Obdulia Patiño Ledesma
Expediente 333/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Obdulia Patiño Ledesma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Obdulia Patiño Ledesma, para el efecto de que la autoridad responsable, la Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, realizara lo siguiente. Deje sin efectos la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *****. En su lugar, emita otra en la que, reitere todo lo que no fue materia de concesión del amparo, pero al analizar el tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos de Código Penal para el estado de Guanajuato atienda los lineamientos de este fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que corresponda sobre la materia del recurso. Resolución que causó ejecutoria el uno de agosto de dos mil veintitrés, por ello se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector. Por oficio 549, el Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, remitió la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cinco de enero dos mil veintitrés, en el Toca ***** y en esa misma resolución reiterando todo lo que no fue materia de la concesión del amparo, emitió un nuevo pronunciamiento atendiendo a los lineamientos del fallo protector, es decir, al analizar el tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, resolviendo con libertad de jurisdicción. De lo anterior, analizadas las citadas constancias se considera que la autoridad responsable atendió el núcleo esencial del fallo protector, en virtud que: -Dejó insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *****. -Dictó una nueva resolución en la que reitero todo lo que no fue materia de la concesión del amparo. En lo que respecta al tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, atribuido a *****, la responsable se ajustó en los lineamientos de la sentencia de amparo, en síntesis, con las siguientes acciones: Hizo patente que el criterio de que, tratándose de afectaciones de salud derivadas de conductas de indebida atención médica el término de la prescripción para el ejercicio de la acción penal debe empezar a correr una vez que sea conocido. En ese sentido, reafirmó que la fecha que debe tomarse como punto de partida para para realizar el cómputo de la prescripción del delito, es la data, en que la quejosa descubrió sus lesiones. Asimismo, una vez que la responsable realizó el cómputo correspondiente, determinó que la acción penal no se encuentra prescrita Finalmente, determinó modificar la resolución recurrida, para establecer que, a la fecha de la resolución recurrida el hecho que la ley señala como delito de lesiones a título de culpa, previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato en agravio de la quejosa, no se encontraba prescrito. En consecuencia de lo anterior, con libertad de jurisdicción, y tomando en consideración que se colmaron los requisitos legales para ello, modificó la resolución recurrida para el único efecto de revocar la decisión de la juez de origen, vincular a proceso a *****, por su probable intervención en el ya citado injusto en ofensa de la inculpada. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Ello, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES CONSERVABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. En el presente expediente no obran documentos aportados por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este juzgado le remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Obdulia Patiño Ledesma, para el efecto de que la autoridad responsable, la Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, realizara lo siguiente. Deje sin efectos la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *****. En su lugar, emita otra en la que, reitere todo lo que no fue materia de concesión del amparo, pero al analizar el tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos de Código Penal para el estado de Guanajuato atienda los lineamientos de este fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que corresponda sobre la materia del recurso. Resolución que causó ejecutoria el uno de agosto de dos mil veintitrés, por ello se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector. Por oficio 549, el Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, remitió la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cinco de enero dos mil veintitrés, en el Toca ***** y en esa misma resolución reiterando todo lo que no fue materia de la concesión del amparo, emitió un nuevo pronunciamiento atendiendo a los lineamientos del fallo protector, es decir, al analizar el tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, resolviendo con libertad de jurisdicción. De lo anterior, analizadas las citadas constancias se considera que la autoridad responsable atendió el núcleo esencial del fallo protector, en virtud que: -Dejó insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *****. -Dictó una nueva resolución en la que reitero todo lo que no fue materia de la concesión del amparo. En lo que respecta al tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, atribuido a *****, la responsable se ajustó en los lineamientos de la sentencia de amparo, en síntesis, con las siguientes acciones: Hizo patente que el criterio de que, tratándose de afectaciones de salud derivadas de conductas de indebida atención médica el término de la prescripción para el ejercicio de la acción penal debe empezar a correr una vez que sea conocido. En ese sentido, reafirmó que la fecha que debe tomarse como punto de partida para para realizar el cómputo de la prescripción del delito, es la data, en que la quejosa descubrió sus lesiones. Asimismo, una vez que la responsable realizó el cómputo correspondiente, determinó que la acción penal no se encuentra prescrita Finalmente, determinó modificar la resolución recurrida, para establecer que, a la fecha de la resolución recurrida el hecho que la ley señala como delito de lesiones a título de culpa, previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato en agravio de la quejosa, no se encontraba prescrito. En consecuencia de lo anterior, con libertad de jurisdicción, y tomando en consideración que se colmaron los requisitos legales para ello, modificó la resolución recurrida para el único efecto de revocar la decisión de la juez de origen, vincular a proceso a *****, por su probable intervención en el ya citado injusto en ofensa de la inculpada. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Ello, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES CONSERVABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. En el presente expediente no obran documentos aportados por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este juzgado le remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica al fiscal adscrito y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la capital, mediante el cual remite la resolución dictada el ocho de agosto de dos mil veintitrés en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA CON CONSTANCIAS En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada del oficio de cuenta con sus anexos, el cual fue remitido por la autoridad responsable oficiante; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que dicha autoridad informó; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, uno de agosto de dos mil veintitrés. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. En el fallo protector se concedió el amparo para el efecto de que el Magistrado responsable, realice lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *****. En su lugar, emita otra en la que, reitere todo lo que no fue materia de concesión del amparo, pero al analizar el tema de la prescripción del delito de lesiones culposas previsto en el numeral 155-a y sancionado en los numerales 145 y 14, todos de Código Penal para el estado de Guanajuato atienda los lineamientos de este fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que corresponda sobre la materia del recurso. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Penal en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis P. LVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, número de registro 165779, página 12, de rubro y texto: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola." Asimismo, devuélvase a la responsable Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el original del toca penal ***** de su índice -en un tomo-, por considerarse innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.
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