Novias los Gatitos
Expediente 1096/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Novias los Gatitos
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO El secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja transcurrió del tres al nueve de noviembre del presente año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Doy fe. El secretario Lic. Héctor Hugo Mejorada Bedolla. En la misma fecha, el secretario licenciada Héctor Hugo Mejorada Bedolla da cuenta a la juez, con el estado de autos, en específico con el acuerdo dictado el veinticinco de octubre de la anualidad que transcurre a través del cual se desechó la demanda de amparo y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido. En esa línea, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito; se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
El veinticinco de octubre de dos mil dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con un escrito registrado con el número de folio 17860, con seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Marco Antonio Cabrera Estrada, quien comparece por sí y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Elpidio Medina Estrada, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de catorce del mes y año en curso; exhibe copia certificada del acta levantada con motivo de la Junta de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, copia de la denuncia del juicio sucesorio intestamentario 396/2015, del acuerdo de admisión, y de la resolución de adjudicación de los bienes que conforman el caudal hereditario, expedido por el Notario Público número cuarenta de la ciudad de Jalpa, Zacatecas, con las que se le tiene por reconocida la personalidad con la que se ostenta; en atención a lo anterior, se provee: Vista la demanda de amparo que promueve Marco Antonio Cabrera Estrada, albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José Elpidio Medina Estrada; en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la conclusión de un procedimiento de remate se encuentra condicionada a que concurran dos supuestos: I. Se ordene otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes y II. se ordene la entrega de la posesión de éstos. De manera que para que se considere definitivo el procedimiento de remate, en el estado procesal de éste debe haberse ordenado la escrituración o la entrega de la posesión del bien involucrado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página: 1066: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la diligencia de embargo realizada en ejecución de un juicio, pues se trata de un acto procesal tendente al remate de dichos inmuebles para el cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que dicte en dicho procedimiento de subasta; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinte de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio laboral 397/I/2014 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Del análisis integral de la demanda se advierte que la diligencia reclamada tiene como origen la ejecución del laudo condenatorio que fue emitido contra los quejosos. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual los quejosos son parte formal y material (al manifestar que comparecieron con tal carácter a dicho procedimiento). Así, al integrarse el acto reclamado por una diligencia de requerimiento de pago y embargo en ejecución del laudo natural, es evidente que la finalidad de tal actuación se concreta en el remate de los bienes embargados. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural de remate tendente a la ejecución de la condena realizada contra la parte demandada, pues el embargo constituye el presupuesto de dicha subasta. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de un procedimiento de remate, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación de la subasta); es decir, contra la orden de escrituración o entrega de la posesión del bien enajenado. Por tanto, al combatirse la diligencia de embargo realizada en ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento de remate involucrado. Lo anterior, tomando en cuenta que en el caso no se encuentran involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, debido a que la inconformidad base de la demanda de amparo se centra en la legalidad del embargo realizado, que tiene como finalidad la ejecución del laudo natural (cosa juzgada), respecto del cual fueron partes materiales los quejosos; lo que revela la relación directa del acto reclamado con lo determinado en dicha resolución. Sin perjuicio de que en el momento en que se emita dicha resolución se puedan hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En conclusión, al no tratarse de la última resolución del procedimiento de remate involucrado, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Marco Antonio Cabrera Estrada, por propio derecho y como albacea de la sucesión de José Elpidio Medina Estrada, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
El catorce de octubre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la juez, con la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Cabrera Estrada, quien se ostenta como albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José Elpidio Medina Estrada; registrada con el número 17196; con seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Marco Antonio Cabrera Estrada, quien se ostenta como albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José Elpidio Medina Estrada, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; que estima violatorios en perjuicio de su representada los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1096/2016-6; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir al promovente con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que indica que el juzgado federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que en la demanda se falte a las reglas que deben acatarse, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; y, Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda de amparo si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. No se hubiere acompañado en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. En el caso, atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de amparo que se constituye como un verdadero procedimiento de orden jurisdiccional autónomo y que, por ende, se rige por los principios de la teoría general del proceso (salvo las excepciones que la propia Ley Reglamentaria establece), consagra, entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes; principio regido en el artículo 3º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2º, por ende, el presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, ya que tiende a perfeccionar la actuación jurisdiccional y su estudio debe ser previo al de la cuestión de fondo propuesta. En efecto, tratándose del amparo, la personalidad no debe estudiarse en cualquier estado del juicio, sino que es indispensable que se provea oficiosamente desde el momento mismo en el que se presenta la demanda, con el propósito de evitar la tramitación de juicios inútiles y, de no encontrarse acreditada, se considera una irregularidad del escrito de demanda que ocasiona que el juzgador de amparo se encuentre obligado a prevenir al peticionario, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Ahora bien, del análisis acucioso de la demanda de amparo, así como de los anexos que acompaña, este juzgado federal advierte una irregularidad de la demanda, que provoca prevenir al promovente Marco Antonio Cabrera Estrada, quien se ostenta como albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de José Elpidio Medina Estrada, en términos del numeral 114 referido, en relación con los diversos 108, fracción I, en relación con 6° y 114, fracción V de la Ley de la materia. Ello porque el promovente Marco Antonio Cabrera Estrada, se ostenta albacea de la Sucesión Intestamentaria 395/2015 a bienes de José Elpidio Medina Estrada, tramitada ante el Juez de Primera Instancia y de lo familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas; sin embargo, el documento que allega para acreditar su personalidad resulta insuficiente, toda vez que esto obra en copia simple, por lo que resulta ineficaz para acreditar el carácter con que se ostenta. En relación con la personalidad del promovente, se tiene en consideración que ésta es un presupuesto procesal que tiende a perfeccionar la actuación jurisdiccional; por ello, su estudio debe ser previo, por tratarse de una cuestión de orden público. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso arábigo 114, fracción lll, ambos de la Ley de Amparo, es menester requerir al promovente Marco Antonio Cabrera Estrada, para el efecto de que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, realice lo siguiente: Acredite con documento fehaciente la personalidad y carácter con que comparece, es decir, como albacea de la Sucesión Intestamentaria 396/2015 a bienes de José Elpidio Medina Estrada. Es aplicable en relación al requerimiento contenido en párrafo que antecede la Jurisprudencia 2ª./J1/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En el entendido de que, al ser la personalidad una cuestión que incide en las defensas de las demás partes, en la medida que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para ejercitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con esa facultad y este derecho, por tanto, si dicha personalidad no la acredita el impetrante del amparo con la demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio es indiscutible, que debe exhibir copias suficientes para la totalidad de las partes del escrito aclaratorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, seis copias simples del mismo para ser distribuidas de la siguiente forma: dos para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; una para el tercero interesado; y dos para los cuadernillos incidentales. Robustece lo expresado la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda." Se apercibe al promovente del amparo de que en caso de incumplir con lo requerido, en los términos y condiciones precisados, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; en tanto que si sólo llegaren a faltar las copias para el incidente de suspensión, se postergará la apertura de éste. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia a los licenciados María de Jesús López Flores y Carlos Guerrero López, quienes tienen registrada sus cédula profesional números 1645450 y 1952276, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle de la Mantequilla número ciento cinco, interior cinco, zona centro de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretaria que autoriza licenciada Teresa Rosado de Loza.- DOY FE. Jessy*
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