Obdulia Osorio Pérez

Expediente 950/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
950/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Obdulia Osorio Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que tuvo la parte quejosa para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiséis de septiembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de documentos a la quejosa. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que obran agregados al expediente diversas documentales original y copias certificadas (34-84) que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las aludidas documentales, previa foja de sustitución que se deje en autos. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad serán destruidas junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en este Circuito, el veinticinco del mes y año en curso, promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, y hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 950/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento La demanda de amparo presentada por la parte quejosa, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el 17, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días,." A fin de determinar lo anterior, resulta oportuno precisar que para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, se debe atender a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas); o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, se está en presencia de una ley autoaplicativa, cuando el gobernado se ubica en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o genere una obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad; de ahí que, ante ese supuesto deberá instar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso (ley heteroplicativa), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla general establecida en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ante tal distinción en la naturaleza de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el concepto de individualización incondicionada como premisa de diferenciación de la naturaleza de las normas de carácter general que son impugnadas a través del juicio de amparo; dicho concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la aludida condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Como así se estableció en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Ahora, la parte quejosa reclama los siguientes actos: ".IV. ACTOS RECLAMADOS: a) La inconstitucional e inconvencional aplicación de un precepto declarado inconstitucional, ya que a la fecha existe jurisprudencia emitida por los órganos judiciales, refiriéndome de manera precisa al artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Se reclama de las autoridades responsables, las violaciones a los derechos humanos y fundamentales contenidos en los artículos, 1, 5, 14, 16, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, se materializa a través del oficio número SP/DPSHT/3303/2019, de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por el Lic. *****, en su carácter de Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, notificado con misma fecha, así como el documento denominado "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NOMINA", notificado en la misma fecha. Manifestando además: V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (.) 4.- Adicionalmente, la responsable me notificó el oficio No. SP/DPSHT/3303/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por el C. Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, notificado con fecha 14 de enero de 2020, así como con el documento denominado "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NOMINA", notificado con misma fecha, que en parte que nos interesa señala lo siguiente: (.) 6.- FECHA QUE SE CONOCIÓ EL ACTO RECLAMADO.-Para todos los efectos legales a que haya lugar y de manera especial para los efectos de los artículos 17 y 18 de la ley de amparo, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que con fecha 14 de enero de 2020, me fue entregado el oficio No. SP/DPSHT/3303/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, así como el documento denominado "LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NOMINA"...".[Énfasis añadido]. Siendo que, de la lectura integral efectuada a su demanda y anexos que acompañó, se advierte que, la ley que tilda de inconstitucional la controvierte como una norma (heteroaplicativa), pues la combate con motivo de su aplicación que se concretó en el oficio y documento citados, actos de aplicación de los cuales refirió, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento desde el catorce de enero de dos mil veinte. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena, atento a lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo dispone su numeral 2°, así como en la tesis que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De ahí que al haber presentado su demanda de amparo hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, resulta inconcuso que lo hizo fuera del término de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo; por tanto, al actualizarse la improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Al respecto, es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo: La tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del tomo 163-168, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, registro 242846, con el rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA INTERPONERLO. Una correcta interpretación de lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley de Amparo, lleva a concluir que el término a que se refiere dicho precepto lo es, para impugnar en la vía constitucional una ley autoaplicativa, es decir, aquélla que por su expedición sea reclamable en la vía de amparo, de treinta días, que se contarán desde que la propia ley entre en vigor, pero en el caso de que se trate de una ley heteroaplicativa el término para la demanda de amparo se rige por lo establecido en el artículo 21 de dicho ordenamiento jurídico, es decir, debe interponerse dentro del término de quince días, que se contarán a partir del día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo por el que tiene conocimiento de la aplicación en su contra de la ley que estima inconstitucional". Así como, la tesis 1ª. V/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 115, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Cabe precisar que el análisis de la causal de improcedencia antes mencionada, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Acceso a expediente electrónico. En términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de los usuarios "********************" y "********************". En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Autorizados y consulta de expediente. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Además, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, pues al haber proporcionado sus números de cédulas profesionales, ello resulta suficiente para tenerlos en esos términos; y, como autorizados en términos restringidos de dicho numeral, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que indica, por así haberlo solicitado en forma expresa. Asimismo, se toma nota de los correos electrónicos proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente.

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