Obdulio Islas Lobato
Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Obdulio Islas Lobato
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y en su atención, téngasele remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 11/2019 (orden 51/2019) del índice de este juzgado, mediante el cual, se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Obdulio Islas Lobato, el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 29/2019-C, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; en consecuencia, téngase por notificado al citado quejoso, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, dese de baja la comunicación oficial de mérito en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese de recibo la comunicación de mérito. Finalmente, se hace constar que se encuentra transcurriendo el término de tres días que por auto de catorce de enero pasado, se le concedió al citado quejoso, para que señalara domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla para oír y recibir notificaciones.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 2554/2019, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual, informa que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional determinó no insistir en declinar competencia legal a este juzgado, respecto del juicio de amparo 1069/2018 de su índice y, se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Obdulio Islas Lobato; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. En otro sentido, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009). Finalmente, intégrese a los presentes autos el oficio 1759/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y, en atención a su contenido, téngasele informando el trámite dado al exhorto 11/2019 (orden 51/2019) del índice de este Juzgado, mismo que radicó bajo el diverso 8/2019-VI-B; de lo que esta autoridad queda enterada, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio número 661/2019 signado por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, al que se anexa el original del juicio de amparo 1069/2018-D de su índice, promovido por Obdulio Islas Lobato, y un tomo de pruebas. Así mismo, fórmese expediente y regístrese con el número 29/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este órgano jurisdiccional, no comparte las consideraciones vertidas por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco y, por ende, no se acepta la competencia declinada. Lo anterior, porque el Encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, se declaró legalmente incompetente para resolver en el juicio 1069/2018-D de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por Obdulio Islas Lobato, en donde señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, librada en su contra por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, Puebla, dentro de los autos de la causa penal 35/1998 de su índice, y otras autoridades, en virtud de que las ordenadoras y ejecutorias, con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción (Estado de Tlaxcala), negaron el acto reclamado, y una autoridad ordenadora, con residencia en donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito (Estado de Puebla), lo aceptó. Luego, de acuerdo con las reglas de competencia para el juicio de amparo, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente caso, el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión y su ejecución, el cual, al ser restrictivo de la libertad deambulatoria del accionante del juicio constitucional, por naturaleza es esencialmente ejecutiva e instantánea, pues al cumplimentarse deberá ponerse al privado de su libertad bajo la potestad de la autoridad que lo requiera. Ahora, en congruencia con la regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, los cuales requieren de ejecución material inmediata, corresponde conocer del juicio constitucional al Juzgador Federal que ejerza sus funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, en el sentido de que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, empero, si las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del juez de Distrito lo hacía competente, niegan el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional, salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y remitir lo actuado al juzgado que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Esto, pues en caso de que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras en sus informes justificados nieguen los actos que se les atribuyen, el quejoso tiene oportunidad para controvertir y desvirtuar esas negativas, desde que se le da vista con el contenido de esos informes hasta la celebración de la audiencia constitucional, de modo que, si una vez iniciada la celebración de la audiencia respectiva, en su fase probatoria no queda acreditada la existencia de esos actos reclamados a las autoridades ejecutoras, esta particular situación debe motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia y, entonces, el juez de Distrito debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso juez Federal en cuya jurisdicción y de acuerdo a las constancias de autos, aparezca que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, las siguientes jurisprudencias cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por ende, si bien es verdad que las autoridades responsables residentes en la jurisdicción territorial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, y que lo hacían competente, negaron la existencia de los actos inicialmente reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa (hasta el momento en que se emitió el acuerdo de incompetencia, esto es, antes de la celebración de la audiencia constitucional), lo cierto es que, de conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado, era menester que dicho juzgado de Distrito diera al quejoso oportunidad de controvertir y desvirtuar esa negativa hasta la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior es aplicable al presente asunto, ya que es congruente con el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado a través de las reglas de la Ley de la Materia, que determinan la competencia del juicio de amparo, desde la perspectiva que el peticionario del amparo puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, para obtener pruebas que estime pertinentes para desvirtuar las negativas de las autoridades ejecutoras, ofrecerlas y desahogarlas ante el juez de Distrito con jurisdicción dentro del territorio donde, de manera inicial, en su demanda de amparo, estimó que el acto reclamado puede tener ejecución, de ahí que no se acepte la competencia declinada. Razones por las cuales se ordena devolver el juicio de amparo 1069/2018-D, promovido por Obdulio Islas Lobato, y un tomo de pruebas, al Secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a derecho, solicitándole de la manera más atenta tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Basalto, número uno, letra B, fraccionamiento El Llano de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: Se constituya en el domicilio ubicado en calle Basalto, número uno, letra B, fraccionamiento El Llano de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala; Notifique al quejoso Obdulio Islas Lobato, el presente proveído; Corra traslado con copia autorizada de este auto. Le requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla y señale domicilio donde reciba sus notificaciones en el lugar de residencia de este juzgado o en la ciudad de Puebla. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el entendido, que la parte interesada deberá identificarse con documental idónea, de la cual, se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la notificación aún en horas y días inhábiles. Así de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la licenciada Aída Araceli Ramírez Lozano, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial, quien deberá cerciorarse de que sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- NURIBAN ELISSANDRO PEREZ HOYOS y Otros.1043/2021
- Nurivan Elisandro Perez Hoyos732/2022
- NURIVAN ELISANDRO PEREZ HOYOS y Otros.1099/2021
- Nydia Araceli Velazquez Apanco1348/2017
- OBDULIA TRUJILLO GONZALEZ y Otros.269/2017
- Obdulia Zacarias Paisano1121/2018
- Obdulio Islas Lobato137/2019
- Obet Salazar Lopez469/2019
- Octavio Abdiel Perez Olmedo490/2022
- Octavio Adan Aguilar Peña993/2021
- Octavio Adan Aguilar Peña1027/2021
- Octavio Galicia Sanchez1409/2017