Norma Alicia Zúñiga Andráde
Expediente 329/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Norma Alicia Zúñiga Andráde
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES", se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Conforme a lo ordenado en el numeral 35, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de mayo de dos mil veintiuno.********************Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. ********************Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ********************Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.******************** Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible.******************** Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. ********************Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. ********************Notifíquese y cúmplase. ********************Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 329/2020-III-A, promovido por Norma Alicia Zúñiga Andrade, contra actos del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA y GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; residentes en Chihuahua, Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal Federal el veintiuno de agosto de dos mil veinte, la promovente de referencia solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con incidente de suspensión, contra actos de las autoridades que al efecto señaló con el carácter de responsables en su demanda de amparo, mismos que hicieron consistir en los siguientes: "IV-ACTO RECLAMADO. - A. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: 1 La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVI/EXLEY/07G8/202G II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. 2 Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, que establece lo siguiente: ARTÍCULO QUINTO. - Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. B. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: 1. La publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. el cual se en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 de fecha 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte de! Estado de Chihuahua y su aplicación.". SEGUNDO. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados que solicitaron los impetrantes de garantías, se pidieron los correspondientes informes previos a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora varias ocasiones, para la celebración de la audiencia incidental, fijándose como fecha para que tuviera verificativo esta audiencia las dieciséis horas con treinta minutos del día de hoy; por lo que, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Si bien la autoridad responsable foránea, CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, residente en Chihuahua, Chihuahua; no rindió su informe previo correspondiente, no obstante que se le solicitó mediante diversos proveídos; sin embargo, obra en el juicio principal el informe justificado de dicha autoridad, en el que conviene en la existencia de los actos reclamados, tan es así que con fecha veinticinco de enero del año en curso, se sobreseyó en el juicio de amparo. De ahí que deben tenerse por ciertos los actos atribuidos a esta autoridad legislativa respecto del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expidió la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de marzo de 2020 con el Número 24; sin embargo, no obstante la certeza de los actos reclamados a esta autoridad, debe considerarse en especie que dichas normas, revisten el carácter de actos consumados, debiendo decirse además, que la concesión de tal medida suspensional en los juicios de amparo contra leyes, es improcedente porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes y no éstas en sí. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1090, que aparece publicada en la página 156, del tomo VI relativo a la Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." (Lo resaltado es propio). Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis número VI.2o.C. J/174, que aparece en la página 775, del Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión". (Lo resaltado es propio). Lo mismo debe decirse, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado, como es lo referente a variar las condiciones con las que dice fueron otorgadas, restringiendo los derechos de los concesionarios y causándoles un daño patrimonial que no deben resentir, pues su relación jurídica con el Estado se debe terminar y concluir bajo el régimen de concesión, modalidades, obligaciones y derechos previstos en la norma bajo la cual fueron otorgadas, pues de lo contrario se está soslayando el carácter patrimonial de las concesiones de transporte, que es un oficio o empresa privada, que presta un servicio público y que al variarle las condiciones se le está privando y confiscando ese derecho patrimonial, a ello debe decirse que los cambios de modelo de unidades, que exige para prestar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades, o sea, colectivo y de servicio especial para trabajadores con las unidades con las que actualmente trabaja, y seguir prestando los servicios en los mismos términos y condiciones como lo venía prestando, respecto a ello, también debe negarse la suspensión provisional solicitada, conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de suspenderse por tales actos, se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental. Y respecto a que, en términos de la ley anterior, se le permita seguir heredando o cediendo las concesiones correspondientes a sus descendientes, debe negarse la medida cautelar, pues esa legislación no forma parte la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 166/2004, de la Novena Época, Registro 179727, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Administrativa, consultable en la página 545, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 138, 139, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando ÚNICO, de la presente interlocutoria, se NIEGA a Norma Alicia Zúñiga Andrade, por su propio derecho, la suspensión definitiva solicitada respecto de la autoridad, CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, residente en Chihuahua, Chihuahua. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Norma Alicia Zúñiga Andrade, contra actos que reclamó al CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA y GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; residentes en Chihuahua, Chihuahua, en términos del considerando CUARTO de esta sentencia.
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