Norma Paisano Zamora
Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2022
Partes del expediente
- Norma Paisano Zamora
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla doce de mayo de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado rinden informe justificado, designan delegados y ofrecen pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ahora, en atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio que respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de notificar al demandado, Municipio de Cuautlancingo y/o Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, en los autos del procedimiento laboral D-654/2021 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, se tiene presente que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la omisión de emplazar al demandado al juicio de origen; sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla, al juicio laboral *** del índice del tribunal responsable, como se advierte de la siguiente reproducción: *** En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de emplazar a la parte demandada, Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla, al juicio laboral *** del índice del tribunal responsable, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 22 DE MARZO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que tanto el quejoso como la tercera interesada desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de siete de marzo de dos mil veintidós, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: I. Que la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla deje insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno dictado en el juicio privilegiado de declaración judicial sobre custodia definitiva ..., del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en la parte en la que la citada autoridad responsable consideró que el ejercicio de la acción de cambio o modificación de visitas y convivencias es a través de un juicio autónomo y no dentro del mismo juicio natural. II. Enseguida, con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos que rigen la presente sentencia, proceda a emitir una nueva determinación en la provea la solicitud del quejoso respecto al tema de visitas y convivencias con sus menores hijos. Cabe destacar, que la juez responsable debe tener presente que respecto del derecho de visitas y convivencias prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de las personas juzgadoras a efecto de lograr que la determinación específica y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de los menores quejosos ..., se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, la juez familiar también haga del conocimiento de los infantes las medidas que adopte en relación con ellos, mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible. (.) En el caso, si bien los menores quejosos no se ubican en una hipótesis de disfunción o disminución de capacidad, lo cierto es que dada su condición de minoría de edad, se estima necesario que conozcan el alcance de esta resolución. Por lo anterior, se impone la carga a la juez responsable de elaborar una resolución bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para los menores quejosos, la cual deberá agregar como anexo a la determinación que emita y deberá notificársela en esos términos. Mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 157, de cinco de enero de dos mil veintidós, la Juez responsable informó que dejó sin efectos el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y dio trámite a la solicitud de modificación de visitas y convivencias solicitadas por el quejoso, dentro del juicio de origen; asimismo, que ordenó una entrevista psico-diagnóstica respecto del quejoso y la tercera interesada en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Puebla, para resolver lo conducente. Posteriormente, mediante oficio 1506, de diez de marzo de dos mil veintidós, la Juez responsable remitió copia de la resolución de uno de marzo del año en curso, dictada en el juicio ... y su versión en lectura fácil, por la que proveyó lo conducente a la solicitud de modificación de visitas y convivencias solicitadas por el quejoso. Fallo cumplido. De las constancias remitidas por la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se advierte lo siguiente: Que el cinco de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno; Con libertad de jurisdicción, dictó uno nuevo en el que consideró dar trámite a la solicitud de modificación de visitas y convivencias, solicitadas por el quejoso dentro del juicio de origen. Adicionalmente, ordenó el desahogo de las pruebas que consideró necesarias y, el uno de marzo del año en curso, resolvió la solicitud del quejoso y decretó el régimen de visitas y convivencias entre el referido quejoso y sus menores hijos. A partir de lo anterior, se aprecia que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, puesto que atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo. No se desatiende que el quejoso realizó manifestaciones respecto del cumplimiento de la responsable, en las que considera que no se cumplió debidamente la sentencia, al fijarse un nuevo régimen de convivencia con sus menores hijos, bajo la vigilancia del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Sin embargo, los lineamientos que la Juez responsable estableció a efecto de llevar a cabo el nuevo régimen de convivencia entre el quejoso y sus menores hijos, no fueron materia de estudio en la sentencia de amparo y, en ese sentido, le fue otorgada libertad de jurisdicción al respecto, como se advierte de los efectos de la concesión de amparo que consistieron en: Dejar sin efectos el acto reclamado (el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno). Con libertad de jurisdicción, emitir uno nuevo, considerando que la solicitud podía dictarse dentro del juicio de origen. Elaborar en formato de lectura fácil la resolución de cambio o modificación de visitas y convivencias. De esta manera, si en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, se dejó plenitud de jurisdicción a la Juez responsable, no se le constriñó a pronunciar una resolución dándole lineamientos para su emisión como los que ahora refiere el quejoso, relacionados con la convivencia con sus menores hijos, bajo la vigilancia del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Por tanto, se concluye que la modificación de las visitas y forma de convivencia fijada por la autoridad responsable en auto del uno de marzo de dos mil veintidós, no compete a los alcances del presente juicio de amparo, debido a que, en todo caso, constituyen posibles y nuevas violaciones que deben estudiarse en un nuevo juicio de amparo; por tanto, no es dable acordar la petición del quejoso en el sentido de que se declare la inejecución de la sentencia, porque la responsable cumplió con los efectos decretados en la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo. Por su parte, la tercera interesada también realizó manifestaciones respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin embargo, a través de ellas únicamente comunicó sobre el cumplimiento al nuevo régimen de visitas y convivencias de los menores. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, así como electrónicamente al representante especial de los menores.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria en vías de cumplimiento. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexos de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla -autoridad responsable-, por el que remite copia certificada de la constancia de notificación del proveído del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ..., de su índice, realizada únicamente a la parte actora; constancias de las que se advierten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Requerimiento. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable omitió anexar la constancia de notificación realizada a la parte demandada, en consecuencia, requiérase a la junta responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada en el juicio laboral de origen respecto de la determinación del veintiuno de febrero del año en curso, a fin de que se pueda llevar a cabo el desahogo de las pruebas pendientes de desahogarse en el juicio laboral y dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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