Octaviana Valerio Merino

Expediente 520/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
520/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Octaviana Valerio Merino
  • OCTAVIANA VALERIO MERINO y Otros.
  • juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el proveído de veintiuno de octubre del año en curso, que el Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción dictó en el juicio de amparo directo 743/2019, en el que estableció que para determinar si acepta o no la competencia declinada para conocer de la demanda presentada por ************* en contra de los actos reclamados al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así como a la secretaria y al actuario judicial de su adscripción, consistentes en el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, en el que tuvo por no interpuesta la demanda que motivó la radicación de ese asunto y su ejecución, requería de mayores elementos. En razón de lo anterior, dispuso que se remitiera el escrito inicial al Juez responsable para que se hiciera constar al pie de ese ocurso la fecha en la que la disidente fue notificada de la resolución reclamada y la de presentación de dicho libelo, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas datas, también para que emplazara a quien tuviera el carácter de tercero interesado y a las responsables ejecutoras y, posteriormente, devolviera la demanda de amparo con su informe justificado y las constancias de emplazamiento, así como los autos originales del juicio de origen de donde derivaron las actuaciones combatidas. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de los aspectos destacados. Notifíquese.

  2. Principal

    ...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en este asunto la inconforme Octaviana Valerio Merino reclama los actos siguientes: 1. Del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, impugna: ? El acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, en el que tuvo por no interpuesta la demanda que motivó la radicación de ese asunto, dado que la justiciable no atendió la prevención que le fue formulada. 2. De la secretaria y del actuario judicial adscritos al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, combate: ? La ejecución del proveído señalado. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino que esa situación puede advertirse durante el trámite del proceso cuando se reciben los informes justificados, o bien, hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en alguna de esas fases y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se está en la posibilidad de continuar con el procedimiento dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los arábigos 107, fracciones III, inciso a), V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo. Los preceptos citados establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.]" Ley de Amparo "Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la norma inserta en primer orden se advierte que en el Pacto Federal se establecieron las bases fundamentales que rigen al juicio de amparo, entre las cuales destacan por su importancia, las siguientes: I. Tratándose del reclamo de actos de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros supuestos, contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio. II. Al impugnarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se pueden plantear violaciones cometidas en esas determinaciones, o bien, que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. III. Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. IV. Al reclamarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o el medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que en la norma constitucional transcrita se señalan. V. El amparo contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de acuerdo con la ley, en los supuestos que el propio precepto constitucional dispone. VI. En el texto constitucional citado se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Carta Magna. Por otra parte, de los dispositivos de la Ley de Amparo transcritos se desprenden, en lo que importa, las premisas siguientes: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la ley de la materia. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo los casos en los que la ley permita la renuncia de esos mecanismos de impugnación. f) Para efectos de la Ley de Amparo el juicio se inicia con la presentación de la demanda. g) Cuando se reclame la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o el medio de defensa que, en su caso, establezca la legislación ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Tal requisito no será exigible en los amparos relativos a los asuntos que se especifican en el numeral 171 de la ley de la materia. h) Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito en la que se reclamen actos que sean materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese supuesto el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia; en la primera hipótesis mandará tramitar el expediente y concederá al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un lapso de diez días para que rinda el informe correspondiente; por otro lado, en el caso que decida no aceptar la competencia remitirá los autos al Juzgado que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre Jueces de Distrito. Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito aparece del informe justificado que la autoridad responsable rinda, entonces el Juez de Distrito se declarará incompetente y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que estime competente para el efecto de que el Presidente de este último órgano de control constitucional decida si acepta o no la competencia y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido por la Ley de Amparo. Lo anterior pone de relieve que las disposiciones citadas establecen por un lado la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa y, por otro, la regla sobre la procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, supuestos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. En este punto es preciso señalar que la vía procesal en el ámbito jurídico adjetivo alude al procedimiento que la ley dispone para la tramitación del juicio. Esa noción también se puede abordar desde el entendimiento de los llamados presupuestos procesales, pero con la variedad de que si bien los efectos de promover un juicio en una vía equivocada puede dar lugar a que no se dé trámite al juicio, también puede suceder que la prosecución del juicio ocurra en una vía equivocada, lo que técnicamente no generaría la improcedencia del juicio, sino que impediría que el Juzgador pueda emitir una sentencia de fondo; es decir, la falta de este presupuesto procesal cuando ya se ha tramitado el juicio constituye un obstáculo que impide el dictado de una sentencia de fondo del asunto. En ese contexto teórico básico se puede apreciar que la vía es el procedimiento que la ley dispone para la tramitación de un juicio. En respaldo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente." Enseguida, para evidenciar que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto es necesario tener en cuenta que la inconforme combate del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y de la secretaria y del actuario judicial de su adscripción el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda que motivó la radicación de ese asunto, dado que la justiciable no atendió la prevención que le fue formulada, así como la ejecución de ese proveído. Ahora, debe destacarse que de las actuaciones del juicio de divorcio de origen que las responsables remitieron en apoyo de su informe justificado se advierten las circunstancias siguientes: 1. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciocho, la quejosa Octaviana Valerio Merino, quien señaló que promovía por sí y por conducto de su apoderada Teresa Valerio Merino, demandó el divorcio incausado a su cónyuge Nicolás Cabrera García y exigió como prestaciones la disolución del vínculo matrimonial y sus consecuencias legales; además, formuló un convenio respecto de la guarda, custodia, convivencia y alimentación de su hija menor de edad identificada con las iniciales V.C.V. 2. De tal asunto correspondió conocer al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien en el auto de treinta y uno de enero del año en curso, registró la demanda con el progresivo 230/2018 y previno a la disidente para que dentro del plazo de tres días señalara la vía en la que demandaba y exhibiera un nuevo convenio en donde mencionara si promovía por su propio derecho o por conducto de su mandataria Teresa Valerio Merino; en tal sentido, apercibió a la actora que en el caso de que no atendiera la citada prevención tendría por no interpuesta su solicitud. 3. Mediante el escrito presentado el diez de abril actual, la disconforme Octaviana Valerio Merino trató de atender la citada prevención y manifestó que el divorcio incausado que demandaba se substanciara en la vía ordinaria civil; además, presentó una nueva propuesta de convenio y precisó que promovía por propio derecho. 4. Por auto de veintinueve de abril posterior, el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, recibió la promoción anterior y determinó no dar trámite a la demanda, porque estableció que la vía ordinaria para la tramitación de los juicios de divorcio incausado que la promovente indicó no era la correcta para que ejerciera dicha acción; en tal sentido, consideró que la actora no cumplió la prevención contenida en el auto inicial, por lo que hizo efectivo el apercibimiento que formuló y determinó tener por no interpuesta la demanda y dejó a disposición de la disidente las documentales que exhibió con su escrito inicial para que pasara a recogerlos. 5. A través del libelo presentado el veintitrés de mayo de esta anualidad, Octaviana Valerio Merino interpuso el recurso de queja en contra del auto en donde se tuvo por no interpuesta la demanda; luego, en el acuerdo de seis de junio posterior, el órgano jurisdiccional señalado previno a la inconforme para que ratificara tal escrito, dado que advirtió una diferencia en la firma que calzaba ese ocurso con las que obraban en el referido expediente e indicó que una vez que se realizara tal ratificación acordaría lo procedente. Con base en lo anterior, es factible sostener que el proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, en el que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, tuvo por no interpuesta la demanda que motivó la radicación de ese asunto, dado que la justiciable no atendió la prevención que le fue formulada, constituye una resolución que pone fin al juicio, porque sin decidirlo en lo principal lo dio por terminado. Lo anterior revela que el acuerdo en donde se tuvo por no interpuesta la demanda de divorcio incausado pronunciado en el citado contradictorio es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los ordinales 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, al tratarse de una resolución que puso fin al juicio natural, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo dio por concluido. En ese sentido, debe tenerse presente que por sentencias definitivas o laudos se entienden las que decidan el juicio en lo principal, es decir, las que establecen el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Por otro lado, es importante destacar que una concepción que ha perdurado a lo largo de las distintas épocas del Semanario Judicial de la Federación es la relativa a que el inicio del juicio ante los Tribunales ordinarios para efectos del amparo ocurre cuando se presenta la demanda, incluso, en la actualidad así lo prevé expresamente el numeral 170, fracción I, último párrafo, de la ley de la materia y esa concepción tiene importancia en la medida en que es el parámetro de referencia para determinar cuándo y dónde inicia un juicio y cuándo y dónde concluye, que en el caso, debe ser cuando se dicta la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que le ponga fin o que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido impidiendo su prosecución o continuación. En otro punto, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acuerdo que desecha una demanda constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas. El Alto Tribunal del País también ha sostenido que un acuerdo que desecha una demanda constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 87/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 65/98 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación , que señala: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." Luego, si en el caso se ataca el auto en donde se tuvo por no interpuesta la demanda de divorcio incausado pronunciado en el juicio de origen que produce efectos similares a un desechamiento de la demanda, entonces se está ante una resolución que pone fin al juicio, porque sin decidirlo en lo principal lo dio por terminado. En esos términos, es inconcuso que por los efectos que produce el aludido proveído dictado por el órgano jurisdiccional responsable y en atención a su naturaleza jurídica puede concebirse como una resolución que puso fin al juicio de divorcio 230/2018 del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pues sin decidir en el fondo el procedimiento contencioso relativo lo dio por concluido; por tanto, el amparo directo es la vía idónea a la que la justiciable puede acudir por ser aquel el medio eficaz en el que se podrá obtener una sentencia en la que se juzgue la constitucionalidad de ese acto reclamado; de ahí que este Juzgador carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente medio extraordinario de defensa respecto de los actos reclamados al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así como a la secretaria y al actuario judicial de su adscripción, consistente en el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda que motivó la radicación de ese asunto, dado que la justiciable no atendió la prevención que le fue formulada, así como la ejecución de ese proveído. En atención a que el presupuesto procesal analizado se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo; así como por los puntos Segundo, fracción XIII, numeral 1 y Tercero, fracción XIII , del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 520/2019 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Colegiado en esas materias y circuito, en turno, a efecto de que su Magistrado Presidente en términos de lo establecido por el numeral 47 de la Ley de Amparo se encuentre en aptitud de decidir si acepta o no la competencia declinada e informe a este Juzgado Federal su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las actuaciones que revelen la historia procesal del presente asunto que deberá quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. No escapa a la consideración de este órgano jurisdiccional que el proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio 230/2018, fue impugnado por la justiciable a través del recurso de queja; empero, esa situación en todo caso está asociado con el tópico de la procedencia del juicio de amparo directo y no con el presupuesto procesal de la competencia por razón de la vía, en la que descansa el sentido de esta determinación. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve). Finalmente, dada la determinación anterior resulta innecesario dictar un pronunciamiento en cuanto al emplazamiento a juicio del tercero interesado que se encuentra pendiente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil diecinueve. Se hace del conocimiento de las partes, que en la sesión ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del Juez ***************, como Titular de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec), con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año en curso; por tanto, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga; hágase lo anterior por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. [...] Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa de Ampro II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil diecinueve. ...La audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las nueve horas con quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve para su celebración. Notifíquese.

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