Nora Patricia Ayala Favela
Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nora Patricia Ayala Favela
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Así, atento al contenido del escrito presentado por la promovente Nora Patricia Ayala Favela, como lo solicita con fundamento en el numeral 278 del ordenamiento adjetivo civil federal, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que señala obrantes en el presente juicio de garantías, previa toma de razón que se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del "punto décimo primero" del "Acuerdo General Conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental y es destruible. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que obra agregado a este asunto, el expediente relativo al juicio especial de desahucio 1210/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, previo a dar cumplimiento a lo anteriormente ordenado en este proveído, desglósense y remítanse a su lugar de origen, dejando la Secretaría de este juzgado, la certificación de desglose correspondiente; requiérase a dicha autoridad, el acuse de estilo correspondiente.
- Principal
Se notifica por lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo, a la parte promovente, el proveído de dieciocho de junio del presente año, la síntesis siguiente: "Con el oficio y anexos de cuenta, fórmese expediente, efectúese el registro correspondiente en el libro de gobierno, asignándose para tal efecto el expediente 470-2019-V-A y procédase como a continuación se indica: Así, visto el contenido del oficio 4466-2019, de trece de junio de este año, suscrito por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 296/2019, del índice de dicho tribunal, ello en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de la citada fecha, en el que declinó la competencia legal para conocer la demanda de amparo presentada por Nora Patricia Ayala Favela, en contra de actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. De tal manera, estimándose válidas las razones expuestas por el Tribunal de alzada, para que éste juzgado conozca por los motivos indicados en el auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se acepta la misma, lo que deberá hacerse del conocimiento del máximo Tribunal, acusándole además recibo del oficio de mérito y anexos que le acompañó. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que del contenido de la demanda de amparo, de las constancias que integran el juicio especial de desahucio 1210/15, se advierte que el acto materia que reclama la impetrante del amparo, esencialmente se hace consistir en: La resolución de orden de desalojo, dictada en el expediente 1210/15, de diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, en la cual condena a la parte quejosa a desocupar y desalojar la vivienda, ubicada en calle Ejido Parritas, 4140, colonia la Joya, en esta ciudad, incluso con él uso de la fuerza pública. Hecha tal precisión, cabe señalar que de los antecedentes referidos por la impetrante en la demanda de amparo y de los autos que integran el juicio especial de desahucio 1210/15, del índice de la autoridad responsable, Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, se advierte que dicho juicio fue promovido en data diecinueve de noviembre de dos mil quince, por Margarita Romero Olague, en contra de Nora Patricia Ayala Favela, a quien le reclamó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle Ejido Parritas, 4140, colonia la Joya, en esta ciudad; en auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, se ordenó al actuario emplazar al demandado y requerirlo para que hiciera entrega de la mencionada vivienda. Posteriormente, en auto de quince de diciembre de dos mil quince, la autoridad responsable tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra. Seguido el sumario en sus etapas, la autoridad responsable, en resolución de catorce de noviembre de dos mil dos dieciocho, condenó entre otros, el lanzamiento de la demandada Nora Patricia Ayala Favela, del inmueble ubicado en calle Ejido, 4140, de la colonia La Joya, de esta ciudad, y a la entrega del referido inmueble a la actora Margarita Romero Olague. Asimismo, en auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, tuvo a la Segunda Sala Civil Regional, con sede en esta ciudad, informándole que el recurso de apelación interpuesto por la demandada, aquí quejosa, se había declaro desierto y que el mismo había quedo firme. Finalmente, en auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en los autos del juicio especial de desahucio 1210/2015, así como el lanzamiento de la demandada, aquí quejosa, del inmueble ubicado en calle Ejido Parritas, 4140, colonia la Joya, en esta ciudad; acto éste que en diverso proveído de diecisiete de mayo del año en curso, dispuso la responsable que se llevará a cabo incluso mediante la fuerza pública. Actos estos últimos, que son los que la impetrante del amparo se duele, en la demanda que en la presente se analiza. Empero, respecto de dichos actos, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, que dispone: El artículo 61, fracción XXIII, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". De acuerdo con los artículos transcritos, existen dos supuestos para la procedencia del juicio de amparo luego de concluido un proceso. El primero de estos supuestos se refiere a que el amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Este supuesto se actualiza cuando se trata de actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el segundo supuesto, tratándose de actos que sí tiendan a ejecutar una sentencia en un juicio, el amparo en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la razón de la norma citada radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas; es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, la norma pretende evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en un procedimiento que pretende ejecutar una sentencia investida de la autoridad de cosa juzgada, en cuya materialización está interesada la sociedad. En el entendido de que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida; dicho procedimiento regularmente inicia con el requerimiento al demandado para que dé cumplimiento forzoso y está encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. Pues como ya se explicó, la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo, se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda. Por última, resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, es decir, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por otro lado, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Dicha fracción establece que, tratándose de actos emitidos dentro de juicio, únicamente procede el amparo tratándose de actos de imposible reparación. Dicho numeral ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si bien por regla general las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, excepcionalmente pueden reclamarse en la vía indirecta cuando sus consecuencias son de imposible reparación porque afecten de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. De lo hasta aquí expuesto se advierte que son distintas las normas de procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos emitidos por autoridades judiciales dentro de juicio y en la etapa de ejecución de sentencia, las cuales se encuentran previstas respectivamente por las fracciones V y IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor y, con anterioridad, en las fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada. Así surgió el problema de si era posible aplicar analógicamente las reglas relativas a la procedencia del juicio de amparo respecto a los actos emitidos dentro del juicio, a los emitidos en ejecución de una sentencia. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2002, sostuvo que no podían adminicularse las reglas de procedencia previstas en las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (sustancialmente iguales a las fracciones IV y V del actual artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor), puesto que de hacerlo se desnaturalizarían los principios y reglas que rigen al juicio constitucional, ya que bastaría con que se alegara que tales actos causaban una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo indirecto resultara procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue evitar el abuso del juicio de amparo, ya que la sociedad está interesada en ejecutar una sentencia definitiva por constituir una verdad legal. En contraste con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 208/2008, determinó que sí procede el juicio de amparo contra una multa impuesta en la etapa de ejecución de sentencia, ya que de manera autónoma podía deparar un perjuicio de manera inmediata a los derechos sustantivos del quejoso en grado predominante o superior, pues la persona debía afrontar con su patrimonio la cantidad impuesta, y por ser independiente a la ejecución de la sentencia, no podría ser reparado con posterioridad. Tal disparidad de criterios fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en la que determinó que por regla general, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o el quejoso sea la parte vencedora en el juicio. Sin embargo, precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también había sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. Y concluyó que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto: Si se interpone en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento (regla general); y, Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (excepción). Esto es, la Corte determinó que la fracción III del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo establecía en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De lo anterior se concluye que procede el juicio de amparo por la vía indirecta cuando un acto emitido en ejecución de sentencia afecte derechos sustantivos, siempre que éstos sean independientes a la materia de la sentencia emitida en el juicio y, por ende, no se afecte la propia ejecución de la sentencia, ya que no se podía impedir directamente el cumplimiento de lo que ya constituye una verdad legal. Lo cual se considera acorde con la finalidad que persiguió el legislador al establecer un límite a la procedencia de los juicios de amparo contra actos emitidos en ejecución de sentencia, consistente en lograr el cumplimiento de las mismas y evitar el abuso del juicio de amparo. Pues de esta manera se restringió la procedencia de tal medio de control constitucional a cuestiones que pudieran dañar derechos diferentes a lo discutido en sentencia, es decir, a cuestiones independientes a la misma y que, por ende, no podían frenar la materialización de ésta. En este punto cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no puede considerarse que un acto de molestia, cualquiera que éste sea, es de imposible reparación por el hecho de que el gobernado argumente que fue emitido en contravención con los preceptos legales que estime aplicables al caso concreto y que por ello es violatorio de derechos, porque bajo dicha perspectiva cualquier acto de autoridad podría ser considerado de imposible reparación, lo que quedaría a discreción del gobernado, pues bastaría con que le imputara al acto correspondiente tal violación para que procediera el juicio de amparo en su contra, con independencia de lo fundado o infundado de su planteamiento en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto. En atención a lo anterior, para que un acto sea de imposible reparación, acorde a los criterios definidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, per se y por las consecuencias que produce, con independencia de las violaciones que le impute el gobernado, debe afectar sus derechos sustantivos independientes a la cosa juzgada. Esto significa que para ponderar si un acto incide en algún derecho subjetivo ajeno a lo debatido en la sentencia y, por ende, si resulta o no procedente el juicio de amparo, se debe atender únicamente a la naturaleza del acto en sí mismo, y no a las violaciones que le atribuye el promovente. En otras palabras, conforme a lo previsto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, procede en los siguientes casos: 1. En contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, esto es: a) contra aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o b) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. 2. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De lo anterior, cabe señalar que las violaciones cometidas en el curso del procedimiento de ejecución de sentencia, no pueden analizarse hasta que exista la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Se reitera, que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, por la impetrante del amparo son los siguientes: auto de catorce de mayo y diecisiete de mayo, de dos mil diecinueve, emitidos en el del juicio especial de desahucio 1210/2015 (promovido por Margarita Romero Olague, en contra de Nora Patricia Ayala Favela), en los cuales, en el primer auto, la autoridad responsable, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en referido juicio, así como al lanzamiento de la demandada, aquí quejosa, de la vivienda ubicada en calle Ejido Parritas, 4140, Colonia la Joya, en esta ciudad, y el segundo auto, dispuso que para el cumplimiento de lo antes ordenado, se llevará a cabo incluso mediante la fuerza pública, inmueble que aduce la quejosa aún ejerce la posesión. Empero, atento que el procedimiento actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; por tanto, se tiene que los actos en análisis y que son materia de reclamo no constituyen la última resolución definitiva; por ende, se trata de actos intermedios que por su propia naturaleza no son impugnables en amparo indirecto, porque entorpecerían la tramitación del citado procedimiento, y sólo hasta que se actualice la etapa procesal señalada en líneas que anteceden, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo; por lo tanto, es improcedente el amparo intentado contra las actuaciones que preceden a la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese contexto, se evidencia que los actos reclamados están dirigidos a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural -que tiene la categoría de sentencia ejecutoriada-, y por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminados directamente a cumplir con el fallo respectivo, toda vez que ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia -como lo es precisamente los actos reclamados, puede ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto; por lo que, su impugnación deberá ser hasta que se emita la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuando las partes podrán promover el juicio de amparo indirecto en donde planteen las violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento de ejecución de sentencia. En esa tesitura, se concluye que, los actos reclamados no constituye la última resolución definitiva; por ende, se trata de actos intermedios que por su propia naturaleza no son impugnables en amparo indirecto, porque entorpecerían la tramitación del citado procedimiento, y sólo hasta que se actualice la etapa procesal señalada en los párrafos que anteceden, serán reclamables todas y cada una de las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a. VIII/98 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala, tomo VII, Febrero de 1998, en la página 230: cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Así también, es aplicable a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, Tomo V Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION "ULTIMA RESOLUCION", A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por tanto, ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia como lo es precisamente los actos reclamados, consistentes en el lanzamiento o entrega del inmueble materia de la litis, el cual aduce la quejosa aún ostenta su posesión, tales extremos pueden ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto, sólo hasta que se pronuncie la resolución final en el aludido procedimiento, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es así, porque los actos que reclama la quejosa por sí solos no le causan un agravio personal y directo y será hasta que, en su caso, se lleve a cabo la última diligencia en que se tenga por cumplida la sentencia definitiva que resolvió en lo principal el juicio natural, la que le irrogue el perjuicio a que alude y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001059, relativo a la Décima Época, página 1515, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." En efecto, las determinaciones decretadas durante un procedimiento de ejecución de sentencia, hasta antes de que se dicte la resolución que le pone fin, constituye una resolución intermedia, la cual no puede reclamarse por la vía constitucional, hasta en tanto el juez de origen pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 163152, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, en Materia Común, visible en la Página 6, que al tenor reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". También es aplicable a lo anterior la tesis número 2a. VIII/98 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala, tomo VII, Febrero de 1998, en la página 230: cuyo contenido es del siguiente tenor literal: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Si en el juicio de garantías se reclaman, en términos de lo establecido en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, con motivo de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, las disposiciones legales relativas en que se fundó el embargo de bienes que se practicó durante la sustanciación del juicio ejecutivo en que el quejoso intervino y contestó la demanda respectiva, el amparo resulta improcedente toda vez que dicho acto de aplicación, independiente y anterior al procedimiento de ejecución de la sentencia, debió ser reclamado en su oportunidad en el amparo indirecto, de modo que al no haberse promovido éste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de ese acto y de sus disposiciones legales relativas." De modo que, las violaciones que aduce se cometieron en ejecución de sentencia, no constituyen un acto cuya ejecución sea de reparación imposible y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tienen efectos intraprocesales, en el procedimiento de ejecución de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida Nora Patricia Ayala Favela, contra los actos que reclama del Juez Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y designando como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.".
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