Nuria Garcia Teruel Sanmiquel
Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Nuria Garcia Teruel Sanmiquel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa, exhibió diversos documentos originales. En consecuencia, dado que a dichos documentos les reviste el carácter de originales, como lo exige el segundo párrafo, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la citada parte para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Devolución de tomo de pruebas. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Parte quejosa cumple requerimiento. Visto el escrito de cuenta, se tiene a *** en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa desahogando el requerimiento realizado en acuerdo del catorce de junio del año en curso y a efecto realiza diversas manifestaciones. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos a la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en: ? Omisión de entregar a la parte quejosa la pensión alimenticia correspondiente al mes de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio 744/2020 de su índice. ? Omisión de proveer el escrito de la parte quejosa presentado en el aludido expediente, el dos de marzo de dos mil veintitrés, por el que nombra nuevo abogado patrono y proporciona correo electrónico para notificaciones electrónicas. Respecto de los citados actos, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de que le sea entregada la pensión alimenticia correspondiente al mes de enero de este año y la diversa omisión de acordar su escrito presentado el tres de marzo del año en curso, sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad a su informe justificado, se advierten los antecedentes más relevantes. a) Dentro del juicio de divorcio 774/2020, mediante escrito de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el actor *** exhibió ficha de depósito bancario por la cantidad de veinticinco mil pesos ($25,000.00 MN). b) A dicho escrito recayó el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés en el que se puso a disposición de la quejosa la cantidad correspondiente a la pensión de enero del año en curso, tal como se aprecia de la siguiente imagen: c) Ulteriormente, la quejosa presentó escrito el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual nombró nuevo abogado patrono y proporcionó correo electrónico para notificaciones electrónicas. d) A la solicitud anterior recayó el acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que únicamente se acordó lo conducente a la designación del abogado patrono de la quejosa. e) Sin embargo, mediante acuerdo del quince de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza responsable acordó lo conducente al correo electrónico proporcionado por la quejosa toda vez que se ordenaron sus notificaciones de manera electrónica y ordenó la baja de los correos proporcionados con anterioridad. f) Asimismo, en esa misma fecha quince de mayo de dos mil veintitrés, el Comisario de la Unidad de Gestión del Juzgado Tercero Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, entregó el oficio 2203077420200023, al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el cual se ordena que se haga entrega a la quejosa de la pensión alimenticia correspondiente al mes de enero del año en curso. En consecuencia, aun cuando pudiera considerarse que existió una dilación procesal, lo cierto es que cesaron sus efectos, tomando en consideración que con posterioridad a la presentación de la demanda: ? Se dejó a disposición de la quejosa la pensión del mes de enero del año en curso y se giró el oficio correspondiente al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla para su pago. ? Se acordó lo conducente al escrito que la quejosa presentó el tres de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, resulta evidente que los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente . ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna. No se desatiende que la parte quejosa argumentó que el oficio 2203077420200023 no le fue entregado de manera personal, toda vez que se remitió directamente por conducto del Comisario de la Unidad de Gestión; sin embargo, dicha circunstancia no impide que se actualice la causa de improcedencia invocada, ya que dicha notificación faculta a la quejosa para que pueda acudir al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla, toda vez que la cantidad de la pensión ya se encontraba a su disposición. Al respecto, es relevante indicar que en la página electrónica del Portal de Trámites y Servicios del Poder Judicial del Estado de Puebla, indica como requisitos y pasos para la entrega de una pensión los siguientes: 12. Requisitos: Orden de pago y/o oficio de pago firmado por el C. Juez y con sello del Juzgado. original Acuerdo de autorización de pago, firmado por el Juez y Secretario de Acuerdos y con sello del Juzgado. copia Identificación oficial vigente INE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional. original y 2 copias 13. Pasos a seguir: 1. Acudir al departamento de depósitos, Fianzas y Multas, para entregar los requisitos solicitados y recibir fecha de pago. 2. Consultar previamente mediante llamada telefónica al departamento de Caja General, si la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos para su pago. 3. Presentarse en el departamento de Caja General, en la fecha indicada, para recibir cheque o ficha de pago bancario, debiendo presentar identificación oficial y en su caso, dos testigos. De lo transcrito se advierte que una vez existiendo la orden de pago contenida en el acuerdo del juicio familiar y el oficio que expide el Juez responsable que contenga la orden de pago, sin especificar si debe entregarlo directamente la quejosa o el Comisario, se está en posibilidad de acudir al Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla, para el cobro de su pensión respectiva. Por tanto, si el oficio 2203077420200023, que contenía la orden de pago de pensión de enero, fue entregado el quince de mayo, resulta evidente que la quejosa estaba en posibilidad de acudir a su cobro. Máxime que en el escrito de cuenta, el autorizado de la quejosa refirió que compareció a recibir la pensión ordenada en su favor, tal como se aprecia de la siguiente transcripción: Que la autoridad responsable en ningún momento puso a disposición directamente de la quejosa la Cantidad de $25,000.00 M/N (VEINTICINCO MIL PESOS DE MONEDA NACIONAL) por concepto de pago de Alimentos de mis menores hijos de iniciales I. V. G. T., A. V. G. T., y, F. V. G. T. del mes de Enero del presente año, sino que fue el Comisario quien presento directamente el oficio en el departamento de depósitos, fianzas y multas, donde la quejosa compareció a recibir la pensión alimenticia de sus menores hijos, tal y como se observa en los anexos del escrito presentado ante este juzgado con fecha del veintinueve de mayo del año en curso Tampoco pasa inadvertido que la solicitante de amparo aduce que tampoco se le ha pagado la pensión de abril; sin embargo ésta no constituye el acto reclamado, sino únicamente la omisión de entregar la pensión de enero, sin que puedan tenerse como actos reclamados destacados, porque tal pensión estuvo exhibida en el auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, esto es, de manera posterior a la presentación de la demanda veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Entonces, queda plenamente demostrado que dicho acto de omisión cesó sus efectos. Por otra parte, la quejosa también refirió que a la presente fecha no logra tener acceso a las notificaciones y consulta electrónica del expediente 774/2020; sin embargo, dicha circunstancia no forma parte de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por lo que las cuestiones atinentes a la falla del sistema electrónico o la incorrecta notificación electrónica que se le realice en el correo electrónico que proporcionó, podrá ser verificada en diverso procedimiento o directamente con el área de informática designada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que tampoco impide que se actualice la cesación de los efectos del acto omisivo reclamado. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno y en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; rinde informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Formación de anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar los legajos de pruebas I, II y III, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Se requiere a la parte quejosa. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que uno de los actos reclamados lo constituye la omisión de entregar a la parte quejosa la cantidad de *** por concepto de pensión alimenticia correspondiente al mes de enero de dos mil veintitrés, en favor de los menores I.V.G.T., A.V.G.T. y F.V.G.T., fijada en el juicio 744/2020 de su índice. En ese sentido, la autoridad responsable, en el oficio de cuenta, manifestó que mediante acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, la cantidad antes citada fue puesta a disposición de la acreedora alimentista ***, por lo que tiene que acudir a la Unidad de Gestión Judicial a tramitar el oficio correspondiente para el pago de la pensión correspondiente al mes de enero del año en curso. Como se aprecia de la siguiente imagen: Por tanto, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo cinco días, siguientes a que le sea notificado el presente proveído, realice lo siguiente: Acuda ante la Unidad de Gestión Judicial a tramitar el oficio correspondiente para el pago de la pensión correspondiente al mes de enero del año en curso, [partiendo de la base que la autoridad responsable indicó que dicho numerario se puso a su disposición]; o, en su caso, manifieste el impedimento que tenga para tal efecto. Hecho lo anterior, exhiba las constancias que lo acrediten. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que rinda su informe justificado solicitado en proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, el cual le fue notificado el quince de mayo del año en curso. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las once horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. ... Notifíquese.
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