Ocampo Alcauter Esquivel
Expediente 1331/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ocampo Alcauter Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita copias certificadas de la resolución dictada en el presente juicio de amparo ; por tanto, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, autorizando para recibirlas a la persona que indica, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. En la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger las citadas copias, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que por auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó devolver el legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil 738/2015, que acompañó como complemento al informe justificado el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, formado en un tomo; por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, envíense tales constancias al citado órgano jurisdiccional, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Agréguense los escritos signados por Laura Rojas, autorizada de la parte quejosa; atento al contenido del primero, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos; en relación al segundo de los ocursos en el que solicita que se gire oficio a la autoridad responsable a efecto de que realice los trámites necesarios ante el Receptor de Administración de Rentas de Pénjamo, Guanajuato, para que se realice la gestión catastral de cancelación de los inmuebles contenidos en el inventario y avalúo de la masa hereditaria origen de este juicio, localizados en Pénjamo, Guanajuato, a que se refiere en el escrito de cuenta y que se ordena remitir al Juez responsable en copia certificada. En esas condiciones, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, para que dentro del término de TRES DÍAS, a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no informar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2823, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO CUANDO CON MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO SE HAYAN ENAJENADO LOS BIENES OBJETO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE. De la interpretación del artículo 80 de la Ley de Amparo, en correspondencia con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las sentencias en las que se conceda el amparo deben ejecutarse aun cuando se afecten derechos de terceros que deriven del acto considerado ilegal, se advierte que el alcance del fallo protector tiene las siguientes repercusiones: 1) comprende la insubsistencia tanto del acto reclamado como la de todos aquellos que hubieran sido emitidos con base en él; 2) la insubsistencia o nulidad de los actos jurídicos opera de pleno derecho, como natural efecto de la sentencia que otorgó el amparo; 3) la ejecución de las sentencias debe llevarse a cabo por las autoridades vinculadas a su cumplimiento, aun cuando pueda afectar derechos de terceros; y, 4) tratándose de actos jurídicos realizados con base en el acto cuya inconstitucionalidad fue declarada en la sentencia y por los cuales se transmita la propiedad de determinados bienes, el tercero adquirente de buena fe, a quien puede depararle perjuicio la ejecución de la sentencia de amparo, tiene la calidad de causahabiente de la parte vencida en el juicio de garantías. En consecuencia, en los casos en los que con motivo del acto reclamado se hayan enajenado los bienes objeto de la protección constitucional a terceros adquirentes de buena fe, no puede afirmarse que exista imposibilidad material y jurídica para cumplimentar el fallo protector, argumentando que los contratos traslativos de dominio entre el quejoso y los sucesivos adquirentes deben considerarse válidos y surtir sus efectos entre las partes mientras no exista una declaración expresa de autoridad competente que así lo resuelva, toda vez que éstos quedaron nulificados de pleno derecho, como una consecuencia natural y lógica de lo que en dicha sentencia se resolvió, y sin que para ello sea necesaria alguna otra determinación en ese sentido". Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, vista la demanda de amparo y el escrito de cumplimiento, se advierte que resulta notoriamente improcedente, aunque únicamente por lo que respecta al acto reclamado que hace consistir en la integración de la carpeta de investigación 1003201905850, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". [.] "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "El acto que reclamo de la autoridad responsable es precisamente como lo señalé en el apartado correspondiente, esto es, el hecho de que se le de seguimiento a la carpeta de investigación 1003201905850, que se instruye en mi contra por el delito de fraude cometido en agravio de Margarita Sánchez Correa, sin tener la calidad de imputado dentro de la misma, por los motivos expuestos tanto en los antecedentes como en los conceptos de violación...". En el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque el acto reclamado, en el que se ordena la investigación respecto de los hechos denunciados por la parte ofendida, no irroga perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Es así, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, lo que constituyen un derecho social que no conforma la esfera jurídica de los particulares; de ahí que, de considerar lo contrario, es decir, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del quejoso y con ello hacer procedente el juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la obligación del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer si se ha cometido o no un hecho señalado en la ley como delito y si existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) 2o. 1 P (10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federal, se dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Así como, por identidad de razón, la tesis número XXI.2º.51 K, visible en la página 407, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "MINISTERIO PUBLICO, PERSECUCION DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES. Habida cuenta que, la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, por deducción, debe arribarse a la conclusión de que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el ejercicio de ese derecho social, particularmente aquéllas que ven a la integración de la averiguación previa, las cuales están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo enderezado en su contra, es improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo en el supuesto de que dichos actos afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales de todo individuo, protegidos en la propia Constitución Federal". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo, respecto del precisado acto y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, por lo acto que hace consistir en su escrito aclaratorio: ".tengo el temor de ser privado de mi libertad temporal con motivo de que se me considera en dicha carpeta como imputado...". Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 1331/2019. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, será sancionada en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de amparo, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, pruebas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.
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