tiempo, ya que de la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción VII y 116, del Código Penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya ejecución se encuentra suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio de la condena condicional, puede extinguirse al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con motivo del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; todo lo cual equivale a haber compurgado la pena y, por tanto, ya no podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la extinción de la pena de un sentenciado que no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento del beneficio de la condena condicional cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 90, fracción IX, y hacer que se cumpla la sanción suspendida o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción impuesta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de conformidad con lo estatuido por los preceptos legales en mención, es el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la 2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2000525. condena condicional lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcurrir el tiempo en el que debían cumplirse. Por tanto, en el supuesto de que el sentenciado no dé cumplimiento a las obligaciones que adquirió con motivo del otorgamiento de la condena condicional o les dé cumplimiento únicamente por un lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de prisión impuesta (como en el caso aconteció ya que el aquí quejoso se le impuso prisión preventiva justificada el veinte de febrero de dos mil veinte con motivo de la causa penal 156/2020), la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dispone el citado artículo 90, fracción IX, está facultada para hacer que se ejecute la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condena condicional, aun cuando haya transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena. Lo anterior, sin que el juzgador deje de observar el supuesto en el que el sentenciado acogido al beneficio de la condena condicional ha cumplido con las obligaciones derivadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que debería durar la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de conformidad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vigente fracción X del apartado "A" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un sentenciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento de la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al que se le fijó como de duración de la sanción, dado que el tiempo en el que el sentenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una determinación que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le impuso en sentencia; de ahí lo infundado del planteamiento realizado por la parte quejosa. Tampoco pasa inadvertido que el quejoso aduce que con la asesoría jurídica, técnica y especializada por parte de su defensa, decidió por optar por el procedimiento abreviado en la causa penal 156/2020, con la certeza de que a esa fecha se encontraba únicamente en prisión preventiva justificada en aquél asunto, ello por estar próxima la fecha para compurgar la pena mínima, en atención al hecho señalado por la ley como delito del cual se le investigó pero al haber un retraso en la procuración de justicia en el Centro de Justicia Penal Federal de esta ciudad, fue lo que le motivó para optar por ese medio alterno de solución, no obstante de que su intención era llegar al juicio en todas sus etapas, ya que lo resuelto por el Juez responsable en relación con la controversia planteada por su defensa, en todo caso, habrá sido consecuencia de la estrategia planteada por la misma; de ahí lo infundado del concepto de violación planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis 1a. CIV/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2021100 de rubro y texto siguiente: DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia legítima de defensa. De igual forma no se opone a lo resuelto, el hecho que en el procedimiento ordinario de ejecución 238/2018, no existió en su momento, una determinación en la que se hubiera revocado el beneficio de condena condicional del que gozaba el quejoso, ya que eso no varía los hechos en cuanto que estaba imposibilitado para cumplir con tal beneficio por haber sido detenido con motivo de la diversa causa penal 156/2020, por lo que, como se expuso, la autoridad responsable resolvió de manera correcta al considerar ese tiempo, en parte, como de compurgación de la pena respecto al primer expediente indicado en este párrafo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. No pasa inadvertido que la determinación combatida en este asunto, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés dictado en el procedimiento ordinario de ejecución 55/2023 el Juez responsable refirió que en virtud de que obraba en autos la notificación del sentenciado sin que alguna de las partes hubiera promovido recurso o manifestación al respecto, en términos del artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés quedó firme para todos los efectos legales correspondientes, sin embargo, en virtud de que el acto reclamado versa sobre cuestiones relativas a la libertad del quejoso, por lo que no se encontraba obligado a recurrir dicha determinación a través de los medios ordinarios de defensa que establece la ley que rige el acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia PR.P.CS. J/6 P (11a.) emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con número de registro digital 2026992 de rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN CUANDO EN LA DEMANDA SE RECLAMA EL TIEMPO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL O MIXTO. Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que contra el tiempo excesivo de la prisión preventiva impuesta en un proceso del sistema tradicional o mixto, procede el medio ordinario de defensa previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que debe agotarse previo a promover el juicio de amparo indirecto, en cumplimiento al principio de definitividad; en cambio, los otros Tribunales Colegiados estimaron que el tiempo excesivo de esa medida es un acto que afecta la libertad personal del quejoso, por lo que conforme al principio pro persona y su variante pro actione, ello constituye una excepción al principio de definitividad, razón por la cual puede promoverse el juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, determina que el reclamo del tiempo excesivo de la prisión preventiva impuesta en un proceso del sistema penal tradicional o mixto configura la excepción prevista en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo y, en consecuencia, puede promoverse el juicio de amparo indirecto en su contra sin necesidad de agotar previamente algún recurso o medio ordinario de defensa. Justificación: Los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado B, fracciones VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I y XV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, numerales 1, 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la legislación secundaria, protegen el derecho fundamental a la libertad personal, por lo que han establecido una variedad de contenidos normativos que prohíben la privación o restricción de la libertad y la detención arbitraria, así como que el límite absoluto e inamovible de duración de la prisión preventiva no debe exceder el tiempo de la pena que como máximo merezca el delito del que nace el proceso penal, y en ningún asunto será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado; de ahí que, si una persona aduce que la prisión preventiva que se le impuso en un proceso del sistema penal tradicional o mixto ha excedido el plazo indicado, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, en tanto que ese acto afecta la libertad personal del quejoso. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y fundado se: Resuelve Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Octavio Leal Hernández, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy diez de noviembre dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 649/2023-A, promovido por Octavio Leal Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad; Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio; b) auto de doce de junio del año en curso, en el que se radicó la demanda de amparo y se previno a la parte quejosa en los términos ahí planteados; c) auto admisorio de dieciséis de junio de dos mil veintitrés; d) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; e) constancia del emplazamiento por oficio del tercero interesado; f) constancia de notificación de la autoridad responsable; y, g) informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. A lo que la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, la Juez declara abierto el periodo probatorio en el que el Secretario hace constar que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, ofreció como pruebas las documentales que adjuntó a su informe justificado con el folio 8150 y al diverso oficio registrado con el folio 9761. A lo que la Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de que se trata, virtud que no requieren de preparación para tal efecto, las cuales se tomarán en consideración al dictar sentencia; sin más pruebas que relacionar, se cierra el periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló los de su intención. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Con lo anterior, firman de manera electrónica el acta quienes en ella intervinieron, en unión de la juez y secretario que autoriza y da fe, poniéndose los autos a la vista para el dictado de la sentencia que corresponda. Conste.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual, en atención a lo solicitado el once de julio del año en curso, remite copia de las constancias relativas al ********************, lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional respectiva Ahora, dado la voluminosidad de las constancias, fórmese por separado el tomo I de prueba para un mejor manejo del presente expediente, agregándole carátula para su debida identificación, mismas que quedan vinculadas al presente juicio de amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual en atención a la vista que le fue otorgada el veintisiete de junio del año en curso, manifiesta, que la responsable fue omisa en remitir las documentales que ofreció en la carpeta administrativa ******************** mediante escrito de veinte de abril de dos mil veintitrés, en específico las constancias relativas al ********************, por que solicita se requiera dichas constancias a la responsable. Atento a su petición, requiérase a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias relativas al ******************** que adjuntó la defensa a su escrito con sello de recepción veinte de abril de dos mil veintitrés, o bien, manifieste la imposibilidad que tengan para ello; lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de ********************la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ********************, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por último, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

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