Obed Miguel García Aragón

Expediente 834/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
834/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Obed Miguel García Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó la demanda de amparo ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 99°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado. IV. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y como se desechó la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV del numeral 20 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. VI. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Oficio para obrar. Finalmente, respecto al oficio y anexo remitido electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en esta entidad federativa, mediante el cual remite la diversa misiva procedente del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, únicamente téngase obrando sin mayor proveer, tomando en consideración que por auto de once de septiembre de este año, se dio de baja el despacho a que hace referencia el juzgado del fuero común. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que devuelve el despacho con número de orden 161/2023 y número de origen 111/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, como diligenciado en virtud que notificó al quejoso el contenido del auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, dese de baja el referido despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, se giró el despacho 161/2023 y de origen 111/2023, dirigido al Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara el referido auto al directo quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al referido juzgado, a efecto que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, informe el estado que guarda el citado despacho. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización , de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 834/2023. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Aspectos preliminares. En virtud que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad como un todo a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para resolver el fondo del asunto." Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca. Subsecretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Comisionado de la Policía Estatal. Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social Director General de Reinserción Social. Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. Encargado de Seguridad y custodia en turno del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca. Dirección de Seguridad del Sistema Penitenciario. Acto reclamado: El traslado ejecutado en su contra el veinte de julio de dos mil veintitrés, del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, sector C, al Centro Varonil de Mediana Seguridad Tanivet. En otro punto, precisa señalar que aun cuando se combaten la orden y la ejecución del citado traslado, tales actos no implican ataques a la libertad personal fuera de procedimiento en términos de lo señalado por el ordinal 15 de la Ley de Amparo, porque en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) , la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial previa, al contar con una regulación específica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; de ahí que no se está en algún supuesto de urgencia previsto por los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo y tampoco por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Obed Miguel García Aragón, porque en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables, consistente en el traslado ejecutado en su contra el veinte de julio de dos mil veintitrés, del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, sector C, al Centro Varonil de Mediana Seguridad Tanivet, Oaxaca, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el justiciable no observó el principio de definitividad que rige a este medio extraordinario de defensa, porque no promovió la controversia judicial en términos de lo dispuesto por el precepto 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a esta instancia constitucional, no obstante que a través de ese mecanismo de defensa podía obtener la revocación o la modificación de las citadas actuaciones, así como la suspensión de estas últimas sin mayores requisitos a los establecidos por la ley de la materia. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, mediante una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo están previstos por el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio constitucional es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que el juicio de protección de los derechos fundamentales se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Por ello, la Carta Magna y la Ley de Amparo restringen la procedencia del juicio de amparo al atribuirle el carácter de instancia extraordinaria; esto es, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa. Tal postulado se regula por el arábigo 107, fracción IV, del Pacto Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Así, antes de acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación debe darse la posibilidad a los Tribunales ordinarios o a otras autoridades del Estado -tanto jurisdiccionales como administrativas- de dirimir la controversia, a fin de que los primeros actúen únicamente cuando se trate de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que sólo se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe señalar que el incumplimiento del deber de agotar todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercer la acción constitucional provoca la improcedencia del amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio respectivo. Las consideraciones anteriores se sustentan en la jurisprudencia 451 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Ahora, de los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de tales actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que esta última legislación consigna para conceder la suspensión definitiva, ni señale un plazo mayor que el que la ley de la materia establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación que norma a este juicio constitucional. Esas normas también establecen que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución General de la República o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Igualmente debe destacarse que el precepto legal invocado prescribe que operará la excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable señale en su informe justificado la fundamentación y la motivación del acto reclamado. En ese contexto, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio se requiere de la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que el acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. 3. Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo. 4. Que el acto reclamado goce de fundamentación. Precisado lo anterior procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causal de improcedencia que se examina. En principio debe decirse que el acto reclamado fueron dictados por autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dado que el impetrante señala que la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisionado de la Policía Estatal, Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, Director General de Reinserción Social, Director del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, Encargado de Seguridad y custodia en turno del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca, Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, Oaxaca y Dirección de Seguridad del Sistema Penitenciario fueron quienes emitieron el traslado que impugna, con lo que se satisface el primer elemento configurativo de la causal referida. Por lo que atañe al segundo de los elementos exigidos por la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo analizada debe decirse que las actuaciones impugnadas son susceptibles de ser modificadas o revocadas a través de la controversia judicial prevista por el dispositivo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: Ley Nacional de Ejecución Penal "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. [.] Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]". De la norma inserta se obtiene que las personas privadas de la libertad personal en materia de traslados pueden interponer ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda la controversia judicial en contra de una orden que disponga su traslado de un centro penitenciario a otro y de la ejecución de ese mandamiento. En tal sentido, el traslado ejecutado en contra del disconforme el veinte de julio de dos mil veintitrés, del Centro Penitenciario de la Villa de Etla, sector C al Centro Varonil de Mediana Seguridad Tanivet, debe impugnarse a través de la controversia judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, porque a través de ese medio ordinario de defensa pueden modificarse o revocarse dichas actuaciones. Para demostrar lo anterior debe precisarse que el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional" y señala que la controversia judicial deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que una vez recibida la solicitud la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con setenta y dos horas para admitir la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. En el segundo párrafo, del artículo 124 de la mencionada legislación que regula la sustanciación de la controversia judicial precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de control o de ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva el asunto. De la lectura de los numerales 123 y 124 citados, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita, no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la suspensión debe decretarse en forma inmediata de oficio o a petición de parte. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé en el artículo 190 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional que es de veinticuatro horas, por el contrario, se observa que la Ley Nacional prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder de manera inmediata la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Incluso, el hecho de que la Ley Nacional establezca que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente (como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario), la autoridad jurisdiccional tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, permite concluir que si bien los casos de traslado urgente -sin control judicial previo- se ejecutan antes de que se inicie el trámite de la controversia judicial, ello no da lugar a que dicho medio legal quede sin materia, porque los efectos del traslado sobre las condiciones del cumplimiento de la pena o medida de seguridad en internamiento son continuas y pueden suspenderse con efectos restitutorios, devolviendo al reo, cuando proceda, al centro de reclusión original. De no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. La controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional es un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el juez de ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Entonces, la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Ello, porque la orden de traslado que combate el justiciable configura un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En esa tesitura, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, solo se requiere que la persona privada de la libertad realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata; por tanto, está colmado el tercer requerimiento indicado. Es así, porque el traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la ley, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento. Bajo esa lógica, a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas, a partir de lo cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Facultad que les corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Así, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal por sí no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el juez de control o el juez de ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. De resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y al respecto existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene diseñado un esquema regulatorio que permite que cualquier orden de traslado de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, ejecutada por una autoridad administrativa sin previo control judicial, pueda ser impugnada a través de un medio de defensa eficaz. Así, el afectado se encuentra obligado a agotar el referido recurso antes de instar el juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad. Entonces, si ahora se cuenta con la Ley Nacional de Ejecución Penal que es la legislación especial que regula las condiciones de internamiento y de ejecución de sanciones penales de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, y en ella se faculta a la autoridad administrativa para que, en específicos supuestos ordene y ejecute una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, sin control judicial previo, porque previene que en ese caso, el referido control se realizará con posterioridad. En esas condiciones, ya no es válido concebir a la orden de traslado que se ejecuta sin control judicial previo, como un acto que afecte la libertad personal dictado fuera de procedimiento, aunque la calificación en cuanto a su legalidad se haya prescrito para un momento posterior y esto no se realice, ya que la persona afectada con el traslado podrá promover la controversia judicial, que es el recurso previsto en la ley, a través del cual, la determinación de traslado puede ser revocada. En esa línea, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, que como quedó precisado, se debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En ese contexto, es factible concluir que el presente medio procesal de tutela constitucional resulta improcedente porque contra el acto reclamado procede la controversia judicial prevista por el precepto 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aunado a que conforme a lo establecido por el dispositivo 122 del citado ordenamiento puede solicitarse la suspensión de esa actuación sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Es preciso establecer que en la especie no se está en el supuesto de excepción relativo a que únicamente se aduzcan violaciones directas a la Constitución Federal y que por ello sea innecesario agotar los medios ordinarios de defensa, en tanto que el peticionario del amparo también expone vicios de legalidad contra las actuaciones combatidas; por ende, al alegarse violaciones indirectas a la Constitución General de la República necesariamente debe observarse el principio de definitividad previo a la promoción del juicio constitucional. Bajo ese contexto, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el justiciable no observó el principio de definitividad; de ahí que este juicio de amparo sea improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1513, del libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023736, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". En las relatadas condiciones, dado que en contra de los actos reclamados procedía la controversia judicial ante el Juez de Control o de Ejecución correspondiente es inconcuso que el inconforme se encontraba obligado a agotarla previo a la promoción de este medio extraordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige al presente medio extraordinario de defensa y al no haber acatado ese principio rector se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que al patentizarse ese supuesto de improcedencia en los términos apuntados conforme a lo prescrito por el ordinal 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Obed Miguel García Aragón. Sin que pase desapercibido, que también señala como acto reclamado la incomunicación de que fue objeto; sin embargo, dicho acto lo hace depender precisamente del traslado efectuado el veinte de julio del año en curso, y no como un diverso acto destacado. De ahí que ambos actos reclamados se encuentran vinculados entre sí. Notificación al promovente. En virtud que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Varonil de Mediana Seguridad Tanivet, con fundamento en los artículos 26 fracción I y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juzgado Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca, para que en auxilio a las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se haga presente en el referido centro penitenciario y notifique al quejoso ********************el contenido de este acuerdo. En el entendido que las diligencias que deriven del despacho que para tal fin sea librado, podrán realizarse en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por la Secretaria de acuerdos adscrita a este órgano jurisdiccional. Autorizado: Se tiene como su autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala por no contar con cedula profesional dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese.

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