Obet Salazar Lopez
Expediente 469/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Obet Salazar Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito secretario encargado del despacho que no obran en autos las constancias de notificación de las autoridades responsables identificadas con los numerales 2 y 5, de la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a esa autoridad, ya que se sobreseyó en el presente juicio; y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoyan lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de caa una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Obet Salazar López u Obed Salazar López, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el representante de la autoridad responsable Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a través del cual -en cumplimiento al requerimiento de trece de junio de dos mil diecinueve- remite diversas constancias de las que se aprecia que no se encuentra vigente mandamiento de captura alguno (orden de aprehensión) en contra del quejoso Obet Salazar López u Obed Salazar López, dentro de los autos del proceso 80/2012 y su acumulado 81/2012 de la estadística del Juzgado de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla. Consecuentemente, se ordena dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga. Así mismo, con fundamento en el párrafo quinto del numeral invocado (117 de la Ley de Amparo), en relación con el diverso 119 ídem, ténganse dichas documentales como pruebas de la citada autoridad; las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por el 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de diez de junio pasado, en el que se le requirió para que aclarara su informe justificado. Sin embargo, en el oficio de cuenta reitera lo que precisó en el informe justificado que rindió el veintisiete de mayo pasado, esto es, manifiesta lo siguiente: "(.) ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO por el quejoso OBET SALAZAR LÓPEZ U OBED SALAZAR LÓPEZ. Ya que se tiene conocimiento que existe una Orden de Aprehensión, librada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro del Proceso 80/2012, por los delitos de ATAQUES A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, DESPOJO EN SU MODALIDAD DE INVASIÓN, MOTÍN, y proceso 81/2012, por los delitos de DESPOJO EN SU MODALIDAD DE INVASIÓN, MOTÍN, Y RESISTENCIA DE PARTICULARES, en contra de OBED SALAZAR LÓPEZ, la cual fue turnada al Agente del Ministerio Público, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de ese lugar para su cumplimiento. (.)" [Lo subrayado en la última parte, no es de origen.] Ahora, en el auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se le indicó que -de acuerdo con la información proporcionada por el 1. Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla-, el catorce de septiembre de dos mil doce, se ejecutó la orden de aprehensión en contra del procesado (aquí quejoso) Obet Salazar López u Obed Salazar López, que se libró en los autos del proceso 80/2012 y su acumulado 81/2012; por lo que, debía aclarar la razón por la que continúa en sus registros pendiente de cumplimentar la referida orden, sin que lo haya realizado. En consecuencia, se requiere nuevamente y por última ocasión al 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, realice las gestiones que estime pertinentes para averiguar con sus subalternos (Agente del Ministerio Público, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, ambos con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla) o inclusive indague con el 1. Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, sobre el estatus actual en que se encuentra la orden de captura dictada en contra de Obet Salazar López u Obed Salazar López, dentro del proceso 80/2012 y su acumulado 81/2012 del índice del Juzgado de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, para allegarse de la información y documentación pertinente que corrobore -de manera definitiva- sobre la vigencia o no de alguna orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso en el aludido proceso. Esto porque -se insiste-, de las constancias que integran el presente sumario constitucional se aprecia que el catorce de septiembre de dos mil doce, se ejecutó la orden de aprehensión en contra del procesado (aquí quejoso) Obet Salazar López u Obed Salazar López, tal como lo informó la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla; razón por la cual se debió cancelar la ejecución del mandamiento judicial que, según el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, se encuentra vigente. Se reitera al 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, para el caso de incumplimiento. Y, finalmente, se le hace saber que para el caso de no desahogar cabalmente este requerimiento, se procederá de conformidad con el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; (.)" Al margen de ello, con la finalidad de garantizar el eficaz cumplimiento de este requerimiento, se ordena girar oficio al Fiscal General del Estado de Puebla, para que en términos de lo dispuesto por los artículos 19, fracción I y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, conmine a su subalterno 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación (autoridad responsable en este expediente) para que cumpla completamente con lo ordenado en este acuerdo, pues con el actuar contumaz de éste último, se obstaculiza la integración de este sumario constitucional, en perjuicio de los derechos constitucionales de la parte quejosa, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que establece que se debe administrar justicia de manera pronta y expedita. Por ello, deberá -en el mismo plazo (veinticuatro horas)- informar vía correo electrónico a la dirección 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, las gestiones que comprueben que acató lo ordenado por esta autoridad. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, en el plazo y términos señalados, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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