Obed de Jesus Martínez Gutierrez
Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Obed de Jesus Martínez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
JUICIO 217/2021-VI-1 veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación de autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del numeral 97 de la citada ley, contra el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y otras autoridades. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, y en razón que no existe providencia alguna que proveer y que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. ANOTACIONES Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico adiel.palacio.zurita@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vista la cuenta, se provee: se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 217/2020-VI-1. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Aclaración de actos reclamados De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala diversos procedimientos laborales, así como diversas fechas para la celebración de la audiencia prejudicial; sin embargo, de los anexos exhibidos se evidencia el número de identificación único TAB/CJ/I/2021/001710, así como la fecha correcta la para la celebración de la aludida audiencia de conciliación -veintisiete de abril de dos mil veintiuno-. De igual forma, se tiene que al encontrarse en la etapa prejudicial ante el centro de conciliación, lo correcto es notificar a la demandada para acudir a dicha avenencia, no así emplazarla a juicio parte. Lo anterior en suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Análisis de improcedencia Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, los actos reclamados consisten en: -La fecha distante señalada por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al fijar las once horas del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, esto en el expediente con el número de identificación TAB/CJ/I/2021/001710. -La omisión del actuario de notificar a la parte demandada para el procedimiento de avenencia citado. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" De los preceptos parcialmente reproducidos se puede concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridad que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, si del estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado del que se duele el quejoso lo constituye la fecha distante para la celebración de la audiencia de conciliación -veintisiete de abril de dos mil veintiuno- y la omisión de notificar a la parte demandada, esto en el expediente con el número de identificación TAB/CJ/I/2021/001710, constituye acto de dilación y omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tienen el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que las violaciones como la que ahora reclama el quejoso, por regla general, reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción; por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos del promovente. Lo anterior, porque tales actos únicamente posterga la continuación de tramitación del procedimiento prejudicial de origen, lo cual constituye actos de dilación y omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) con número de registro 2011580, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Cabe destacar que el criterio jurisprudencial recién citado, prevé como excepción a la regla general allí contenida, el supuesto en que el Juez de Distrito advierta de la demanda de amparo, que exista una "abierta dilación" del procedimiento o la "paralización total" del mismo, pues, en tal caso, el juicio resulta procedente. Ahora, es de suma importancia señalar que en relación con los conceptos: "abierta dilación" y "paralización total" del procedimiento, la citada Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Décimo Circuito. En la resolución correspondiente, la Sala sostuvo que a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, se determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo -anterior a la reforma del uno de mayo de dos mil diecinueve- tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Consideraciones que se encuentran sustentadas en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) con número de registro 2019400, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Luego, del contenido de la demanda de amparo que se analiza no se advierte una abierta dilación de la controversia laboral o paralización total de la misma, para lo cual se justifique su procedencia. Es así, porque de conformidad con los anexos exhibidos por la quejosa a su demanda de amparo, se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, por conducto del personal conciliador, señaló las once horas del veintisiete de abril del aludido año, para la audiencia de conciliación, ordenando notificar a la demandada para su comparecencia en esa data. Ahora, no pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, que la Ley Federal del Trabajo -vigente a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve-, señala en su artículo 684-E, fracción IV1, que la audiencia de conciliación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud; asimismo, que el citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia. En ese sentido, de las documentales exhibidas por el quejoso se advierte que la autoridad conciliadora señaló un plazo fuera del señalado en la ley secundaria 1 Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: [.] IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; [.] -más de quince días-, en virtud de los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud de treinta y uno de marzo y veintiuno de abril de dos mil veinte, en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, así como los decretos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo que, analizado lo anterior, se tiene que no ha transcurrido un lapso de tiempo excesivo, para la fijación de la audiencia de conciliación y la notificación a la parte demandada, puesto que a la presentación de la solicitud ante la autoridad conciliadora aún no había transcurrido un término excesivo, para poder considerar que se presenta una dilación presuntamente excesiva para la realización de las diligencia reclamada, como se indica en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.). De ahí que el término de cuarenta y cinco días, que como mínimo señala la Segunda Sala, para que deba promoverse el juicio de control constitucional en el caso de dilaciones procesales no se ha cumplido. Es así, ya que la Segunda Sala del más Alto Tribunal ha determinado como estándar mínimo objetivo que ofrece seguridad jurídica a las partes en el juicio y por ello, se establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron llevarse a cabo los actos procesales respectivos; mismo que comenzaría a computarse de la siguiente manera en el presente asunto: *** Entonces, a la presentación de la demanda de amparo no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales; por tanto, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo; aunado a que el fedatario tendrá la oportunidad de notificar a la demandada con la anticipación debida que establece la ley de la materia. Cabe precisar que al tener el acto reclamado el carácter de positivo, en caso de admitirse y darle trámite a la demanda, el efecto de la protección federal que en su caso se otorgara en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, sería en el sentido general de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; lo cual significaría dejar insubsistente la fecha programada para la audiencia de conciliación, y en su caso, que se señalara una fecha como lo establece el ordinal 684-E, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo -dentro de los quince días-, lo cual implicaría, tomando en consideración la fecha probable en que causará ejecutoria la sentencia que llegue a dictarse en este sumario, que tendría que señalarse una fecha posterior a la originalmente señalada por la autoridad laboral responsable. Máxime, si se toma en consideración que conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, la figura jurídica de la conciliación y la mediación, tienen como objetivo primordial resolver los conflictos entre las partes de un litigio laboral de la mejor manera más rápida y sencilla de las formas, sin que tengan que someterse a un costoso y farragoso juicio ante las autoridades jurisdiccionales. Por lo que, si se toma en cuenta que la autoridad administrativa tendría que emitir un nuevo proveído en cumplimiento de la ejecutoria que llegare a emitirse en el presente asunto, a fin de señalar una distinta fecha dentro del término antes señalado y notificar a las partes de dicha determinación, ello conllevará a fijar una fecha posterior, para así estar en posibilidad de que la audiencia pudiera tener verificativo, originando con ello la posibilidad de que la fecha que al efecto se señalara por la responsable, podría ser posterior a la ya fijada, tomando en consideración el cumulo de audiencias y la situación de salud que impera en la actualidad (Covid- 19), lo que implicaría que la concesión del amparo no podría tener efectos prácticos y concretos, pues se ocasionaría un perjuicio mayor a la parte quejosa, al señalarse una fecha posterior a la que en principio se programó, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Determinación De lo expuesto, resulta válido considerar que el juicio de amparo que hoy se promueve resulta improcedente; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y otras autoridades, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia.*** Notifíquese en términos de ley.
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