Norma Sonia Olarte García
Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Norma Sonia Olarte García
Actuaciones
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la primera certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución anexos Por otra parte, del inciso III) de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran documentales con sellos originales, mismos que se acompañaron al escrito inicial de demanda. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las aludidas documentales, previa copia certificada que se deje en autos. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibida que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad serán destruidas sin ulterior acuerdo. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en este Circuito, el veinticuatro de agosto del año en curso, turnada a este órgano jurisdiccional, en la misma fecha, promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico, y hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 823/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, respecto a los actos que la parte quejosa hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades responsables ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE OAXACA; en su doble carácter, la negativa de dictar acuerdo a mi escrito de petición de pensión por jubilación de fecha diecisiete de julio del año dos mil veintitrés, el cual me fue recibido con fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés, como consta en el sello de cuse de recibo por ambas autoridades en mi escrito, mismo que anexo a la presente.". Respecto a los actos citados, este juicio resulta notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción V, de la Carta Magna. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De su contenido, se advierte que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, se tiene que el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia, se encuentra constitucionalmente establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que en su parte relativa, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Del análisis del precepto de referencia se deduce lo siguiente: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho precepto tutela el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que las autoridades deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, es decir, que no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa esencialmente alega que existe una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia, que establece el artículo 17 Constitucional, por no administrársele aquélla, en los plazos y términos que fijen las leyes, toda vez que a la fecha, no se ha dado trámite a su escrito presentado ante autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el tres de agosto de dos mil veintitrés. Ahora considerando el acto omisivo que se reclama, se tiene que respecto de la omisión de acordar el escrito presentado ante autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se considera que la misma no representa una abierta dilación, por lo cual, esa omisión reclamada no puede considerarse como violaciones sustantivas o de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del juicio de nulidad de origen. Lo anterior es así, considerando que en la omisión de respuesta que se reclama, sólo median catorce días hábiles, sin contar el día de la presentación del escrito cuya omisión se reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (03 de agosto de 2023), ni el de la presentación de la demanda de amparo (24 de agosto de 2023); pues, deben descontarse a la omisión reclamada los días inhábiles, es evidente que el lapso de catorce días hábiles, no resulta excesivo y que pueda considerarse violatorio del derecho de tutela judicial efectiva de la quejosa, reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Es así que, tal omisión de respecto a la solicitud presentada ante la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el tres de agosto de este año, se hace la precisión que ese escrito por sí mismo implica un ejercicio del derecho de petición de la quejosa, en términos del artículo 8° de la Constitución Federal y no del artículo 17 de la Carta Magna, como fue argumentado. Luego, resulta pertinente destacar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto antes citado, contempla el derecho de petición, el cual se traduce en aquella prerrogativa que tiene todo gobernado para formular una petición ante cualquier institución pública, de manera escrita, pacífica y respetuosa, ya sea de forma individual o colectiva, siempre que se encuentre relacionada con sus atribuciones. Asimismo, en términos de este precepto, si un gobernado ejerce el derecho de petición, de forma escrita, pacífica y respetuosa, surge la obligación de la autoridad a quien se ha dirigido, de dar respuesta congruente y en breve término, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de la petición. Ahora, en relación al elemento consistente en la obligación de la autoridad de dar a conocer la respuesta al peticionario en breve término, se destaca que la Constitución Federal no hace alusión a lo que debe considerarse como breve término, ni tampoco establece un plazo específico en el que debe otorgarse la respuesta correspondiente; por tanto, en el caso, en un principio debe atenderse a lo señalado por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, legislación que establece un plazo específico para emitir la respuesta respectiva. De ahí que, en el caso específico, toda vez que la petición se dirigió a un Encargado dependiente de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, institución que es parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, quien a su vez, es un organismo público descentralizado de la Administración Público Federal Paraestatal, en caso de peticiones, debe atenderse a lo señalado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Al respecto, se precisa que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus artículos 1 y 17, establece lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." Énfasis añadido "ARTÍCULO 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo". Énfasis añadido. El precepto antes citado señala que toda dependencia u organismo descentralizado debe resolver toda petición en un plazo no mayor a tres meses; por tanto, en el caso de estudio, el plazo antes señalado debe tenerse como el breve término; sin que exista disposición legal alguna que establezca un plazo distinto para atender la petición presentada por la parte quejosa. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa, ya que entre la fecha de recepción del escrito en el que ejerció el derecho de petición reconocido en el artículo 8° Constitucional (tres de agosto de dos mil veintitrés) y el día en que se presentó la demanda de amparo en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca (veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés), no ha transcurrido el plazo de tres meses que prevé el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; toda vez que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el escrito de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, han transcurrido únicamente veinte días naturales (sin contar el de su presentación). Por lo que, es evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de acordar se duele la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y estar en aptitud de emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación. De ahí que, en la especie aún no ha transcurrido un plazo razonable para que se analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique la respuesta; por tanto, no puede considerarse suficiente para establecer que existe una transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° Constitucional. Ilustra lo anterior por el tema que aborda, la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, Materia(s): Constitucional, con registro digital 2019190, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó en principio y considerado en abstracto un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación" En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causa de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Cabe precisar que el análisis de la causal de improcedencia antes mencionada, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1 a . / J . 22 / 2014 ( 10 a .), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio procesal, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio del escrito inicial de demanda. Y, téngase por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo de la ley de amparo, a las personas indicadas en el proemio del escrito de demanda. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se le autoriza firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaría de trámite, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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