Nuvia Scarleth del Carmen Muñoz Sánchez
Expediente 206/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Nuvia Scarleth del Carmen Muñoz Sánchez
- Mónica Martínez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LOO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y estando por resolver en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: De la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de fecha veintitrés de noviembre del año próximo pasado se desprende: "En efecto, si el juez de distrito concedió el amparo a la recurrente porque llegó a la determinación de que el artículo 49 de la Ley Hacendaria es inconstitucional al contravenir el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución y por ende, ordenó a la Secretaría de Finanzas la devolución de la cantidad que resulte de un mil ciento veintidós pesos cero centavos, -que enteró por concepto de refrendo- y ochocientos cincuenta y ocho pesos, que dijo, es el monto correspondiente a la cuota mínima; es claro que como consecuencia necesaria, debería hacerse extensiva la concesión del amparo con respecto a los artículos 21 a 27 de la Ley Hacendaria que contempla el impuesto a favor de la Universidad de Zacatecas considerando como una contribución adicional al pago de derechos estatales, como el que se paga por refrendo de la tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, de manera que si tal contribución adicional se cobra sobre la base de los derechos estatales a pagar, aplicando la tasa del cinco por ciento, es evidente que al disminuir la base sobre la que debe pagarse los derechos estatales aludidos, es claro que ello impacta necesariamente en el cobro de la contribución a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas." Mediante proveídos de veintisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de febrero y dieciocho de marzo del año en curso, se requirió a la Recaudadora de Rentas adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad para que acatara en su términos el fallo protector (fojas 206, 216 y 220). Acto continuo, el catorce de abril del año en curso, se tuvo por recibido el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, a la sentencia protectora de garantías de quince de junio de dos mil quince, para lo cual remitió copia certificada del monto que se devolvió a la aquí quejosa, de la que se desprende que el derecho de refrendo de tarjeta de circulación fue el equivalente a la cantidad de $1,122.00 (un mil ciento veintidós pesos 00/100 m.n), menos el quince por ciento de descuento aplicado a la fecha de pago, y que al aplicar el cobro solamente la tarifa mínima general, equivale a la cantidad de $231.00 (doscientos treinta y uno 00/100 m.n.). Asimismo, el once de mayo del año en curso, la misma autoridad informó: [.] mediante este juicio de garantías, el pago por concepto de refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanías, respecto al vehículo con placas de circulación ZJ17967, la quejosa pagó la cantidad de $1,122.00 (mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), menos el quince por ciento de descuento aplicado a la fecha de pago, equivalente a $168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m. n.), menor el diez por ciento de descuento por tener el CHIP DE REPUVE, lo que arroja un total de $859.00 (ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), más el impuesto del cinco por ciento para la Universidad Autónoma de Zacatecas, equivalente a cincuenta y seis pesos, dando la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional), pago mediante el cual se ordenó que sólo se le cobre la tarifa mínima general equivalente a $231.00 (doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), más el cinco por ciento del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, equivalente a $12.00 (doce pesos 00/100 moneda nacional), arrojando un cobro total por la cantidad de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por lo que en fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, se le hizo entrega a la quejosa de la cantidad de $672.00 (seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que pagó en excedente por el servicio recibido, según se lo acredito con las copias certificadas que me permito adjuntarle del recibo correspondiente; asimismo, con la finalidad de que surtan sus efectos legales a que haya lugar, en los términos ordenados en la sentencia protectora de garantías dictada en el juicio de amparo en que se actúa [.] Ahora bien, analizando el documento de la autoridad responsable, se desprende de las operaciones aritméticas que realizó en su comunicado, se advierte que la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional) se generó como resultado de la siguiente operación, es decir, de la cantidad total de $1,122.00 (mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), se le restó el quince por ciento de descuento que dio la cantidad de $953.00 (novecientos cincuenta y tres pesos 70/100 moneda nacional), y restándole a esta última la cantidad de $94.00 (noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, generándose así la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, del total antes señalado se procedió a restar la tarifa mínima general equivalente a $231.00 (doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), más el impuesto correspondiente dando un total de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), generándose así la cantidad total que debe devolver la autoridad responsable, siendo ésta la suma de $672.00 (seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); por lo que, se concluye que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". De ahí que los argumentos expresados por la parte quejosa en su escrito recibido el veintiséis de abril del presente año, resultan fuera de toda lógica jurídica, pues en lugar de restarse la cantidad de $94.00 (noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) se sumó al entero general, lo cual según se evidenció no fue lo correcto. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.- Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." En tales condiciones, tomando en consideración lo antes expuesto, se concluye que los argumentos expuestos por la quejosa, resultan infundados. En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe."
- Principal
En veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y estando por resolver en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: De la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de fecha veintitrés de noviembre del año próximo pasado se desprende: "En efecto, si el juez de distrito concedió el amparo a la recurrente porque llegó a la determinación de que el artículo 49 de la Ley Hacendaria es inconstitucional al contravenir el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución y por ende, ordenó a la Secretaría de Finanzas la devolución de la cantidad que resulte de un mil ciento veintidós pesos cero centavos, -que enteró por concepto de refrendo- y ochocientos cincuenta y ocho pesos, que dijo, es el monto correspondiente a la cuota mínima; es claro que como consecuencia necesaria, debería hacerse extensiva la concesión del amparo con respecto a los artículos 21 a 27 de la Ley Hacendaria que contempla el impuesto a favor de la Universidad de Zacatecas considerando como una contribución adicional al pago de derechos estatales, como el que se paga por refrendo de la tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, de manera que si tal contribución adicional se cobra sobre la base de los derechos estatales a pagar, aplicando la tasa del cinco por ciento, es evidente que al disminuir la base sobre la que debe pagarse los derechos estatales aludidos, es claro que ello impacta necesariamente en el cobro de la contribución a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas." Mediante proveídos de veintisiete de noviembre de dos mil quince, ocho de febrero y dieciocho de marzo del año en curso, se requirió a la Recaudadora de Rentas adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad para que acatara en su términos el fallo protector (fojas 206, 216 y 220). Acto continuo, el catorce de abril del año en curso, se tuvo por recibido el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, a la sentencia protectora de garantías de quince de junio de dos mil quince, para lo cual remitió copia certificada del monto que se devolvió a la aquí quejosa, de la que se desprende que el derecho de refrendo de tarjeta de circulación fue el equivalente a la cantidad de $1,122.00 (un mil ciento veintidós pesos 00/100 m.n), menos el quince por ciento de descuento aplicado a la fecha de pago, y que al aplicar el cobro solamente la tarifa mínima general, equivale a la cantidad de $231.00 (doscientos treinta y uno 00/100 m.n.). Asimismo, el once de mayo del año en curso, la misma autoridad informó: [.] mediante este juicio de garantías, el pago por concepto de refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanías, respecto al vehículo con placas de circulación ZJ17967, la quejosa pagó la cantidad de $1,122.00 (mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), menos el quince por ciento de descuento aplicado a la fecha de pago, equivalente a $168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m. n.), menor el diez por ciento de descuento por tener el CHIP DE REPUVE, lo que arroja un total de $859.00 (ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), más el impuesto del cinco por ciento para la Universidad Autónoma de Zacatecas, equivalente a cincuenta y seis pesos, dando la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional), pago mediante el cual se ordenó que sólo se le cobre la tarifa mínima general equivalente a $231.00 (doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), más el cinco por ciento del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, equivalente a $12.00 (doce pesos 00/100 moneda nacional), arrojando un cobro total por la cantidad de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), por lo que en fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, se le hizo entrega a la quejosa de la cantidad de $672.00 (seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que pagó en excedente por el servicio recibido, según se lo acredito con las copias certificadas que me permito adjuntarle del recibo correspondiente; asimismo, con la finalidad de que surtan sus efectos legales a que haya lugar, en los términos ordenados en la sentencia protectora de garantías dictada en el juicio de amparo en que se actúa [.] Ahora bien, analizando el documento de la autoridad responsable, se desprende de las operaciones aritméticas que realizó en su comunicado, se advierte que la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional) se generó como resultado de la siguiente operación, es decir, de la cantidad total de $1,122.00 (mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), se le restó el quince por ciento de descuento que dio la cantidad de $953.00 (novecientos cincuenta y tres pesos 70/100 moneda nacional), y restándole a esta última la cantidad de $94.00 (noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, generándose así la cantidad de $915.00 (novecientos quince pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, del total antes señalado se procedió a restar la tarifa mínima general equivalente a $231.00 (doscientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional), más el impuesto correspondiente dando un total de $243.00 (doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), generándose así la cantidad total que debe devolver la autoridad responsable, siendo ésta la suma de $672.00 (seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); por lo que, se concluye que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". De ahí que los argumentos expresados por la parte quejosa en su escrito recibido el veintiséis de abril del presente año, resultan fuera de toda lógica jurídica, pues en lugar de restarse la cantidad de $94.00 (noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) se sumó al entero general, lo cual según se evidenció no fue lo correcto. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.- Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." En tales condiciones, tomando en consideración lo antes expuesto, se concluye que los argumentos expuestos por la quejosa, resultan infundados. En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En once de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio y anexo, registrado con el número 9199.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, firmado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se les hizo por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el mismo, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. *Jessy
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En once de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio y anexo, registrado con el número 9199.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, firmado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se les hizo por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el mismo, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. Jessy"
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