Norma Patricia Moncesbaez Dimas
Expediente 1347/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Patricia Moncesbaez Dimas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dicta por este juzgado en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno a esta. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional así como la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 8o., 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cinco de la Local y Tribunal, ambos de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en Morelia; este órgano jurisdiccional ha decidido: II. NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: I. De la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en Morelia. a) La audiencia de demanda y excepciones celebrada el trece de mayo de dos mil veintidós, en el expediente ordinario laboral ********************, sustanciado por ******************** frente al********************en que declaró procedente el incidente de falta de competencia formulado por el apoderado jurídico de la demandada y declinó su competencia en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. II. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en Morelia. b) El auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******************** mediante el cual recibió el sumario ******************** y aceptó la competencia para conocer, dirimir y avocarse a su conocimiento. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse determinaciones declarativas carentes de ejecución material y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, territorio en que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las presidentas de la Junta Especial Número Cinco de la Local y Tribunal, ambos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias de los juicios ******************** y ******************** que remitieron en apoyo a los mismos. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno al ser copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o. CUARTO. Antecedentes. Se precisan los antecedentes destacados de los sumarios de origen. I. El apoderado jurídico de ********************, presentó demanda en la vía laboral en contra del Organismo Público Descentralizado********************la cual fue admitida a trámite el ocho de marzo de dos mil veintidós por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien le asignó el número ********************, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación de manda y excepciones para el trece de mayo de dos mil veintidós, ordenó el emplazamiento de la demandada y apercibió a las partes ante su incomparecencia. II. El trece de mayo de dos mil veintidós, dio inicio la audiencia de demanda y excepciones, en que la parte actora no compareció y se apersonó el director general de la parte demandada a quien se le tuvo interponiendo incidente de falta de competencia, el cual fue declarado procedente y, por tanto, la junta declinó su conocimiento en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ordenando la remisión de los autos. III. En proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por recibidos los autos del juicio laboral ********************, aceptó la competencia declinada, le asignó el número ******************** fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, ordenó emplazar y notificar al demandado, así como a la parte actora. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. SEXTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado parte del concepto de violación por una parte, y en otra, fundado pero inoperante. La justiciable refiere que el artículo 19 del decreto de creación del ********************que establece que las relaciones de dicho organismo y sus trabajadores se regirá por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, es contrario al artículo 123, Apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal, porque la demandada no forma parte del poder ejecutivo del Estado, pues cuenta con personalidad jurídica, personalidad y patrimonio propios, por tanto, del juicio subyacente debe conocer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y no el Tribunal burocrático, pues a este únicamente le compete dilucidar controversias que se susciten de las relaciones laborales entre los poderes de la unión y el gobierno de la Ciudad de México. Se precisa que las determinaciones de incompetencia y aceptación de la misma, reclamadas, se estudiarán en conjunto, al perfeccionarse la primera con el avocamiento de la segunda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicialmente estableció en los criterios jurisprudenciales de registros 2002585, 185430, de rubros "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE", y "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES", que la relación laboral entre los organismos públicos descentralizados de las entidades federativas y sus empleados se regía en el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Mexicana y, en consecuencia, la competencia recaía en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Sin embargo, el Alto Tribunal de la Federación en una nueva reflexión de dicho tema, al emitir la jurisprudencia 2a./J.130/2016 (10a), de registro digital 2012980, de rubro "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]", publicada en noviembre de dos mil dieciséis, actualmente sostiene que las relaciones laborales entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores se pueden regir por el apartado "A" o "B" del artículo 123 de la Constitución Mexicana según estipule el legislador local e incluso ha señalado la posibilidad de instaurar un régimen mixto. Lo anterior, con base en lo estatuido en la fracción VI, del artículo 116 de la Constitución Federal en relación con la potestad del legislador secundario de regular libremente la manera en que se lleven a cabo las relaciones de trabajo en el ámbito estatal, pues si bien, el poder público de los Estados se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, no es suficiente para considerar que las instituciones "estados" y "trabajadores", abarquen únicamente a los trabajadores que forman parte en estricto sentido de dichos poderes. El concepto de "trabajador" debe entenderse en oposición a un "empleado", que realiza funciones de índole privada o funcionario público exceptuado por el texto constitucional, esto es, el trabajador del Estado es una persona que presta sus servicios a órganos jurídicos de interés general y, por ende, ejerce una función pública, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública de los estados federados. De estimarse lo contrario, se seguiría la misma lógica que en el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Federal, que incluye expresamente las relaciones laborales entre los poderes de los Estados y sus trabajadores. La interpretación dada a la fracción IV, del artículo 116 constitucional, se estimó que no transgrede al apartado "A", del artículo 123 del mismo ordenamiento legal, pues el Poder Reformador pretendió distinguir de forma expresa las relaciones laborales de los servidores públicos y las personas que prestan sus servicios en el sector privado o público, siempre que la constitución haga esa distinción expresamente. En esa guisa, los organismos descentralizados son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, del presidente de la República a nivel federal o por los Congresos y Ejecutivos Estatales a nivel local, con personalidad jurídica y patrimonio propios cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 1) La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; 2) La prestación de un servicio público o social; o, 3) La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. En virtud de que las actividades que tienen encomendadas los organismos descentralizados son variados, el legislador federal otorgó a su homólogo estatal, la potestad expresa de emitir la normatividad que regule las relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Estado, por lo que no podría considerarse que únicamente por tratarse de organismos de dicha naturaleza (descentralizada) las relaciones laborales con sus trabajadores se rijan por el apartado "A" del artículo 123 constitucional. Atendiendo a que no todos los organismos descentralizados actúan como empresas paraestatales, debiendo considerar que una de las características principales de éstos es que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios. Sin que ello implique que tienen una finalidad distinta a la de contribuir al bienestar general y que, por ende, sus trabajadores ejerzan una función pública que los hace sujetos de la fracción VI, del artículo 116 de la Constitución Federal, pues como quedó precisado, cumplen diversos propósitos dentro de la actividad estatal, por ello, se les dotó de facultad para emitir la normatividad correspondiente que atienda sus características y particularidades. Precisado el marco normativo, se analiza el cuadro fáctico. La junta responsable en la audiencia de demanda y excepciones verificada el trece de mayo de dos mil veintidós, declaró procedente el incidente de incompetencia planteado por el apoderado jurídico del ********************demandado, dijo que del Acuerdo que Crea el ********************del Estado de Michoacán (CONALEPMICH), como Organismo Público Desconcentrado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, establece que las relaciones laborales de dicha dependencia y sus trabajadores deben regirse por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en consecuencia, declinó su competencia en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y remitió los autos del expediente ********************. Por su parte, el Tribunal burocrático, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, recibió los autos del juicio ******************** y les asignó el número ******************** aceptó la competencia con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.130/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, de conformidad con los apartados "A" y "B", del artículo 123 constitucional. Dijo además que de acuerdo con los preceptos 1o., 2o. y 96, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal municipal que así lo decidan en sus estatutos, decretos o leyes reglamentarias, Contrario a lo expresado por la parte quejosa, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado no es contraria al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, porque dicho numeral facultó al legislador secundario para regular las relaciones laborales entre aquéllos y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, incluso, de manera mixta, sin la obligación de sujetarse específicamente a alguno de ellos, por tanto, las relaciones laborales entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores se pueden regir por la Ley Federal del Trabajo, o bien, por la Ley burocrática estatal, según lo que establezca su decreto, ley reglamentaria o estatutos. En el caso, del contenido del artículo 19 del Acuerdo que Crea el ********************del Estado de Michoacán (CONALEPMICH), como Organismo Público Desconcentrado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dispone que las relaciones laborales entre dicho organismo y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, por ende, el sumario subyacente debe ser tramitado por el Tribunal burocrático. Pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiada, dilucidó que las legislaturas de los estados tienen facultad para legislar respecto de la autoridad laboral que debe conocer las controversias laborales de los Organismos descentralizados y sus trabajadores. En el caso, la ley relativa dotó de decisión a cada organismo y el acuerdo de coordinación ya estudiado indica precisamente que las relaciones entre los empleadores y empleados del ********************del Estado de Michoacán, se regirán por el Artículo 123, apartado "B", de la Constitución Federal, esto es, por la Ley burocrática, con independencia si ejercen facultades o no de imperio con particulares o qué órgano de gobierno los dote de presupuesto, pues la normativa aplicable expresamente lo estipula. En consecuencia, es correcto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, sea la autoridad que debe continuar conociendo de la demanda que dio origen al juicio laboral ******************** antes ********************, tramitado por ******************** frente al ********************del Estado de Michoacán "CONALEP" y Plantel Morelia II. Sirve de orientación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2020777, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2515, registro digital 2020777, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].", estableció que los servidores públicos de un organismo descentralizado local se catalogan como trabajadores de un Estado de la República -como orden jurídico- y, por ello, sus relaciones no se asemejan necesariamente a las de los contratos de trabajo reglamentados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, sino que se incluyen de manera expresa en el ámbito de aplicación de la facultad prevista en el artículo 116, fracción VI, de dicho Ordenamiento Supremo. Ahora bien, la interpretación lógica, sistemática y teleológica de los artículos 1, 2, 8 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos revela que la voluntad del legislador local, expresada en uso de la citada facultad, fue incluir dentro del ámbito de aplicación de la mencionada legislación burocrática a las relaciones entabladas entre los organismos descentralizados (como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos) y sus trabajadores y, por ende, que la autoridad jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre ellos es, por regla general, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; al margen de lo anterior, es necesario verificar si la Legislatura Estatal, en uso de la referida facultad configurativa, previó un tratamiento específico distinto al de la regla general aludida, ya que tiene la potestad constitucional para regular las relaciones entre los distintos órganos locales y sus trabajadores, según cada caso, de acuerdo con los apartados A o B del multicitado artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin obligación de sujetarse a alguno de ellos. Cabe precisar que la regla competencial indicada no significa que las prerrogativas de los trabajadores del Estado, como derechos de índole sustantivo, se restrinjan indefectiblemente al marco de regulación de la legislación burocrática, ya que como derechos mínimos pueden ser ampliados de común acuerdo por las partes contratantes (por ejemplo, a través de un contrato colectivo), remitiéndose, incluso, a ordenamientos distintos a la referida ley burocrática; empero, ello no conlleva a que un tribunal diferente al burocrático sea el que conozca de las controversias correspondientes, si así no lo señala expresamente una ley expedida por el Congreso Local de igual jerarquía a la Ley del Servicio Civil del Estado, ya que los ordenamientos con los que se amplían las prestaciones laborales pueden ser aplicados por el tribunal estatal, además de que en materia laboral no existe disposición legal alguna que permita la prórroga de la competencia por voluntad de las partes". Por lo anterior, es infundado el concepto de violación. Por otra parte, la parte quejosa refiere que las determinaciones reclamadas carecen de debida fundamentación y motivación, al no haberse indicado el numeral del acuerdo de creación del ********************del Estado de Michoacán, que indica que las relaciones entre este y sus trabajadores debe regirse por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Ello es fundado. Las autoridades responsables no citaron expresamente el numeral del acuerdo de creación del organismo demandado, que faculta al Tribunal Laboral para conocer de los conflictos laborales con sus empleados. Sin embargo, dicho agravio es inoperante porque una concesión para que la autoridad cite el número de artículo a ningún fin práctico conduciría, pues si bien las autoridades no dijeron el numeral específico, sí citaron su contenido, además, en el expediente ********************, obra copia del decreto, al ser exhibido por el apoderado jurídico de la parte demandada, máxime que se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Estado y la propia quejosa citó el artículo 19 del mandato de creación, para plantear su concepto de violación e indicar que es contrario al artículo 123, Apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal, agravio al que se le dio respuesta en párrafos precedentes. Lo que implica que dicha omisión no la dejó en estado de indefensión e incluso, estuvo en aptitud de plantear su inconformidad, máxime que de otorgarse la protección constitucional para ese único efecto, la determinación no variaría, pues al estar así establecido en el decreto de creación, es el Tribunal Laboral del Estado, quien debe conocer de los conflictos laborales suscitados entre el ********************del Estado de Michoacán y sus empleados. Además quedó precisado que el acuerdo en que la junta se declaró incompetente y el diverso de aceptación del Tribunal burocrático, deben ser analizados como una unidad, pues el primero se perfecciona con el segundo, ya que de no haberse aceptado la declinatoria planteada, no se hubiera causado perjuicio al quejoso, mayormente que quedó precisado el cuadro fáctico y marco legal que ambas autoridades utilizaron para emitir sus determinaciones. En otra parte del concepto de violación la quejosa refiere que la junta responsable debió citar a las partes previamente a declararse incompetente. Inconformidad fundada. Los artículos 761, 762 y 763, de la Ley Federal del Trabajo, establecen que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, así pues, que las cuestiones de competencia son de previo y especial pronunciamiento. Que promovida la incidencia, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental que se verificará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en que se ofrecerán y desahogarán pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva la incidencia. Ahora bien, en la audiencia de demanda y excepciones de trece de mayo de dos mil veintidós, la Junta admitió el incidente de incompetencia y resolvió de plano, en consecuencia declinó su competencia al Tribunal Laboral. No obstante, es inoperante dicho concepto de violación, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, ningún beneficio conllevaría, dado que el efecto sería únicamente que la Junta admitiera el incidente y señalara fecha y hora para celebrar la audiencia incidental en que emitiera su determinación sobre la competencia. Procedimiento que si bien implica la admisión y desahogo de pruebas documental e instrumental, de seguirse dicha secuela procesal, llevaría a la misma conclusión a la que arribó la Junta responsable, de declinar su competencia para conocer del juicio laboral subyacente, en virtud de que la parte demandada es precisamente el ********************del Estado de Michoacán y como quedó fundado y motivado al dar respuesta a la primera parte del concepto de violación, en el artículo 19 del acuerdo de creación de dicho organismo público descentralizado, se establece que las relaciones laborales se regirán por la Ley burocrática del estado y el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, otorga dicha facultad. En consecuencia, al resultar infundado el motivo de inconformidad, en una parte y fundado pero inoperante, en otra, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cinco de la Local y Tribunal, ambos de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que transcurre el plazo para que las partes quejosa y tercera interesada se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, recibido mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés. 2. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las NUEVE HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. 1. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
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