Nury del Carmen Gonzalez Jiménez

Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
434/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Nury del Carmen Gonzalez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Juicio 434/2022 dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a, de la misma ley de la materia, contra el auto de tres de junio del presente año, en el que por una parte se tuvo por no presentada y por otra se desechó la demanda de amparo promovida por Nury del Carmen González Jiménez, contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Contra el Combate y el Secuestro del Estado de Tabasco; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Finalmente, debido a que la quejosa Nury del Carmen González Jiménez, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social las Palmas de Cárdenas, Tabasco, domicilio que señaló para recibir citas y notificaciones; en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de respetar las medidas sanitarias emitidas por la propagación del virus COVID-19; se comisiona al actuario de la adscripción, para que en apoyo con la Coordinadora Técnico Administrativo de este juzgado, y a través del sistema de videocomunicación con el que cuenta dicho centro penitenciario o, a través de cualquier medio tecnológico a su disposición, se ponga en contacto con la parte quejosa de mérito, y una vez que tenga entablada la comunicación de manera visible por video y audio, deberá identificarse plenamente a la quejosa con la finalidad de que se le notifique el presente auto, cerciorándose que se les haga entrega de copias del auto a notificar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio 434/2022 tres de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención realizada por auto de cuatro de mayo del presente año, misma que fue para los siguientes efectos: ? Precise de forma ordenada y cronológica, los antecedentes del acto reclamado; esto es, indique la fecha en que se llevó a cabo la judicialización de la carpeta de investigación CI-FCS-345/2016, así como, su detención, formulación y vinculación a proceso. ? Asimismo, indique el estado actual que guarda la causa penal 92/2016. ? De igual forma, si señala como autoridad responsable al Juez de Control de la Octava Región del municipio de Cárdenas Tabasco. Ahora, de un análisis del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente ? La aprobación de la legal detención; formulación de imputación; vinculación a proceso; y, la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, como se precisó en el párrafo que antecede la parte quejosa no desahogó la prevención decretada por auto de cuatro de mayo del año en curso, en relación a si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez de Control de la Octava Región de Cárdenas, Tabasco, toda vez que la misma es la responsable de emitir los actos antes precisados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Nury del Carmen Gonzalez Jiménez, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en ? la aprobación detención, formulación de imputación, vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva. Por otra parte, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa señaló como diverso acto reclamado lo siguiente: ? La integración de la carpeta de investigación CI-FCS-345/2016, que dio origen a la causa penal 92/2016, radicada ante el Juzgado de Control de la Región ocho de Cardeñas, Tabasco. DESECHAMIENTO. En principio, debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura del libelo constitucional y su anexo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.*** En este tenor, se precisa además que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que, a continuación se analiza la que se actualiza en la especie respecto del acto reclamado al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Contra el Combate y el Secuestro del Estado de Tabasco. Así, hecho un análisis integral de la demanda de cuenta, se desprende que la quejosa Nury del Carmen Gonzalez Jiménez, reclama al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Contra el Combate y el Secuestro del Estado de Tabasco, la integración de la carpeta de investigación CI-FCS-345/2016, que dio origen a la causa penal 92/2016, radicada ante el Juzgado de Control de la Región Ocho de Cardeñas, Tabasco. Primeramente, es conveniente destacar que el procedimiento penal se divide en tres etapas, tal como lo establece el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se trascribe a continuación*** Por tanto, el acto que señala la quejoso como la integración de la carpeta de investigación CI-FCS- 345/2016, que dio origen a la causa penal 92/2016, es de los que se realizan después de la formulación de la imputación. Así, con relación a lo anterior, es de acotarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, correlativo con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen*** Conforme a tales preceptos se evidencia que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Entonces, en concordancia con los numerales invocados, es menester señalar en lo conducente lo dispuesto por los diversos artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que mencionan*** De lo antes trascrito, se advierte que a la institución del Ministerio Público, por mandato constitucional le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (salvo los casos de la acción penal privada), lo cual es reiterado en la ley secundaria procesal, al estatuir que es el encargado de conducir la investigación, ordenando al efecto las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales; por lo que, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. De ahí que, para efectos del juicio de amparo, no le reviste el carácter de autoridad responsable al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Contra el Combate y el Secuestro del Estado de Tabasco, en cuanto al acto que pretende impugnar en esta vía; pues, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado con tal calidad, en el caso que nos ocupa. Ello al atender que, una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 10522 del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase (ya ejecutivos u omisivos), el juicio de control constitucional es improcedente. En efecto, la intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de Control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado.*** Bajo este contexto, se tiene que desde la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, al Ministerio Público le reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de las etapas subsecuentes intermedia y de juicio, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad. Entonces, la integración de la carpeta de investigación CI-FCS-345/2016, que dio origen a la causa penal 92/2016, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en síntesis, por las razones siguientes a) Se trata de un acto posterior a la audiencia inicial, etapa donde el Ministerio Público (ahora señalado como responsable), ya ha judicializado la carpeta de investigación (CI-FCS-345/2016), y el Juez de Control respectivo le ha otorgado un número de causa penal (92/2016), en cuyo procedimiento tanto el Ministerio Público y el imputado ahora son partes procesales, mientras que el juzgador respectivo (Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco), es la autoridad que rige la referida causa penal, esto es, funge como rector del citado procedimiento penal. b) No es un acto unilateral ni obligatorio, ello toda vez que sólo afecta un derecho adjetivo o intraprocesal, y no uno sustantivo de manera directa. En este sentido, es válido afirmar que durante la fases posteriores a la investigación inicial, no puede entonces atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase de investigación complementaria, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales5 es el Juez de Control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión y la reapertura -incluso- de la fase correspondiente.*** En conclusión, el acto de omisión puesto a consideración de este órgano de control constitucional, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del asunto, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, y en el caso, como se lleva dicho, carece de las características que lo dotan como tal, esto es, unilateralidad, imperio y coercitividad.*** Por tanto, lo que procede es desechar la demanda de amparo propuesta, acorde a lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo estatuido en los diversos numerales 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de dicha legislación, respecto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación CI-FCS- 345/2016, que dio origen a la causa penal 92/2016. Finalmente, debido a que la quejosa Nury del Carmen González Jiménez, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social las Palmas de Cárdenas, Tabasco; domicilio que señaló para recibir citas y notificaciones. En esas condiciones, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de respetar las medidas sanitarias emitidas por la propagación del virus COVID-19; se comisiona al actuario de la adscripción, para que en apoyo con la Coordinadora Técnico Administrativo de este juzgado, y a través del sistema de videocomunicación con el que cuenta dicho centro penitenciario o, a través de cualquier medio tecnológico a su disposición, se ponga en contacto con la parte quejosa de mérito, y una vez que tenga entablada la comunicación de manera visible por video y audio, deberá identificarse plenamente a la quejosa con la finalidad de que se le notifique el presente auto, cerciorándose que se les haga entrega de copias del auto a notificar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese; y personalmente a Nury del Carmen González Jiménez, así como a Erika Sánchez Sánchez, defensora publica de la parte quejosa.

  3. Principal

    Juicio 434/2022 veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se le ha notificado de manera personal a la defensora pública de la parte quejosa, el auto de cuatro de mayo del presente año. En esas condiciones, y a efectos de no vulnerar los derechos de la solicitante de amparo, instrúyase a uno de los actuarios de la adscripción, para que de manera inmediata realice la notificación de forma personal a Erika Sánchez Sánchez, defensora pública de la parte quejosa, del referido auto de cuatro de mayo del año en curso. Notifíquese; y personalmente a Erika Sánchez Sánchez, defensora pública de la parte quejosa.

  4. Principal

    Juicio 434/2022 cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan el presente juicio, se advierte que por auto de ocho de abril del año en curso, se reservó proveer respecto el escrito signado por la quejosa Nury del Carmen González Jiménez, por el cual pretende desahogar la prevención realizada en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, hasta en tanto la defensora pública de la quejosa, se encontrara notificada del proveído de siete de abril de dos mil veintidós, lo cual ya aconteció. En consecuencia, se levanta la reserva decretada en auto de ocho de abril del año en curso y al efecto se acuerda Vista la certificación que antecede, así como el escrito de siete de abril del año en curso, signado por Nury del Carmen González Jiménez, se advierte que la referida quejosa pretende desahogar la prevención realizada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, y al efecto indica que el acto que reclama de la autoridad responsable lo hace consistir en la omisión de investigar de conformidad con el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, sin embargo, no hace manifestación alguna en cuanto a los puntos señalados en el citado auto; por tanto, no es procedente tener por desahogada la prevención realizada en proveído de veintinueve de marzo del presente año. En tales condiciones, requiérase a la promovente del presente juicio para que concatenado con lo manifestado en el escrito recibido el siete de abril del año actual, y en relación con la prevención realizada en auto de veintinueve de marzo del mismo año, señale lo siguiente Precise de forma ordenada y cronológica, los antecedentes del acto reclamado; esto es, indique la fecha en que se llevó a cabo la judicialización de la carpeta de investigación CI-FCS-345/2016, así como, su detención, formulación y vinculación a proceso. Asimismo, indique el estado actual que guarda la causa penal 92/2016. De igual forma, si señala como autoridad responsable al Juez de Control de la Octava Región del municipio de Cárdenas Tabasco. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional se reserva proveer sobre el trámite de la demanda de amparo, hasta en tanto precluya el término otorgado en el auto de veintinueve de marzo -cinco días-, el cual se interrumpe con la presentación del escrito de siete de abril del año en curso, quedando cuatro días, mismo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.*** Finalmente, debido a que la quejosa Nury del Carmen González Jiménez, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social las Palmas de Cárdenas, Tabasco; domicilio que señaló para recibir citas y notificaciones. En esas condiciones, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de respetar las medidas sanitarias emitidas por la propagación del virus COVID-19; se comisiona al actuario de la adscripción, para que en apoyo con la Coordinadora Técnico Administrativo de este juzgado, y a través del sistema de videocomunicación con el que cuenta dicho centro penitenciario o, a través de cualquier medio tecnológico a su disposición, se ponga en contacto con la parte quejosa de mérito, y una vez que tenga entablada la comunicación de manera visible por video y audio, deberá identificarse plenamente a la quejosa con la finalidad de que se le notifique el presente auto, cerciorándose que se les haga entrega de copias del auto a notificar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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