Norma Laura Martínez Bautista
Expediente 1037/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Laura Martínez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues no se encuentra legitimada para recurrir la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, al no generarle alguna afectación. 2. Archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que por se negó la suspensión provisional, así como la definitiva, se determina que el cuaderno del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del mencionado Acuerdo General. De conformidad con el natural 34 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula de los expedientes relativos, la valoración correspondiente. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1037/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, por alegada violación del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, con sede en esta ciudad: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el trece de julio de dos mil trece, ante la autoridad responsable. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El delegado de la autoridad responsable Procurador de Protección y Supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, al rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado; no obstante de sus propias manifestaciones se advierte su certeza, dado que si bien el diecisiete de julio del año en curso, emitió acuerdo dando contestación a la petición que le fue formulada, empero, nada indicó en torno a la notificación de dicho acuerdo, siendo este uno de los elementos del derecho de petición que consagra el artículo 8º de la Constitución Política. De ahí que se tiene por existente el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se le atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, de la precisión de los actos reclamados que formuló la parte quejosa y de los antecedentes que bajo protesta relató, se advierte que su reclamó es la omisión la omisión de dar respuesta al escrito que presentó el trece de julio de dos mil trece. En ese sentido, la autoridad responsable al rendir su informe justificado refirió que con fecha diecisiete de julio de dos mil veintitrés, proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa, de fecha trece de julio pasado, en el cual se acordó expedir las copias certificadas solicitadas, mimas que fueron entregadas al apoderado jurídico de la quejosa, el quince de agosto de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia respectiva. De tal forma, es evidente que la omisión reclamada ha dejó de existir con motivo de acuerdo emitido por la responsable y entrega delas copias requeridas; por tanto, la afectación reclamada dejó de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formulara los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las mismas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dando fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que remite el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo al tenor de la documental que anexa-; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4287/2023, suscrito por la secretaria técnica de la comisión permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dado fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
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