Norma Mendez Martinez
Expediente 1313/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2023
Partes del expediente
- Norma Mendez Martinez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. Califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración transcurrió el plazo para desahogar la vista dada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Mediante sentencia del diecinueve de octubre de dos mil veintidós se determinó conceder el amparo a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual por cuestión de turnó tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el amparo en revisión ***, siendo que el quince de junio de dos mil veintitrés emitió la ejecutoria correspondiente, en cuyos puntos resolutivos estableció: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege por vicios de fondo a *** por propio derecho y en representación de los menores *** y ***, respecto al acto que reclamó del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en lo acordado el veintidós de junio de dos mil veintidós, en el expediente ***." En ese sentido, en atención a lo ordenado por la superioridad, se solicitó a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo. En el entendido que el Tribunal de Alzada indicó que los efectos de la concesión de amparo, son los siguientes: "En las relatadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida, y conceder por vicios de fondo el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente lo acordado en la audiencia de veintidós de junio dos mil veintidós. b) En su lugar emita otra determinación, en la que tramite el incidente de modificación de la cláusula séptima del convenio que fue elevado a categoría de cosa juzgada. c) Requiera al padre custodio le informe inmediatamente las actividades escolares de los menores, para que una vez obtenida esa información establezca un régimen de visita y convivencia de entrega-recepción, con apoyo del Centro de Convivencia Familiar, régimen que debe atender a lo pactado por las partes en el convenio que fue elevado a categoría de cosa juzgado. Asimismo, el juez debe apercibir al padre custodio que en caso de impedir de manera reiterada que se lleven a cabo las convivencias decretadas, podría suspenderse la patria potestad que tiene de los menores, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 628, fracción IV, inciso d), del Código Civil para el Estado de Puebla o imponerle alguna medida de apremio. d) Suspenda provisionalmente el resguardo y custodia que ejercen los abuelos paternos, requiera a las partes informen y acrediten si cuentan con algún familiar que pueda ejercer el cuidado de los menores durante la jornada laboral; requiera a los abuelos paternos se sometan a una valoración psicológica, que permita conocer si son aptos para ejercer el cuidado y resguardo de los menores y e) Recabe pruebas oficiosas para corroborar o descartar los hechos de violencia narrados por la quejosa en el escrito que presentó el siete de junio de dos mil veintidós y en la audiencia de dieciséis de los referidos mes y año, asimismo escuche a los menores atendiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO" y una vez hecho lo anterior resuelva lo que conforme a derecho corresponda". Luego, mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se determinó que la sentencia de amparo se encontraba parcialmente cumplida, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días realizara lo siguiente: "Informe sobre la respuesta proporcionada por el padre custodio sobre las actividades escolares de los menores de edad. Una vez obtenida tal información, establezca un régimen de visita y convivencia de entrega-recepción, atendiendo a lo pactado por las partes en el convenio que fue elevado a categoría de cosa juzgada." Cumplimiento. Por oficio de cinco de julio de dos mil veintitrés, el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada del auto de misma data, del cual se desprende que: a) Dejó insubsistente lo acordado en audiencia de veintidós de junio de junio de dos mil veintidós. b) Admitió a trámite la solicitud de modificación de la cláusula séptima del convenio de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. c) Requirió al padre custodio información sobre las actividades escolares de los menores de edad [siendo omisa en establecer un régimen de visita y convivencia de entrega-recepción, una vez obtenida esa información]. d) Suspendió provisionalmente el resguardo y custodia que ejercían los abuelos paternos, respecto de los menores de edad, asimismo, requirió a las partes que informaran y acreditaran si contaban con un diverso familiar que pudiera ejercer el cuidado de los menores en referencia, y requirió a los abuelos paternos para que se sometieran a una valoración psicológica. e) Ordenó recabar diversas pruebas de manera oficiosa para corroborar o descartar diversos hechos de violencia; asimismo, ordenó escuchar a los menores. f) Luego, mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se estableció un régimen de visita y convivencia de entrega-recepción, atendiendo a lo pactado en el convenio que fue elevado a categoría de cosa juzgada. Conclusión. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." En tal virtud, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa y terceros interesados, y por oficio a la representante especial de los menores.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 26 DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, contra actos de la Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla y otra autoridad responsable, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1313/2023-II. Se desecha la demanda de amparo. Es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo, conviene realizar una breve relatoría de lo sucedido en el expediente administrativo de origen, lo cual se desprende de lo narrado bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en su demanda de amparo, en los términos siguientes: En veinte de junio de dos mil veintidós, la parte quejoso solicitó al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, la expedición de cédula catastral, respecto del predio ubicado en esquina que forman las calles Bugambilias y Camino del Carnero, sin número, colonia Aviación, Tehuacán, Puebla. Consecuentemente, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, negó la expedición de cédula catastral solicitada. Ante dicha negativa, la parte quejosa interpuso recurso administrativo registral, el cual fue radicado el catorce de noviembre de dos mil veintidós con el número ******************** Seguida la secuela del referido procedimiento, el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejoso desahogó la vista otorgada con la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés y ofreció la prueba documental siguiente: ... 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las Copias debidamente certificadas por el Registrador Publico de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tehuacán, Puebla, relativo a la Escritura de I.- Rectificación de Superficie y medidas: II.- La Constitución de Servidumbre Voluntaria de paso, y III.- La escritura de división de copropiedad a nombre de ***, quien indistintamente utiliza el nombre de *** y/o *** respecto del Inmueble actualmente destinado a casa habitación, identificada con el número oficial *** inscrita en el registro Público de la Propiedad bajo el Folio Electrónico *** OBJETO.- Se pretende acreditar: 1. Que el inmueble que tengo en posesión y que se encuentra UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y CAMINO DEL CARNERO SIN NUMERO DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA no se encuentra en zona ejidal 2.- Que predios vecinos y que pertenecen a San Vicente Ferrer cuenta con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad, con lo cual es evidente que la autoridad catastral está equivocada al negarme la expedición de la Cedula Catastral del predio de mi propiedad solicitada. 3.- Que la autoridad administrativa catastral se encuentra totalmente equivocada en el sentido de que San Vicente Ferrer sigue siendo ejido porque algunos predios cuentan con escrituras públicas. Por lo que estaría recibiendo un trato diferenciado y desigual por la autoridad catastral ya que existen predios con escritura pública y a la suscrita se le niega la emisión de la cedula catastral solicitada" Por otra parte, las autoridades responsables dictaron el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que tuvieron a la parte quejosa desahogando la vista dada en el procedimiento de origen y determinaron no tener por admitida la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, dado que no reúne las características de una prueba superveniente, como se aprecia de la siguientes transcripción: ... CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la razón de cuenta, se provee: PRIMERO. CONTESTACIÓN A LA VISTA. En atención al escrito de cuenta, se tiene a la ocursante, dando contestación en tiempo a la vista otorgada por auto que antecede; formulando diversas manifestaciones respecto de la negativa emitida en el acto impugnado, mismas que serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, ordenándose agregar dicho ocurso de cuenta a las presentes actuaciones a efecto de que surta sus efectos legales conducentes, en términos de lo dispuesto por el numeral 36 de la Ley Procesal Civil para el Estado, en aplicación supletoria al similar 109 de la Ley de la Materia. Por cuanto hace a la probanza que ofrece, dígase que no ha lugar a tener por admitida la misma como prueba documental, ello debido a que, con apego en lo dispuesto por los artículos 89 y 199 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en aplicación supletoria al similar 109 de la Ley de la Materia, así como en el diverso 115 párrafo segundo de la Ley de Catastro del Estado, dicha documental ofrecida, no reúne las características de una prueba superveniente, condición requerida por los cuerpos de leyes invocados, para admitir una prueba después de haberse presentado el medio de impugnación. Es decir, de las manifestaciones que formula es de apreciarse que el recurrente tenía conocimiento de la existencia de las mismas al momento de interponer el presente medio de impugnación, pudiendo haberlas ofrecido en ese momento, en suma, tales constancias no se encuentran expedidas con una fecha posterior a la interposición en comento. ... Dicha determinación, constituye el acto reclamado. Finalmente, cabe precisar que la parte quejosa manifestó que aún no se ha emitido resolución definitiva en el recurso administrativo registral ******************** En ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitido en el recurso administrativo registral ********************, en el cual, entre otras cuestiones, se determinó no tener por admitida la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, por no reunir las características de una prueba superveniente. En ese contexto, este juzgado estima improcedente el juicio de amparo promovido contra el referido acuerdo, emitido dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio incoado por la parte quejosa, sin que se actualice algún supuesto de imposible reparación, como se desprende del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior se sigue que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones derivadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, es decir, aquella que lo concluya, o cuando el acto sea de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con la naturaleza de los procedimientos seguidos en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de catorce de marzo de dos mil tres, sostuvo que dicho concepto debe entenderse de manera amplia, ya que no sólo deben considerarse aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, sino que también deben comprenderse aquellos procedimientos en los que, sin dirimir alguna contienda, la autoridad prepara, frente al particular, su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La consideración vertidas quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, que establece lo siguiente: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. No resulta obstáculo que la interpretación invocada, haya derivado del estudio del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada el doce de abril de dos mil trece, pues su redacción es similar al artículo 107, fracciones II y III, de la ley vigente de la materia, por lo que se estima que continúa siendo aplicable para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, ante autoridades diversas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por otra parte, por cuanto hace a los actos emitidos dentro de procedimientos seguidos en forma de juicio, que sean de imposible reparación, conviene traer a cuenta que nuestro Alto Tribunal, al analizar el supuesto similar previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicable a los actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), der rubro: DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: Para ser calificados como actos de imposible reparación, es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de sustantivos En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Ahora, debe destacarse que el mismo Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio y no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. Con base en el marco jurídico expuesto, es posible advertir que el acuerdo reclamado de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitido en el recurso administrativo registral ********************, que únicamente tuvo por efecto no tener por admitida la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, por no reunir las características de una prueba superveniente, no actualiza los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues no se trata de la resolución definitiva, es decir, aquella que la resuelve, ni actualiza una afectación irreparable sobre algún derecho sustantivo, debido a que no impide de forma actual el ejercicio de algún derecho por parte de la demandada quejosa. Lo anterior es así, dado que únicamente constituye un acto dictado dentro del referido procedimiento que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que por regla general, lo atinente a la admisión o desahogo de pruebas únicamente puede ocasionar una infracción de derechos adjetivos, los cuales ni siquiera podrían trascender en el resultado del fallo, pues no impide que en el procedimiento administrativo de origen, se pueda emitir una resolución favorable a los intereses de la justiciable, entonces se tornaría irrelevante el hecho de que se no se haya admitido la prueba documental ofrecida por la parte quejosa. Por el contrario, en caso de que la resolución definitiva que en su caso se emita en ese procedimiento, resulte adversa a sus intereses, entonces la posible afectación que aduce resentir con el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el recurso administrativo registral ********************, en el cual, entre otras cuestiones, se determinó no tener por admitida la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, por no reunir las características de una prueba superveniente, sería reclamable como violación procesal en el diverso juicio amparo que en su caso se promueva en contra de esa resolución -una vez agotado el recurso ordinario que resulte procedente-, en el que, de concederse el amparo, podría tener por efecto reparar la afectación que resiente la parte quejosa; de ahí que sea posible considerar que se trata de una violación de reparación posible, precisamente por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución reclamada no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Resulta ilustrativa al caso, la tesis II.1o.4 A 10a, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que establece lo siguiente: RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.) El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguientes: PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO, VIOLACIONES AL. PRUEBAS. Conforme al artículo 114, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en amparo indirecto emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Ahora bien, el procedimiento se puede considerar seguido en forma de juicio si se trata de un procedimiento administrativo iniciado por una persona particular en contra de otra, ante la autoridad que conoce del mismo, y en el que se emplaza a esa otra persona a defender sus derechos, dando a ambas partes oportunidad razonable de probar y de alegar lo que a sus intereses convenga, antes de dictarse resolución con vista a las pretensiones deducidas, aunque las normas que rijan el procedimiento no estén expresadas en forma minuciosa y detallada, sino en forma más o menos simple y elemental. Y cuando en ese procedimiento se desecha una prueba a una de las partes, o no se le admite en la forma ofrecida, es claro que se trata de una posible violación al procedimiento, que deja a esa parte en estado de indefensión, en una situación semejante a la que para el amparo directo prevén los artículos 159, fracción III, y 161 de la Ley de Amparo, violación que podrá reclamarse, en su caso, juntamente con las posibles violaciones de fondo que se hayan cometido en la resolución que ponga fin al procedimiento y declare procedente la pretensión deducida por alguna de las partes en la controversia, o le constituya algún derecho deducido, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo, ya que ese amparo sería improcedente. Por lo demás, si bien el artículo 78 de la Ley de Amparo establece que el acto se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, ese precepto no debe entenderse en forma rigorista que lo oponga a la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, que es de jerarquía superior, sino en forma adecuada al texto y espíritu de la garantía constitucional, de manera que cuando en el procedimiento del que emane el acto reclamado no se hubiera dado oportunidad razonable al quejoso para probar su derecho, ya porque la ley secundaria no lo haya previsto (aunque esto la puede hacer inconstitucional), o ya porque la autoridad responsable no le haya respetado el derecho a probar, no se le podrá desconocer en el amparo que promueva contra la resolución final el derecho a ofrecer nuevas pruebas que no pudo ofrecer en el procedimiento administrativo, porque esta interpretación letrista del artículo 78 lo haría contrario al artículo 14 constitucional y dejaría al afectado en estado de indefensión. Asimismo, lo antes expuesto encuentra sustento, en los siguientes criterios jurisprudenciales: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII, y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidas por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis (Gaceta No. 25, página 52). AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, los cuales tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal como lo prevé el artículo 253, párrafo tercero , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós , únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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