Odelsi Rodríguez Rodríguez
Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/11/2022
Partes del expediente
- Odelsi Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya sobreseído el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que al ingresar a la página de internet www.estafeta.com, se advierte que el oficio 23946, dirigido a la autoridad responsable Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que fue presentó incidencia y fue devuelto; asimismo, que del informe justificado rendido por la responsable de mérito, se advierte que señaló la cuenta de correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase el oficio 23946, a la autoridad referida al correo electrónico de referencia, a fin de que estén en aptitud de imponerse de su contenido. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad de la actuaria de la adscripción para notificar a la quejosa Odelsi Rodríguez Rodríguez, el auto de veintinueve de septiembre del año en curso, en virtud de que no se encuentran dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Baja California, con residencia en esta ciudad. Ahora, visto del contenido de la certificación secretarial de cuenta se desprende que la parte quejosa señalo como actos reclamados en el presente juicio los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: De las Autoridades señaladas como Responsables del número 1 al 8, se reclaman: a.- La Privación arbitraria e ilegal del Derecho Humano a la libertad de mi representada, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia Oficial en la Ciudad de Tijuana, Baja California. b.- La ilegal Incomunicación de mi representada, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia Oficial en la Ciudad de Tijuana, Baja California. c.- La ilegal orden de Alojamiento de mi representada, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Migración, en Baja California, con residencia Oficial en la Ciudad de Tijuana, Baja California. d.- La omisión de respetar y garantizar el Derecho Humano a la libertad personal de la quejosa, ya que actualmente se encuentra privada de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia Oficial en la Ciudad de Tijuana, Baja California. e.- La orden y la pretensión de ejecutar en contra de la impetrante, el retorno asistido y la deportación, emitidos por las autoridades migratorias de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia Oficial en la Ciudad de Tijuana, Baja California f.- El procedimiento de rechazo que llevaron a cabo las autoridades migratorias, al tratarse de un procedimiento sumario que no permitió a la quejosa ejercer una defensa adecuada que le permitiera impugnar o evitar por la vía administrativa que se ejecutara en su contra el acto sancionatorio. g.- La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiadas y Protección Complementaria. h.- La Omisión de atender la solicitud verbal de la quejosa de reconocimiento de refugiada para él. i.- La omisión de proporcionarle al justiciable, información completa, clara y oportuna sobre el derecho a solicitar, asilo con el objeto de garantizar el Derecho Humano a solicitar y recibir asilo en nuestro País. j.- La omisión de autorizar la internación a nuestro país de la quejosa, como solicitante de la condición de refugiada ante su manifestación de necesidad de protección internacional. k.- La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas (COMAR) sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud de la quejosa como solicitante de la condición de refugiada. l.- La omisión de la obligación de garantizar el contacto de la quejosa con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas (COMAR) para efectos de formalizar su solicitud de asilo. m. La aplicación en contra de la justiciable de una alerta migratoria "restrictiva", en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación y de derecho de audiencia. - De la Autoridad señalada como Responsable con el número 9, se reclaman: a. La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración, mismos que establecen el sistema normativo que regula a las alertas migratorias, su emisión, información y efectos, mismos que son inconstitucionales al no garantizar el debido proceso de los extranjeros afectados por estas. De las Autoridades señaladas como Responsables con los números 10 y 11, se reclaman: a. La discusión, aprobación y emisión de los artículos 99, 100, 101 de la Ley de Migración, mismos que regulan la presentación de extranjeros en estaciones migratorias para su privación de libertad en ausencia de garantías indispensables frente a toda privación de libertad, principalmente la falta de control de la detención." Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte: -Copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre de la quejoso Odelsi Rodríguez Rodríguez, con número de oficio ORBC/EMTIJ/3575/2022, de dos de septiembre de dos mil veintidós. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el dos de septiembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa Odelsi Rodríguez Rodríguez, quedó en libertad con motivo del permiso para realizar actividades remuneradas en este país otorgado mediante oficio ORBC/EMTIJ/3575/2022 de dos de septiembre de dos mil veintidós por la responsable de mérito. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, los actos reclamados existían, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejaron sin efecto los mismos, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Por ello, toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable remitió copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a nombre de la quejosa Odelsi Rodríguez Rodríguez, con número de oficio ORBC/EMTIJ/3575/2022 de dos de septiembre de dos mil veintidós; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (cuatro de agosto de dos mil veintidós), la autoridad señalada como responsable le otorgó salida de la estación migratoria respectiva y le proporcionó permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la quejosa, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta remitidos por la autoridad responsable, mediante los cuales en atención al requerimiento efectuado en autos, informa que la quejosa Odelsi Rodríguez Rodríguez, no se encuentra alojada en las instalaciones de la estancia migratoria de esa Oficina de Representación, puesto que el dos de septiembre de dos mil veintidós, se le otorgó el "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", y remite copia certificada a fin de acreditar lo anterior. En relación a lo informado por la responsable, comisiónese al Actuario de la adscripción se constituya en las instalaciones de la misma, y corrobore lo manifestado por esta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Odelsi Rodríguez Rodríguez.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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