Obdulio Portugal Maus

Expediente 174/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
174/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Obdulio Portugal Maus

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 59/2020 de su índice, así como el expediente original del juicio de amparo en que se actúa; atento a ello, acúsese recibo vía interconexión, y hágase del conocimiento de las partes que el recurso de revisión fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sometida recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 174/2019 promovido por Obdulio Portugal Maus, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. TERCERO. El presente asunto no tiene relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los presentes autos, no así las que obren en copia fotostática, toda vez que las mismas ya forman parte del cuaderno principal. Por tanto, al tratarse de un asunto concluido, de conformidad con lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que éste expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con apoyo en los artículos 20, Fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuadernos del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en razón de que se determinó negar la suspensión provisional y definitiva de todos los actos reclamados; el cuaderno original en un plazo de tres años, y el que corresponde al duplicado, en un plazo de seis meses, a partir de esta fecha. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese; y personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos de los que se advierte que aún no obra en el expediente la constancia de notificación de las autoridades responsables ni los informes previos solicitados al Presidente y Secretario Actuario adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Baja California, en esta ciudad, ya que estas se encuentran en su segundo periodo vacacional. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica al tercero interesado, ISSSTECALI, el auto de trece de diciembre del año en curso, el cual dice: Tijuana, Baja California, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Obdulio Portugal Maus, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 174/2019-E. Incidente de suspensión Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que reciba el oficio con transcripción del presente auto, manifestando categóricamente si es o no cierto el acto reclamado. Asimismo, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; de igual forma, hágasele saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional. Apercibida que de no cumplir, o rinda su informe fuera del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de $8.449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, la cual se utiliza como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, misma que en el año dos mil diecinueve, asciende cada una a la cantidad diaria de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Obligatoriedad para recibir oficios En otro orden, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que tiene la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aún y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $ 8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, que establece el ordinal 245, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Ahora bien, con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ténganse como tercero interesado a la persona moral Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio para ser emplazado el que indica el promovente en el escrito de demanda. Por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios adscritos para que se constituya en el domicilio señalado a efecto de practicar el emplazamiento de ley, le entregue copia del presente acuerdo y del dictado en el incidente de suspensión, le corra traslado al tercero interesado, por conducto de quien legalmente lo represente, con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las notificaciones subsecuentes incluyendo las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. Domicilio y autorizados En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el descrito en el escrito inicial. Atendiendo a que la materia del presente juicio de garantías, es de índole laboral, atendiendo a lo expuesto en el párrafo segundo del artículo 12 de la legislación en consulta, no ha lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en los términos amplios del numeral antes indicado a Luis Alfonso Olachea Villanueva, Diego Jacobo Castro Herrada y Rafael Sánchez Reyes, toda vez que no señalaron los datos correspondientes para tal efecto; es decir, los números de cédulas profesionales federales o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio de difusión oficial el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.9o.P.13 K (10a.) , sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO SEÑALA QUE EL DESIGNADO EN SU DEMANDA ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, Y PROPORCIONA SU NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO VERIFICARLO. De conformidad con el precepto citado, el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Asimismo, en las materias civil, mercantil, laboral -tratándose del patrón-, administrativa y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. En este sentido, si al promover el juicio de amparo el quejoso señala autorizado en esos términos amplios, indicando cuál es su número de cédula profesional, así como que ya se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, corresponde al tribunal de amparo verificar que, efectivamente, la persona a quien se autoriza se encuentra registrada en el aludido sistema, pues en ese supuesto es claro que mediante esos datos que proporciona, puede acreditarse que la persona designada se encuentra autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, dada la veracidad de ese sistema." Por lo anterior, se autoriza únicamente a Luis Alfonso Olachea Villanueva, Diego Jacobo Castro Herrada y Rafael Sánchez Reyes, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En diverso tenor, y como lo peticiona la parte quejosa, se autoriza a Alan Antonio Cordero Hernández, Ronaldo Guillermo Guevara García y Jonathan Alejandro Puga Méndez, únicamente para oír y recibir todos tipo de notificaciones aún las de carácter personal e imponerse, en términos de los artículos 13 parte final y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas Por consiguiente, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, esté en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. En atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Finalmente, como del expediente administrativo que se lleva en este órgano de control constitucional se advierte que en auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio SGA/1471/2019, por el cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, por instrucciones del Presidente de dicho cuerpo Colegiado, informó el segundo periodo vacacional del personal del Poder Judicial del Estado de Baja California, comprendido entre el trece de diciembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte; por tanto, se comisiona indistintamente a los actuarios judiciales para que una vez que la autoridad responsable reanude sus labores, le entregue el comunicado que se origine con motivo del presente proveído, así como los subsecuentes que sean expedidos dentro de dicho periodo. Notifíquese personalmente a las partes, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma, la licenciada Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida del licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe

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