Ocar Rebollar Jacobo

Expediente 631/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
631/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Ocar Rebollar Jacobo
  • Alicia Alcauter Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 4843 mediante el cual se le comunico el archivo del presente asunto y se le devolvió un tomo de pruebas, de lo que esta potestad federal toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que del sumario se aprecia que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, adjuntó a su informe justificado las constancias de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Sin que sea necesario ordenar la devolución de documentos originales y garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros en el presente asunto, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de quince de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el dieciséis y diecinueve siguientes (fojas 128, 131 y 132). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 90 a 101), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Alicia Alcauter Álvarez, para los efectos que se reproducen: "[.] que la resolutora responsable deje sin efectos los autos de treinta y uno de mayo y doce de junio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respecta a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, determine que éste deberá ser con cargo al Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que pueda nombrarse otra experta de alguna institución pública. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que la juez familiar responsable interpretó de manera errónea el contenido de los artículos 1027 y 1028 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, al establecer que de acuerdo al primero de dichos normativos, la facultaba para designar perito en la materia a dictaminar, supuesto en el cual el costo de la opinión corría a cargo de las partes, aun cuando éstas no hubieran ofrecido ese medio de prueba. Sin embargo, -continúo diciendo- de acuerdo a una interpretación armónica de los citados numerales, cuando las partes dentro de un procedimiento ofrecen prueba pericial, corre a cargo de éstos cubrir los honorarios del experto designado por el juez de entre la lista emitida por el Consejo del Poder Judicial del Estado o el que nombre, si no existe ese listado. Pero, -agregó- si es el juez quien estima necesario el desahogo de una prueba, entonces, debe atender a la regla que, sobre el pago de honorarios, prevé el numeral 1028 del ordenamiento familiar citado, a saber, se realizaría a costa del presupuesto del Poder Judicial del Estado, previo estudio socioeconómico que practique el departamento de trabajo social de la propia institución. Lo anterior era así, porque el primero de los preceptos citados, en modo alguno hacía distinción al tipo de prueba que se podía requerir en un procedimiento familiar para mejor proveer; sólo indicaba que si es el juez de origen quien lo ordenaba, debía acudirse a la regla contemplada en el siguiente de los arábigos citados. Además, -continúo diciendo- interpretarlo en forma contraria equivaldría a dejar a la potestad de las partes la continuación de la controversia, pues quedaría sujeta a su decisión de cubrir el costo del dictamen, lo cual contravenía el artículo 17 constitucional en su aspecto de justicia pronta y expedita, pues aun cuando el juzgador estuviera en posibilidad de conminarlas para que cumplieran con lo ordenado, ello implicaría la dilación del procedimiento, lo que iría en detrimento de los derechos del menor pues tal medio de convicción se ordenó para mejor proveer sobre cuestiones atinentes a éste. Sentencia que causó ejecutoria el dieciocho de diciembre dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 117-118). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante oficios 50/2018 y 56/2018 (fojas 120 y 126), hizo del conocimiento de este juzgado que el diez de enero del año en curso, dejó sin efectos legales algunos los autos de treinta y uno de mayo y doce de junio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respectaba a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, que ordenó en forma oficiosa ese órgano jurisdiccional. Luego, al advertir de las constancias que integraban el expediente de origen, que en esa localidad no se contaba con trabajadoras sociales acreditadas con cédula profesional, determinó designar y con cargo al Poder Judicial del Estado, a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para lo cual ordenó girar misiva tanto a la Jefa de Departamento, a fin de que a la brevedad informara el nombre de la experta que debía practicar el estudio socioeconómico a los contendientes en dicho controvertido, como al Consejo del Poder Judicial del Estado, para que prestara las atenciones correspondientes para dar agilidad a lo anteriormente precisado. Ahora, del examen de la documental sintetizada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar sin efectos los autos de treinta y uno de mayo y doce de junio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respectó a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico; después, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado y, además, designó a la trabajadora social en turno que le correspondiera participar en dicho estudio, adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el diez de enero de dos mil dieciocho en el juicio ordinario oral 240/2017, sobre divorcio sin expresión de causa, dejó sin efectos los autos de treinta y uno de mayo y doce de junio, ambos de dos mil diecisiete, únicamente en lo que respectó a la obligación de las partes de cubrir el cincuenta por ciento cada una del costo del dictamen pericial socioeconómico, determinó que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, y nombró otra experta adscrita al Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos unos autos -dos-, pero únicamente en lo que respectó a la obligación de las partes de cubrir un porcentaje del costo de un dictamen pericial, determinar que éste debería ser con cargo al Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de que pudiera nombrar otra experta de alguna institución pública. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el comunicado la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin que sea necesario proveer en cuanto al fondo de su contenido, toda vez que en auto de quince de los actuales se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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