Norma Pérez Sánchez

Expediente 130/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
130/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Norma Pérez Sánchez y Otros.
  • Norma Pérez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Por otra parte, agréguese a este expediente la razón actuarial de cuenta; atento a su contenido, se tiene como inexistente a la autoridad responsable señalada como: "DIRECTOR DE APREHENSIONES DEL ESTADO DE MÉXICO"; y, por ello, se suspende cualquier comunicación procesal con ésta; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a sus autos el oficio remitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 339/2016-IV, de su índice, derivado del diverso 49/2016, del índice de este juzgado, por lo cual se encuentra transcurriendo el termino otorgado a la parte quejosa para señalar domicilio en esta jurisdicción. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Alberto Becerril Fuentes que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente la razón actuarial de cuenta; atento a su contenido, se tienen como inexistentes a las autoridades responsables señaladas como: "GRUPO DE INVESTIGACION DEL TURNO PRIMERO, TURNO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO", "GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL TURNO SEGUNDO, TURNO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IIZTACALCO" y "GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL TURNO TERCERO, TURNO ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO; y, por ello, se suspende cualquier comunicación procesal con ésta; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en lo que interesa, informa que admitió a trámite el conflicto competencial interpuesto por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, de lo que se toma conocimiento. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del secretario Alberto Becerril Fuentes que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta del que se desprende que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por acuerdo del 8 de febrero de 2016, declinó competencia a favor del suscrito para conocer del juicio de amparo 107/2016-PA, de su índice y remite los autos originales del mismo, así como copias de la demanda de garantías; al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número 130/2016-I. Ahora bien, en atención al contenido del oficio de referencia y de un estudio íntegro de las constancias remitidas, dígase al homólogo federal que este juzgador no acepta la competencia declinada para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que, como se dijo, este juzgado de distrito considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón a que la competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de un acto que requiere de ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, es conveniente precisar que el asunto que nos ocupa se formó con motivo de la demanda de garantías promovida por Ricardo Salinas Vázquez y Norma Pérez Sánchez, por su propio derecho contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México, Subprocurador General de Coordinación, en el Estado de México, Subprocurador Regional de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Subprocurador de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Director General de la Policía Ministerial del Estado de México, Director de Aprehensiones del Estado de México, Coordinador de Investigaciones en el Estado de México, Grupo de Investigaciones de los turnos, primero, segundo y tercero turno Adscritos a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Iztacalco, Dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Agencias de los Ministerios Públicos de los turnos, primero, segundo y tercero Adscritos a la Delegación Iztacalco sin Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de quienes reclama la orden de detención girada en su contra; y, su ejecución. En ese tenor, el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl argumenta carecer de competencia en razón de que a su consideración el acto reclamado se ha tratado de ejecutar en la jurisdicción de la Ciudad de México, citando el domicilio proporcionado por los quejosos en su escrito constitucional. Consideración del Juez declinante que no se comparte, pues es necesario tener presente el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. De lo anteriormente planteado se colige que el domicilio señalado por los quejosos en su escrito de demanda no es suficiente para determinar la competencia, máxime que entre las autoridades responsables en su mayoría se encuentran del Estado de México, lo que revela que el acto pueda ser ejecutado por dichas autoridades y en aquella entidad. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.52/2013 , determinó que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables; situación que se actualiza en el presente asunto. Por lo que en atención al artículo 37 de la Ley de amparo, el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en el Estado de México, para que, a su vez, lo remita al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Cúmplase.

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