Octaviano Lezama Vera y Otros.

Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
465/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Octaviano Lezama Vera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 465/2020, promovido por ** y **, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES 1. Según consta en autos, a juicio de los quejosos, la autoridad señalada como responsable ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, ha sido omisa en remitir su sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal del Estado de Oaxaca, para que de esa manera puedan solicitar los beneficios a que aducen tienen derecho. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el diecinueve de agosto de dos mil veinte. Los quejosos señalaron como autoridades responsables: al Juez y actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca y como acto reclamado: la omisión de remitir su sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal del Estado de Oaxaca, para que de esa 04/01/21 19:08:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.fd GAMALIEL SANCHEZ CRUZ manera puedan solicitar los beneficios a que aducen tienen derecho. 3. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrada con el número 465/2020 y fue admitida el veinte de agostos de dos mil veinte. 4. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 5. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 6. reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión por parte de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. IV. OPORTUNIDAD 7. Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Octaviano Lezama Vera y Eduardo Galindo Lezama, que no se subsana mientras aquélla subsista. 8. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista".2 V. LEGITIMACIÓN 9. Octaviano Lezama Vera y Eduardo Galindo Lezama, están legitimados para promover el presente juicio de amparo, pues se trata de las personas a quienes se les instruye la causa penal 28/2014 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca de donde deriva la omisión reclamada. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 10. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 11. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial 2 Tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente registro: 183581. de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 12. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".3 13. En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que los quejosos reclaman del Juez y ejecutor del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca, la omisión de remitir su sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal del Estado de Oaxaca, para que de esa manera puedan solicitar los beneficios a que aducen tienen derecho. la omisión de remitir su sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal del Estado de Oaxaca, para que de esa manera puedan solicitar los beneficios a que aducen tienen derecho. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 14. Son ciertos los actos reclamados en razón de que aun cuando al rendir su informe con justificación hayan negado el acto que le fue atribuido, las constancias que adjuntó la autoridad ordenadora desvirtuaron dicha negativa. 15. Se justifica lo anterior, en razón de que el referido Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca, remitió 3 La tesis está dada con fundamento en la anterior Ley de Amparo, pero resulta aplicable, ya que en la nueva Ley Reglamentaria existe la misma disposición que existía en el artículo 77, fracción I, de la abrogada ley, que es la que interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIX, abril de 2004, novena época, página 255. copia certificada de diversas constancias del expediente penal 28/2014, instruido contra los impetrantes del amparo, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que mediante oficio 471/2020 puso a disposición del Juez de Ejecución Penal, con sede en Ixcotel, Oaxaca, a fin de que de esa manera puedan ser valoradas en relación a los beneficios a que aducen tienen derecho; por ende, válidamente puede presumirse que los actos reclamados existían en la fecha de presentación de la demanda. VIII. PROCEDENCIA 16. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 16. En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. 17. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. 18. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella.4 19. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. 4 El criterio se localiza en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, junio de 1999, tesis 2a./J. 59/99, página 38). 20. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 21. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO"5 y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL".6 22. Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. 23. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos 5 Su texto establece: "Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los datos de localización son: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, febrero de 1998, página 210. 6 Su texto establece: "La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Éstos son sus datos de localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, noviembre de 1997, tesis P. CL/97, página 71. reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. 24. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". 25. En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, los quejosos reclamaron la omisión por parte de la responsables en remitir su sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal del Estado de Oaxaca, para que de esa manera puedan solicitar los beneficios a que aducen tienen derecho. 26. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de omisión reclama al citado juez y al ejecutor. 27. Sin embargo, la autoridad responsable. al rendir su informe justificado y en alcance al mismo remitió el oficio con el cual se advierte que puso a disposición del Juez de Ejecución con sede en Ixcotel, Oaxaca, a los impetrantes del amparo, a fin de que con las constancias deducidas de la causa penal 28/2014 puedan ser valoradas en relación a los beneficios a que aducen tienen derecho. 28. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable remitió copia certificada del oficio dirigido al Juez de Ejecución con sede en Ixcotel, Oaxaca, a fin de que de esa manera puedan ser valoradas en relación a los beneficios a que aducen tienen derecho en la causa penal 28/2014. 29. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado la resolución señalada en el párrafo que antecede (de la cual se hizo del conocimiento al inconforme después de instado el juicio de derechos fundamentales), ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada desde el momento en que fue informada del resultado de aquellos, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 30. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." 31. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto de los actos impugnados a la Junta Especial Número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. IX. DECISIÓN 32. Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. 33. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por y **, contra la omisión reclamada, por las razones expresadas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta y se tiene como prueba de la autoridad oficiante las documentales que remiten, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de los quejosos ** y **, por medio del cual hacen diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano