Ociel Marroquín Solís

Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
399/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Ociel Marroquín Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: OCIEL MARROQUÍN SOLÍS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ociel Marroquín Solís, sin que hayan hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro orden de ideas, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: OCIEL MARROQUÍN SOLÍS. Recepción de escrito. Visto el escrito del quejoso Ociel Marroquín Solís, por el cual cumple con las prevenciones formuladas en auto de doce de abril de dos mil diecinueve. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que la parte promovente señala como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La norma general, acto u omisión que se reclama de la responsable es la falta de respuesta a mi petición planteada mediante escrito de data 7 siete de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, debidamente presentado en la oficialía de partes de la Sub Secretaría de Finanzas (Dirección de Catastro), Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán..." (Sic). Asimismo, precisó los antecedentes siguientes: 1. El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso demandó en la vía ordinaria civil a Carlos Aguilera Macías la prescripción adquisitiva de la fracción de un bien inmueble; demanda de la que tocó conocer al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, el que la registró bajo el número 873/2016. 2. Seguido sus trámites, el seis de diciembre de ese año, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción ejercida por el quejoso. 3. El dieciséis de enero de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia mencionada, por lo que se expidieron los oficios correspondientes para ser entregados a la Dirección de Catastro y Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, ambas del Estado de Michoacán, con la finalidad de dar de alta el bien inmueble en favor del quejoso con base en la sentencia, a fin de que constituya título de propiedad. 4. Con dichos comunicados, y previo a ser entregados, el quejoso acudió al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, a realizar diversos trámites administrativos respecto a la autorización de la subdivisión proveniente de resoluciones judiciales. 5. Una vez que se cumplieron los mismos, el quejoso compareció ante la Dirección de Catastro del Estado de Michoacán para hacer entrega del oficio girado por el juez de primera instancia, así como los diversos relativos a la subdivisión del lote; así, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito dirigido a dicha dirección, solicitó el desglose catastral del predio. Y, finalmente, con motivo de la prevención de doce de abril del año en curso, indicó lo siguiente: "La omisión del Director Catastro en el Estado de Michoacán, de no dar respuesta oportuna a mi escrito de petición de data 7 siete de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, no se hizo del conocimiento al juez cuarto de primera instancia en materia civil del distrito judicial donde se radicó el juicio de prescripción adquisitiva número 873/2019, toda vez que hasta este momento no se tiene certeza si el Director de Catastro vaya a cumplir o no con la resolución judicial dictada por el mencionado juez, ya que para arribar a esa conjetura o conclusión, primero se tiene que llevar a cabo el desglose catastral, y posteriormente la autoridad responsable ahora si debe de dar de alta en su padrón catastral el bien inmueble materia de la usucapión y otorgarle una clave catastral a dicho bien, ello en atención a la sentencia ejecutoriada y al oficio que se giró del juzgado de origen..." (Sic). ? Fijación de los actos reclamados al Director de Catastro en el Estado de Michoacán. En efecto, de la interpretación integral de la demanda, anexos y lo transcrito se aprecia claramente que los actos que reclama son los siguientes:  La omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se solicitó el desglose catastral de la fracción de un predio con motivo de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 873/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éste último en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Es así, toda vez que el quejoso Ociel Marroquín Solís reclama, esencialmente, la omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se solicitó el desglose catastral de la fracción de un predio con motivo de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 873/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. Precisado lo anterior, debe decirse que respecto de dicho acto sobreviene la causal de improcedencia referida, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, pues no goza de la definitividad necesaria para ejercer un control constitucional, por lo siguiente. Al respecto, conviene destacar que los desgloses catastrales, en esta entidad federativa, se realizan atendiendo al contenido de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán , los cuales establecen, entre otras cosas, que se debe de dar aviso al Catastro cualquier acto relativo a la concesión o autorización para realizar fraccionamientos, subdivisiones, relotificaciones, fusiones, constitución de condominios o conjuntos habitacionales de algún predio. Asimismo, dicho ordenamiento legal impone la obligación a la Dirección de Catastro que se asienten tales anotaciones -ordenadas por las autoridades competentes, entre ellas, las jurisdiccionales- en los libros correspondientes. Ahora, la parte quejosa, en la demanda de amparo, pretende que este juzgador ejerza un control constitucional sobre la omisión por parte del Director de Catastro, a realizar el desglose catastral ordenado dentro del juicio ordinario civil 873/2016. Sin embargo, la parte promoverte soslayó el hecho de que la autoridad que debe velar por el cumplimiento de sus determinaciones es, precisamente, el juez natural, es decir, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, que es el que ordenó la inscripción de dicho predio y, por tanto, el desglose antes aludido. De lo que se sigue que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio constitucional, debió hacer del conocimiento del juez natural la anterior situación, a fin de que éste, en términos de la facultad que le confiere el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán , ejerciera los medios de apremio correspondientes para hacer cumplir sus propias determinaciones. Lo que traería como consecuencia que se modifique o anule el acto reclamado -omisión de realizar un desglose catastral-. Por lo que, como se asentó previamente, el juicio de amparo es improcedente, pues esa omisión de la autoridad -que deriva de una orden emitida por el juez natural- debe ser controvertida en el juicio ordinario civil del que derivó, en términos de lo dispuesto por los artículos 131 del citado código adjetivo y 37 de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán, conforme a los cuales se determina, en esencia, que las autoridades que autoricen actos que reconozcan o modifiquen la situación de bienes inmuebles, se debe comunicar al Catastro; por lo que las propias autoridades deben velar por el cumplimiento de sus determinaciones. De lo que se sigue que existe un procedimiento a través del cual se puede modificar o nulificar el acto que se reclama en esta instancia constitucional. Por tanto, corresponde al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, quien decretó el desglose catastral dentro del juicio ordinario civil 873/2016 dilucidar la cuestión aquí planteada, esto es, analizar la omisión del Director de Catastro del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, respecto al aludido desglose, en términos de lo dispuesto por los artículos 131 del Código de Procedimientos Civiles, 37 de la Ley de Catastro, ambos de esta entidad federativa, por ser la autoridad que está en aptitud de pronunciarse en cuanto a la omisión de no atender la solicitud de desglose catastral. Lo anterior es así, toda vez que la intención prevista en dichos ordenamientos legales por el legislador fue que los jueces, como rectores de los procedimientos que se tramitan ante su potestad, sean los que velen por el cumplimiento de sus determinaciones, poniendo a su alcance los medios de apremio correspondientes y por los cuales puedan modificar o nulificar los actos que vayan en contravención a sus determinaciones. De ahí que corresponde a los jueces ante los que se tramitan los juicios correspondientes todo lo inherente al cumplimiento de sus propias determinaciones. En ese tenor, es dable concluir que la parte quejosa, previamente a acudir al juicio de amparo, debió hacer del conocimiento del juez natural la anterior situación, pues el acto reclamado tiene que ver con la omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se solicitó el desglose catastral de la fracción de un predio con motivo de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 873/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, por lo que el cumplimiento de la sentencia es competencia de los jueces naturales dentro de los procedimientos jurisdiccionales ventilados ante su potestad; por ende, su efectividad y eficacia están bajo control del órgano jurisdiccional que las emite; de ahí que el eventual incumplimiento del orden correspondería al juez natural determinar su efectividad. Se afirma lo anterior dado que, en términos de los referidos artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán, la referida dirección actuó en atención a la solicitud formulada -petición de desglose catastral- y, en el acto cuyo estudio se realiza, la autoridad responsable únicamente se limitó a no responder, por el momento, la solicitud. Por lo que, atendiendo al procedimiento previsto, es el juez natural el que debe decidir sobre la legalidad o no de la omisión de atender la petición de desglose catastral. Por ello, como se ha sostenido, si en las leyes comunes en el Estado de Michoacán se establece un procedimiento para obtener y cancelar una inscripción registral y, toda vez que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de la propiedad de un inmueble, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto; y, por tanto, es necesario que la quejosa agote el procedimiento que revoque, modifique o nulifique la omisión de atender la solicitud de desglose combatida. ? Desechamiento. De ahí que resulta indiscutible que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, todos de la Ley de Amparo y, por tanto, se desecha la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Capturas y anotaciones del expediente. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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