Nurivan Viloria Martínez

Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
745/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Nurivan Viloria Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS para resolver el juicio de amparo 745/2021 promovido por Nurivan Viloria Martínez por propio derecho quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1 14 16 17 123 apartada A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida al Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer el amparo solicitado Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO Precisión de la omisión reclamada1 La quejosa la hace consistir en lo siguiente:  La negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: a) Composición Tipográfica correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Literatura Intercultural Tercer semestre b) Edición Digital correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Literatura Intercultural Cuarto semestre SEGUNDO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia es competente para resolver el presente asunto en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 48 y 51 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 35 de la Ley de Amparo en relación con los puntos primero fracción XI y cuarto fracción XI párrafo segundo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 ; en virtud de que es un acto omisivo emitido por autoridad con residencia en la circunscripción territorial de este juzgado TERCERO Norma general acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada Al rendir el informe justificado aceptó la existencia de la omisión de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias de Composición Tipográfica y Edición digital pues manifestó que el treinta de julio de dos mil veintiuno le informó a la quejosa que no era posible aperturar concursos de oposición abierta en los términos solicitados CUARTO Causas de improcedencia Establecida la existencia de la omisión como se precisó en el considerando que precede se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1° 5° fracción II y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1o El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte" "Artículo 5o Son partes en el juicio: II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general " "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley " De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En ese tenor de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquélla que ordena emite autoriza lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y por ende como acto de autoridad a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución Además el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado Así también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a /J 64/2011 las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio resulta irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera del consenso de la voluntad del afectado Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 Tomo V febrero de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda Parte que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales ya de hecho y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen" cuyo primer precedente data de 1919 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado Por ello la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados pues estos organismos en su actuación con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado Esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Por ello este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades" Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee en la página 1089 Tomo XXXIV Septiembre de 2011 Novena Época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado " Asimismo el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares Interpretado lo anterior en sentido contrario el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir cuando la autoridad señalada como responsable con independencia de su naturaleza formal no actúe provista de imperio para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación de coordinación y de supra a subordinación a Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional el juicio de amparo Se caracterizan por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Por tanto es necesario examinar si la naturaleza de la omisión reclamada por la parte peticionaria de amparo al Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México implica una relación de coordinación entre particulares o bien si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación a saber entre gobernado y gobernante y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no para efectos del juicio de garantías ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto La omisión reclamada en este juicio constitucional consiste esencialmente en aspecto relacionado a la relación laboral que dice tener la quejosa con la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México ya que se llevó a cabo dentro del marco en cuanto trabajadora que dice ser de dicha Institución Universitaria tal como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en la narración de antecedentes que hace y lo acredita con las documentales que adjuntó Ello pone de manifiesto que la omisión reclamada deriva de una relación jurídico laboral en la que la autoridad señalada como responsable tiene el carácter de patrón (mas no de autoridad) y la parte quejosa de empleada (mas no de gobernada respecto de aquéllas) porque ésta actúa como trabajadora a su decir dependiente de dicha Universidad; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral pues de resultar acertado lo argumentado por ella sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón es decir como responsables de velar por la adscripción de sus trabajadores Se sostiene lo anterior virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata sino del tipo de actos que emite inherente a sus atribuciones o facultades y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1° fracción I de la Ley de Amparo Lo que en el caso no acontece dado que el presente juicio de amparo lo promovió la quejosa en cuanto trabajadora que dice ser de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y los actos reclamados los constituyen medularmente según dicen la omisión de convocar a un concurso de oposición abierto para ingreso para ser profesora de asignatura definitivo vulnerando así diversos derechos humanos De ese modo aun cuando la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México señalada en la demanda de amparo pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de alguna de sus atribuciones ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquello en los que intervenga deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto la omisión reclamada deba ser considerada como de autoridad para los efectos del presente juicio Apoya lo anterior la tesis número I 15o A 36 K de noviembre de dos mil ocho visible en la página 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes de manera coactiva impongan las consecuencias jurídicas procedentes En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado entre ellos destaca en el ámbito ordinario el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y por esto la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales Finalmente las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Carta Magna En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional" En esas condiciones se colige que la omisión reclamada no se realizó en virtud de una relación de supra a subordinación esto es entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos sino en una relación de coordinación esto es en un plano de igualdad; dicho de otra forma tenga característica distintiva a los actos de autoridad puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia pues en realidad implica -según lo afirma la parte quejosa- diversos actos relativos a aspectos concernientes en su calidad de trabajador con base en la relación laboral que guardan con la Institución Universitaria Es aplicable por identidad jurídica el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a /J 111/2010 visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII Agosto de 2010 de rubro y texto siguiente: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO De los artículos 90 93 y 131 de la Constitución Política; 13 14 fracción IV 24 fracción VI y 94 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o 4o 5o 7o 8o 44 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54 fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial todos del Estado de San Luis Potosí se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado y sus decisiones son definitivas e inatacables salvo las referidas a la designación adscripción remoción y no ratificación de Jueces las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales Por otra parte en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer entre otros conflictos de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación Consecuentemente el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad" En las relatadas condiciones al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1° fracción I y 5 fracción II a contrario sensu de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer el presente asunto Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nurivan Viloria Martínez respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. S E N T E N C I A VISTOS para resolver el juicio de amparo 745/2021 promovido por Nurivan Viloria Martínez por propio derecho quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1 14 16 17 123 apartada A y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida al Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer el amparo solicitado Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO Precisión de la omisión reclamada1 La quejosa la hace consistir en lo siguiente:  La negativa de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias siguientes: a) Composición Tipográfica correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Literatura Intercultural Tercer semestre b) Edición Digital correspondiente al plan de estudios de la licenciatura en Literatura Intercultural Cuarto semestre SEGUNDO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia es competente para resolver el presente asunto en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 48 y 51 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 35 de la Ley de Amparo en relación con los puntos primero fracción XI y cuarto fracción XI párrafo segundo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 ; en virtud de que es un acto omisivo emitido por autoridad con residencia en la circunscripción territorial de este juzgado TERCERO Norma general acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada Al rendir el informe justificado aceptó la existencia de la omisión de abrir el concurso de oposición abierto para el puesto de profesor de asignatura "A" definitivo respecto de las materias de Composición Tipográfica y Edición digital pues manifestó que el treinta de julio de dos mil veintiuno le informó a la quejosa que no era posible aperturar concursos de oposición abierta en los términos solicitados CUARTO Causas de improcedencia Establecida la existencia de la omisión como se precisó en el considerando que precede se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 1° 5° fracción II y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1o El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte" "Artículo 5o Son partes en el juicio: II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general " "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley " De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En ese tenor de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquélla que ordena emite autoriza lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y por ende como acto de autoridad a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución Además el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado Así también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a /J 64/2011 las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio resulta irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera del consenso de la voluntad del afectado Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 Tomo V febrero de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda Parte que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales ya de hecho y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen" cuyo primer precedente data de 1919 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado Por ello la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados pues estos organismos en su actuación con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado Esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Por ello este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades" Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee en la página 1089 Tomo XXXIV Septiembre de 2011 Novena Época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado " Asimismo el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares Interpretado lo anterior en sentido contrario el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir cuando la autoridad señalada como responsable con independencia de su naturaleza formal no actúe provista de imperio para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación de coordinación y de supra a subordinación a Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional el juicio de amparo Se caracterizan por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Por tanto es necesario examinar si la naturaleza de la omisión reclamada por la parte peticionaria de amparo al Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México implica una relación de coordinación entre particulares o bien si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación a saber entre gobernado y gobernante y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no para efectos del juicio de garantías ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto La omisión reclamada en este juicio constitucional consiste esencialmente en aspecto relacionado a la relación laboral que dice tener la quejosa con la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México ya que se llevó a cabo dentro del marco en cuanto trabajadora que dice ser de dicha Institución Universitaria tal como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en la narración de antecedentes que hace y lo acredita con las documentales que adjuntó Ello pone de manifiesto que la omisión reclamada deriva de una relación jurídico laboral en la que la autoridad señalada como responsable tiene el carácter de patrón (mas no de autoridad) y la parte quejosa de empleada (mas no de gobernada respecto de aquéllas) porque ésta actúa como trabajadora a su decir dependiente de dicha Universidad; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral pues de resultar acertado lo argumentado por ella sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón es decir como responsables de velar por la adscripción de sus trabajadores Se sostiene lo anterior virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata sino del tipo de actos que emite inherente a sus atribuciones o facultades y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1° fracción I de la Ley de Amparo Lo que en el caso no acontece dado que el presente juicio de amparo lo promovió la quejosa en cuanto trabajadora que dice ser de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y los actos reclamados los constituyen medularmente según dicen la omisión de convocar a un concurso de oposición abierto para ingreso para ser profesora de asignatura definitivo vulnerando así diversos derechos humanos De ese modo aun cuando la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México señalada en la demanda de amparo pudiera tener el carácter de autoridad con motivo de alguna de sus atribuciones ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquello en los que intervenga deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto la omisión reclamada deba ser considerada como de autoridad para los efectos del presente juicio Apoya lo anterior la tesis número I 15o A 36 K de noviembre de dos mil ocho visible en la página 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AMPARO EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes de manera coactiva impongan las consecuencias jurídicas procedentes En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado entre ellos destaca en el ámbito ordinario el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y por esto la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales Finalmente las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Carta Magna En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional" En esas condiciones se colige que la omisión reclamada no se realizó en virtud de una relación de supra a subordinación esto es entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos sino en una relación de coordinación esto es en un plano de igualdad; dicho de otra forma tenga característica distintiva a los actos de autoridad puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia pues en realidad implica -según lo afirma la parte quejosa- diversos actos relativos a aspectos concernientes en su calidad de trabajador con base en la relación laboral que guardan con la Institución Universitaria Es aplicable por identidad jurídica el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a /J 111/2010 visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII Agosto de 2010 de rubro y texto siguiente: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO De los artículos 90 93 y 131 de la Constitución Política; 13 14 fracción IV 24 fracción VI y 94 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o 4o 5o 7o 8o 44 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54 fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial todos del Estado de San Luis Potosí se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado y sus decisiones son definitivas e inatacables salvo las referidas a la designación adscripción remoción y no ratificación de Jueces las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales Por otra parte en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer entre otros conflictos de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación Consecuentemente el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad" En las relatadas condiciones al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1° fracción I y 5 fracción II a contrario sensu de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer el presente asunto Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nurivan Viloria Martínez respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia

  3. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Morelia, Michoacán a las diez horas con cinco minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, en el juicio de amparo 745/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida la Secretaria relaciona, como principales constancias del expediente, la demanda de amparo, el auto de admisión y el informe justificado y las constancias de notificación practicadas. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en la demanda, así como por la autoridad responsable en su informe justificado; y, sobre el particular, el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al cual acompaña diversas constancias como soporte al mismo: Presidente del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 2. Domicilio y delegados. Por otra parte, téngase como sus delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Asimismo, en virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo, se autoriza a los profesionistas antes referidos, el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente incidente de suspensión, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. 3. Datos de contacto. Se tiene proporcionando correos electrónicos y números telefónicos para los efectos legales a que haya lugar, los que señala. Asimismo, se instruye al servidor público comisionado para la atención a las personas justiciables mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, que mantenga bajo debido resguardo estos datos y los ponga a disposición del personal que así lo requiera para que se utilicen como efectivos canales de comunicación tanto para requerir o recibir información derivada de este asunto de manera ágil y segura, como para generar las condiciones adecuadas para que las notificaciones y demás actuaciones que deban practicarse resulten exitosas, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas.

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