Octavio Ayala Ayala
Expediente 1316/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1316/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Octavio Ayala Ayala
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1316/2023, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Hugo Uribe García, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan, el escrito inicial de demanda y el informe justificado rendido por las autoridades responsables; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales presentadas por la parte quejosa, así como las aportadas por las autoridades responsables, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la resolución. ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo y Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia, por las razones expresadas y para los efectos precisados en los diversos considerandos séptimo y octavo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones que anteceden de las que se advierte que mediante circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, de igual forma, de manera retroactiva, se declararon como inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistiría su validez; y, por aviso de declaración de días inhábiles pero laborables y esquema de atención para asuntos urgentes, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en Morelia, Michoacán, se declararon como días inhábiles pero laborables del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. Ahora, de autos se advierte que la audiencia Constitucional del presente asunto se encontraba señalada dentro de dichos días declarados inhábiles, razón por la cual no tuvo verificativo; por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número remitido vía correo electrónico por ***********, apoderada jurídica de la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" atento a su contenido, y en cumplimiento al requerimiento de autos del oficio 21662, informa, en los más relevante, que: ".Se informa que el C. ********************, se encuentra recibiendo sin ningún impedimento legal o administrativo las sesiones asignadas por semana de manera subrogada, periódica y gratuita en el nosocomio particular denominado "HOSPITAL TORRE VICTORIA", ubicado en ******************** Morelia Michoacán. Adjunto al presente la bitácora de asistencia y suministro de medicamentos, de los meses de junio, julio, agosto y septiembre signado por parte del peticionario de amparo de conformidad, la cuales acreditan de manera fehaciente la debida atención médica para su padecimiento de ********************." Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene a las responsables informando y remitiendo constancia con lo cual acreditan las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que se ordena dar vista a la parte quejosa; ello para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia de que el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico, previamente ha sido certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Hospital General de Morelia, Michoacán, con sede en *********** y otra autoridad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV,********************, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías, por los actos que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticado de **************, ************* y **************, entre otras complicaciones de salud, que se advierten en el resumen médico que anexo al presente, requiriendo el tratamiento a base de sesiones de ************ semanales, siendo necesarias dos sesiones por semana, además de la aplicación del medicamento denominado eritropoyetina ***************; entre otros diversos, por lo que a la fecha estoy recibiendo el tratamiento de ************ en Clínica particular, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, y compro diversos medicamento para que me sean aplicados; toda vez que las autoridades que señalo como responsable me han negado el tratamiento de ********* que requiero para vivir y el medicamento, manifestando que en el Hospital General de Morelia, no cuenta con médicos Nefrólogos suficientes, mucho menos con las maquinas e insumos que se requieren para tratar a todos los pacientes que llegamos a solicitar este tratamiento; por tal motivo y a fin de preservar mi salud y por ende la vida me eh visto en la necesidad de acudir al medio privado para que se me brinde el tratamiento de ************ que requiero por semana para poder vivir, sin embargo a la fecha me es imposible seguir realizando los pagos a dicha clínica privada para que se me siga proporcionando el tratamiento en cita, esto en razón de que debido a mi padecimiento me es imposible trabajar de manera regular por lo que me es imposible obtener los recursos económicos para realizar el pago de las sesiones de ************* y los medicamentos, ante tal situación mi vida se encuentra en grave peligro, por ello acudo ante esta órgano jurisdiccional a fin de que las autoridades que señalo como responsables me brinden la atención médica y los medicamentos que requiero para mi padecimiento...". Ahora bien, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número *************. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Ahora bien, toda vez que la quejosa señala como acto reclamado destacado la omisión de proporcionarle, el acceso al derecho y protección a la salud, por no otorgarle la atención médica especializada, estudios, tratamientos, medicamentos, para para el padecimiento de ******************** que aduce tener, lo que pone en riesgo la integridad física, salud y quizá hasta vida de la quejosa. En mérito a lo anterior, atendiendo a que los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las condiciones de salud, y que toda persona tiene derecho de protección a la salud, conforme a las modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud; con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, los actos que impliquen riesgo en la salud del quejoso ********************, que puedan poner en peligro su vida, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Por lo que, atendiendo al derecho humano contemplado en el mencionado artículo 4° constitucional y a la complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades responsables, en el ámbito que a ellas les corresponde, DE INMEDIATO deberán proporcionar, suministrar y aplicar al quejoso ******************** los medicamentos requeridos para el padecimiento que le aqueja, así como para que se efectúe la revisión médica constante que requiera y, en el caso de no contar con los medicamentos o los servicios médicos que resulten necesarios para su tratamiento, deberán realizar las gestiones necesarias a fin de que le sean proporcionados los tratamientos de ************** al promovente del amparo que requiere para su subsistencia. En el entendido que dicha medida cautelar no se concede para que las autoridades responsables proporcionen a la quejosa un tratamiento específico, sino que le brinde el servicio de salud o tratamiento que considere adecuados -****************- para que la promovente mejore su actual estado de salud, ya que de no proporcionársele la atención médica podría generar riesgos a su vida. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), registro 2019358, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 486, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL." Así como la diversa tesis, CCCXLIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 969, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN". Así como la tesis número XVII.1o.P.A.33 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 4854, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2023479, que a la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. PARA GARANTIZARLO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES, EL ESTADO DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS BAJO LA PREMISA DEL MÁXIMO GASTO POSIBLE, A TRAVÉS DE TRATAMIENTOS PALIATIVOS QUE ASEGUREN SU DIGNIDAD Y LES EVITEN DOLOR." Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. Resulta aplicable la tesis número 1a. XV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1224, Libro 84, marzo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2022889, que a la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD." Resulta aplicable la tesis P. LXVIII/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 6, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 165826, que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL." Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda. Por otro lado, tomando en consideración que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle***************, número************, en ***************, sin precisar el nombre de la colonia en que se encuentra dicho inmueble; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los numerales 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al quejoso, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Asimismo, téngase como autorizados de la parte quejosa a **************, quien podrá imponerse de los autos pero no gozara de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía correo electrónico, podrá hacerlo al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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