Norma Yadira Barrios Rivas

Expediente 2219/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2219/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2016

Partes del expediente

  • Norma Yadira Barrios Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    En cinco de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de diez de diciembre de dos mil quince, en que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo número 2219/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de diez de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Norma Yadira Barrios Rivas, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 845/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente de Participación Social del Fraccionamiento del Vergel de Fresnillo, Zacatecas, formuló demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridad responsable al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil Del Distrito Judicial de Viezca con residencia en Torreón, Coahuila y otras autoridades, por los actos siguientes: ACTO RECLAMADO. "La orden de colaboración vía exhorto que las responsables giren o hayan girado a la ejecutora y las que en vía de cumplimiento y colaboración esta dicte a las ejecutoras ministeriales y de seguridad pública y administrativas del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para ejecutar y cumplimiento de diligencia alguna (de desalojo o la que resulte) que derive de cualquier exhorto solicitando a ejecución y/o cumplimiento de resolución dictada por las responsables." PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, previo cumplimiento por parte del quejoso al requerimiento que le fue realizado por este Juzgado, ordenó su admisión y registro bajo expediente 845/2015, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La orden de desalojo y su ejecución de los habitantes del fraccionamiento popular El Vergel, de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad ." II.2.1. Inexistencia: Las autoridades señaladas como responsables, Secretario de Gobierno y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas (fojas 33 y 35); al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto al acto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Viezca, con residencia en Torreón, Coahuila; Juzgado del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (fojas 62 y 26), al rendir su informe justificado admitieron la existencia del acto reclamado. Por tanto, la existencia de tales actos reclamados, quedó acreditada con los informes justificados de las autoridades responsables y la documental consistente en las copias certificadas del expediente 812/2004 en el cual obra agregado el acto reclamado, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así haberlo manifestado en sus informes respectivos. Al respecto, tiene aplicación la tesis cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, las autoridades ejecutoras Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas; Director de Seguridad Pública; Primer Comandante de la Policía Preventiva, ambos destacamentados en Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los mismos, sin embargo, al tener el carácter de ejecutoras y en virtud de que la autoridad señalada como responsable ordenadora admitió el acto reclamado, es evidente que tendrán injerencia en su ejecución, por tanto se tiene por desvirtuada dicha negativa y por cierto el acto que les es atribuido. III. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse de oficio la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, con fundamento en el numeral 73, último párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ninguna de las partes hizo valer causal alguna de improcedencia, sin embargo, una vez analizado el presente juicio, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con la fracción I, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditó su interés jurídico. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Y "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a tales preceptos, de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, el quejoso haya acreditado su interés legítimo, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés legítimo que toma en cuenta la Ley de Amparo vigente para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, resultaba necesario, que la parte quejosa acreditara una afectación a su esfera jurídica, por parte de los actos de autoridad que reclama, que traducido en otras palabras, requería que el acto reclamado consistente en la orden de desalojo de los habitantes del fraccionamiento popular El Vergel, de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas; que constituye el acto reclamado, le irrogara algún perjuicio, derivado de un derecho legítimo del que se le estaba privando. Sin embargo, de los autos del juicio de amparo en que se actúa, no se desprende que se afecte algún derecho al peticionario de garantías, con el acto a que se alude, pues no fue aportado material probatorio fehaciente para acreditar tales extremos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), consultable en la página 1807, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2003293, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Ahora bien, debe precisarse que por cuanto hace al interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales. Sobre el tema, es de invocarse la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así como la diversa jurisprudencia siguiente del texto literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.- El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así pues, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce, en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto y, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el solo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Así pues, en el caso, procede evidenciar, por qué el acto reclamado, a saber, la orden de desalojo de los habitantes del fraccionamiento popular El Vergel, de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, no infringe la esfera de interés jurídico de la parte quejosa. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados y en esencia son: El quejoso afirma que es presidente de participación social del fraccionamiento popular El vergel de Fresnillo, Zacatecas. Que tanto el quejoso como sus representados tienen su domicilio en dicho fraccionamiento. Que en dicho fraccionamiento se pretende despojar a sus dueños de sus viviendas. Hecha esa precisión, es pertinente destacar que el quejoso, en su escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil quince (fojas 11 a 14), ofreció como pruebas de su intención, las siguientes: 1). Identificación expedida por el Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas, 2013 - 2016, en favor de ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ como presidente de participación social del "FRACC EL VERGEL". 2) Oficio número 1017, de veinticinco de mayo de dos mil quince, suscrito por el Director de Desarrollo Social del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, por el cual se hace constar que ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ, ocupa el cargo de Presidente del Comité de Participación Social del Fraccionamiento el Vergel, Fresnillo, Zacatecas, comité con validez del uno de enero de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, esos medios de prueba antes descritos, si bien fueron expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones y con ello adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de esta última ley especial en cita, sin embargo, solo demuestran que el quejoso ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ es Presidente de Participación Social del Fraccionamiento El Vergel, con sede en Fresnillo, Zacatecas, más no justifican que está facultado para promover el presente juicio de garantías. Esto es, no está acreditado con la segunda de las documentales descritas que ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ tenga facultades para promover el presente juicio de garantías en nombre y representación del Fraccionamiento El Vergel, como puede ocurrir con el otorgamiento de un poder para pleitos y cobranzas donde es una facultad propia del mandante para poder promover un medio de defensa, por lo que, si del oficio número 1017 de veinticinco de mayo de dos mil quince, que obra a fojas 14 no se advierte la existencia de ese mandato especial consistente en la facultad para promover el presente juicio de garantías, evidentemente que no existe la legitimación del quejoso requerida. Máxime que, si el acto reclamado por el quejoso lo es el desalojo que se pretende hacer de algunos de los habitantes del fraccionamiento El Vergel, todos y cada uno de ellos, debieron haber acudido por propio derecho a promover el juicio de garantías correspondiente y para ello acreditar con documento idóneo ser los legítimos propietarios de los inmuebles ubicados en dicho fraccionamiento y de los cuales se pretende llevar a cabo su desalojo, incluidos el propio quejoso, pues éste aún y cuando refiere ser propietario de un inmueble ubicado en el fraccionamiento El Vergel, no acreditó tal circunstancia con documento alguno, por lo que, los medios de prueba citados son insuficientes para acreditar la afectación a su interés jurídico. Asimismo, aun en el caso, de que los habitantes de la colonia El Vergel de Fresnillo, Zacatecas, hayan comparecido de manera personal o por conducto de apoderado, debieron acreditar la causa generadora de la posesión, ya sea originaria o derivada, por lo que al no acreditarse tal extremo resulta válido concluir que la simple detentación material de la posesión que dice tener, no constituye la posesión jurídica y por tanto, no puede ser protegido por el artículo 14 Constitucional, entendido como garantía de audiencia. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN CIVIL. LA SIMPLE DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE, DEMOSTRADA POR EL TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo que establecen los artículos 826, 827 y 829 del Código Civil del Estado, la posesión de inmuebles puede ser originaria o derivada, según se disfrute en calidad de propietario o de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo; requiere tal posesión, entonces, de un título o causa generadora, y que se ejerza sobre el bien un poder de hecho. Por ello, si la tercero extraño, ante el Juez Federal, omite acreditar la causa generadora de su posesión, resulta válido concluir que la simple tenencia material del bien inmueble, faltando dicho título, no constituye la posesión jurídica a que se refiere la legislación civil y, por ende, no puede ser protegida por la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO." Aunado a lo anterior, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio. En concordancia con esa premisa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 123/2013 (10a.), sostuvo que en un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, precisó el Alto Tribunal, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con ello existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. El criterio judicial invocado es del tenor literal siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." No se desatiende que la jurisprudencia anterior, abordó el tema de tercero extraño, cuando se ostenta como propietario, sin embargo, a más de ser ilustrativa, en cuanto destaca precisamente que no basta contar con ese derecho objetivo (propiedad), para demostrar el interés jurídico en contra de la orden de desalojo, sino que también se debe demostrar que ahí, en ese lugar tiene su domicilio, lo que se traduce precisamente en la materialización de la afectación, por ello, es válido invocar esa jurisprudencia. Dicha precisión deriva del párrafo 47 de la ejecutoria de aquella, que en la parte conducente señala: "47. Cabe indicar que los casos concretos que dieron lugar a la contradicción de tesis que se analiza, se refieren a personas que demostraron ser propietarios del inmueble en donde se practicaría el embargo y, además, viven en aquél; en tal virtud, la jurisprudencia que resuelve la contradicción limita a la procedencia del juicio de amparo indirecto y se dirige a quien se ostenta extraño al juicio y demuestra tanto su calidad de propietario del inmueble, como que vive en éste; sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, pues el hecho de que se dé trámite al juicio de amparo indirecto no necesariamente dará lugar a la concesión del amparo." Por ello, aun y cuando el aquí quejoso se ostenta extraño a la controversia natural aduciendo el derecho de posesión, ya que vive en ese lugar, es dable afirmar que las consideraciones de nuestro máximo Tribunal, son aplicables, por lo que se estima, es necesaria la demostración de la tenencia material para acreditar el interés jurídico. Así, se debe tener presente que el quejoso se ostenta extraño a la controversia, y de los antecedentes de la demanda se advierte que afirma tener la posesión del inmueble en donde pretende ejecutarse el acto reclamado en virtud de que ahí vive. Máxime que el quejoso en el presente juicio de garantías no ofreció prueba alguna para acreditar esa circunstancia, esto es, no ofreció la prueba testimonial para tratar de demostrar que tiene la posesión del inmueble que se ubica en el fraccionamiento el Vergel y que dice habitar. En las relatadas circunstancias, si en la especie el quejoso no acreditó estar facultado para promover el presente juicio de garantías, además de que tampoco demostró ser el propietario de alguno de los inmuebles ubicados en el fraccionamiento El Vergel de Fresnillo, Zacatecas, ni estar en posesión de algún bien inmueble, debe concluirse que no acreditó su interés jurídico como tampoco su interés legítimo, y en esa tesitura, es evidente que los actos que reclama no inciden en su esfera jurídica, para que pudiera deducir la acción constitucional. En las relatadas condiciones, se concluye que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que se encuentra contemplada en el artículo 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo y lo que procede en derecho en términos del diverso artículo 63, fracción III, del cuerpo de leyes en consulta es sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente de Participación Social del Fraccionamiento del Vergel de Fresnillo, Zacatecas. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se reclaman de las autoridades ejecutoras Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas; Director de Seguridad Pública; Primer Comandante de la Policía Preventiva, ambos destacamentados en Fresnillo, Zacatecas, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino en la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por quien en esa fecha se encontraba como titular de este Juzgado, toda vez que el suscrito Secretario fue autorizado con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para que desempeñe las funciones de juez de Distrito del dos de diciembre de dos mil quince, hasta en tanto el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; se considera que está facultado para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que el citado artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrita. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALONZO ROJAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente de Participación Social del Fraccionamiento del Vergel de Fresnillo, Zacatecas, por su propio derecho, contra las autoridades responsables precisadas en el considerando II.2.1 y en cuanto a los actos precisados en el diverso considerando II.1. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza hasta el día de hoy diez de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. DOY FE. sise

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