Norma Gracia Tzintzun Gamiño
Expediente 360/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Gracia Tzintzun Gamiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 360/2019 y copia certificada de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 137/2019, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida, por la que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Acúsese el recibo respectivo. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. De conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, se determina que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo del que deriva este cuaderno, el cual quedó registrado con el número 137/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del escrito signado por Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderados de Norma Gracia Tzintzun Gamiño, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios. Notifíquese por lista, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 360/2019, promovido por Norma Gracia Tzintzun Gamiño, por conducto de sus representantes legales Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de las demandas. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán Norma Gracia Tzintzun Gamiño, por conducto de sus representantes legales Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, órgano jurisdiccional que la admitió el tres de abril de dos mil diecinueve, se registró con el número 360/2019, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Norma Gracia Tzintzun Gamiño, contra, consisten en: 1.Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad: La omisión de expedir el nombramiento al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad: La omisión de gestionar el nombramiento del Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 3. Del Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad: La omisión de entregar a la actora -aquí quejosa- en el juicio laboral 2B-2048/2016, el billete de depósito Y683609, expedido por Bansefi, por la cantidad de $19,285.20 (diecinueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/1000 M.N.) exhibido por el demandado en el juicio de amparo J-II-08/2019, para garantizar la subsistencia y los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al peticionario de amparo con el otorgamiento de la suspensión que solicitó dicho enjuiciado. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, negó el acto reclamado al rendir su informe justificado (foja 86 del juicio de amparo). Negativa que se corrobora, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 633 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis años por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del Estado o por el "Jefe de Gobierno del Distrito Federal" y no por el Presidente de la Junta local señalada como responsable. Por otra parte, no es cierto el acto atribuido al Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Máxime, que de las constancias que integran el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, no obra constancia alguna que acredite que la parte quejosa solicitó el billete de depósito a que hace referencia y que dicha autoridad se la hubiese negado. Es así, ya que el amparista no satisfizo esa carga procesal, debido a que no exhibió algún medio de convicción tendente a desvirtuar la negativa externada por la referida autoridad responsable, ni obra prueba que acredite que se constituyó ante la responsable y ésta negó a entregarle el billete de depósito exhibido a su favor. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Gobernador, no obstante que al rendir su informe justificado negó su existencia. Es así, dado que en primer lugar de conformidad con el artículo 633 de la Ley Federal del Trabajo, los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados precisamente por el Gobernador y en segundo, porque del contenido del informe rendido por el Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se observa, que lo suscribió como "Auxiliar en Funciones del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado", de lo que se deduce que en esa data no había sido nombrada la autoridad responsable que ostentara dicho cargo, para que estuviese en condiciones de entregar el billete de depósito exhibido para la peticionaria de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Este Juzgado de Distrito advierte, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de expedir el nombramiento al Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y como consecuencia de ello, la omisión de entregar a la actora -aquí quejosa- en el juicio laboral 2B-2048/2016, el billete de depósito Y683609, expedido por Bansefi, por la cantidad de $19,285.20 (diecinueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/1000 M.N.) exhibido por el demandado en el juicio de amparo J-II-08/2019, para garantizar la subsistencia y los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionarle al peticionario de amparo con el otorgamiento de la suspensión que solicitó dicho enjuiciado. Por su parte, mediante oficio J-II-1083/2019 de veinte de junio de dos mil diecinueve, suscrito por Guillermina Hernández Arteaga, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, informó a este Órgano Constitucional, que con fecha veintitrés de mayo del año en curso, le fue entregado por el Presidente Titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán como Presidenta, asumiendo el cargo en esa misma data, anexando el nombramiento respectivo. De lo que se sigue, que el nombramiento otorgado por el Gobernador Constitucional a Guillermina Hernández Arteaga como Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos, dado que al otorgarse estará en condiciones de entregarle la garantía exhibida para para que surtiera efectos la medida suspensional otorgada en el amparo directo J-II-08/2019. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de los actos reclamados han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos al Gobernador y al Presidente Interino de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambas del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que se tomen en consideración constancias remitidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo que se resuelve, pues las mismas tienen valor probatorio pleno y sirven para demostrar el motivo de sobreseimiento invocado en esta sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000902, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Norma Gracia Tzintzun Gamiño, por conducto de sus representantes legales Mariano Barojas Rodríguez y Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, contra los actos reclamados a las autoridades que quedaron especificadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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