Norlan De la Cruz Alfonso y Otros.

Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
460/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Norlan De la Cruz Alfonso y Otros.
  • Norlan De la Cruz Alfonso

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía remota por medios electrónicos el quince de julio último, en el conflicto competencial ***, formado con motivo del conflicto competencial suscitado por este juzgado federal y el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ejecutoria en la que se determinó: "(.) PRIMERO. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente conflicto competencial. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que se avoque al conocimiento del asunto. TERCERO. Con testimonio de la presente resolución, comuníquese al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos correspondientes. (.).". Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase a este expediente el oficio y testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; el cual registró bajo el número C.C.A. 27/2022; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 460/2022, de éste índice; asimismo, informa que insiste en carecer de competencia por cuestión de materia para conocer del presente asunto, y que remitió los autos del citado sumario constitucional al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial suscitado; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual se remite los autos originales del juicio de amparo 1000/2022, de aquel índice; ello en virtud de que declina competencia por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por*********, en representación de ********. Acúsese recibo. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 460/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Competencia Una vez analizadas las constancias de referencia, este juzgado de Distrito, respetuosamente no acepta la competencia declinada. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Juez declinante sostuvo su legal incompetencia por estimar que los actos reclamados atañen a la materia penal, por lo que consideró que corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento del juicio de amparo que se atiende, postura que en el caso no se comparte respetuosamente. Así las cosas, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que si bien es cierto el quejoso reclama algunos actos que pudieran ser considerados de naturaleza penal, no menos verídico es que también se reclaman actos de naturaleza administrativa, sin que el citado juez declinante haya realizado la separación de actos respectiva. De la lectura del comunicado que se atiende, se desprende que el juzgado declinante señaló como actos reclamados los siguientes: i. La posible omisión de atender y proporcionar información para regularizar su estancia legal en el país. ii. La retención. iii. La privación de su libertad. iv. La inminente presentación en la estación migratoria. v. La deportación. Por tanto, algunos de los actos de que se duele la parte quejosa, están vinculados con su estancia en el país, pues están relacionados con su actual situación migratoria, ya que refiere que no ha podido asistir ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con la finalidad de regularizar su estancia, por lo que tiene el temor de ser privado de la libertad. Por lo que dichos actos, en su mayoría son meramente administrativos, ya que aun y cuando afecten la libertad personal tienen naturaleza administrativa en la medida en que no tienen como finalidad principal la privación de la libertad de la parte quejosa, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país. Amén, que otros de los actos precisados, también son de índole administrativo. Sobre el tema el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, al resolver el conflicto competencial 1/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado de Distrito, consideró lo siguiente: "(.) A partir de esos elementos, este Tribunal considera que si bien los quejosos señalan actos como el aseguramiento, alojamiento o detención que inciden en su libertad personal, en realidad esos actos están vinculados con su estancia en el país. Asimismo, de lo manifestado en el capítulo de hechos y con los elementos de autos, parece que la restricción de la que dependen tales actos está relacionada con el alojamiento temporal de los quejosos en la estación migratoria indicada en la demanda a fin de que se resuelva su situación migratoria. En ese sentido, para definir la naturaleza de ese acto es conveniente tener en cuenta que en los artículos 11, párrafo primero, y 33, párrafo segundo, de la Constitución General1 está previsto el derecho de libertad de tránsito, mediante el cual toda persona puede entrar, salir, cambiar de residencia o viajar en territorio nacional sin necesidad del permiso de la autoridad. En ese sentido, solo las autoridades judiciales, por causas de responsabilidad civil o penal, o bien, las autoridades administrativas, con base en las políticas estatales de emigración, inmigración o salubridad general, podrán limitar tal prerrogativa e impedir que una o más personas la ejerzan, además de la salvedad contenida en el artículo 33 se refiere a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal para restringir este derecho y expulsar, previa audiencia, a extranjeros perniciosos. Por otro lado, los artículos 1, 3, fracción XI, 19, 20, fracciones III, IV y VII, 68, 77, 98, 99, 100, 111, 143, y 144, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Migración establecen lo siguiente. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. (.) Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XI. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. (.) Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; (.) VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; (.) Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. (.) Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. (.) Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria ampara la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. (.) Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. (.) Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. (.) Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; (.) En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. Los artículos referidos regulan los aspectos relacionados con la entrada, salida, tránsito y estancia de mexicanos y extranjeros en territorio nacional. Así, el Instituto Nacional de Migración, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, está facultado para ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias e instrumentar las políticas de la materia. Concretamente, le corresponde resolver sobre la legalidad de la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, ordenar su retorno asistido o deportación y presentar en las estaciones migratorias o lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Además, cuando con motivo de la revisión migratoria se obtenga que el extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación regular en el país, debe ser puesto a disposición del Instituto, quien substanciará el procedimiento de carácter administrativo que se integra por las etapas de presentación, alojamiento en las estaciones migratorias, retorno asistido y deportación de extranjeros, según corresponda. Tales medidas son consideradas como de orden público y les resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual detiene a un extranjero en los casos en que no tenga acreditada su estancia legal en el país y se le otorga alojamiento temporal a fin de que regularice esa situación, o bien, abandone voluntariamente el territorio nacional. El Instituto debe resolver la situación migratoria del extranjero, por regla general, en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su presentación; sin embargo, puede exceder dicho plazo en los supuestos establecidos en el artículo 111 de la ley de la materia, en los cuales se tendrá como límite el de sesenta días hábiles, salvo que se hubiera interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se combatan aspectos inherentes a su situación migratoria en territorio nacional o se haya promovido juicio de amparo en que se prohíba expresamente su traslado o el abandono del país. En dicho supuesto, la persona debe permanecer en la estación migratoria. Por su parte, el retorno asistido es la medida por la que el Instituto hace abandonar el territorio nacional a un extranjero y lo remite a su país de origen o de residencia habitual. Asimismo, la deportación es la sanción dictada por el Instituto en que ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y determina el periodo durante el cual no podrá reingresar. Para su procedencia deberá actualizarse entre otros supuestos, que el extranjero se haya internado al país sin la documentación requerida. De lo expuesto, se considera que los trámites llevados a cabo ante el Instituto Nacional de Migración por nacionales y extranjeros respecto de su ingreso, egreso o permanencia en el país, y las resoluciones que dicha autoridad emita al respecto, son de carácter administrativo, pues están relacionados con el derecho de libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas migratorias estatales. En ese sentido, el acto consistente en el alojamiento en las estaciones migratorias es emitido por la misma autoridad en el marco de los aspectos migratorios. Tal medida deriva de la aplicación de las disposiciones administrativas respectivas que establecen los requisitos y condiciones que deben satisfacer los migrantes. En consecuencia, dicho acto en principio es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal solo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Así, con base en lo anterior y las constancias de autos, la restricción a la libertad indicada en la demanda de amparo tiene naturaleza administrativa en la medida en que no tiene como finalidad principal la privación de la libertad de los quejosos, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país. Consecuentemente, aun cuando la restricción de la libertad se encuentre inmersa en ese tipo de procedimientos y dado que no existen hasta este momento mayores elementos de los que pueda desprenderse que la privación alegada por los quejosos tenga origen en un acto del orden penal, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe darse prevalencia a la cuestión principal que es la situación migratoria de los solicitantes del amparo. (.).". Criterio que en idéntico sentido lo compartió también el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dos de marzo de este año, al resolver el conflicto competencial número 3/2022. Así como el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de nueve de mayo de este año, al resolver el conflicto competencial número 10/2022. En el que medularmente consideró: "(.) Es menester precisar que, contrario a lo afirmado por el Juzgado (.) el acto reclamado consistente en el aseguramiento, alojamiento y/o detención de las personas quejosas por más de treinta y seis horas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas"; no puede entenderse de naturaleza penal, toda vez que, no se emite con motivo de una conducta desplegada que regule ese campo de especialización sino que se trató de una actuación administrativa denominada "alojamiento", en tanto se resuelve su situación migratoria en términos de los artículos 68 y 99 de la Ley de Migración, esto es, derivó de un procedimiento administrativo migratorio, del que no compete conocer a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento, sólo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. No pasa inadvertido que, en ocasiones la restricción de la libertad o incomunicación se encuentren inmersos en ese tipo de procedimientos; sin embargo, en el caso, hasta este momento, no hay mayores elementos de los que pueda desprenderse que la privación alegada por los quejosos tengan vinculación o sea resultado de un acto del orden penal y por tanto, debe darse prevalencia a la cuestión principal que es la situación migratoria de los solicitantes del amparo. Por cuanto hace a la falta de asesoría legal, la negativa de permitir el acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa, el no proporcionarle alimentos de calidad en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Migración así como las condiciones de hacinamiento y la retención del pasaporte correspondiente de los quejosos, comparten la misma naturaleza ya que son aspectos relacionados con su situación jurídica de extranjeros que deben ser resueltas por la Secretaría de Gobernación, conforme el procedimiento administrativo previsto en la citada Ley; de ahí que los actos y las autoridades responsables sean de naturaleza administrativas. (.)". Por tanto, atendiendo a los actos que se reclaman en el caso, es evidente que se está en similar hipótesis a la considerada por los Tribunales Colegiados en trato, por lo que como se dijo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada, pues como se adelantó de tales actos deberá conocer un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por ello, para el caso de que la autoridad oficiante insista en declinar competencia, deberá hacer separación de actos reclamados, a efecto de que este juzgado esté en aptitud de pronunciarse en torno a los actos reclamados de naturaleza penal. En ese sentido, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente original a su lugar de origen; solicitando atentamente el acuse de recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Autorización al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.

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