Norma Angélica Pérez Rodríguez

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Norma Angélica Pérez Rodríguez
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal el proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con César Sahagún Tena, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. De las constancias que obran en el presente juicio de amparo se aprecia que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia que daría lugar a sobreseer en el juicio fuera de audiencia como se expondrá a continuación. Sobreseimiento. Vistas las documentales remitidas mediante oficio J-III-82/2021, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 3D-2082/2017, para efecto de proceder, una vez hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes a formular el proyecto de laudo y emitir el laudo respectivo dentro del citado juicio. Por su parte, del informe justificado a que se hizo alusión en líneas precedentes, así como de las constancias que remitió como complemento al mismo se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno emitió el laudo dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, del que se advierte en sus puntos resolutivos que condenó a la demandada Karla Cecilia Plancarte Corona en cuanto responsable de la fuente de trabajo ubicada en la calle Ezequiel Calderón número ochenta y ocho, colonia Camelinas de esta ciudad, a pagar en favor de la actora, aquí quejosa Norma Angélica Pérez Rodríguez, la cantidad de $1,333.28 (mil trescientos treinta y tres pesos 28/100, moneda nacional, y concedió a la demandada el término previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera voluntaria cumpliera con la misma. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, para que la Junta responsable posteriormente formulara el proyecto de laudo y eventualmente emitiera el mismo (omisión que se encontraba vigente al quince de febrero de dos mil veintiuno en que presentó su demanda de amparo la quejosa); y, como se advierte del informe justificado, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitió el laudo respectivo en los términos anteriormente anotados, dejando con ello sin efectos las omisiones reclamadas en el presente amparo. Valor probatorio que se otorga a las constancias anteriormente descritas en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. No pasa inadvertido que la demanda de amparo fue presentada el quince de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el veintitrés de marzo del mismo año, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, para luego, emitir el laudo respectivo, quedando con ello destruidos los efectos de las omisiones reclamadas. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    por ESTE MEDIO SE NOTIFICA A PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. De las constancias que obran en el presente juicio de amparo se aprecia que, en la especie se actualiza una causal de improcedencia que daría lugar a sobreseer en el juicio fuera de audiencia como se expondrá a continuación. Sobreseimiento. Vistas las documentales remitidas mediante oficio J-III-82/2021, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 3D-2082/2017, para efecto de proceder, una vez hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes a formular el proyecto de laudo y emitir el laudo respectivo dentro del citado juicio. Por su parte, del informe justificado a que se hizo alusión en líneas precedentes, así como de las constancias que remitió como complemento al mismo se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno emitió el laudo dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, del que se advierte en sus puntos resolutivos que condenó a la demandada Karla Cecilia Plancarte Corona en cuanto responsable de la fuente de trabajo ubicada en la calle Ezequiel Calderón número ochenta y ocho, colonia Camelinas de esta ciudad, a pagar en favor de la actora, aquí quejosa Norma Angélica Pérez Rodríguez, la cantidad de $1,333.28 (mil trescientos treinta y tres pesos 28/100, moneda nacional, y concedió a la demandada el término previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, para que de manera voluntaria cumpliera con la misma. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de declarar cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, para que la Junta responsable posteriormente formulara el proyecto de laudo y eventualmente emitiera el mismo (omisión que se encontraba vigente al quince de febrero de dos mil veintiuno en que presentó su demanda de amparo la quejosa); y, como se advierte del informe justificado, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitió el laudo respectivo en los términos anteriormente anotados, dejando con ello sin efectos las omisiones reclamadas en el presente amparo. Valor probatorio que se otorga a las constancias anteriormente descritas en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. No pasa inadvertido que la demanda de amparo fue presentada el quince de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el veintitrés de marzo del mismo año, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio ordinario laboral 3D-2082/2017, para luego, emitir el laudo respectivo, quedando con ello destruidos los efectos de las omisiones reclamadas. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias certificadas. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la Agente, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele copias certificadas de la misma; previo recibo que se deje en autos. Informe con justificación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con este para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Diferimiento audiencia constitucional. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe mediar un plazo de ocho días entre la notificación del informe y la audiencia constitucional; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

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