Nury del Carmen Gonzalez Jiménez

Expediente 830/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
830/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Nury del Carmen Gonzalez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la cuenta; agréguese sin mayor proveer el oficio signado la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós; lo anterior, en razón de que en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y del análisis que se realiza de forma integral al libelo de la demanda de amparo, y de prevención realizada por la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de dictar sentencia en la causa penal 92/2016. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."????????? Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido de la demanda de amparo, y de prevención realizada por la parte quejosa se advierte que en el caso, la quejosa reclama al Tribunal de Enjuiciamiento de la región ocho de Cárdenas, Tabasco, la omisión de dictar sentencia en la causa penal 92/2016, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós dicto sentencia definitiva en la causa penal 92/2016. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento de la región ocho de Cárdenas, Tabasco, había sido omisa en dictar sentencia en la causa penal 92/2016; pero de las constancias remitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva dentro de la causa penal en mención. Asimismo, es contenido del citado informe se indicó que la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, lo que evidencia que tácitamente fue notificada de la citada sentencia. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causal de improcedencia aducida, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V de la invocada ley, en relación con el precitado artículo al haber sobrevenido la causal de improcedencia antes citada. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos humanos constitucionalizados por la quejosa a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la audiencia constitucional señalada para el día de hoy a las once horas con dieciséis minutos, de esta data, se deja???????? sin efecto, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para esta data. Por lo anterior, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; adjunta copia con firmas autógrafas de la sentencia definitiva dictada en la causa penal 92/2016. De lo anterior, queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBA Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen como pruebas las documentales que anexó la responsable: No. Relación de prueba 1. Copia con firmas autógrafas de la sentencia definitiva, en la causa penal 92/2016. Requerimiento. Ahora, de la copia de la sentencia con firmas autógrafas, dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal de origen, se desprende que la autoridad responsable omitió enviar la notificación de la citada sentencia a la aquí quejosa Nury del Carmen González Jiménez; en consecuencia, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique el presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa de la sentencia definitiva dictada en la causa penal 92/2016. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, con fundamento en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en atención a su contenido, se toma conocimiento para los efectos conducentes a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el acto reclamado es la omisión de dictar sentencia en la causa penal 97/2016, por tanto, a fin de emitir una sentencia apegada a derecho con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS, que se contará a partir del momento al en que tenga conocimiento del presente proveído, informe el estado procesal que guardan la citada causa. Bajo el apercibimiento que de ser omisos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la ley de amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan para su celebración las once horas con dieciséis minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós

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