Norma Angélica Pérez Rodríguez
Expediente 1204/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
- Norma Angélica Pérez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Informa periodo vacacional. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en auto de veintitrés de diciembre de la presente anualidad, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el periodo vacacional de la autoridad responsable; de lo que se toma nota para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 26 a 32), en que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, que consiste en: ". Efectos. Así, al resultar sustancialmente fundado el concepto de violación en estudio, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que en el término de tres días contados a partir de que cause firmeza la sentencia, deje insubsistente la fecha señalada en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba pericial en caligrafía, documentoscopia, grafometria y dactiloscopia, a cargo de la perito tercero en discordia, dentro del juicio laboral 3D-2082/2017 y en su lugar fije otra, fijándole dentro del término de diez días, ajustándose a los plazos establecidos en el artículo 883 párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo análisis fue materia de la presente resolución.". Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 258, ambos, de la Ley de Amparo. Y en caso de sostener una actitud contumaz en cumplir con la ejecutoria de amparo, posterior a la imposición de la multa que refiere el párrafo que antecede, se dará inicio al procedimiento de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado; quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 1204/2019, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda (fojas 2-4); 2. Auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Guillermo Álvarez Torres, en cuanto apoderado jurídico de Norma Angélica Pérez Rodríguez (fojas 6-9); 3. Constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación (foja 9 reverso); y, 4. Informe justificado rendido por la autoridad responsable (fojas 13). El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones; por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; y por otorgada la intervención legal que corresponde al representante social de la Federación. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, así como las exhibidas por la parte quejosa. Acto seguido, el Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria da cuenta y hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto, el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes de formular alegatos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1204/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, Guillermo Álvarez Torres, en cuanto apoderado jurídico de Norma Angélica Pérez Rodríguez, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 1204/2019. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Presupuestos procesales. Se encuentran satisfechos, sin ser objeto de controversia, los presupuestos procesales relativos a la competencia para resolver el asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el acto siguiente: Señalar una fecha lejana para el desahogo de la prueba pericial en caligrafía, documentoscopia, grafometria y dactiloscopia, a cargo de la perito tercero en discordia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe aceptó parcialmente los actos. Sin embargo, se toma por cierto lo reclamado en su totalidad, pues de su propio informe acepta que señaló una fecha remota dado las cargas de trabajo con las que cuenta. Lo que se corrobora con las constancias certificadas del juicio de origen, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. El concepto de violación expresado por la parte quejosa es tal y como consta en el escrito de demanda, el cual se tiene por reproducido en este considerando, como si se insertase a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Examen constitucional de los actos reclamados. Asiste razón a la quejosa, cuando esencialmente expresa que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, vulnera su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la quejosa promovió el juicio de amparo debido a que la autoridad responsable no ha cumplido con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral 3D-2082/2017, es decir, en señalar la fecha dentro de los términos de ley para que tuviera verificativo la prueba de pericial en caligrafía, documentoscopia, grafometria y dactiloscopia, a cargo de la perito tercero en discordia, toda vez que la diligencia se ordenó con posterioridad a los diez días siguientes, al en que se lleve a cabo la audiencia, de conformidad con el artículo 883 de la citada ley. La reclamación vulnera en perjuicio de la promovente de amparo, el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna, pues el precepto constitucional referido protege la garantía de seguridad jurídica, manifestada ésta como la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de substanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de esta garantía, es eminentemente positiva, puesto que dichas autoridades tienen la obligación de despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales, y su proceder implica la violación a dicha garantía fundamental, porque la dilación en la solución del asunto por si es violatoria. Ahora bien, como se adelantó, resulta fundado el referido concepto de violación, pues la omisión de que se duele la quejosa atenta la garantía de seguridad jurídica en la parte relativa a la impartición de justicia pronta y expedita, contemplada en el artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto constitucional referido pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En términos de lo anterior, los artículos 880 y 883, del código obrero de referencia, disponen: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. [...]." El primero de los dispositivos invocados, entre otras cuestiones, establece que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de la Ley Federal de Trabajo, para cuyo verificativo deberá revisarse, que el actor ofrezca sus pruebas en relación con los hechos controvertidos y, posteriormente, el demandado al ofrecer sus pruebas, estará en aptitud de objetar las de su contraparte, quien a su vez podrá objetar las del demandado. Asimismo, tales dispositivos establecen que las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez, para dicho ofrecimiento deberán observarse las disposiciones del Capítulo XII del Título Catorce de la ley Federal de Trabajo, denominado "Derecho Procesal del Trabajo"; y Que, concluido con el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Asimismo, la segunda de las disposiciones legales transcritas, dispone que la Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, tomar las medidas conducentes a efecto de mejor proveer sobre las pruebas ofrecidas y admitidas, con los apercibimientos señalados en la ley obrera; así como también deberá dictar las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Preceptos que son claros, por lo que para su intelección basta con acudir a su letra, esto es, a la interpretación gramatical, sin necesidad de acudir a cualquier otro método de interpretación argumentativo. En el caso particular, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que mediante auto emitido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 24), se señaló las diez horas del seis de marzo de dos mil veinte, para el desahogo de la prueba pericial en caligrafía, documentoscopia, grafometria y dactiloscopia, a cargo de la perito tercero en discordia. Precisado lo anterior, se tiene que aproximadamente más de cuatro meses después del pronunciamiento, se fijó fecha para el desahogo de la prueba respectiva, data que evidentemente excede el plazo de diez días hábiles siguientes a que hace referencia el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor de ideas, es evidente que la junta responsable se encontraba obligada a fijar una fecha más próxima para el verificativo del desahogo de prueba, es decir, sujetarse al plazo que establece la ley, en aras de preservar el derecho de la aquí quejosa a una tutela judicial efectiva en su vertiente de prontitud, y al no haberlo hecho así, vulneró los derechos humanos del peticionario de la protección constitucional. En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo solicitado para los efectos que enseguida se precisan. No se soslayan las manifestaciones que realiza la junta responsable en su informe justificado, relacionadas con la excesiva carga de trabajo. En atención a ello, es importante destacar que tales consideraciones resultan ineficaces para variar el sentido del presente fallo, pues las circunstancias que arguye no son razón suficientes para que no sea posible garantizar el derecho fundamental de justicia pronta; ya que de lo contrario, se haría nugatorio el derecho de mérito bajo cualquier pretexto y en consecuencia, no tendría sentido que la administración de justicia se encuentre regulada bajo ciertos términos y plazos procesales. En ese contexto, la omisión y dilación reclamada vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de justicia pronta que tutela el artículo 17 de la Constitución Política del País. SÉPTIMO. Efectos. Así, al resultar sustancialmente fundado el concepto de violación en estudio, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que en el término de tres días contados a partir de que cause firmeza la sentencia, deje insubsistente la fecha señalada en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la prueba pericial en caligrafía, documentoscopia, grafometria y dactiloscopia, a cargo de la perito tercero en discordia, dentro del juicio laboral 3D-2082/2017 y en su lugar fije otra, fijándole dentro del término de diez días, ajustándose a los plazos establecidos en el artículo 883 párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, cuyo análisis fue materia de la presente resolución. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio de origen, ni tampoco la concesión otorgada comprende las omisiones subsecuentes, que se pudieran originar con motivo de la tramitación del juicio laboral. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de título siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." OCTAVO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. NOVENO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Norma Angélica Pérez Rodríguez, por el acto restante que atribuye a la autoridad responsable, por los motivos expuestos, y para los efectos precisados en el considerando séptimo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Ubaldo García Armas, ante la secretaria Erika Ivonne Carballal López, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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