Obed Rodríguez Palacio
Expediente 581/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Obed Rodríguez Palacio
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra de la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en este juicio de amparo que promovió ********************...sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales.Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento...Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido...Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales...Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales.Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Se comisiona al actuario adscrito a efecto que firme el oficio que derive de este acuerdo, y lo remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz, (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial.Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
En cumplimiento a los artículos 27, fracciones II y III, y Quinto Transitorio del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 581/2021, el secretario hizo constar la presencia en la sala virtual correspondiente a este órgano jurisdiccional de la licenciada Ileana Patricia Infante Martínez, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Distrito, autorizada en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizada por oficio CCJ/ST/2776/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del licenciado David Alejandro Arango Cruz, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; asimismo CERTIFICA: Que el termino de cinco días hábiles, previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la determinación emitida el cuatro de junio de la anualidad en curso, transcurrió del catorce al dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Sin que en dicho lapso, presentara el medio de impugnación correspondiente. De igual manera, CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, las partes no realizaron manifestación respecto a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo la Secretaria en funciones acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. Luego, respecto a la segunda de las certificaciones secretariales de cuenta, se tiene que a la presente fecha, transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo que promovió ****, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. A continuación, abierto el período probatorio, el secretario CERTIFICA: Que se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las documentales que adjuntó en su escrito inicial de demanda. Asimismo, obran en este juicio, las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca, como anexo a su informe justificado presentados ante este Juzgado el once de junio de dos mil veintiuno (folio 8259). Por lo que, la Secretaria en funciones acuerda: Vista la certificación secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las antes precisadas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes por admitir o desahogar, se decreta el cierre de esta etapa Luego, abierto el periodo de alegatos, el secretario CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, la Secretaria en funciones acuerda: Se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 581/2021 que promovió ****por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda y prevención. Mediante escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintiuno de mayo del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, O*****demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Sin embargo, una vez que se analizó dicha demanda, en proveído de veinticinco de mayo de la anualidad en curso, se requirió a la parte quejosa, cumplir con las prevenciones efectuadas para poder determinar la admisión o desechamiento del amparo solicitado. Segundo. Desechamiento parcial. Por tanto, una vez que la parte quejosa dio cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto a las siguientes autoridades y actos reclamados: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de asuntos pendientes de resolver de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, del que reclamó: La solicitud de audiencia de imputación inicial solicitada dentro del legajo de investigación 2325/(FTUXM)/2017. Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Cuenca, del que reclamó: La emisión del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por el cual se le cita para la audiencia de imputación inicial. Determinación que se notificó de manera al peticionario de amparo, el diez de junio de dos mil veintiuno; sin que interpusiera el medio de impugnación correspondiente, como se precisó en la audiencia constitucional que antecede. Tercero. Admisión de demanda. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo contra actos del Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, que se hizo consistir en: La omisión de dar contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a fin de tener acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra. De las diversas autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamó: Los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se ordenó la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró, conforme al contenido del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así como en el Acuerdo 23/2018, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar de residencia de esta autoridad federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa, al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, consiste en: La omisión de dar contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a fin de tener acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra. De las diversas autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamó: Los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca (folio 8259), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, al manifestar que contrariamente a lo previsto por la parte quejosa, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dio contestación al escrito del peticionario de amparo, que presentó en las instalaciones de la Visefiscalía Regional de la Cuenca, el diecisiete del citado mes y año. Tal contestación, se notificó de manera personal a la parte quejosa, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, como se advierte de las constancias que remitió para tal efecto (foja 42 vuelta). Ahora, si la demanda que dio origen a este juicio, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y, se turnó a este órgano jurisdiccional el veinticuatro del mismo mes y año; es evidente, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, los actos reclamados por el quejoso no existen. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, donde se acredita que el Agente del Ministerio Publico, Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, dio contestación al escrito de petición realizado por la parte quejosa, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte. De igual manera, se tiene que dicha contestación se notificó de manera personal a la parte quejosa, el veinticinco siguiente. Por tanto, si la autoridad responsable actuó antes de la presentación de la demanda de amparo origen de este juicio, es evidente que se tiene por inexistente la omisión atribuida. Sin que la parte quejosa ofreciera en el trámite de este juicio, pruebas que desvirtuaran esa negativa; por tanto, es procedente sobreseer el presente juicio de protección de derechos humanos, por cuanto hace a la autoridad antes señalada. Lo anterior, a razón que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia titulada: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (folio 8917), por un parte negó y por otra aceptó la existencia de los actos que le reclama la parte quejosa. Por su parte, la autoridad responsable Subdirector de Amparo, en su carácter de representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión (folio 8968), aceptó parcialmente los actos reclamados, en cuanto a la discusión y aprobación de publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico sus numerales 113 fracción VIII y 218. Luego, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal (folio 11822), aceptó parcialmente los actos reclamados, en cuanto a la promulgación y orden de publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico sus numerales 113 fracción VIII y 218. En tales condiciones, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables antes precisadas; pues la certeza de los actos reclamados se apoya en el principio de derecho que indica que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260 del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2000, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Quinto. Improcedencia. A pesar de la existencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando anterior, se tiene que no es jurídicamente posible efectuar el estudio de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa; porque en la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para ello, conviene destacar que en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 113 fracción VIII y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual atribuyó al Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca, al omitir darle contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, con la finalidad de que se le proporcione información y se le diera acceso a la investigación o carpeta de investigación, en la que tuviese la calidad de imputado. En ese sentido, es preciso indicar que cuando se trata de un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, de ninguna manera se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación y en ese supuesto, este órgano de control constitucional debe observar las siguientes reglas: a) En principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y, en caso contrario, impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; b) De tratarse del primer acto de aplicación, se debe examinar si en relación con él, de ninguna manera se actualiza diversa causal de improcedencia y de ser así, sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; c) Ahora bien, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación y, sin que se actualice alguna causal de improcedencia, procederá a analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente; y, d) Sólo en el caso que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con número de registro 191311, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de dos mil, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO "CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU "APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la jurisprudencia publicada en la página 251, tomo 181-186 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En esa tesitura, resulta insuficiente que se reclame la inconstitucionalidad de algún precepto legal, para determinar la procedencia del juicio de amparo; pues debe atenderse invariablemente a la naturaleza del acto de aplicación. De modo que, Obed Rodriguez Palacios al reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió demostrar de manera fehaciente el acto de aplicación en su perjuicio. Sin embargo, dada la inexistencia del acto de aplicación de la norma impugnada y, decretada la improcedencia del juicio de amparo, como se precisó en el considerando tercero de esta sentencia; también resulta improcedente la inconstitucionalidad intentada contra los citados preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XXIII, al tenor de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos que se reclamaron a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sexto. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena dar cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por otra parte, se comisiona al actuario adscrito a efecto que firme los oficios que deriven de este acuerdo, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. En consecuencia, por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo que promovió ****, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, se ordena dar cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí destacados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.En cumplimiento a los artículos 27, fracciones II y III, y Quinto Transitorio del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 581/2021, el secretario hizo constar la presencia en la sala virtual correspondiente a este órgano jurisdiccional de la licenciada Ileana Patricia Infante Martínez, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Distrito, autorizada en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizada por oficio CCJ/ST/2776/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del licenciado David Alejandro Arango Cruz, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia el secretario dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; asimismo CERTIFICA: Que el termino de cinco días hábiles, previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la determinación emitida el cuatro de junio de la anualidad en curso, transcurrió del catorce al dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Sin que en dicho lapso, presentara el medio de impugnación correspondiente. De igual manera, CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, las partes no realizaron manifestación respecto a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo la Secretaria en funciones acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. Luego, respecto a la segunda de las certificaciones secretariales de cuenta, se tiene que a la presente fecha, transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo que promovió ****, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. A continuación, abierto el período probatorio, el secretario CERTIFICA: Que se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las documentales que adjuntó en su escrito inicial de demanda. Asimismo, obran en este juicio, las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca, como anexo a su informe justificado presentados ante este Juzgado el once de junio de dos mil veintiuno (folio 8259). Por lo que, la Secretaria en funciones acuerda: Vista la certificación secretarial que antecede, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las antes precisadas, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes por admitir o desahogar, se decreta el cierre de esta etapa Luego, abierto el periodo de alegatos, el secretario CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, la Secretaria en funciones acuerda: Se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 581/2021 que promovió Obed Rodríguez Palacios por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda y prevención. Mediante escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintiuno de mayo del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, Obed Rodríguez Palacios demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Sin embargo, una vez que se analizó dicha demanda, en proveído de veinticinco de mayo de la anualidad en curso, se requirió a la parte quejosa, cumplir con las prevenciones efectuadas para poder determinar la admisión o desechamiento del amparo solicitado. Segundo. Desechamiento parcial. Por tanto, una vez que la parte quejosa dio cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto a las siguientes autoridades y actos reclamados: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de asuntos pendientes de resolver de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, del que reclamó: La solicitud de audiencia de imputación inicial solicitada dentro del legajo de investigación 2325/(FTUXM)/2017. Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Cuenca, del que reclamó: La emisión del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por el cual se le cita para la audiencia de imputación inicial. Determinación que se notificó de manera al peticionario de amparo, el diez de junio de dos mil veintiuno; sin que interpusiera el medio de impugnación correspondiente, como se precisó en la audiencia constitucional que antecede. Tercero. Admisión de demanda. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo contra actos del Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, que se hizo consistir en: La omisión de dar contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a fin de tener acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra. De las diversas autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamó: Los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se ordenó la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró, conforme al contenido del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así como en el Acuerdo 23/2018, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar de residencia de esta autoridad federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa, al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, consiste en: La omisión de dar contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a fin de tener acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra. De las diversas autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamó: Los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca (folio 8259), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, al manifestar que contrariamente a lo previsto por la parte quejosa, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dio contestación al escrito del peticionario de amparo, que presentó en las instalaciones de la Visefiscalía Regional de la Cuenca, el diecisiete del citado mes y año. Tal contestación, se notificó de manera personal a la parte quejosa, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, como se advierte de las constancias que remitió para tal efecto (foja 42 vuelta). Ahora, si la demanda que dio origen a este juicio, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y, se turnó a este órgano jurisdiccional el veinticuatro del mismo mes y año; es evidente, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, los actos reclamados por el quejoso no existen. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, donde se acredita que el Agente del Ministerio Publico, Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, dio contestación al escrito de petición realizado por la parte quejosa, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte. De igual manera, se tiene que dicha contestación se notificó de manera personal a la parte quejosa, el veinticinco siguiente. Por tanto, si la autoridad responsable actuó antes de la presentación de la demanda de amparo origen de este juicio, es evidente que se tiene por inexistente la omisión atribuida. Sin que la parte quejosa ofreciera en el trámite de este juicio, pruebas que desvirtuaran esa negativa; por tanto, es procedente sobreseer el presente juicio de protección de derechos humanos, por cuanto hace a la autoridad antes señalada. Lo anterior, a razón que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia titulada: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (folio 8917), por un parte negó y por otra aceptó la existencia de los actos que le reclama la parte quejosa. Por su parte, la autoridad responsable Subdirector de Amparo, en su carácter de representante legal de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión (folio 8968), aceptó parcialmente los actos reclamados, en cuanto a la discusión y aprobación de publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico sus numerales 113 fracción VIII y 218. Luego, el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal (folio 11822), aceptó parcialmente los actos reclamados, en cuanto a la promulgación y orden de publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico sus numerales 113 fracción VIII y 218. En tales condiciones, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables antes precisadas; pues la certeza de los actos reclamados se apoya en el principio de derecho que indica que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260 del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2000, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Quinto. Improcedencia. A pesar de la existencia de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando anterior, se tiene que no es jurídicamente posible efectuar el estudio de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa; porque en la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para ello, conviene destacar que en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 113 fracción VIII y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual atribuyó al Agente del Ministerio Público Coordinador de Fiscales de la Región Cuenca de la Fiscalía General del Estado, Oaxaca, al omitir darle contestación a su petición de intervención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, con la finalidad de que se le proporcione información y se le diera acceso a la investigación o carpeta de investigación, en la que tuviese la calidad de imputado. En ese sentido, es preciso indicar que cuando se trata de un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, de ninguna manera se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación y en ese supuesto, este órgano de control constitucional debe observar las siguientes reglas: a) En principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y, en caso contrario, impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; b) De tratarse del primer acto de aplicación, se debe examinar si en relación con él, de ninguna manera se actualiza diversa causal de improcedencia y de ser así, sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; c) Ahora bien, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación y, sin que se actualice alguna causal de improcedencia, procederá a analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente; y, d) Sólo en el caso que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con número de registro 191311, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de dos mil, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO "CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU "APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la jurisprudencia publicada en la página 251, tomo 181-186 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En esa tesitura, resulta insuficiente que se reclame la inconstitucionalidad de algún precepto legal, para determinar la procedencia del juicio de amparo; pues debe atenderse invariablemente a la naturaleza del acto de aplicación. De modo que, ****al reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió demostrar de manera fehaciente el acto de aplicación en su perjuicio. Sin embargo, dada la inexistencia del acto de aplicación de la norma impugnada y, decretada la improcedencia del juicio de amparo, como se precisó en el considerando tercero de esta sentencia; también resulta improcedente la inconstitucionalidad intentada contra los citados preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XXIII, al tenor de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos que se reclamaron a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en los actos de aplicación impugnados al Coordinador de Fiscales de la Cuenca del Papaloapan, de los artículos 113 fracción VIII y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sexto. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena dar cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por otra parte, se comisiona al actuario adscrito a efecto que firme los oficios que deriven de este acuerdo, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. En consecuencia, por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo que promovió ***, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, se ordena dar cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí destacados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos, el oficio signado por el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Ejecutivo Federal, mediante el cual solicita le sea remitida la demanda de amparo que originó este juicio, con la finalidad de estar en condiciones de rendir su informe justificado. En consecuencia, y con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias al procedimiento, se comisiona al actuario adscrito, remita copia de la demanda y escrito aclaratorio, al correo electrónico ********; por lo que deberá levantar la razón correspondiente. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que estaba señalada para el día nueve de agosto del año en curso, se difiere anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración misma que podrá ser vía remota. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad correspondiente
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalado para este día, la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, debido a que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia y, la secretaria encargada no fue autorizada para el dictado de la sentencia correspondiente, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración; misma que podrá ser vía remota. Notifíquese por lista electrónica.
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