Norma Ruíz Nuñez

Expediente 1327/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1327/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Ruíz Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número signado por la Jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa de la Secretaría de Capacitación y Desarrollo Económico en Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. A su vez, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompañan a su oficio de cuenta, consistente en copias certificadas de las constancias de donde deriva el acto reclamado, prueba que dada su especial naturaleza, se tiene por admitida y desahogada. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa de la Secretaría de Capacitación y Desarrollo Económico en Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que la petición realizada por la quejosa ********************de diez de julio de dos mil veintitrés y fue acordada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, y notificada a la promovente mediante instructivo el diecinueve del mismo mes y año. Ahora bien la parte quejosa hace valer como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: Acto Reclamado.- La falta de respuesta en tiempo y forma a mi atento y respetuoso escrito presentado por conducto de mi apoderada jurídica la Lic. ********************, de fecha 10 de julio del año en curso 2023, en el que se solicitó a la Responsable copias certificadas de todas las constancias del expediente formado con motivo de actuaciones llevadas a cabo por la Responsable, incluyendo la actuación que se haya llevado a cabo a las 13:00 horas del día 6 de julio del presente año 2023, y del acuerdo recaído a mi petición de fecha 10 de julio de 2023; constancias relacionadas con los locales ******************** y ********************, ubicados en el Interior del Centro de Comercialización y Abasto Popular La Feria, cuya titularidad de los dos primeramente mencionados es de ******************** y Tercero es de ********************..". En ese contexto, en el caso concreto, se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) ". IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Dicha porción normativa dispone que ante la inexistencia del acto reclamado, emerge el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su petición de diez de julio de dos mil veintitrés, sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que no existe dicho acto reclamado pues en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa, de la Secretaria de Capacitación y Desarrollo Económico en Michoacán, con sede en esta ciudad, acordó su solicitud, ordenando notificar a la promovente, lo cual aconteció el diecinueve de julio de la presente anualidad; de ahí que, al momento de la presentación de la demanda (cuatro de octubre de dos mil veintitrés) la omisión reclamada no existía. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en la gobernada, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos indicados en el séptimo y para los efectos establecidos en el último considerando del presente fallo.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para la autoridad responsable laboral, toda vez que, carece de legitimación para interponer recurso de revisión. Por tanto, tomando en consideración que por sentencia de diez de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ...; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia debidamente certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación a los siguientes puntos: "I. De inmediato dicte las providencias necesarias tendentes a lograr el desahogo de las testimoniales a cargo de José Ernesto Pimentel Arroyo, Verónica Alejandra Rodríguez Cruz y Luis Felipe de Jesús Paz Trejo. II. Así como, el desahogo de la documental ofrecida por la parte actora, relativa al informe que rinda la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a fin de que informe el ingreso que corresponde a un jefe de jurisdicción sanitaria concretamente de la jurisdicción sanitaria número seis con sede en la piedad, durante el año dos mil dieciséis indicando el sueldo base y la compensación garantizada, para lo cual deberá hacer uso de los medios de apremio correspondientes, hasta logar que se emita la respuesta. III. Además, deberá vigilar que el oficio, a través de la cual se pide dicha información, llegue a su destinatario, de forma oportuna, para lo cual habrá de utilizar todos los medios a su alcance para ese fin, incluso, de ser posible, los medios electrónicos." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa a la autoridad responsable de que se trata, por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Ahora bien, toda vez que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 32921/2023, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede ciudad, atento a su contenido, téngase informando que dejó disponibles los expedientes electrónicos *****************, de su índice, para su vinculación con el presente sumario constitucional; lo anterior, hágase para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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