Nuria Eurídice Olvera Gallegos
Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nuria Eurídice Olvera Gallegos
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO....
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el escrito signado por ..., mediante el cual desahoga la prevención efectuada en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve. Procedencia de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el desechamiento de la demanda. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligado a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del dispositivo apuntado en párrafos que anteceden, se advierte que el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos fundamentales, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Entonces, para que se actualice la causal de improcedencia señalada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Casos de excepción al principio: Que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio de origen. Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. Ahora, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, tal y como se constatara enseguida. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, puesto que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 585/2018, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Décimo Segundo Distrito Judicial, con sede en el Municipio de Paraíso, Tabasco, en el que se ordenó retener el 15% del embargo decretado en el expediente de origen, que le corresponde únicamente a la promovente del amparo Nuria Eurídice Olvera Gallegos. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el recurso de apelación, o en su caso la reclamación de la providencia. Para sustentar dicha afirmación es menester analizar el contenido de los artículos 280 del Código Civil del Estado de Tabasco en relación con los diversos 184, 342, 343 y 352, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, mismos que establecen: CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO. "ARTÍCULO 280.- Medidas provisionales Al admitirse la demanda de divorcio necesario o antes, si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras duren los procedimientos judiciales, las disposiciones siguientes: I.- Separar a los cónyuges, para este efecto el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado. Deberá el marido informar al Juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia, el Juez decidirá sumariamente oyendo a ambos cónyuges; II.- Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles; III.- Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma; IV.- Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los consortes. Los hijos menores de siete años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física y mental de aquéllos; V.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; VI.- Dictar las medidas conducentes para que los cónyuges no se causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que sean comunes; y VII.- Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TABASCO. "ARTICULO 184.- Medidas cautelares innominadas Antes de iniciarse el proceso, o durante su desarrollo, el juzgador podrá decretar todas las medidas cautelares que resulten necesarias para mantener la situación de hecho existente, aunque no sean de las previstas expresamente en este Código. La resolución que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden, entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda deberá ser propuesta por la parte que solicitó la medida dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ejecutado la orden de suspensión. La falta de presentación de la demanda dentro del plazo indicado, traerá como consecuencia la caducidad de la medida en los plazos señalados en el artículo 181, párrafo segundo. "ARTICULO 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja. ARTÍCULO 343.- Legitimación para impugnar Podrán impugnar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al proceso y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. ARTÍCULO 352.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." De los artículos antes transcritos, se advierte que la apelación procede contra las sentencias en toda clase de juicios, siempre y cuando la ley no mencione expresamente que no son apelables, los autos cuando aparezca disposición expresa en el código; y, respecto de las resoluciones dictadas al resolverse las reclamaciones hechas valer en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Asimismo, se advierte que el legislador local contempló que en contra de las medidas cautelares innominadas en las que se decrete o niegue la medida precautoria ésta será apelable. Asimismo, en lo que respecta a la pensión alimenticia provisional, se estableció que el juez puede adoptar medidas provisionales a fin de asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. De ahí que, si en el caso, el acto reclamado deriva de una controversia familiar -artículo 280 del Código Civil del Estado de Tabasco-, en la que se dictó una medida cautelar -artículo 184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco-, previo instar el juicio de derechos fundamentales el aquí quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en los artículos 184, 342, 343 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, tomando en consideración que no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. De tal forma que la inconformidad de la parte quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues existe la posibilidad de impugnarla a través de la apelación y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra del acto reclamado, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso de apelación establecido en los artículos 184 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden de ideas si en la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable. Lo que se actualiza en el caso concreto pues del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se observa que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata, resulta idóneo, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable. Es así pues el código de referencia dispone lo siguiente: ARTICULO 359.- Substanciación Para substanciar las apelaciones en segunda instancia, tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- Llegado el expediente o el testimonio, en su caso, y transcurrido el plazo concedido a las partes para presentarse a la substanciación del recurso, el Tribunal Superior de Justicia, sin necesidad de vista o informe, dentro de los tres días siguientes dictará resolución en la que a petición de parte o de oficio, decidirá sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el inferior. Si declara inadmisible la apelación, mandará devolver el expediente o el testimonio al inferior; revocada la calificación del grado, se procederá en consecuencia; II.- Confirmada la admisión del recurso, el superior mandará correr traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios, por el plazo de diez días, si se trata de sentencia y de cinco, si la apelación se refiere a auto, para que los conteste o en su caso se adhiera a la apelación. Durante el plazo que se señala el expediente quedará a su disposición para que se imponga de él. Cuando se trate de apelaciones admitidas sin expresión de agravios procederá dar vista a la contraparte por cinco y tres días, según se trate de sentencias o autos, respectivamente, para que manifieste lo que a su derecho convenga; III.- En el escrito de contestación a los agravios, la contraparte se referirá a los expresados por el apelante y podrá, además, ofrecer pruebas, especificando los puntos sobre los que deberá versar, que nunca serán extraños a la cuestión debatida, así como oponerse a la acción del apelante para que se reciba el pleito a prueba. La falta de presentación del escrito de contestación a los agravios, no implicará conformidad de la contraparte con éstos; IV.- Presentado el escrito de contestación a los agravios o transcurrido el plazo legal sin hacerlo, el tribunal resolverá sobre la admisión de pruebas, abriendo el plazo probatorio que no podrá exceder de quince días; V.- Si no se promoviera prueba, transcurrido el plazo de la contestación de los agravios o presentada ésta, se citará a las partes para resolución; y VI.- Transcurrido el periodo de prueba se citará a las partes para oír sentencia. Como se observa, una vez que sea recibido el expediente por el Tribunal Superior de Justicia dentro de los tres días siguientes se dictará resolución en la que a petición de parte o de oficio se decidirá sobre la admisión del recurso. Confirmada la admisión del recurso se correrá traslado a la parte contraria con el escrito de expresión de agravios por el plazo de diez días en el caso de que se trate de sentencia; o, en el supuesto de que se trate de un auto el término será de cinco días. Una vez que la contraparte de contestación a los agravios y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga el tribunal resolverá lo conducente respecto de ellas, abriendo el plazo probatorio que no podrá exceder de quince días. Finalmente, ya que haya transcurrido el periodo de prueba se citará a las partes para el dictado de la resolución. De lo anterior, se desprende que el recurso de apelación se tramita de forma inmediata pues el plazo para admitirlo es de tres días. Asimismo, el recurso es eficaz pues de resultar procedente tendría el alcance de dejar sin efecto el acuerdo que se impugna. Finalmente, el recurso de apelación se resuelve en un tiempo razonable pues una vez interpuesto se substanciara en el plazo de veintitrés días aproximadamente. De ahí que, se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, debe desecharse la demanda de derechos fundamentales. En el caso particular, cobra aplicación la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, correspondiente a la novena época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, febrero de 2006, página: 1665, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, no se soslaya el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia visible en la página 990, Tomo 2, Octubre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; sin embargo, el mismo no cobra aplicación en el particular tomando en consideración que en el particular no se advierte que existan menores, habida cuenta que en el artículo 358, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se estableció la procedencia de la apelación en efecto suspensivo en cuestiones inminentemente familiares como acontece en el caso. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE PREVIENE LA DEMANDA DE GARANTIAS.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Norma Santos López1529/2021
- Norma Susana de la Fuente Gutierrez1447/2017
- Norma Susana de la Fuente Gutierrez1399/2018
- Norman Olan Menas140/2015
- Norwing Roberto Ruiz Rivera1515/2022
- Nuri del Carmen López Gómez76/2018
- Nuris López Sánchez1153/2023
- Nuris Madrazo Sastre1234/2022
- Nuris Santiago Bautista1695/2022
- NURJAMOLOV OZOD YUSUF UGLI y Otros.2474/2023
- Nury del Carmen González Jiménez1945/2016
- Nury del Carmen Gonzalez Jiménez830/2022